La propuesta legislativa busca establecer una institución pública con rango de Secretaría que permita diseñar y ejecutar una política de inclusión integral, transversal, medible y permanente en la entidad.

“Con la creación de esta Secretaría se contaría con una autoridad rectora que articule esfuerzos entre el gobierno, la sociedad civil y la iniciativa privada, sin generar duplicidad de funciones, sino dotando de mayor coherencia y solidez a la administración pública estatal”, afirmó la legisladora.

Asimismo, la creación de la Secretaría de la Inclusión pretende impactar directamente a sectores que representan más del 35% de la población del estado, entre ellos personas con discapacidad, personas adultas mayores, pueblos y comunidades indígenas, población afrodescendiente, así como otros grupos en situación de exclusión como mujeres indígenas, niñez en situación de calle, personas en pobreza extrema, migrantes y personas de la diversidad

Finalmente, la diputada María Soledad Amieva dio a conocer que la reforma también contempla modificaciones a los artículos 30, 31 y 48, además de la adición del artículo 48 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, con el propósito de otorgar a la nueva Secretaría facultades para desarrollar políticas públicas de inclusión, emitir criterios de accesibilidad universal, impulsar la inclusión laboral mediante acciones afirmativas, fortalecer la coordinación interinstitucional y brindar orientación, asesoría y acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad.

El cargo Impulsa diputada María Soledad Amieva iniciativa para crear la Secretaría de la Inclusión del Estado de Puebla apareció primero en Reto Diario.

García Parra reiteró que el Congreso del Estado tiene plena autonomía para presentar y discutir iniciativas, y subrayó que el Ejecutivo respeta la libertad de las y los legisladores para impulsar las propuestas que consideren pertinentes.

No obstante, consideró necesario que la iniciativa sea acompañada de un proceso de consulta pública. Planteó la realización de foros en los que participen distintos sectores, entre ellos transportistas, empresarios, académicos y colectivos, incluidos grupos defensores de derechos humanos.

El funcionario señaló que este tipo de casos puede generar afectaciones relevantes, como bloqueos en vialidades primarias que impactaron la movilidad y las actividades productivas en una vía que conecta al sureste del país.

Indicó que las pérdidas económicas para sectores productivos pueden ser cuantiosas cuando se presentan movilizaciones de este tipo, por lo que consideró importante escuchar a todas las partes involucradas antes de avanzar en una eventual reforma legal. Al mismo tiempo, sostuvo que debe garantizarse el respeto a los derechos de las personas.

El caso que detonó la iniciativa ocurrió luego de que se reportara la desaparición de la joven, quien presuntamente había enviado mensajes a sus familiares asegurando que era perseguida por dos sujetos en motocicleta. Incluso se difundió que se encontraba embarazada. Tras un operativo de búsqueda fue localizada en el Estado de México y posteriormente se confirmó que no estaba embarazada ni había sido privada de la libertad.

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