Años llevan documentándose las mismas historias. Extorsiones. Venta de privilegios. Drogas. Armas. Cobros por seguridad. Tarifas para sobrevivir. Dinero para vivir mejor… o para no vivir peor.

Y cada vez que llega un nuevo funcionario, el discurso se recicla: “ahora sí habrá orden”.

Pero en San Miguel, el orden parece tener tarifa.

En septiembre de 2025 llegó Jorge Ortiz Delgadillo con la encomienda –al menos oficialmente– de limpiar el penal.

La narrativa institucional hablaba de disciplina, control y combate a la corrupción. Otra vez. Como tantas otras veces.

Sin embargo, dentro y fuera del penal comenzaron nuevamente los rumores.

Y en Puebla, cuando los rumores en San Miguel empiezan a coincidir demasiado entre custodios, internos, familiares y abogados, normalmente terminan siendo algo más que rumores.

Porque las historias vuelven a repetirse casi con precisión administrativa.

Familiares denuncian cobros para ingresar teléfonos celulares.

Cinco mil pesos, dicen algunos custodios, es “la cuota”.

Para una madre humilde representa vender algo, endeudarse o sacrificar semanas enteras de ingreso.

Para ciertos grupos dentro del penal, en cambio, es apenas gasto operativo.

Porque un celular adentro no solo sirve para hablar con la familia: sirve para seguir operando delitos afuera.

Y eso, en San Miguel, nadie parece ignorarlo.

Es, de hecho, parte de un sistema, una estructura, una nomenclatura, un modus operandi…

También han circulado versiones –algunas ya exhibidas en otros medios– sobre depósitos a cuentas Nu y pagos en tiendas OXXO para “comprar seguridad”.

Un sistema informal de cobro de piso que, según testimonios, funciona con sorprendente normalidad.

Demasiada normalidad.

El historial reciente tampoco ayuda.

Ahí quedaron las imágenes y reportes sobre los llamados “Tiro Moranchel”, celebrando fiestas privadas dentro del penal con alcohol, escorts, drogas y música a todo volumen.

Escenas más cercanas a un centro nocturno VIP que a un centro de reinserción social.

Pero quizá el dato más delicado no está en los excesos, sino en la estructura financiera detrás de ellos.

Empresarios detenidos relatan la existencia de una especie de “ala ejecutiva”.

El nombre parece broma de mal gusto, pero las descripciones coinciden: celdas privadas, televisión, comida especial, custodios asignados, teléfonos, trato preferencial y convivencia exclusiva con internos “de nivel”.

La cuota, dicen, ronda los 50 mil pesos mensuales.

En otras palabras: dentro de San Miguel también existe clase alta.

Y mientras el interno pobre sobrevive entre amenazas, hacinamiento y miedo, el interno con dinero compra comodidad, protección y privilegios.

Robin Hood invertido.

Al rico le cobran más, sí. Pero al pobre lo exprimen peor.

El caso que más comentarios genera actualmente es el de Miguel Ángel Celis Romero, “El Animal”, empresario de Tehuacán recientemente trasladado a San Miguel bajo el argumento –precisamente– de que gozaba de privilegios en aquel penal.

Lo interesante es lo que se comenta desde su llegada.

Versiones internas aseguran que arribó ya con beneficios especiales: celda individual, televisión, teléfono, custodio personal, visitas constantes, alimentos diferenciados e incluso ingreso de medicamentos sin demasiados controles.

Si eso es verdad, la pregunta es inevitable:

¿Quién manda realmente en San Miguel?

Porque entonces solo quedan dos opciones: o el director del penal logra engañar sistemáticamente a sus superiores… o existe una red mucho más grande donde el negocio resulta demasiado rentable como para desmontarlo.

Y esa es quizá la parte más inquietante del asunto.

Que los funcionarios cambian. Los directores rotan. Los discursos se endurecen. Los operativos se anuncian. Se hacen traslados de supuestos reos peligrosos o conflictivos a otros penales. Pero la maquinaria sigue funcionando.

Como si el sistema penitenciario hubiera encontrado en la corrupción una fuente de ingresos demasiado cómoda para destruirla.

El vicealmirante Francisco Sánchez González, titular de la SSP y máximo responsable de las cárceles poblanas, tiene hoy una prueba compleja frente a él.

Porque San Miguel ya no es solo un penal con problemas: es un símbolo de todo lo que el Estado dice combatir… y que aparentemente sigue ocurriendo detrás de los muros.

La pregunta no es si las autoridades conocen lo que pasa.

La pregunta es quién se atreverá realmente a cerrar la caja registradora.

El cargo San Miguel: el penal que todos prometen limpiar… y nadie quiere cerrar la caja registradora apareció primero en Reto Diario.