El legislador participó en una manifestación frente a la sede del máximo tribunal, acompañado por organizaciones civiles y colectivos que rechazan la denominada Ley de Infancias Trans. Bajo la consigna “La Corte no legisla”, sostuvo que los ministros han excedido sus atribuciones al intervenir en decisiones que, afirmó, corresponden exclusivamente al Poder Legislativo estatal.

“En Puebla tenemos ya cuatro años aguantando la presión, no cediendo a los embates de la Suprema Corte”, expresó Micalco durante el acto, donde aseguró que los diputados locales defenderán su derecho a legislar conforme a lo que consideran el interés de los poblanos.

La polémica se originó luego de que la SCJN ordenó al Congreso poblano adecuar el Código Civil para eliminar las restricciones de edad en los procedimientos de rectificación sexogenérica, con el propósito de garantizar el derecho a la identidad de género autopercibida de menores de edad. El máximo tribunal fijó plazos para el cumplimiento de la resolución e incluso advirtió posibles sanciones en caso de desacato.

La Corte ha sostenido en distintos fallos que impedir a niñas, niños y adolescentes acceder a estos procedimientos administrativos vulnera los derechos a la igualdad, la no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad y la identidad de género, criterios que ya han sido aplicados en otras entidades del país.

Sin embargo, el tema ha generado un inusual consenso entre legisladores de diversas fuerzas políticas en Puebla. Diputados del PAN, PRI, Morena, Partido Verde y Nueva Alianza han expresado reservas o rechazo a la iniciativa, con excepción de algunos legisladores que respaldan el cumplimiento íntegro de la sentencia judicial.

Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Pável Gaspar Ramírez, ha señalado que el acatamiento de la resolución no debe interpretarse como una renuncia a la autonomía legislativa, sino como una obligación derivada del marco constitucional y del carácter vinculante de las sentencias de la Suprema Corte.

En medio del debate, el Congreso local solicitó una prórroga para cumplir con el mandato judicial y preparar el dictamen correspondiente, mientras cada bancada anticipa que sus integrantes podrán emitir un voto conforme a sus convicciones cuando la reforma llegue al pleno.

El cargo Micalco acusa a la SCJN de violar la soberanía del Congreso de Puebla por ley de infancias trans apareció primero en Reto Diario.

La legisladora recordó que la iniciativa presentada el 15 de diciembre de 2025 es una propuesta que no implica obligar a las infancias a procesos de hormonización, ni a someterse a terapias de reafirmación de género y/o sexo. El objetivo es que el Código Civil reconozca un procedimiento administrativo accesible, sin requisitos médicos o psiquiátricos, ni condicionamientos basados en prejuicios relacionados con la edad.

Asimismo, reconoció que el tema de las denominadas “infancias trans” requiere una socialización amplia y un análisis con enfoque de derechos humanos, así como priorizar el interés superior y el respeto irrestricto al libre desarrollo de la personalidad de las y los menores. 

Foto: Especial

Gabriela Chumacero enfatizó que es respetuosa de la libertad de expresión de la ciudadanía; al mismo tiempo, indicó que las normas jurídicas, sin importar la edad de las personas a quienes se aplican, deben adecuarse a la realidad social para brindar certeza jurídica.

Este jueves 14 de mayo, integrantes de la organización CitizenGO y grupos en defensa de la familia, se manifestaron en las inmediaciones del Congreso para solicitar que no se apruebe la iniciativa en mención y proteger a las infancias. El grupo fue escuchado y atendido por la diputada Celia Bonaga y por el diputado Marcos Castro, así como por integrantes de la Unidad de Atención Ciudadana del Poder Legislativo.

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El mandato surge de la Acción de Inconstitucionalidad 73/2021, resuelta el 7 de marzo de 2022 por unanimidad de los ministros. La Corte declaró inconstitucional el artículo 875 Ter, fracción II, del Código Civil de Puebla, que restringía el trámite de rectificación registral solo a personas mayores de 18 años, al considerarlo violatorio de los derechos a la igualdad, no discriminación y libre desarrollo de la personalidad.

La SCJN vinculó expresamente al Congreso local para que, en un plazo inicial de 12 meses, emitiera “una regulación que establezca un procedimiento de rectificación registral que permita a las personas menores de edad ejercer este derecho con el acompañamiento de sus representantes”, atendiendo los criterios fijados por la propia Corte y los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Pese a que han transcurrido más de cuatro años y múltiples requerimientos judiciales, el Legislativo poblano aún no ha aprobado la reforma. Este 27 de marzo vencía el plazo otorgado por la SCJN para informar sobre el cumplimiento de la sentencia.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Pavel Gaspar Ramírez, y el director general de Asuntos Jurídicos del Congreso, Jesús Juárez Lezama, informaron este jueves que ya se notificó formalmente a la Corte que el tema “sigue en estudio” debido a su relevancia jurídica y que el Congreso se encuentra en receso legislativo, por lo que no es posible aprobar decretos. Argumentaron que el periodo ordinario de sesiones se reanudará el 15 de mayo y que, en caso necesario, se convocaría a una sesión extraordinaria para abordar la iniciativa.

“Se le informó a la Corte que sigue en estudio el tema, dada su relevancia y que estamos en vías de cumplimiento. La Corte tomará en cuenta que el Congreso se encuentra en periodo de receso, por ley no podemos aprobar decretos”, explicó Juárez Lezama.

Hasta el momento, se han presentado iniciativas en la LXII Legislatura para dar cumplimiento al fallo, pero ninguna ha sido dictaminada ni aprobada.

El Congreso local mantiene que actúa dentro del marco legal, mientras activistas y colectivos han criticado la dilación como una omisión que vulnera los derechos de las infancias trans en Puebla.

La SCJN ha reiterado en fallos posteriores (como el reciente sobre Guerrero) que impedir el acceso de menores a estos procedimientos administrativos es inconstitucional y que los congresos locales están obligados a establecer mecanismos que garanticen el reconocimiento pleno de la identidad de género desde la infancia, siempre con salvaguardas para proteger el interés superior del menor.

El Congreso de Puebla tiene ahora la responsabilidad de cumplir con la sentencia y legislar en consecuencia una vez que se reanude el trabajo legislativo.

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