Y, por si fuera poco, en este nuevo intento de invasión, contó con un respaldo policiaco del municipio de Puebla, en lo que parece ser un caso de “venta de protección” por parte de los uniformados que actúan en la zona de la junta auxiliar San Andrés Azumiatla, que es la región hacia donde se está orientando el crecimiento urbano de la capital del estado.

Tal situación exhibe que el sur del municipio de Puebla se ha convertido en “un polvorín”, que en cualquier momento va a estallar, por la proliferación de invasiones y la pasividad de las autoridades para frenar la ola de despojos y venta ilegal de terrenos.

Desde hace cuatro años, el Poder Judicial poblano no ha podido desahogar la parte básica de un juicio que hay contra Félix N., pese a que esta mujer no ha presentado una sola prueba que le pudiera servir para defenderse en el litigio por la invasión de las 400 hectáreas de la Ex Hacienda de San José Zetina.

A lo anterior se debe agregar que la Fiscalía General del Estado ha sido incapaz de ejecutar cuatro operativos para restituir esos terrenos a sus legítimos dueños, tal como ya lo ordenó un juez, por lo cual los paracaidistas se sienten seguros de que nadie los toca.

Esas condiciones les han permitido lotificar el área invadida, vender los predios y abusar de decenas de familias humildes que son engañadas con la falsa promesa de que pronto habrá servicios públicos. El área no tiene red de agua potable ni de energía eléctrica.

En resumen: hay toda una mezcla de actos de corrupción, ineficacia y burocratismos de todas las autoridades involucradas, desde el ámbito estatal hasta el municipal, que han provocado que escale el conflicto de los despojos inmobiliarios en San Andrés Azumiatla, que es una de las juntas auxiliares con menor desarrollo social del municipio de Puebla.

El último intento de invasión

San José Zetina es una pequeña localidad campesina en la junta auxiliar San Andrés Azumiatla. La zona se caracteriza por la ausencia de servicios públicos.

El pasado 18 de marzo, a eso de las 8:00 de la mañana, llegó al sitio un grupo de unas 15 personas con fachas de labriegos y un hombre que decía ser “ingeniero”. Primero recorrieron el área como si solamente estuvieran conociendo el lugar. Más tarde, cuando ya se sintieron en confianza, empezaron a hacer mediciones de los terrenos, que en total se estima que abarcan 125 hectáreas.

Tal situación inquietó a Lucio Flores Escalona, que es uno de los dueños de tierras dedicadas a la agricultura, por lo que alertó a otros propietarios y cuando ya estaban juntos encararon al grupo que tomaba medidas y, supuestamente, estaba colocando señales de división entre los predios.

Los pobladores de San José Zetina les exigieron a los invasores que se retiraran del área porque estaban en propiedad privada, a lo cual respondieron los aludidos que ellos eran los dueños de los terrenos y tenían el derecho a estar ahí.

La discusión empezó a subir de tono y se generaron los primeros roces físicos.

Ambas partes llamaron al teléfono de emergencia y pidieron la presencia de la Policía Municipal.

A lo pocos minutos llegó la patrulla con la identificación PDLC-386, con placas de circulación PB643-A4, en la que iban tres agentes.

Los dueños de los terrenos confiaban en que los uniformados llegarían a buscar tranquilizar la situación e investigar el origen del conflicto. Para su sorpresa, ocurrió todo lo contrario.

Uno de los policías de inmediato mencionó, luego de bajar de la patrulla, que él y los otros dos agentes estaban ahí ara dar protección a la señora Félix N., pues estaba siendo violentada en sus derechos y se encontraba en una de sus propiedades inmobiliarias.

Esas palabras prendieron más los ánimos de los dueños de los terrenos que, para ese momento, ya eran más que los supuestos invasores. Además, por las palabras del policía, se percataron de que los usurpadores eran encabezados por Félix N., a quien identifican plenamente de ser quien está atrás del despojo de la Ex Hacienda de San José Zetina, ubicada a unos metros de distancia.

Otro de los agentes empezó a pedir refuerzos por radio y decía que había un grupo armado que quería quemar la patrulla en la que él y los otros dos uniformados habían llegado a la zona. Esa acusación era contra los propietarios de los terrenos, que no portaban armas de fuego, pero sí palos, piedras y otros objetos que habían encontrado a la mano.

De un momento a otro arribaron al área 10 patrullas de la Policía Municipal, pues el llamado planteaba un conflicto violento.

Los agentes que llegaron en este segundo episodio actuaron de manera correcta, pues primero calmaron a la gente, les pidieron que se alejaran los dos grupos y los empezaron a interrogar. De ambos bandos surgían argumentos de que eran los auténticos dueños.

Al final, un mando de la Policía expresó que la disputa se debía resolver en un juzgado y logró que ambos grupos se retiraran de los terrenos.

Ahora los campesinos que sí son los propietarios de las tierras viven con la zozobra de que en cualquier momento los van a querer invadir y que no hay autoridad alguna que los proteja.

El cargo Con apoyo policiaco, intentaron una segunda invasión en San José Zetina apareció primero en Reto Diario.

Visto de otra manera, en promedio entraron a la zona 26 militares y agente policiacos por cada uno de los invasores que se oponía al desalojo, incluidos los niños de 8 y 10 años.

Pese a que los miembros de la seguridad pública llevaban cascos, chalecos antibalas, gas lacrimógeno, toletes, escudos contra objetos metálicos y equipos de comunicación, no pudieron desactivar a un minúsculo grupo que, fuera de algunos palos, solo tenían piedras para oponerse al paso “del ejército de la FGE”.

Resulta muy sospechoso que de nada sirvió la abrumadora superioridad –de 26 a 1– del operativo oficial, frente a un minúsculo grupo que ofrecía una muy limitada resistencia. Eso deja un tufo a corrupción o ineptitud de quien o quienes debía lograr que se llevara acabo el desalojo.

De acuerdo con una lectura que este columnista pudo hacer del expediente judicial del caso de San José Zetina, se desprende que la FGE echó manó del siguiente ejército:

La mañana del pasado 25 de septiembre, llegaron a la zona de conflicto en las inmediaciones de San Andrés Azumiatla, 622 uniformados de la Policía Estatal, 100 agentes investigadores de la FGE, 28 peritos en criminalística y 33 afectivos de la Marina.

En total eran 783 servidores públicos que iban con un propósito: dar cumplimiento a una orden de desalojo dictada por un juez.

Una orden que nada más tiene dos años de atraso de ejecutarse, ya que el primer mandamiento judicial de restitución de los predios a sus legítimos dueños se dictó por el juez Aarón Hernández Chino, el 29 de noviembre de 2023.

Es decir, esta semana se cumple un bienio en que la FGE le ha dado vueltas, más vueltas, otras vueltas más, a este asunto para invocar cualquier pretexto para no ejecutar varias resoluciones que se han dictado desde el Poder Judicial para sacar del área a los invasores.

Tal situación plantea dos posibles explicaciones:

Primera: la FGE –a cargo de Idamis Pastor Betancourt– es tan débil y carente de una profesionalización ministerial y policiaca, que una fuerza de 738 agentes no puede desactivar un reducido grupo de 20 adultos y 8 niños aventando piedras.

Tal vez por eso la FGE tampoco puede detener a asaltantes, narcomenudistas, huachicoleros y estafadores, porque seguramente siempre han de cargar “un arsenal de piedras de grueso calibre”.

Eso parecería ser una buena y lamentable noticia para la delincuencia: ya no se necesita utilizar armas de fuego para cometer atracos, con llevar unas “buenas piedras” es más que suficiente para provocar que salgan corriendo los agentes de la FGE.

Si se hace una lectura crítica del expediente de San José Zetina este comentario de “las piedras” y la huida de los agentes ministeriales, policiacos y los marinos, no suena a sarcasmo, sino a una triste y preocupante realidad.

Resulta difícil de creer que 700 agentes no puedan rodear y someter –que no implica reprimir– a un reducido grupo de infantes y adultos que lanzan cualquier objeto que se encuentran a su alrededor.

Segunda: lo de argumentar que había un grupo “aventando piedras” en realidad parece ser un modus operandi de la FGE para vender protección a las invasiones de bienes inmuebles.

Curiosamente, en por lo menos cuatro casos de despojos de grandes predios se ha usado el mismo argumento: no se pudo ejecutar mandatos judiciales porque hay gente con rocas en las manos.

Ese ha sido el argumento en otra destacada invasión: de la ex fábrica textil La Covadonga, en donde hubo dos operativos contra los autores de un par de despojos de bienes inmuebles. Los servidores públicos que se presentaron en la zona, que superaban en dos o tres tantos a los presuntos delincuentes, se retiraron sin ejecutar los mandamientos judiciales bajo el argumento de que “no había condiciones” porque la gente “amenazaba con lanzar piedras”. Eso pasó a lo largo del presente año.

Si la segunda explicación es la válida, eso quiere decir que alguien desde de la FGE está “vendiendo” el favor de frenar todas las órdenes de jueces de restituir predios invadidos.

El cargo La FGE mandó a 700 policías y marinos a recuperar terrenos de Zetina, pero como había menos de 30 opositores, mejor se retiró apareció primero en Reto Diario.

Al mismo tiempo dicha agrupación enfrenta un fuerte desgaste, ya que mucha gente se ha apartado de la señora María Félix, pues les vendieron terrenos –en la zona invadida– que, aunque se los ofrecieron a precios muy bajos, han pasado los meses y nunca se ha cumplido la promesa de dotación de servicios públicos y mucho menos, la entrega de documentos oficiales que acrediten la propiedad.

Eso ha hecho entender a varios de los colonos que fueron timados. Algunos han abandonado los predios, ante el temor de acabar en la cárcel.

Ante esa situación, integrantes de la agrupación invasora están buscando por todos los medios ganar nuevos adeptos.

Sobre todo, a familias que tengan hijos pequeños y personas de la tercera edad, como una manera de crear lo que se llama “escudos humanos”, que consiste en colocar a mujeres, ancianos e infantes al frente de un grupo que frene el paso de la policía ante el riesgo de un desalojo.

Entre las maniobras que están haciendo es difundir, entre pobladores de la junta auxiliar San Andrés Azumiatla, la falsa versión de que ya ganaron el juicio y, por tanto, ahora lo que procede es poblar los terrenos en disputa.

Bajo esa idea, ofrecen predios desde 5 mil pesos, lo que es un foco de atracción para la población de los estratos más populares.

La segunda estrategia, que hace mucho ruido, es que están intentando sumar a nuevos seguidores ofreciendo que serán incorporados a los programas sociales “del gobierno”.

En particular, han estado anotando a la gente en el llamado Programa de Gallinas y Huertas de Traspatio, mediante la cual se otorga dinero e insumos para que los beneficiarios armen una pequeña granja que les permita obtener huevo y carne de pollo para autoconsumo familiar.

No se aclara si esos fondos provienen de la política social de la Federación o del Gobierno del estado de Puebla.

A los posibles beneficiarios les piden una carta de vecindad y una identificación oficial, además de llevarlos a módulos de empadronamiento del programa que ofrece esa ayuda.

Hace un mes, ya se ventiló que el mismo grupo de invasores estaba obteniendo cartas de vecindad en San Andrés Azumiatla y firmadas por la presidenta de esa comunidad, Anastasia Onofre Romero, para que después los poseedores de dichos documentos se pudieran afiliar a Morena.

Tal como ya se expuso en este espacio periodístico, Anastasia Onofre es una líder de esa junta auxiliar que es muy cercana al político morenista Rodrigo Abdala Dartigues, quien curiosamente es el delegado en Puebla de la Secretaría del Bienestar federal, que es la instancia que reparte los beneficios de la política social.

No se sabe de dónde viene la entrega de los beneficios de programas social, pero lo cierto es que se está utilizando como “un gancho” muy efectivo de los invasores para ensanchar el número de sus seguidores.

Lo que advierte de un proceso de corrupción de alguna oficina gubernamental, que está buscando sacar provecho del conflicto de la Ex Hacienda de San José Zetina, que es la invasión más grande que se tiene registrada en el estado de Puebla.

El cargo Grupo de invasores de tierras ofrece programas sociales federales para sumar seguidores apareció primero en Reto Diario.

Esa situación ocurre gracias a la inoperancia de las autoridades encargadas de la procuración de justicia y de desarrollo urbano, que “no mueven un dedo” contra dicho asentamiento ilegal y que está fuera de toda norma de planeación.

Lo que acontece en La Covadonga –que actualmente pertenece a la fundación privada Julita y Antonio– es una muestra clara de que en Puebla gozan de plena impunidad los grupos dedicados a la invasión de bienes inmuebles.

En el caso de despojo de los terrenos de la ex fábrica textil, se han levantado dos denuncias penales y una más de carácter administrativo ante el Ayuntamiento de Puebla, sin que ninguna autoridad local actué en lo más mínimo contra dicho latrocinio.

No es un asunto menor, pues en ese apropiamiento ilegal de un terreno de 2.3 hectáreas intervino un grupo armado que, entre otras cosas, privó de la libertad a dos policías a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Sin embargo, para la Fiscalía General del Estado (FGE) lo acontecido no es suficiente para intervenir.

Más sorprende la siguiente situación: cuando el propietario de una modesta casa-habitación emprende una ampliación o remodelación del inmueble sin tramitar una licencia de construcción, es fácilmente detectado por los inspectores del Ayuntamiento de Puebla que proceden a clausurar la obra y multar al infractor, tal como lo marcan los reglamentos.

En cambio, con la construcción ilegal de este hotel pareciera que fuera “una obra invisible”, ya que la autoridad municipal no la ha tocado “ni con el pétalo de una rosa”.

Los trabajos de ese hotel se hacen en un predio que está catalogado para uso agrícola. Quienes construyen no pueden acreditar que son los propietarios y, por si fuera poco, la zona carece de todos los servicios públicos. No hay red de drenaje y agua potable, así como la apertura de una calle. Por lo que resulta inexplicable que la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano (SGDU) del gobierno municipal no tenga la disposición de hacer valer las normas.

Tales comportamientos despiertan la sospecha de que la falta de acción de la FGE y la SGDU podría tener como trasfondo no la negligencia, sino la complicidad de algunos servidores públicos de esas instancias oficiales con el grupo invasor de los predios.

Las dos invasiones

La ex fábrica textil de La Covadonga surgió a finales del siglo XIX y cerró sus puertas al fenecer el siguiente siglo. Como parte de la propiedad de esa vieja factoría, hay 22 hectáreas que estaban destinadas a la siembra de granos básicos y para unas canchas improvisadas de fútbol llanero.

El 9 de abril de 2023, un grupo de invasores se apropió de manera ilegal de 8.3 hectáreas y, de inmediato, se apresuró a lotificar el área en conflicto y se puso a ofrecer unos 250 terrenos a bajo precio. Para ello se echó mano de notarios públicos de Tlaxcala que aceptaron avalar contratos ilegales de compraventa.

Contra ese despojo, se presentó una denuncia penal y se agotaron todos los esfuerzos legales de parte de los abogados de la Fundación Julita y Antonio, para que los predios fueran restituidos al propietario legitimo. Las autoridades locales no hicieron nada. Siempre hubo el reporte de que “no había condiciones favorables” para intervenir.

Fue en junio pasado cuando hubo un operativo de autoridades federales, la Marina y la Guardia Nacional, que sirvió para restituir esas 8 hectáreas a la fundación en cuestión.

Mediante un amparo –obtenido en esas mismas fechas– que otorgó la jueza Cuarta de Distrito, Blanca Alicia Lugo Pérez, se logró la autorización para demoler el 80% de las casas que ya habían construido personas que fueron defraudadas con la venta ilegal de lotes.

El 9 de febrero de 2025, es decir 23 meses después del primer despojo, ocurrió una nueva invasión. En aquella ocasión fueron 2.3 hectáreas de La Covadonga.

En la madrugada de ese día, un grupo, usando armas de fuego, se apropió de los terrenos y sometieron a dos agentes de la Policía Auxiliar que vigilaban la propiedad. Los uniformados fueron golpeados, amarrados y los echaron a la cajuela de un vehículo. Horas más tarde los abandonaron en los límites entre Puebla y Tlaxcala.

Ambas invasiones han sido obra de la misma agrupación de paracaidistas, que estaría ligada a los intereses de una empresa dedicada a la venta de garrafones de agua purificada.

Por esos hechos se levantó la demanda FGEP/CDI/FIR/FIR-II/000949/2025 y desde hace siete meses la FGE –sin dar un argumento de peso– se ha negado a permitir que el recurso legal se turne a un juzgado. Es decir, para la Fiscalía “no pasó nada”.

El 24 de julio de 2025, se presentó otra denuncia, pero ahora ante la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano de la ciudad de Puebla –que preside Karina Romero Sáinz–, en donde se expone que se está construyendo una serie de obras de manera ilegal en el segundo terreno invadido.

Pasaron 15 días y lo quejosos pidieron información. La respuesta es que todavía no se hacía la inspección al área de conflicto.

Por esa razón, el 18 de agosto de este año se presentó una queja contra Karina Romero, por su inoperancia en contra del surgimiento de asentamientos humanos irregulares.

Hace dos semanas, la Contraloría informó que se está pidiendo la documentación para analizar el caso.

Mientras en el Ayuntamiento nadie hace nada contra las obras irregulares en La Covadonga, en el área de la segunda invasión, desde hace unas semanas llegaron docenas de albañiles para laborar los siete días de la semana en una obra que excede las dimensiones de una casa-habitación.

De acuerdo con el testimonio de vecinos de la zona y de los alarifes, se está construyendo un hotel, para que lo antes posible ya dé alojamiento.

El cargo Con toda impunidad, construyen un gigantesco hotel en los terrenos invadidos de Covadonga apareció primero en Reto Diario.