El dictamen fue avalado con 77 votos a favor y 30 en contra, y fue turnado a la Cámara de Diputados para su revisión.

La iniciativa establece que la nueva agencia asumirá las funciones regulatorias del ecosistema digital en México. Además, se reconoce el acceso a Internet como un derecho universal y se incorporan disposiciones para garantizar la inclusión de personas con discapacidad en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.

La ley también contempla el fortalecimiento de medios comunitarios, indígenas y públicos, con un enfoque de derechos humanos y multiculturalidad. Las personas servidoras públicas del IFT causarán baja una vez que se concrete su extinción, conforme a lo establecido en el artículo noveno transitorio del dictamen.

El proyecto legislativo deriva del mandato del artículo décimo transitorio del decreto constitucional de diciembre de 2024. La propuesta fue elaborada tras una serie de conversatorios organizados por la Junta de Coordinación Política y comisiones legislativas, en los que participaron diversos actores del sector.

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La sesión virtual, organizada por la coordinadora estatal de la Comisión de Contralores Estado Municipios, Dulce Lilia Rivera Aranda, abordó la importancia de la normatividad establecida en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como los procedimientos y plazos para la presentación de las declaraciones en sus tres modalidades: inicial, de modificación y de conclusión. Rivera Aranda destacó que estas acciones son fundamentales para fortalecer la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

“Los contralores de los 217 municipios representan la primera línea de defensa en la integridad pública en sus respectivos territorios, su presencia y participación activa reafirman el papel que tiene los Órganos Internos de Control como garantes del cumplimiento de las obligaciones que mandata nuestra normatividad y legislación”, comentó.

Foto: Especial

En su mensaje, el titular de la Secretaría de la Función Pública del estado de Puebla, Alejandro Espidio Reyes, señaló que el esfuerzo de la capacitación se materializa en acciones que tengan como objetivo fortalecer el desempeño de las contralorías, “recuerden que la presentación de la declaración patrimonial representa no solo una obligación legal, sino también un compromiso ético y una expresión de cultura cívica que fortalece la rendición de cuentas y la confianza ciudadana”, subrayó.

Durante la capacitación, Torres López destacó la importancia de esta obligación como una herramienta clave para prevenir conflictos de interés y detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito. “La función del contralor municipal es esencial para garantizar gobiernos íntegros y cercanos a la ciudadanía. Esta capacitación busca brindar claridad y acompañamiento en un tema que impacta directamente en la confianza ciudadana”, enfatizó.

Asimismo, Georgina Cesín Andrade, secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, invitó a los participantes a sumarse a la Plataforma Digital Nacional (PDN) y la Plataforma Digital Estatal (PDE) con el Sistema 1 (S1) de la Declaración de Intereses, con el objetivo de integrar y conectar diversos sistemas electrónicos entre los tres niveles de gobierno.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Puebla refuerza la coordinación intermunicipal en materia de control interno por una administración pública más transparente, eficiente y comprometida con el combate a la corrupción.a

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Esta capacitación fue encabezada por el presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, quien reafirmó su compromiso con un gobierno honesto, eficiente y cercano a la ciudadanía. Durante su mensaje, destacó la importancia de fomentar valores y de proporcionar a las servidoras públicas y los servidores públicos las herramientas necesarias para un mejor desempeño en el marco del cumplimiento de la legalidad.

Agregó que se trata de un espacio de formación y reflexión sobre el ejercicio responsable y ético del servicio público que organizó el gobierno municipal en coordinación con el Ifetel y la Contraloría Municipal. Asimismo, reconoció la presencia de Perla Lizeth Torres López, titular del Órgano Interno de Control del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

“El Ayuntamiento de Puebla, con el valioso respaldo de nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, y del gobernador Alejandro Armenta, ha asumido el combate a la corrupción como un eje prioritario que debe materializarse en acciones concretas, políticas públicas, eficaces y, sobre todo, la voluntad de cada servidor y servidora pública para actuar con integridad”, subrayó.

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Por su parte, la titular de la Contraloría Municipal, Dulce Lilia Rivera Aranda, explicó que la rendición de cuentas no es un trámite, es una obligación ética; asimismo, destacó la importancia del cumplimiento cabal de la declaración de situación patrimonial y la verificación de su evolución.

“Esta capacitación no es una actividad aislada, es parte de una política pública articulada que prioriza la prevención como instrumento fundamental. Esto no solo fortalece la confianza ciudadana, sino que garantiza que las y los servidores públicos actuemos con integridad y congruencia. Sabemos que no puede haber justicia sin honestidad, ni bienestar social sin rendición de cuentas. Por eso, cada acción que impulsamos está orientada a consolidar un gobierno honesto, austero, eficiente y cercano al pueblo”, enfatizó.

El curso abordó temas clave como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los mecanismos de prevención, detección y disuasión de actos de corrupción y faltas administrativas, así como la correcta declaración y evolución patrimonial. De igual manera, se compartieron buenas prácticas de gestión pública que permiten elevar los estándares de integridad y eficiencia dentro del ejercicio gubernamental.

Esta iniciativa forma parte de una serie de acciones permanentes impulsadas por el Ayuntamiento de Puebla para consolidar un gobierno abierto, transparente y orientado al servicio de la ciudadanía.}

Se contó con la presencia de Georgina Cesín Andrade, secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción; Mónica Silva Ruiz, síndica municipal; Francisco Javier Muñoz López, presidente del Instituto de Administración Pública (IAP); Laura Elisa Morales Villagrán, integrante del Comité Estatal de Participación Ciudadana, y Blanca Estela Navarro Benítez, coordinadora regional de Contralores Estado-Municipio de la Región 21.

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