Durante su conferencia matutina, el mandatario señaló que la discusión sobre los cambios al sistema judicial debe reconocer ambas realidades.

“Hay jueces honestos y hay jueces delincuentes”, declaró. Añadió que también existen jueces “honestos y patriotas”, aunque insistió en que hay otros que participan en conductas ilegales.

Entre los señalamientos que mencionó, sostuvo que algunos juzgadores han filtrado información a personas investigadas por delitos. “Hay jueces que filtran órdenes de aprehensión a delincuentes”, afirmó al referirse a casos en los que, según dijo, se advierte colusión para evadir la acción de la justicia.

El gobernador vinculó estas declaraciones con la reforma al Poder Judicial que su administración envió al Congreso local, la cual plantea modificar la estructura del sistema judicial en el estado y establecer la elección popular de jueces y magistrados.

Según explicó, uno de los objetivos de la reforma es fortalecer los mecanismos de control y sanción dentro del propio Poder Judicial. En ese sentido, señaló que la propuesta contempla la creación de nuevas instancias administrativas y disciplinarias que supervisen el desempeño de los funcionarios judiciales.

Armenta sostuvo que la elección por voto ciudadano permitiría que la población elija a perfiles confiables para ocupar cargos jurisdiccionales.

“Una de mis convicciones es democratizar el Poder Judicial, por lo que Puebla no es la excepción”, expresó al referirse al proyecto de reforma que actualmente analiza el Congreso del estado.

El cargo “Hay jueces honestos y hay jueces delincuentes”, afirma el gobernador Alejandro Armenta apareció primero en Reto Diario.

Hace un par de años, Lucio León Mata, entonces juez de Oralidad Penal y de Ejecución en Huauchinango, fue suspendido después de protagonizar uno de los episodios más vergonzosos del Poder Judicial reciente: reclasificó un delito de violación sexual contra una menor de 14 años como “estupro”, lo que permitió concederle la libertad bajo caución al agresor.

No fue un error técnico. No fue una interpretación discutible. Fue una aberración jurídica con consecuencias concretas: un presunto violador en la calle y una víctima revictimizada por el propio sistema. Por eso fue suspendido.

La pregunta que hoy debería escandalizar a todos es simple y brutal: ¿para qué regresó ese juez al sistema judicial? ¿Para impartir justicia? ¿O para volver a hacer exactamente lo mismo: usar la ley como coartada para torcerla?

Porque hoy, ese mismo nombre vuelve a aparecer en un contexto igual de tóxico: el entorno judicial que rodea al proceso de Miguel Ángel Celis, “El Animal”. Un imputado que no se ha caracterizado por confiar en la ley, sino por buscar influencias, presionar, presumir respaldos y operar políticamente su expediente. El paralelismo es imposible de ignorar: por un lado, un personaje con dinero, poder y fama de torcer voluntades; por el otro, un juez con historial probado de torcer la ley en un caso donde era imperdonable hacerlo.

No hace falta probar un soborno para entender el problema. El problema es estructural. Un juez que ya cruzó esa línea no se vuelve confiable por decreto. Y aquí está el verdadero escándalo: el sistema que lo reincorpora.

Porque cuando un juez que favoreció a un agresor sexual de una menor regresa a juzgar la libertad de las personas, el mensaje institucional es devastador: en este país, incluso las peores decisiones judiciales no tienen consecuencias permanentes. Eso convierte a cualquier ciudadano en rehén del azar judicial. Ya no importa quién tenga la razón, sino qué juez te toca.

Y en ese contexto, Miguel Celis no parece un accidente: parece un cliente natural del sistema. Un sistema donde hay presos de primera y presos de tercera, donde hay jueces reciclados, donde hay privilegios carcelarios, y donde la justicia cada vez más se administra por relaciones y no por expedientes.

La pregunta de fondo ya no es si Miguel Celis es culpable o inocente. La pregunta verdaderamente grave es esta: ¿qué tan segura puede estar una sociedad donde un juez que ayudó a liberar a un presunto violador vuelve a tener poder sobre la libertad de las personas?

La respuesta es incómoda, pero clara: no puede estar segura. En absoluto. Porque cuando la justicia recicla a sus peores perfiles, deja de ser justicia y se convierte en administración selectiva de la impunidad. Y porque cuando caen los protegidos, muchas veces también caen quienes los protegieron.

En Puebla, en Tehuacán y en todo el estado, la gente está mirando. Y esta vez, ya no hay toga que alcance para tapar la podredumbre.

El cargo Jueces reciclados para la impunidad apareció primero en Reto Diario.

Por eso se ha llegado al siguiente absurdo: en la actualidad hay juzgados en el estado que carecen de jueces o hay jueces que, carecen de un juzgado donde ejercer su encomienda profesional.

A la par abundan las historias, los rumores, los trascendidos, de supuestos actos de “venta” de fallos judiciales al mejor postor.

De las cosas que se cuentan en el “radio pasillo” del Poder Judicial se dice que no hace mucho, en la región de San Pedro Cholula, habrían liberado a un supuesto feminicida confeso y que tal beneficio le habría costado unos 300 mil pesos.

Hasta eso, le salió barato al presunto homicida el evitar pasar el resto de su vida en una prisión.

También se dice que hay un personaje que combina la actividad empresarial de la educación superior y el ejercicio de la impartición de justicia, que se ha hecho famoso porque en su juzgado –es lo que se rumora– estaría costando hasta medio millón de pesos revocar sentencias condenatorias y después, emitir fallos absolutorios a favor de acusados de delitos graves.

Y también se relata que algo extraño ocurre, porque en los juzgados nunca son “tocados” los líderes de grupo de invasores de bienes inmueble. Los llamados integrantes del “cartel del despojo”.

Estás que te vas, que te vas y no te has ido

Tal como se ha expuesto en este espacio periodístico, es un “secreto a gritos” que el presidente del órgano rector del Poder Judicial, José Eduardo Sánchez Hernández, es ignorado en el Gobierno del estado y el Congreso local como consecuencia de su pasado ligado al morenovallismo.

Hace unas semanas trascendió que, en los días previos a rendir su último informe anual de actividades ante los diputados locales, habría ya presentado su carta de renuncia. Sin que se sepa la fecha que habría fijado para dejar el Consejo de la Judicatura.

Pese a tales circunstancias no se ve para cuándo se pueda ir y ocurra un cambio en este poder público.

Su comportamiento es como la letra que cantaba José Alfredo Jiménez: “Porque estás que te vas, y te vas, y te vas, y te vas, y te vas y no te has ido”.

Sánchez Hernández ni se va del cargo, ni deja que cambien las cosas en el Poder Judicial. Diría el famoso “filosofo de Güemez”, pero “qué tal sabe estorbar”, en eso nadie lo supera.

Por esa y otras circunstancias, ocurre lo siguiente:

En el Distrito Judicial de Atlixco, desde hace varias semanas, no hay juez.

El cargo En Puebla hay tribunales sin jueces o jueces sin tribunal apareció primero en Reto Diario.