La funcionaria explicó que el programa contempla la realización de mesas de trabajo con representantes de las cámaras de comercio y turismo, a fin de informar a los establecimientos sobre la importancia de contar con un Programa Interno de Protección Civil, así como de aplicar medidas preventivas que permitan reducir riesgos.

Romero Sainz detalló que la dependencia mantiene un registro interno de dichos programas, en el cual se revisa documentación complementaria como dictámenes estructurales, eléctricos y de gas, entre otros requisitos, de acuerdo con las características de cada hotel. Actualmente, 139 hoteles en la entidad ya cuentan con su Programa Interno de Protección Civil debidamente registrado.

Asimismo, supervisores del área realizan revisiones físicas para verificar que los establecimientos mantengan vigente su registro y cumplan con las medidas de seguridad necesarias. En caso de detectar incumplimientos, se emitirán observaciones y se exhortará a los responsables a subsanar las recomendaciones en el menor tiempo posible.

Finalmente, la titular de la Secretaría señaló que, como parte del programa, los hoteles que cumplan con todos los lineamientos recibirán un distintivo de “Hotel Seguro”, con el propósito de que los usuarios identifiquen espacios confiables y seguros durante su estancia en Puebla capital.

El cargo Implementarán programa “Hotel Seguro” en Puebla rumbo al Mundial 2026 apareció primero en Reto Diario.

Tal episodio hace sospechar que existiría una protección desde la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano (SGDU) del Ayuntamiento de Puebla, cuya titular es Karina Asunción Romero Sainz, a la invasión de 400 hectáreas de los terrenos de la Exhacienda de San José Zetina, ubicada en la junta auxiliar San Andrés Azumiatla.

Pues resulta que hay dos resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa de Puebla –emitidas en el último par de años– determinando que se debe proceder con la clausura de las construcciones levantadas en la zona invadida y Karina Romero Sainz, la titular de la SGDU, se ha negado a actuar de acuerdo con las propias normas que rigen su dependencia.

Un absurdo que siendo la SGDU la encargada de dar orden al desarrollo urbano de la capital se pone a proteger un área invadida, en donde se han estado comercializando los predios de manera ilegal, sin que los terrenos cuenten con servicios públicos, sin vialidades y, lo que es más grave, sin que se acredite la posesión legal de las tierras de parte de los vendedores.

Tal situación plantea una pregunta básica: ¿qué intereses económicos hay atrás de quienes han controlado la invasión de San José Zetina, que parecen ser muy poderosos, como para que la autoridad municipal se niegue a frenar el desorden urbano al sur del municipio y tolerar que muchas familias sigan siendo timadas con la venta fraudulenta de lotes?

Felipe Velázquez y Karina Romero, en la misma sintonía

En la zona invadida de la Exhacienda de San José Zetina se han estado vendiendo, a bajo precio, una serie de terrenos para uso habitacional.

Los compradores son familias humildes que han sido engañadas de que es legal la comercialización de los predios y que está en curso la introducción de servicios públicos.

Muchos de los adquirieron lotes se han dado cuenta del fraude, pero no pueden protestar o proceder legalmente por el miedo de sufrir represalias por parte de un grupo armado que actúa en la zona.

El 19 de enero de 2023, los propietarios de las 400 hectáreas en cuestión y que mantienen un litigio contra Félix N., el líder de los invasores, acudieron a la SGDU a solicitar su intervención. En ese entonces, el secretario de dicha dependencia municipal era el panista Felipe Velázquez Gutiérrez, quien años atrás había sido alcalde de Atlixco.

Los quejosos expusieron que en la zona invadida se levantaron decenas de inmuebles que no fueron edificados por los propietarios de los terrenos, que carecen de licencias de construcción, que no se tiene ningún estudio de impacto ambiental y no cumplen con los permisos exigidos en el Código Reglamentario para el Municipio de Puebla.

La petición específica era: que los inspectores de la SGDU acudieran a solicitar a los moradores de las viviendas que exhibieran sus permisos.

Pasaron los meses y simplemente Felipe Velázquez nunca respondió a la solicitud. Ante tal comportamiento abusivo del panista, los agraviados acudieron al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla el cual, en abril de 2023, mediante el expediente 28972023-JCA-1-2, determinó que a los quejosos les asistía la razón.

En acatamiento al fallo del tribunal, el 12 de julio de 2023 un grupo de inspectores de la Dirección de Desarrollo Urbano –adscritos a la SGDU– llegaron al lugar del conflicto y levantaron un acta en la cual establecieron que había por lo menos 30 edificaciones y que sus dueños no pudieron presentar ningún permiso municipal para construir y mucho menos, pudieron demostrar que son los propietarios.

La intervención no concluyó debido a que los inspectores argumentaron que fueron amenazados por un grupo de personas que portaban armas de fuego y prefirieron retirarse del lugar.

De ahí para adelante, Felipe Velázquez ya no movió “un dedo” en este asunto, hasta que el anterior gobierno panista concluyó en octubre de 2024.

Otra vez los propietarios de las 400 hectáreas de San José Zetina acudieron al Tribunal de Justicia Administrativa, que al hacer una revisión del caso le ordenó –el 19 de noviembre de 2024– al Ayuntamiento de Puebla que se debía concluir el procedimiento iniciado el 12 de julio de 2023, pues si no lo hacía la autoridad municipal estaría violando los artículos 220 y 221 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla.

Fue hasta principios del presente mes que Karina Romero Sainz ordenó una nueva intervención en los terrenos invadidos de San José Zetina. Es decir, nueve meses después del último fallo del tribunal. Es el tiempo en que tarda la gestación de un hijo.

Esta vez los inspectores, acompañados de los agentes de 15 patrullas de la Policía Municipal, asentaron que no son 30, sino 36 inmuebles en el área invadida.

A continuación, emitieron un resolutivo que decía: que está prohibido levantar nuevos inmuebles en el área, que quedan clausurados las casas ya construidas y que hay una multa de 20 UMA a los posesionarios.

Todo bien, pero con un pequeño detalle: el resolutivo nunca se les notificó a los que levantaron los inmuebles, tal como marca la ley.

El documento con la resolución se pegó en un árbol. Lejos del lugar donde se construyeron los inmuebles y donde seguramente el viento se llevó el documento.

Quienes han construido ilegalmente no se dieron por notificados.

Mientras que Karina Romero “se ha cruzado de brazos” en este tema, de manera similar que su antecesor en el cargo: el panista Felipe Velázquez.

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