Se consultó a tres abogados especialistas en materia de trabajo y señalaron que una característica del actuar de Roberto Santiago Sánchez, desde que llegó al cargo de presidente de la JLCA en junio de 2025, ha sido la de demorar la emisión de sentencias laborales que debían haberse dictado hace dos o tres años.

Así como obstruir el acatamiento de los laudos –que es una resolución final y definitiva en un juicio laboral– los trabajadores que emprendieron procesos legales.

De esa manera, como siempre ocurre, se busca que el trabajador que inició un litigio por un despido injustificado o una violación a sus derechos laborales, entre en una etapa de agotamiento, de hastío, de ya no poder costear un juicio que se puede tardar meses o años en resolverse.

Para entender la gravedad de este asunto se debe partir de algo elemental: el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, por mandato de la ley, tiene que ser una autoridad imparcial y su principal función es velar que los juicios laborales se desarrollen sin contratiempos.

El titular de la JLCA no puede ponerse a favor de ninguna de las dos partes que intervienen en un litigio laboral.

Mucho menos tener comunicación con la parte patronal que ha sido denunciada por una violación al orden legal.

Esa conducta no la ha seguido Roberto Santiago Sánchez, quien les pidió a los titulares de organismos públicos descentralizados del Poder Ejecutivo que le informen sobre los litigios laborales que enfrentan y cuáles son aquellos en los que tienen mayor interés.

Lo grave de esta situación es que Sánchez González no tiene facultades legales para solicitar dicha información.

Intentó disfrazar la petición de esos datos indicando que es para hacer “un diagnóstico” de los conflictos laborales, pero al mismo tiempo él mismo se delata al indicar que esa información servirá para ayudar a los organismos públicos a no enfrentar “riesgos presupuestales”.

El oficio que lo prueba

El pasado 10 de agosto, la JLCA hizo circular el oficio SEDETRA/JLCA/194/2026, que está dirigido a los titulares de los organismos públicos descentralizados del estado de Puebla, así como otras dependencias oficiales. El documento está firmado por Roberto Santiago Sánchez González.

En el documento se lee: “considerando que corresponde a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje resolver los conflictos laborales derivados de las relaciones de trabajo ante ella tramitados hasta el 2 de noviembre de 2021, de conformidad con su Reglamento Interior, me permito solicitar valioso apoyo…”.

Después indica: “En ese sentido, con la finalidad de integrar un diagnóstico actualizado respecto de los procedimientos laborales que pudieran representar obligaciones presentes o futuras para la Administración Pública Estatal, agradeceré se sirvan informar respecto de asuntos desahogados ante esta Junta local, el estado que guardan los laudos laborales en los que ese Organismo Público Descentralizado sea parte, remitiendo, para cada asunto, la información siguiente: 1 Número de expediente. 2 Autoridad jurisdiccional que conoce o conoció del asunto. 3 Nombre de la parte actora. 4 Estado procesal actual. 5 Fecha de emisión del laudo, en su caso. 6 Sentido de la resolución. 7 Importe condenado, procediendo conceptos e intereses, cuando corresponda. 8 Estado que guarda el cumplimiento del laudo. 9 Acciones jurídicas y administrativas implementadas para su atención. 10 Riesgos identificados y, en su caso, previsión presupuestal para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del procedimiento. 11 Nombre, cargo y datos de contacto del servidor público responsable del seguimiento del asunto.”

Hasta la parte anterior, se podría otorgar el beneficio de la duda de que toda esa información es solamente para llevar un diagnóstico de cómo se han cumplido con los laudos laborales.

Pero en el siguiente párrafo se revela la parte más importante al mencionar que estos datos servirán “para dar seguimiento oportuno a los procedimientos laborales, identificar riesgos jurídicos y presupuestales, fortalecer la coordinación interinstitucional y, en su caso, implementar las acciones administrativas que resulten procedentes para la adecuada atención de los asuntos laborales…”.

Después de la lectura de ese oficio surge una pregunta básica: ¿Le corresponde a la JLCA identificar “riesgos presupuestales”?

La respuesta es que no. La JLCA tiene que actuar de manera imparcial y vigilar que la parte patronal si pierde un juicio, cumpla con la sentencia y el costo económico que eso implica.

A la Junta de Conciliación y Arbitraje no le corresponde cuidar los presupuestos de las dependencias públicas.

No le puede dar el calificativo de “riesgo presupuestal” al cumplimiento de un laudo.

Esto es como si un juez penal dijera que como ya no hay suficientes espacios en las cárceles a todos los asesinos, secuestradores y violadores los va a dejar libres para que no se afecte el presupuesto del sistema penitenciario.

El cargo Presidente de la JLCA echa a andar estrategia para retrasar juicios contra dependencias públicas apareció primero en Reto Diario.

Es una contestación de antología, que envuelve cinismo, prepotencia y que la JLCA le resta autoridad al organismo encargado de la procuración de justicia en el estado.

Por esa razón los afectados están a punto de llevar este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que el Estado mexicano se niega a hacer justicia.

No se trata de algo menor, ya que la FECC –que depende de la Fiscalía General del Estado– dictaminó en diciembre pasado que se habrían cometido delitos contra la administración de la justicia en la Junta Especial 6 de la JLCA, por lo que le pidió el expediente del caso y aunque dio un plazo fatal para acatar la resolución, el organismo laboral contestó que no tiene no tiene material, personal y tal vez ganas de responder. Una actitud que raya en el más vil cinismo.

El meollo del asunto es que hay la sospecha de dos posibles conductas ilegales: pareciera que personal de la JLCA se quiere adueñar del pago de un laudo por un monto de 2.6 millones de pesos.

O se busca proteger a la empresa Armenta Automotriz, para que no cubra ese monto por un litigio laboral que perdió hace muchos años.

La agraviada de esta causa solo tiene 15 años esperando que se haga justicia y un trienio aguardando para que le paguen el laudo. Es decir, ya pasaron siete gobernadores en el estado de Puebla y nadie resuelve nada.

Lo sorprendente de este caso es que ya se tiene el monto del laudo asegurado, pues la JLCA le embargó 10 autos a la empresa Armenta Automotriz y por un acto totalmente ilegal, el organismo nunca le quiso entregar los vehículos a la mujer que ganó el litigio.

Todo se originó por lo siguiente: en esta columna periodística, el 15 de agosto de 2023, se dio a conocer el abuso cometido por la Junta Especial 6 de la JLCA, encabezada en ese entonces por Erick Loeza Villaseñor, situación por la cual la FECC inició una investigación.

El pasado 29 de diciembre, la Fiscalía General del Estado le informó a la agraviada por este caso que se abrió la carpeta de investigación FGEP/CDI/FECC/CORRUPCION.EST-I/000526/2023 por la presunción de que se habrían cometido delitos contra la administración de justicia por parte de la Junta Especial 6 de la JLCA.

Un par de meses antes, la FGE ya la había pedido a la JLCA que le entregara todo lo actuado en torno al expediente laboral D-6/131/2010 de la Junta Especial 6. Para ello lo dio un plazo fatal.

Al respecto, el 21 de noviembre de 2025, Alma Vanessa Guzmán Ramos, en su calidad de presidenta de la Junta Especial 6 de la JLCA, argumentó que como ha habido cambio de personal y el expediente que pide la FGE son “tres tomos voluminosos”, le respondió lo siguiente:

“…esta autoridad se encuentra impedida para dar cumplimiento en virtud de que se carece de material como hojas y tóner para fotocopiar ese volumen de hojas aunado a la falta de personal con el que se encuentra actualmente dentro de esta H.Junta…” (sic).

Tal respuesta solo lleva a pensar en dos escenarios:

Primero: hay tal grado de descomposición de la justicia en Puebla, que no hay hojas de papel bond –o de estraza–para dar cumplimientos a requerimientos legales.

Segundo: de nada sirve ganar un juicio laboral, pues bajo el pretexto de que no hay tinta para impresora no se cumplen los laudos.

La historia de los 10 autos nunca entregados

La trama de este caso inició el 3 de marzo de 2010, cuando el trabajador Alejandro Flores Huerta demanda a Armenta Automotriz, una de las agencias de autos más importante y conocida en Puebla, por un despido injustificado y el pago de prestaciones que nunca le cubrieron.

Al cabo de cuatro años, Flores Huerta logra un laudo favorable de la Junta Especial 6 de la JLCA, la cual establece que le deben pagar: salarios caídos, la prima de antigüedad, vacaciones, primas vacacionales atrasadas, así como horas extras y días de descanso que nunca le cubrieron.

Posterior al fallo, el proceso se detuvo. No avanzó nunca para cumplir con la obligación de Armenta Automotriz de pagar. Esa situación se prologó un año y ocho meses, periodo en el que Alejandro Flores Huerta pierde la vida por una enfermedad, sin que nunca le solventaran los adeudos laborales.

En 2016 se acredita a Rosa María Montes Palestino, quien es la esposa del finado, como beneficiaria del litigio y es ella quien debe recibir –junto con su hijo– el monto fijado en el laudo.

Hace tres años, tras una batalla legal de la agraviada, logró que se actualizara a 2 millones 681 mil 649 pesos el adeudo que tiene pendiente Armenta Automotriz.

Y en lo que parecía ser ya el desenlace del caso, el 7 de noviembre de 2022, le informan que la JLCA le embargó 10 vehículos a Armenta Automotriz para ya zanjar el litigio.

Ese no fue el fin, sino el inicio de los actos de corrupción del área de justicia laboral.

Antes de que Rosa Moría Montes se enterara del embargo de los vehículos, personal de la Procuraduría de Protección de los Trabajadores se acercaron a ella para decirle que habían logrado conciliar con los dueños de Armenta Automotriz y que la compañía estaba dispuesta, en cuestión de horas, de pagarle 100 mil pesos para saldar la deuda.

La amenazaron al indicarle que nunca lograría vencer a los empresarios que son los propietarios de dicha razón social.

Por tanto, le sugerían que era mejor que aceptara el pago sugerido de solo 100 mil pesos.

La mujer no aceptó ese trato.

Ya pasaron tres años y la JLCA no le entrega los autos a la agraviada, sin argumentar nada.

No se sabe dónde están los vehículos.

Se ignora si realmente Armenta Automotriz entregó los coches o solo se fingió el embargo de los automotores.

O si los funcionarios de la JLCA se quedaron con los autos.

Todo este asunto tiene un olor a podrido.

El cargo JLCA argumenta que no tiene personal, papelería ni tóner para cumplir órdenes de la Fiscalía Anticorrupción apareció primero en Reto Diario.