Durante su conferencia de prensa, Armenta fue enfático: “La amistad no es una capa protectora para la impunidad, lo digo con claridad”. Agregó que su administración no protegerá a nadie, sin importar afinidades personales o políticas.

El mandatario precisó que su gobierno no presentó la denuncia, pero sí dará seguimiento puntual a las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), con base en los principios de justicia y respeto al debido proceso. “Nosotros ni acusamos, ni protegemos, ni perseguimos. En Puebla no hay persecución, pero tampoco omisión”, subrayó.

El caso Accendo involucra a María Teresa Castro Corro, exsecretaria de Planeación y Finanzas, y a José Enrique Girón Zenil, exsubsecretario de Egresos, quienes fueron inhabilitados por 20 y 15 años, respectivamente, además de recibir multas por 362.9 y 241.9 millones de pesos como reparación del daño patrimonial.

Armenta recordó que los procedimientos contra exfuncionarios son muestra de que “nadie está por encima de la ley” y que los cargos públicos no son una carta para cometer irregularidades.

Asimismo, adelantó que la ley también se aplicará en otros casos, como el del exdirector del Cobaep, Jesús Zaldívar Benavides, investigado por peculado y desvío de recursos, y en los expedientes relacionados con el Conalep y el Museo Internacional del Barroco.

El gobernador enfatizó que su administración colaborará con los entes fiscalizadores y entregará toda la documentación requerida. “Quien administra tiene la obligación de tener toda la documentación que acredite el ejercicio del gasto. Nadie está por encima de la ley”, señaló.

Con ello, Armenta reafirmó su postura de cero impunidad y combate frontal a la corrupción, garantizando que la justicia en Puebla no tendrá excepciones ni colores partidistas.

El cargo Armenta garantiza cero impunidad en caso Accendo: “no hay persecución, pero tampoco omisión” apareció primero en Reto Diario.

De entrada, porque esas sanciones de orden administrativo aún no están firmes y porque los inculpados podrían impugnarlas en el ámbito local y federal, argumentando fallas procesales, entre ellas que la instancia investigadora, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, incurrió en omisiones como haber citado a la entonces directora de Tesorería de la Secretaría de Finanzas, Guillermina Canseco Carrera, para que explicara cómo y por qué contrató los servicios Accendo Banco, qué razones tuvo para invertir en esa institución de banca múltiple 600 millones de pesos y si no existió un estudio o evaluación sobre tal ente financiero que estaba a punto de la quiebra y quién le ordenó hacer esa millonaria transferencia.

Lo anterior no es una apreciación mía, sino de un abogado especialista en Derecho Administrativo, que durante un sexenio laboró en la Contraloría del estado, hoy Secretaría Anticorrupción, pero que además conoce del caso y de los procedimientos de responsabilidad administrativa por falta grave 134/2024-PRA- SERA-2 y 133/2024-PRA- SERA-2 seguidos contra María Teresa Castro y José Enrique Girón.

Según este abogado, ambas resoluciones de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del estado “podrían caerse con un amparo bien puesto”, así hayan salido por unanimidad de los tres magistrados Edgar Sánchez Farfán, Martín Fuentes Morales y Raúl Palomares Palomino.

En su opinión, las multas impuestas son onerosas e infundadas, ya que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que es la instancia encargada del Gobierno federal de administrar el seguro de depósitos bancarios en beneficio y protección de los ahorradores, aún no determina si el Gobierno de Puebla podrá recuperar algo de los 600 millones de pesos invertidos en Accendo Banco.

Por esa situación, sostiene que la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción aún no procede penalmente, ni puede fincar delitos, pues las sanciones administrativas todavía no están firmes, además de que podrían caerse por omisiones en el procedimiento administrativo y porque funcionarios relevantes que tuvieron que ser citados a comparecer, en términos del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas, entre ellos la actual secretaria de Finanzas, Josefina Morales Guerrero, quien entonces fungía como directora de Presupuesto y Política Presupuestal, y la directora de la Tesorería, Guillermina Canseco, para conocer las condiciones y resultados de esa inversión y saber por qué se eligió a Accendo Banco para transferirle 600 millones de pesos, nunca fueron citadas.

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Empleados que fueron contratados en la Comisión de Búsqueda de Personas del estado de Puebla y que se quedaron a laborar seis meses más después del 31 de diciembre de 2024 en que concluyó su contrato, con la promesa de sus salarios les serían pagados una vez que el nuevo director Juan Enrique Rivera Reyes tomará las riendas del organismo, aún siguen en espera de justicia.

Entre estos figuran Deslyth Mendoza Hannia Toral, Ricardo Toral, Dania González y Jacob Sánchez. Algunos incluso tuvieron que acudir al Tribunal de Arbitraje del estado para reclamar el pago de sus salarios.

Los empleados argumentan que si se quedaron a laborar es porque tenían necesidad y porque la promesa de que su trabajo sería retribuido se las hicieron el entonces titular de la Comisión Luis Javier Cervantes Gómez, la secretaria particular del secretario de Gobernación del estado, Araceli Cedillo, y el coordinador administrativo de la Segob, Juan Manuel Arriaga.

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El cargo El gozo por las sanciones a Teresa Castro y Enrique Girón podría irse al pozo apareció primero en Reto Diario.

De acuerdo con información publicada por Diario CAMBIO, el exsubsecretario de Egresos, José Enrique Girón Zenil, fue sancionado con 15 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos o participar en contrataciones gubernamentales, además de una indemnización de 241 millones 998 mil 452 pesos, equivalente al 40% del quebranto financiero.

La resolución judicial establece que Girón Zenil tuvo participación directa en la inversión ilegal de los recursos del erario en la institución financiera Accendo Banco, la cual quebró meses después de recibir los depósitos del Gobierno estatal. Con esta decisión, el tribunal determinó que el exfuncionario es responsable de daño patrimonial al estado, al igual que la exsecretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, quien previamente fue sancionada con 20 años de inhabilitación y una multa de 362 millones de pesos.

El TJAEP precisó que el monto total del daño causado por ambos exfuncionarios asciende a 604 millones 996 mil 131 pesos, al incluir no solo el capital invertido, sino también los rendimientos que debieron generarse durante el periodo de inversión.

El llamado caso Accendo Banco es considerado uno de los mayores desfalcos financieros en la historia reciente de Puebla, y continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), que analiza posibles responsabilidades penales por el uso irregular de fondos públicos durante el sexenio barbosista.

El cargo Sancionan a exsubsecretario de Finanzas del barbosismo por el caso Accendo Banco; deberá pagar 242 millones de pesos apareció primero en Reto Diario.