• Bloqueo de activos: Se restringen de manera directa las transacciones financieras y se bloquean los activos de entidades y funcionarios clave asociados al régimen cubano
• Veto migratorio y comercial: Se endurecen las normas para impedir el flujo de divisas y limitar la entrada de personas vinculadas al aparato de inteligencia y seguridad de la isla
• Presión energética: Estas acciones se suman al bloqueo petrolero implementado desde principios de año, con el que la Casa Blanca busca restringir el suministro de crudo y presionar por un cambio de fondo en el país

Tensión en el hemisferio

La Casa Blanca justificó la medida argumentando que las políticas del gobierno cubano continúan representando “una amenaza inusual” para la seguridad nacional de Estados Unidos. Según el decreto, el Ejecutivo estadounidense acusa a La Habana de permitir que adversarios operen en el hemisferio y de mantener prácticas que atentan contra los valores democráticos de la región.

Por su parte, el gobierno cubano rechazó el endurecimiento de estas medidas y convocó a movilizaciones en la isla para denunciar lo que consideran un “bloqueo genocida”. A pesar de la escalada en la retórica oficial, ambos gobiernos han mantenido canales de diálogo en las últimas semanas para abordar temas bilaterales de seguridad y migración.

“La era del apaciguamiento ha terminado: no permitiremos que un régimen alineado con nuestros enemigos opere a solo 150 kilómetros de nuestras costas”, señalaron fuentes de la administración estadounidense.

El impacto económico de estas restricciones ya genera preocupación en sectores diplomáticos de América Latina, en especial por el freno al envío de barriles de crudo y el impacto directo en las remesas y viajes hacia el país caribeño. Se espera que el Departamento del Tesoro publique en los próximos días las directrices para la aplicación de estas sanciones.

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“Estamos tratando directamente con los líderes de Cuba ahora mismo. Muchos quisieran al menos visitar a sus familiares, y creo que estamos cerca de lograrlo”, declaró Trump a los periodistas en el Despacho Oval.

El mandatario insistió en que las conversaciones avanzan positivamente, aunque no reveló detalles específicos sobre los términos del posible pacto ni el nivel exacto de los interlocutores cubanos involucrados.

Las declaraciones llegan días después de que Trump amenazara con imponer aranceles adicionales a cualquier nación que envíe petróleo a Cuba, en un esfuerzo por cortar el suministro de crudo que la isla ha recibido tradicionalmente de Venezuela —ahora bajo influencia estadounidense tras la captura de Nicolás Maduro— y de otros proveedores como México.

El presidente ha calificado a Cuba como una “nación en quiebra” y ha sugerido que la presión económica obligaría a La Habana a negociar.

Fuentes de la Casa Blanca confirmaron que existen “contactos activos”, pero enfatizaron que no se trata aún de un diálogo formal ni se han establecido mesas de negociación públicas. Trump ha vinculado el posible acuerdo a evitar una “crisis humanitaria” en la isla, donde los apagones y la escasez de combustible se han agravado en los últimos meses.

Por su parte, el Gobierno cubano no ha confirmado públicamente las negociaciones directas anunciadas por Trump.

El anuncio genera expectación en la comunidad cubanoamericana de Florida, donde Trump cuenta con fuerte apoyo, y podría influir en los flujos energéticos del Caribe en un momento de reordenamiento geopolítico tras los cambios en Venezuela.

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La medida, anunciada por la Casa Blanca, busca intensificar la presión económica sobre La Habana en medio de una grave crisis energética en la isla caribeña, agravada por la interrupción de los envíos de crudo venezolano tras la intervención militar estadounidense en Venezuela y la captura del expresidente Nicolás Maduro.

Cuba depende actualmente de suministros limitados, principalmente de México, y según estimaciones de medios como Financial Times, podría contar solo con reservas de petróleo para 15 a 20 días. El decreto establece un nuevo sistema arancelario que autoriza a los secretarios de Comercio y Estado a identificar a los países involucrados en el suministro de hidrocarburos a Cuba —incluso a través de intermediarios— y determinar las tarifas adicionales “ad valorem” (según el valor) que se aplicarán a sus importaciones hacia Estados Unidos. No se especifican porcentajes ni naciones concretas en el documento, pero la orden permite ajustes o revocación si Cuba o los países afectados toman “medidas significativas” para alinearse con los objetivos de seguridad de Washington.

Trump, en declaraciones a la prensa tras firmar la orden, afirmó que “Cuba no podrá sobrevivir” y que la isla es una “nación fallida” que apoya a “actores hostiles”, incluyendo vínculos con Rusia, China, Irán y grupos como Hezbollah y Hamas.

El mandatario ha reiterado en días recientes que el régimen de Miguel Díaz-Canel está “cerca del colapso” y que no habrá más petróleo ni recursos para La Habana. La medida genera particular preocupación en México, principal proveedor actual de petróleo a Cuba a través de Petróleos Mexicanos (Pemex), que en 2025 representó alrededor del 44% de los hidrocarburos importados por la isla. La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido los envíos como una “decisión soberana” y de “solidaridad humanitaria”, aunque Pemex suspendió temporalmente algunos embarques en enero citando fluctuaciones en el suministro.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, condenó la orden como un “brutal acto de agresión” y “chantaje” que viola normas de libre comercio, acusando a Estados Unidos de intentar “asfixiar” a la población cubana y mutilar su soberanía.

La Casa Blanca enfatizó que la acción protege la seguridad nacional frente a las “políticas malignas” del régimen cubano y que la orden puede modificarse si se producen cambios significativos.

Las autoridades estadounidenses no han detallado plazos para la implementación ni posibles tasas arancelarias, pero el decreto ya genera incertidumbre en el comercio internacional y tensiones diplomáticas en la región.

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