La legisladora señaló que el análisis continuará dentro de comisiones una vez concluido el periodo de receso legislativo y aseguró que el proceso avanza “en tiempo y forma” conforme a los criterios establecidos por la Corte.

“En septiembre se va a votar”, afirmó Chumacero al referirse al dictamen relacionado con identidad de género autopercibida para menores de edad.

La diputada sostuvo que la propuesta ya es considerada viable jurídicamente tras las determinaciones emitidas por la Suprema Corte, aunque reconoció que todavía continúan los trabajos internos para construir acuerdos y dar seguimiento al tema dentro del Poder Legislativo.

La discusión sobre infancias trans se ha convertido en uno de los temas más polémicos dentro de la agenda legislativa poblana en los últimos años, particularmente por las posturas encontradas entre colectivos LGBT+, organizaciones conservadoras y actores políticos.

Actualmente, Puebla sigue sin armonizar completamente su legislación para permitir el reconocimiento legal de identidad de género en niñas, niños y adolescentes trans, situación que ha generado presión judicial y reclamos de organizaciones defensoras de derechos humanos.

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Gaspar Ramírez indicó que el Congreso responderá formalmente a la Corte sobre los avances del proceso legislativo y explicó que, a partir del 15 de mayo, cuentan con un plazo de 10 días para informar el estado del análisis.

El diputado también reconoció que todavía no existe una fecha definida para presentar, dictaminar o votar la reforma en el Pleno.

Sobre el proceso, consideró que se trata de un tema “delicado” que requiere consensos amplios, por lo que no descartó la realización de foros de consulta con distintos sectores sociales, aunque precisó que hasta ahora no existe una solicitud formal para llevarlos a cabo.

La discusión deriva de la resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 73/2021, mediante la cual la SCJN ordenó al Congreso de Puebla reformar el Código Civil estatal para permitir el reconocimiento administrativo de identidad de género en actas de nacimiento de manera ágil, gratuita y confidencial, incluyendo a menores de edad.

En días recientes, colectivos y activistas han señalado el retraso en el cumplimiento de esta resolución judicial por parte del Congreso local.

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Así lo señaló el diputado del PT, Óscar Mauricio Céspedes Peregrina, presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, donde está turnada la propuesta.

El legislador indicó que no se trata de un tema “fácil”, debido a su complejidad y a las implicaciones sociales, por lo que se buscará escuchar “todas las voces”.

Precisó que el objetivo es construir una resolución que permita “sacar la mejor conclusión para nuestra niñez poblana”.

En este contexto, señaló que no se descarta la posibilidad de una consulta ciudadana como parte del proceso para abordar la iniciativa.

Recordó que el plazo para avanzar en el análisis o informar sobre el estado del proceso vence el 26 de mayo.

La declaración de Céspedes se da luego de la postura que fijo el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, quien aseguró que la corte dará seguimiento puntual al actuar del congreso.

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La declaración se realizó al término del desfile conmemorativo por el 164 aniversario de la Batalla de Puebla, donde fue cuestionado sobre el alcance de la resolución.

Aguilar Ortiz indicó que la Suprema Corte dará seguimiento al cumplimiento de la sentencia para verificar que el Congreso poblano atienda la obligación dentro del plazo establecido.

La resolución se inscribe en criterios del máximo tribunal en materia de derechos humanos, que obligan a los congresos locales a adecuar su legislación cuando existe una sentencia constitucional.

El fallo ordena realizar adecuaciones legislativas para garantizar el reconocimiento jurídico del derecho a la identidad de las infancias trans.

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En rueda de prensa, la legisladora explicó que la propuesta fue presentada en conjunto con el diputado Pavel Gaspar Ramírez, y consta de cuatro artículos que integran un capítulo, el cual se agrega a la sección de delitos contra la vida.

Foto: Especial

“Podemos hacer historia, compañeros diputados (…) dejar en claro para la sociedad, para nuestra ciudad, para nuestro país, que la vida tiene un valor único y que la identidad de género nada tiene que ver con el valor que tenemos como personas”, mencionó.

La iniciativa establece que, comete el delito de transhomicidio quien prive de la vida a una persona trans, cuando la conducta sea motivada por odio, rechazo, desprecio, discriminación o prejuicio relacionados con su identidad o expresión de género, reales o percibidas, independientemente del sexo asignado al nacer.

La propuesta considera que, cuando se configure este delito, se impondrá una pena de 40 a 60 años de prisión y multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización.

Foto: Especial

Las penas podrían incrementarse, hasta en una mitad, cuando intervengan dos o más personas, exista relación de confianza o subordinación, cuando el delito sea cometido por servidor público o cuando la víctima se encuentre en situación de especial vulnerabilidad, y cuando exista extrema violencia o ensañamiento.

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