La propuesta, turnada para su análisis, busca reformar específicamente el segundo párrafo del artículo 35 de la ley vigente. Según la exposición de motivos, la redacción actual genera ambigüedades al centrarse solo en el estado de salud del enfermo, sin enfatizar suficientemente que el Documento de Voluntad Anticipada (DVA) fue suscrito en pleno uso de sus facultades mentales. La reforma precisa que dicho documento no podrá ser revocado por los familiares cuando el paciente se encuentre en estado de inconsciencia o sin plena capacidad debido a su condición terminal. Solo el propio enfermo podrá revocarlo, y únicamente si existe una “causa médica justificada” que permita una mejora sustancial e inequívoca de su salud.

“Lo que yo estoy proponiendo es que la persona que determine libre y voluntariamente no someterse a ningún procedimiento cuando esté en estado de inconsciencia así se respetará”, explicó el legislador.

Huerta Gómez insistió en que la iniciativa no equivale a legalizar la eutanasia, sino a garantizar certeza jurídica para pacientes, familias y personal médico.

¿Qué es la Ley de Voluntad Anticipada en Puebla y qué plantea?

Puebla cuenta con su propia Ley de Voluntad Anticipada, expedida por el Congreso del Estado el 15 de julio de 2024 y publicada en el Periódico Oficial el 31 de diciembre de 2024. Se trata de la norma número 17 en el país que regula esta figura, siguiendo el ejemplo de la Ciudad de México (primera en 2008) y otros 15 estados.

Su objetivo principal es garantizar el derecho a una muerte digna mediante la ortotanasia: permitir que la persona decida libremente si desea o no someterse a medios, tratamientos o procedimientos médicos que prolonguen artificialmente su vida cuando padezca una enfermedad en etapa terminal (pronóstico de vida menor a seis meses, incurable y progresiva). Todo ello respetando su autonomía personal y dignidad humana, sin incurrir en obstinación terapéutica (encarnizamiento médico inútil).

La ley no autoriza la eutanasia (homicidio por piedad) ni el suicidio asistido, figuras expresamente prohibidas y sancionadas por el Código Penal del estado. Tampoco aplica a menores de edad ni a personas que no estén en pleno uso de sus facultades al momento de otorgar el documento.

El Documento de Voluntad Anticipada ¿en qué consiste?

El corazón de la ley es el Documento de Voluntad Anticipada (DVA), un instrumento jurídico escrito mediante el cual una persona mayor de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, manifiesta de forma libre, consciente, seria, inequívoca y reiterada su decisión de:

• No recibir tratamientos o procedimientos que propicien la obstinación terapéutica
• Recibir únicamente cuidados paliativos (alivio del dolor, hidratación, higiene, sedación controlada, etc.)
• Designar a un representante (y sustituto) que vele por el cumplimiento de su voluntad

El DVA debe otorgarse personalmente ante un Notario Público o ante personal de una institución de salud, con la presencia de dos testigos. Requiere firma del otorgante, datos de identificación, fecha, hora y, opcionalmente, la voluntad sobre donación de órganos. Puede revocarse en cualquier momento por el propio interesado con las mismas formalidades.

Limitaciones de la ley

Aunque representa un avance en derechos humanos, la normativa tiene límites claros:

• Solo aplica en enfermedad terminal confirmada médicamente
• No surte efecto en caso de embarazo (se suspende hasta el parto)
• El personal de salud puede objetar por razones de conciencia, pero la Secretaría de Salud debe garantizar alternativas
• En caso de varios documentos, prevalece el más reciente
• No puede usarse para disposiciones testamentarias o donaciones ajenas al ámbito médico
• Los representantes no pueden ser el médico tratante ni familiares directos hasta el cuarto grado en ciertos casos

¿Qué motivó su creación y cuáles fueron los antecedentes en Puebla?

La instauración de la ley respondió a la necesidad de proteger la dignidad y autonomía de miles de poblanos que enfrentan enfermedades terminales (cáncer, diabetes complicada, insuficiencias orgánicas, entre otras), donde el encarnizamiento terapéutico genera sufrimiento innecesario tanto al paciente como a sus familias. Se fundamenta en principios constitucionales y tratados internacionales sobre derechos humanos, bioética y el derecho a una muerte digna.

En Puebla existían antecedentes concretos. Desde 2017 circuló una iniciativa formal para crear la Ley de Voluntad Anticipada, impulsada por organizaciones civiles como el Distrito de la Muerte Digna (DMD), que argumentaba la falta de un marco legal que permitiera a los enfermos terminales rechazar tratamientos fútiles. Esa propuesta sembró el debate público y legislativo, el cual maduró hasta la aprobación unánime en 2024, con el impulso de legisladores como el entonces presidente de la Mesa Directiva, José Miguel Octaviano Huerta Rodríguez.

La reforma ahora presentada por el diputado Julio Huerta Gómez busca cerrar posibles lagunas interpretativas que podrían vulnerar la voluntad del paciente, consolidando así un derecho que, más allá de la norma, responde a una demanda social creciente por una muerte con dignidad y sin sufrimiento evitable. La iniciativa será analizada por las comisiones correspondientes del Congreso local.

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En rueda de prensa, el diputado explicó que las y los integrantes de los cuerpos policiacos están impedidos para reingresar a su centro laboral, pese a que las y los trabajadores del resto de los sectores están en posibilidad de ser reinstalados, si lo determina la autoridad competente.

“Incluso, cuando la autoridad laboral haya emitido un laudo en el que determine que el despido haya sido injustificado. Solamente tendrán derecho estas compañeras y compañeros a la indemnización constitucional y no a la reinstalación. ¿Qué es lo que proponemos? que como el resto de los trabajadores que existen en este país estas personas pues puedan ser reinstaladas cuando se determine por la autoridad laboral”, indicó.

Las reformas a las que hizo referencia el legislador se realizarían al segundo párrafo de la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otra parte, el diputado indicó que ha impulsado modificaciones al artículo 8 Constitucional sobre el derecho de petición que tienen las y los ciudadanos. Al respecto, se propone el término de 30 días hábiles para responder a sus solicitudes ya que actualmente no se señala un plazo y se deja al arbitrio de la autoridad el tiempo de respuesta.

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Finalmente, destacó la presentación de una iniciativa de reforma a la fracción III del artículo 31 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, la cual consiste en incrementar en 5% las percepciones para el retiro de las y los militares, como un reconocimiento por la labor que han prestado al servicio de la Patria. Detalló que estos recursos saldrían de las devoluciones que hacen los estados y municipios a la Tesorería de la federación como fondos no ejercidos.

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Por otra parte, la diputada Modesta Delgado Juárez presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones, así como la denominación de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla, con el objetivo de establecer en el texto normativo la importancia de promover, fomentar y garantizar la igualdad sustantiva en todos los sectores de la vida diaria.

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La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su estudio y resolución procedente.

Asimismo, el diputado Julio Miguel Huerta Gómez presentó una iniciativa para reformar el artículo 13 de la Ley de Atención y Prevención de la Contaminación Visual y Auditiva para el Estado de Puebla, con el propósito de establecer que la licencia de anuncios en mobiliario urbano deberá solicitarse por escrito a la autoridad competente -de acuerdo con los requisitos establecidos en el reglamento-, la cual contará con un plazo de noventa días hábiles para dar respuesta a la solicitud; en caso de no hacerlo, se aplicará la afirmativa ficta.

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La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

Durante la sesión pública ordinaria, la Mesa Directiva dio cuenta de las siguientes iniciativas:

-Iniciativa de la diputada Azucena Rosas Tapia y del diputado Rosalío Zanatta Vidaurri para reformar el artículo 62 del Código Penal del Estado de Puebla, con la finalidad de reforzar y precisar la figura del “trabajo a favor de la comunidad”, como una medida penal orientada a la reparación del daño, la reinserción social y la prevención del delito, garantizando dignidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos.

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La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

-Iniciativa del diputado Elías Lozada Ortega para reformar y adicionar la Ley de Atención y Prevención de la Contaminación Visual y Auditiva para el Estado de Puebla, con la finalidad de fortalecer el marco técnico y preventivo en materia de contaminación auditiva, mediante la incorporación de criterios obligatorios de evaluación acústica y medición conforme a normas oficiales, así como zonificación acústica compatible con el ordenamiento territorial.

La iniciativa, que propone reformar los artículos 35 y 38 y adicionar los artículos 36 Bis y 38 Bis de la Ley de Atención y Prevención de la Contaminación Visual y Auditiva para el Estado de Puebla, fue enviada a la Comisión de la Agenda 2030.

-Iniciativa del diputado Rosalío Zanatta Vidaurri para reformar el artículo 73 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, con la finalidad de establecer que este sector de la población tiene derecho a la protección de sus datos personales y a acceder a la información de sus municipios y del Estado.

La propuesta legislativa fue dirigida a la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez para su estudio procedente.

-Iniciativa de la diputada Guadalupe Yamak Taja para reformar el artículo 30 Ter de la Ley Estatal del Deporte, con el propósito de garantizar los principios de igualdad y no discriminación entre atletas y paratletas, así como reconocer los méritos y resultados obtenidos por quienes destaquen en el ámbito deportivo, al asegurar la asignación equitativa de apoyos económicos y materiales, sin distinción de ninguna índole.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Juventud y Deporte.

-Iniciativa de la diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez para adicionar el Código Civil, con el objetivo de actualizar el concepto de posesión de mala fe a las realidades actuales del fraude patrimonial, así como reforzar la justicia civil, la protección del patrimonio familiar y la confianza en los actos jurídicos.

La iniciativa, que propone adicionar los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 1372 del Código Civil para el Estado de Puebla, fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis procedente.

-Iniciativa de la diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez para reformar la Ley del Notariado para el Estado de Puebla, con la finalidad de establecer que la persona titular de la notaría será responsable cuando, por dolo o negligencia grave en la revisión de antecedentes registrales, documentales o de identidad de las partes, autorice actos que den lugar a la transmisión irregular de la propiedad o al despojo de inmuebles, en los términos que establezca esta ley y demás disposiciones aplicables.

La iniciativa, que propone reformar la fracción V del artículo 112 de la Ley del Notariado para el Estado de Puebla, fue dirigida a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

-Iniciativa del diputado Julio Miguel Huerta Gómez para reformar el artículo 11 de la Ley del Servicio de la Defensoría Pública del Estado de Puebla, con el objetivo de establecer que la Fiscalía General y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla proporcionarán un espacio físico digno, apropiado y suficiente para la actuación de las y los defensores públicos adscritos, e incluirán este cumplimiento en su informe anual ante el Poder Legislativo del Estado.

La propuesta se turnó a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.

El cargo Avala Congreso de Puebla donación de predio para construcción de Centro de Educación Especial en Puebla apareció primero en Reto Diario.

El legislador explicó que el pasado 25 de julio presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, con el propósito de establecer el proceso para la revocación de mandato y, con ello, armonizar la legislación.

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Como parte de la propuesta, se contempla que debe realizarse en las urnas una vez cumplida la primera mitad del ejercicio de administración de la persona titular del Poder Ejecutivo. Además, se plantea que el Instituto Electoral del Estado (IEE) sea la instancia encargada de llevar a cabo este procedimiento.

También, contempla que el total de las firmas que se necesitan para ser considerada como una solicitud formal debe ser del 10% de la Lista Nominal, de la mitad más uno de los municipios del estado. Así como fijar un plazo de 30 días para que el IEE determine la procedencia o improcedencia y, en caso de avalarse, realizar la consulta dentro de los 90 días posteriores, a través del voto universal, libre y secreto.

El diputado detalló que, para que sea vinculante, debe participar el 40% de la Lista Nominal de la entidad. En tanto, se propone que la instancia para declarar la validez del proceso será el Tribunal Electoral del Estado.

“Será en el Segundo Periodo de este año legislativo; es decir, a partir del 15 de enero del próximo año, cuando estaremos llevando a cabo las mesas de trabajo”, agregó.

El cargo Reforma para revocación de mandato se analizará en 2026: Julio Huerta apareció primero en Reto Diario.

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Durante este evento, la diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez enfatizó que cuando se hable del uso de sustancias, las personas más vulnerables son quienes no tienen información, “por eso es necesario que la población conozca los riesgos de salud que esto representa y hacer políticas públicas que ayuden a reducir su consumo”.

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En este sentido, el especialista Miguel Ángel Torres Meléndez subrayó la importancia de fortalecer la conciencia sobre la prevención y atención de las adicciones, así como promover acciones para el bienestar de las juventudes y las familias poblanas.

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El ponente refirió que ante el aumento del consumo de cristal, ya no es el momento de solo prevenir, sino de combatir las adicciones entre las juventudes, “ya que esta complicación pasa desapercibida hasta que toca directamente a la puerta de tu casa”.

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En este evento se contó con la participación de otros especialistas en el tema, como Joel David Garzón Serrano, Tonatiuh Muñoz Aguilar y Karen de la Cuesta, entre otros.

El cargo Congreso del estado fue sede del conversatorio “Por una Puebla libre de adicciones” apareció primero en Reto Diario.

En el municipio de Zinacatepec, el legislador expuso que la primera iniciativa que presentó fue para reformar la Ley Orgánica Municipal, con la finalidad de fortalecer el papel de las juntas auxiliares y que tengan voz al interior del Cabildo, para ejercer el lugar que les corresponde como representantes del pueblo.

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De igual forma, detalló las propuestas impulsadas para atender diversas problemáticas de interés social, en materia de gobernabilidad, desaparición forzada, seguridad, protección civil, salud, educación, fortalecimiento de la estructura familiar y defensa del agua potable como un derecho humano y recurso fundamental.

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El legislador también destacó las iniciativas de reforma para cuidar y defender a las mujeres, el fortalecimiento de los derechos humanos, la protección al medio ambiente, así como el impulso a la ciencia y la tecnología.

“Una de las iniciativas que más me honra haber presentado es la iniciativa de reforma a la Constitución estatal por la que se incorporan las figuras de consulta popular y revocación de mandato, como mecanismos auténticos de democracia”, indicó.

En materia de gestión, resaltó la realización del Día de Holanda en Puebla, entregas de reconocimientos, así como apoyos del programa de Obra Comunitaria, impulsado por el ejecutivo.

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El diputado Julio Miguel Huerta Gómez, organizador del encuentro, compartió con las y los jóvenes su trayectoria académica y en el sector público, además, detalló las principales funciones de las y los legisladores en la construcción del marco normativo y en la gestión de acciones para la ciudadanía.

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Durante su mensaje, invitó a las y los presentes a participar de forma activa para abonar en la construcción de una mejor sociedad, fortalecer la democracia y atender las problemáticas que atañen a las juventudes.

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En el encuentro, también participaron las diputadas Laura Guadalupe Vargas Vargas, Susana del Carmen Riestra Piña y Esther Martínez Romano, quienes compartieron su trayectoria académica y en el sector público, así como algunas de sus experiencias al frente de organizaciones y cargos de representación.

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Las diputadas coincidieron en que es necesaria la participación de las y los jóvenes en el sistema político, pues su perspectiva contribuye a la construcción de una sociedad más humana, con bienestar y oportunidades para todos los grupos sociales.

El cargo Destacan en el Congreso participación activa de jóvenes para contar con una mejor sociedad apareció primero en Reto Diario.