Una actitud que muestra la falta de congruencia de la Arquidiócesis de Puebla al no respetar su moralidad y las doctrinas que promueve.

Cáritas es una institución de la Iglesia católica que, de acuerdo con su propia definición, tiene como propósitos promover la justicia social y el desarrollo integral de las personas, principalmente de los pobres y desposeídos. Para ello, se supone que todas sus actividades se basan en el Evangelio y en la Doctrina Social de la Iglesia.

Pues lo ocurrido en el caso de Guadalupe Sánchez Briseño, la Arquidiócesis actuó de manera ilegal y de forma contraria a su discurso ideológico, de caridad y justicia, pues esta mujer hace nueve meses fue despedida injustificadamente como contadora general de Cáritas, sin que se le liquidara conforme a la ley y se han utilizado una larga lista de difamaciones en su contra.

Se le rescindió el pasado 15 de enero –tal como ya se narró en este espacio periodístico– por observar y oponerse a una serie de despilfarros con los donativos que recibe la Fundación Cáritas, que se supone deben usarse para la ayuda médica, hospitalaria, de alimentación y asilo que ofrece la institución a pobres, enfermos e indigentes.

La contadora Sánchez Briseño, al observar que los magros recursos económicos de la FBPC se estaban utilizando en pagos abusivos al personal que llegó con el último director del organismo, Jesús Rodríguez Calva, decidieron echarla, porque les estorbaba, les resultaba incómodo que vigilara la correcta aplicación de los fondos privados que aportan empresas y fundaciones por la vía de donativos.

Quien supo de todo este entramado, porque es el responsable del correcto funcionamiento de Cáritas, es el vicario episcopal Rutilio Ramos Pérez, quien es la segunda figura más importante en el clero católico poblano, después del arzobispo Víctor Sánchez Espinosa.

Hasta ahora, Rutilio Ramos ha guardado un silencio cómplice del abuso cometido contra Guadalupe Sánchez Briseño, quien llevaba una década y dos años bajo un contrato laboral prestando sus servicios en Cáritas.

En noviembre de 2024, esta mujer le señaló al director Jesús Rodríguez Calva –quien había llegado al cargo unas semanas antes– que no había fondos suficientes para que le contrataran una asistente personal, tal como él lo había pedido, y se pagaran altos salarios a los miembros de su equipo, que estaban muy por arriba del tabulador de ingresos de los 70 trabajadores que llevan años laborando en Cáritas.

Lo que planteaba la contadora era un dilema elemental: o se pagaban los beneficios económicos que demandaba el director o se compraban los insumos que necesita la fundación para cumplir con sus obligaciones.

Al llegar diciembre, Jesús Rodríguez le dijo a la contadora que “ya no había dinero” para seguirle pagando su salario.

De manera cordial, sin plantear ningún tipo de conflicto, la encargada de las finanzas respondió que aceptaba irse, pero bajo dos condiciones: hacer un proceso formal de entrega-recepción de la administración de Cáritas y ser liquidada conforme a lo que marca la Ley Federal del Trabajo.

La entrega de claves bancarias, estados financieros, presupuestos, firmas fiscales y toda la documentación contable se hizo el 15 de enero. Para esa fecha, ya no le pagaron su salario a Guadalupe Sánchez Briseño.

Cuando ella preguntó por su liquidación, el director Jesús Rodríguez Calva le respondió, palabras más, palabras menos, “te daremos una gratificación por tus años de servicio”.

La contadora respondió que no le tenían que dar una gratificación, sino una liquidación acorde a lo que marca la norma laboral.

El director nunca le entregó una propuesta de liquidación.

Lo más grave es que Rodríguez Calva reportó al Consejo Consultivo de Cáritas que Sánchez Briseño había abandonado el puesto y por eso se le había dado de baja.

Dentro de la institución, se esparció el rumor de que se había ido porque le habían encontrado malos manejos.

Dos mentiras que se desmontan fácilmente. En los últimos meses de 2024 le aplicaron una auditoría a la oficina de Guadalupe Sánchez Briseño y fue el propio vicario episcopal quien notificó a la contadora que no se había encontrado alguna anomalía.

La segunda mentira es que no se puede decir que abandonó el trabajo, cuando en los últimos 15 días en que estuvo en Cáritas se encargó del pago a proveedores y de la nómina de la institución, sin contar que se entregó –con testigos de por medio– toda la documentación de la fundación a una empresa privada, precisamente el último día en que ella estuvo oficialmente al frente del área contable de la FBPC.

Todas esas anomalías obligaron a la agraviada a presentar una demanda laboral contra Cáritas.

En agosto pasado, se realizó la primera audiencia en el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Puebla, en donde llegaron los abogados enviados por la Arquidiócesis para decir que no tenían una propuesta de liquidación. Pidieron una segunda audiencia para el 8 de septiembre.

La semana pasada, se realizó la audiencia que pidieron los representantes legales del clero católico y simplemente, con todo cinismo, no entraron a la reunión conciliatoria.

Frente a este comportamiento queda una sola pregunta: ¿dónde quedó la justicia que todos los domingos pregonan los curas católicos de Puebla?

Valdría le pena que el vicario episcopal le eche una leída a le encíclica Laborem Exercens –que en español significa “Al ejercer el trabajo”–, en donde la Iglesia católica pugna por que el trabajo sea la base de desarrollo de las “familias cristianas” y para ello, decía el papa Juan Pablo II, es fundamental que haya salarios dignos y respeto a los derechos laborales.

Como utopía, suena bien lo que dice la encíclica.

El cargo La Arquidiócesis vuelve a incumplir con la liquidación de la contadora de Cáritas apareció primero en Reto Diario.

La contadora Guadalupe Sánchez Briseño fue despedida de Cáritas el 15 de enero de este año y a lo largo de los últimos seis meses, la fundación, con todo cinismo e impunidad, le ha negado el pago de liquidación correspondiente a más de una década de trabajo, argumentando que ella dejó de asistir a sus labores, pese a que se tienen documentos firmados y testigos de como entregó formalmente la administración a un despacho contable por órdenes de Jesús Rodríguez Calva, quien funge como director general de FBPC.

Un asunto que ha provocado un fuerte malestar entre los más de 70 trabajadores de Cáritas, que han vivido en el último año una serie de excentricidades, abusos y dispendios de recursos en este lugar que da atención de asilo, ayuda médica y alimentaria a la población desposeída.

El autor de este desorden –señalan varias voces internas de Cáritas– es Jesús Rodríguez Calva, de quien se sabe que es un sacerdote retirado y que es muy cercano al arzobispo Víctor Sánchez Espinosa.

Desde siempre, la preocupación central en Cáritas es la falta de recursos económicos, pues el dinero con el que opera se obtiene, en su mayor parte, de aportaciones voluntarias de particulares, destacando la Fundación Tamariz Oropeza, los clubes Rotarios, empresas del ramo farmacéutico y de agencias automotrices, entre otros donadores, que combinan actos bondad con mecanismos de deducción de impuestos.

Por esa razón, una dinámica permanente con que funciona la FBCP es trabajar con austeridad para evitar gastos onerosos o innecesarios.

Jesús Rodríguez Calva llegó al puesto de director en septiembre de 2024 y empezó a ir a contracorriente, pues impuso una política de gastos en la FBCP que rompe con el esquema de austeridad, para caer en excentricidades de las que nadie entiende su finalidad, como, por ejemplo, haber contratado a una periodista radiofónica para que sea la vocera de Cáritas, cuando muchas veces no hay dinero suficiente para algunos tratamientos médicos.

O episodios como el siguiente: un día hubo una visita importante al asilo y a todas las personas de la tercera edad que ahí están internadas se les formó, se les dejó sin desayunar a su hora acostumbrada, los mandaron a bañarlos y ponerles ropa nueva, además de portar una rosa en la mano, para estar bajo el sol por más de una hora esperando a cierto personaje. Todo eso para que “no olieran mal”. Lo que más molestó es que se gastara dinero para ese acto, en lugar de cubrir necesidades apremiantes de la FBCP.

La mayor anomalía es que el nuevo director colocó a varias personas allegadas a él en diferentes puestos de Cáritas y en menos de cinco meses, les subió el salario en un par de ocasiones. Contrastando con mucha gente que ahí labora desde hace varios años y no han recibido los mismos beneficios económicos.

También se dio la situación de personas que entraron como voluntarios a Cáritas –tal fue el caso de Jazmín Aguirre, que estuvo ahí unos meses– y se les acabó otorgando pagos de liquidación laboral, cuando no estaban contratadas y, por tanto, la fundación no tenía ninguna obligación legal de darles un finiquito.

Una de las primeras decisiones que tomó el director –cuentan algunos trabajadores– es que ordenó la contratación de una secretaria privada, a quien le acabó delegando todas las funciones que le correspondía cubrir. Y meses más tarde, hizo lo mismo con un encargado del área de recursos humanos.

El choque del director con la contadora general Guadalupe Sánchez Briseño se detonó por dos razones:

La primera es que, a finales de 2024, la contadora le comunicó que no había fondos para contratar más personal. En años anteriores, le hizo la observación, se había prescindido del servicio de secretarias y ayudantes como una manera de evitar que los magros recursos económicos de la fundación se agotaran en asuntos que son ajenos a la atención de la población que acude a Cáritas buscando una ayuda social.

La segunda es que Jesús Rodríguez Calva le encargó a Guadalupe Sánchez que elaborara los informes que la dirección de Cáritas rinde periódicamente al patronato de la fundación, que actualmente es presidida por el empresario José Refugio Gómez Alonso, pero sin dar detalles sobre el aumento que había en gastos de nómina. Situación a la que no se prestó la contadora general.

Frente a esta posición, se desató una campaña de hostigamiento contra Guadalupe Sánchez. Por esa razón, le quitaron la función de hacerse cargo del área de Recursos Humanos, que le había sido asignada desde la crisis de COVID-19, periodo en que Cáritas se quedó sin donativos y redujo drásticamente su personal.

Al iniciar el año, hubo una reunión de trabajo en la cual Jesús Rodríguez Calva le dijo a la contadora, con 12 años de experiencia, que era necesario que se bajara el salario. Ella le respondió que eso era imposible porque lo prohíbe la Ley Federal del Trabajo y porque, además, desempeñaba un papel prioritario, que era elaborar las nóminas, pagar impuestos, cubrir contratos a proveedores, administrar los ingresos económicos, es decir, los donativos, y hacer la facturación de la FBPC.

Días más tarde, le dijo que “ya no había dinero para pagarle su salario”, contrastando con la excesiva contratación de nuevo personal y el aumento de salarios para los trabadores de recién ingreso.

La funcionaria –dicen conocedores del tema– le habría respondido que si ya no había dinero para pagarle su salario, entonces se le liquidara conforme a la ley. El director le pidió: “enséñame tus números”.

Cuando Sánchez Briseño le entregó el cálculo de su liquidación, de manera burlona, le dijo que con esa cantidad se podía “pagar todo” en Cáritas.

El 15 de enero pasado, con testigos y documentos firmados, Guadalupe Sánchez entregó la administración de Cáritas. La dirección de la fundación le pidió que acudiera al Centro de Conciliación Laboral para ahí acordar la liquidación.

Ante la autoridad laboral, la FBPC argumentó que la contadora abandonó su trabajo, pese a que se tienen testimonios de todo lo contrario.

Es decir, Cáritas actúa como cualquier patrón abusivo. De esos que supuestamente fustiga la Arquidiócesis de Puebla.

El cargo Abusivo despido de la contadora de Cáritas por haber detectado anomalías apareció primero en Reto Diario.