En entrevista con la periodista Martha Berra para el noticiario radiofónico A Tiempo Noticias, de Puebla, la fiscal detalló que la localización se logró como resultado de las investigaciones y la coordinación con autoridades mexiquenses. “El día de hoy logramos localizarla a las cuatro de la tarde en el Estado de México… y te comento también que sin datos de embarazo reciente”, señaló.

Sin indicios de privación de la libertad

De acuerdo con Idamis Pastor Betancourt, hasta el momento no existen elementos que indiquen que Lidya haya sido obligada a ausentarse o que su vida estuviera en riesgo durante los días en que se desconoció su paradero.
“La encontramos sana, sola, sin que nadie estuviera obligándola o que la hubieran secuestrado o algún otro tema que pusiera en riesgo su vida”, puntualizó la fiscal, quien subrayó que las investigaciones continúan para esclarecer plenamente las circunstancias del caso.

Investigaciones continúan por versiones de embarazo

La fiscal explicó que una de las líneas de investigación se centra en las versiones proporcionadas por familiares, quienes aseguraban que Lidya cursaba un embarazo avanzado. Señaló que tanto padres como hermana y su concubino declararon que la joven acudía sola a consultas médicas.

“Vamos a seguir con las indagatorias respecto del tema y del asunto de la señora Lidya”, afirmó Pastor Betancourt, al enfatizar la necesidad de aclarar la información difundida durante los primeros días de la búsqueda.

La titular de la FGE informó que Lidya Valdivia permanece bajo resguardo de personal ministerial y será trasladada a Puebla para rendir su declaración formal.

“Viene traslado desde el Estado de México, va a llegar a la Fiscalía de Desaparecidos y ahí se le tomará su declaración”, explicó, al precisar que este procedimiento es parte fundamental para el cierre de las investigaciones.

Posibles responsabilidades legales

Ante la posibilidad de que se haya proporcionado información falsa que derivó en movilizaciones y un amplio despliegue institucional, la fiscal indicó que no se descarta la apertura de nuevas carpetas de investigación.

“Tenemos que hacer las indagatorias pertinentes y si se nos da para configurar algún ilícito, por supuesto que iniciaremos las indagatorias respecto de un ilícito cometido”, sostuvo.

Finalmente, Idamis Pastor Betancourt hizo un llamado a la ciudadanía a no recurrir a bloqueos de carreteras como medida de presión, al señalar que estas acciones afectan a terceros y no aceleran las investigaciones.

“No porque cierren las carreteras van a aparecer más rápido las personas”, expresó, al reiterar que la Fiscalía actuó desde el inicio y logró la localización con vida de Lidya Valdivia Juárez.

La FGE de Puebla reiteró que el caso continúa en investigación y que se dará seguimiento puntual hasta esclarecer completamente los hechos y deslindar responsabilidades.

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La fiscal general, Idamis Pastor Betancourt, aclaró que la reaprehensión del exedil ocurrió el sábado 3 de enero, en las inmediaciones del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tepexi de Rodríguez, minutos después de que abandonara el penal tras obtener un amparo federal. Indicó que el delito investigado corresponde a presuntos hechos cometidos durante su administración en Chalchicomula de Sesma.

“El ex presidente está detenido en este momento; hay audiencia en curso y el delito es por enriquecimiento ilícito”, señaló la titular de la FGE durante una rueda de prensa, al precisar que el proceso legal ya está en marcha y será un juez de control quien determine su situación jurídica en las próximas horas.

De acuerdo con la información oficial, la Fiscalía abrió una nueva carpeta de investigación, independiente a los cargos anteriores que enfrentaba González Vieyra por abuso de autoridad y posesión de armas, delitos por los que permaneció más de 10 meses en prisión. Dichas acusaciones no fueron acreditadas, lo que derivó en la orden de liberación emitida por un juez federal y un Tribunal Colegiado el pasado 2 de enero de 2026.

No obstante, al momento de su salida del penal, agentes ministeriales de la FGE, con apoyo de elementos de la Policía Estatal, ejecutaron un operativo de seguridad que derivó en su nueva detención. Familiares del exalcalde denunciaron inicialmente falta de información sobre los motivos de la reaprehensión.

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Los implicados son Miguel Islas López, extitular de la Fiscalía Especializada en Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; su coordinador Jorge Malváez Rodríguez; y Luis Antonio León Delgadillo, exresponsable de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI).

De acuerdo con la FGE, aunque los funcionarios presentaron su renuncia voluntaria, se abrió una investigación interna para determinar si incurrieron en faltas administrativas o delitos relacionados con el ejercicio de sus funciones. Hasta el momento, no se han recibido denuncias formales, pero la institución exhortó a posibles víctimas a presentar querellas.

Versiones extraoficiales señalan que los exfiscales habrían encabezado una red interna de corrupción y extorsión que presionaba a empresarios, contratistas y políticos con supuestas carpetas de investigación por delitos financieros o fiscales. Algunos reportes mencionan cobros de entre 30 mil y 80 mil pesos para detener cateos o liberar detenidos.

Entre los casos recientes se menciona el del empresario Javier Milian, dueño del bar 40 Grados, quien fue detenido en circunstancias irregulares y posteriormente liberado por orden judicial. Su defensa denunció intentos de extorsión por parte de personal de la Fiscalía.

Tras las renuncias, la titular de la dependencia, Idamis Pastor Betancourt, designó a Diego Domínguez Idalias como nuevo titular de la Fiscalía de Delitos de Alta Incidencia y a Tania Nallely Salmerón al frente de la Fiscalía de Investigación Regional.

La fiscal reiteró su compromiso de cero tolerancia a la corrupción y aseguró que las investigaciones continuarán hasta deslindar responsabilidades.

Las destituciones ocurren en medio de una reestructuración interna que busca recuperar la confianza ciudadana y fortalecer la procuración de justicia en Puebla, tras múltiples denuncias por prácticas irregulares dentro de la institución.

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En paralelo, Pastor Betancourt informó que la FGE sigue con la búsqueda de Misael Romero, vinculado al caso de 12 jóvenes desaparecidos en Amozoc. Hasta ahora, 11 de los jóvenes han sido localizados, mientras que Romero es el único pendiente. La fiscal descartó que Romero sea el presunto reclutador de los jóvenes y destacó que la presencia policial en la región ha contribuido a inhibir la comisión de delitos.

Sobre recursos y operación de la Fiscalía, la titular adelantó que para 2026 solicitará un incremento presupuestal del 20% con el fin de renovar el parque vehicular, contratar más personal y fortalecer las labores de investigación y procuración de justicia.

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Asimismo, Pastor Betancourt, informó que al momento se han realizado un total de 89 entrevistas con familias de igual número de personas fallecidas que han podido ser identificadas, de las cuales 8 son mujeres y 81 masculinos, tanto del estado de Puebla como de otros estados.

Subrayó que se han entregado un total de 16 cuerpos, 14 de cámara fría y dos mediante exhumaciones en el Centro de Resguardo Forense del panteón de la Piedad de esta ciudad.

Además, precisó que de los cuerpos entregados, 2 corresponden a personas originarias de la Ciudad de México, uno del estado de México, uno de Chiapas, uno de Oaxaca, uno de Guerrero y 10 más originarios del estado de Puebla. Dijo que en el curso de esta semana 12 cuerpos más, 7 de cámara fría y 5 mediante exhumación, serán entregados a sus familias.

Foto: Especial

Finalmente, agradeció a la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas, a la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios (DPRIS) y al Ayuntamiento de Puebla, autoridades con las que se acordó la expedición ágil y sin costo de actas y certificados de defunción, las autorizaciones para las exhumaciones tempranas y la condonación de los pagos de este trámite, respectivamente.

Por su parte, el Juez del Registro Civil, Germán Bretón Toral, en representación de la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas, subrayó la función esencial del registro civil en dar publicidad a hechos jurídicos como nacimientos y defunciones. Explicó que la defunción extingue la capacidad jurídica y permite iniciar procesos como sucesiones. También mencionó el impulso hacia la CURP biométrica y la digitalización de datos.

El titular de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DPRIS), Luis Alejandro Tabe García, reconoció que la iniciativa de la Fiscalía ha agilizado de forma significativa los tiempos de espera en este trámite tan sensible. Señaló que mientras de enero a agosto se habían entregado 15 permisos para exhumaciones, con este programa se tramitaron 10 en menos de una semana, lo que demuestra su efectividad.

El secretario de Gobernación Municipal de Puebla, Franco Rodríguez Álvarez, en representación del alcalde, José Chedraui Budib, agradeció el esfuerzo colectivo para apoyar a familias que durante años han vivido con la incertidumbre de no saber el paradero de un ser querido. Asimismo, anunció que el Ayuntamiento realizará adecuaciones presupuestales para brindar apoyo en gastos funerarios a personas en situación de vulnerabilidad.

Es importante destacar que con el programa “Cero Burocracia”, se avanza en saldar una deuda histórica con quienes buscan cerrar un ciclo con dignidad.

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La aprehensión se realizó el pasado martes 17 de junio en el municipio de Cuautlancingo, durante un operativo de inteligencia en la zona de San Lorenzo Almecatla, donde Beatriz N. fue sorprendida presuntamente comercializando drogas junto a dos cómplices, identificados como Luis Ángel de Jesús N. y Evani N. Los tres fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

De acuerdo con la FGE, la mujer operaba principalmente en los municipios de Cuautlancingo y Coronango, y es señalada como una generadora de violencia en la región. Su historial criminal incluye vínculos con narcomenudeo, asociación delictuosa, homicidios, tentativa de homicidio, delitos contra funcionarios públicos, privaciones ilegales de la libertad, portación de arma de fuego, corrupción de menores y robos.

Beatriz N. ya había sido detenida en 2018 y 2019 por hechos similares. En esas ocasiones, fue capturada junto a grupos de 12 y 27 personas, respectivamente, e incluso llegó a estar internada en centros de readaptación social estatales y federales. Sin embargo, se determinó el no ejercicio de la acción penal o la suspensión condicional del proceso, lo que permitió su liberación inmediata.

En 2019, fue vinculada a proceso por el asesinato de un policía municipal y otros delitos graves. Su detención actual representa, según las autoridades, un importante golpe a las estructuras criminales que operan en Puebla.

La titular de la Fiscalía, Idamis Pastor Bentancourt, destacó que esta captura forma parte de una estrategia integral para restablecer la paz y seguridad en la entidad. Las investigaciones continuarán para determinar la participación de los detenidos en otros hechos delictivos.

Esta acción reafirma el compromiso de la FGE de combatir frontalmente a los grupos delictivos que amenazan la tranquilidad de las familias poblanas.

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