Durante la sesión de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, encabezada por el diputado Pável Gaspar Ramírez, se acordó turnar el expediente al Órgano Interno de Control, instancia que deberá revisar los hechos, integrar el procedimiento y determinar si existen elementos para una eventual remoción.

La denuncia plantea que ambos funcionarios habrían actuado fuera de sus atribuciones, al manejar información sin reportarla a los órganos legislativos y realizar gestiones jurídicas sin aval del Pleno, lo que, según la promovente, derivó en afectaciones al funcionamiento del Congreso.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano Corrales, subrayó que el punto central no es la acusación en sí, sino la forma en que se procese, por lo que insistió en que el Órgano Interno de Control debe garantizar condiciones para que ambas partes presenten pruebas y ejerzan su defensa antes de cualquier determinación.

Desde el PAN, su coordinador, Marcos Castro Martínez, consideró que el turno del caso representa apenas la fase inicial del trámite y adelantó que su bancada vigilará el desarrollo del procedimiento. Señaló que si la investigación arroja elementos sólidos, deberá avanzarse hacia la remoción, pero sin vulnerar principios como la presunción de inocencia.

En contraste, la diputada priista Delfina Pozos Vergara expresó reservas sobre la ruta adoptada, al considerar que la Junta de Gobierno tenía facultades para resolver directamente el tema. Cuestionó que no se haya sometido a votación la posible destitución y señaló que la decisión de enviarlo al órgano interno pospone una definición política que, a su juicio, correspondía al propio órgano de gobierno del Congreso.

El expediente seguirá su curso en el Órgano Interno de Control, que deberá emitir un dictamen para que posteriormente la Junta de Gobierno o el Pleno determinen si procede o no la destitución. Mientras tanto, la mayoría legislativa, encabezada por Morena, ha mantenido su respaldo a los funcionarios señalados.

El cargo Congreso de Puebla inicia procedimiento para analizar posible destitución de funcionarios apareció primero en Reto Diario.

De acuerdo con el orden del día de la 64ª sesión de la LXII Legislatura, el planteamiento quedó integrado como parte de los asuntos a tratar, mediante la lectura de un oficio firmado por la legisladora, en el que solicita formalmente la remoción de ambos funcionarios.

Foto: Especial

En el documento se establece que la petición será presentada ante el órgano legislativo, junto con otros puntos como la lectura del acta de la sesión anterior y la presentación del proyecto del orden del día para la Comisión Permanente del 9 de abril.

La solicitud de Riestra surge tras diversos señalamientos por presuntas irregularidades en el desempeño de ambos funcionarios, particularmente por omisiones en procesos legislativos vinculados con resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De acuerdo con los señalamientos, tanto el área encabezada por Leopoldo de Lara como la dirección jurídica a cargo de Jesús Juárez habrían omitido informar a diputadas y diputados sobre resoluciones de la Corte, además de presuntamente emitir respuestas sin contar con facultades.

Asimismo, se les atribuye haber turnado de manera incorrecta iniciativas y puntos de acuerdo a comisiones legislativas, lo que habría generado retrasos en su dictaminación.

En el ámbito político, también han surgido críticas desde la oposición, donde se les ha señalado de actuar como los “diputados 42 y 43”, al presuntamente tomar decisiones sin conocimiento pleno del Pleno legislativo.

La discusión del tema se dará en el seno de la Jugocopo, donde se definirá la postura de las distintas fuerzas políticas. Quedará por verse si la mayoría legislativa respalda la solicitud de la oposición o mantiene a los funcionarios en sus cargos.

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