La medida se aplica exclusivamente cuando existan “indicios suficientes” de que la persona o empresa está relacionada con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), financiamiento al terrorismo o delitos asociados. La UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), podrá actuar con base en información nacional o internacional, sin requerir una solicitud formal de una autoridad extranjera, como exigía el criterio anterior (conocido como “criterio Medina Mora” de 2018).

¿Qué implica para personas físicas y morales?

Para los ciudadanos y empresas, esta determinación representa un cambio significativo en la relación con el sistema financiero. Una vez que la UIF decide incorporar a alguien a la lista de bloqueados, las instituciones bancarias deben suspender de inmediato todas las operaciones: retiros, transferencias, pagos y cargos. Esto afecta tanto a cuentas personales como a las de compañías, paralizando flujos de efectivo esenciales.

• Personas físicas: puede impedir el acceso a salarios, ahorros o fondos para gastos cotidianos, hipotecas, colegiaturas o emergencias. Aunque la Corte enfatiza que se trata de una medida administrativa y preventiva (no una sanción penal), el impacto económico puede ser inmediato y severo, incluso si posteriormente se demuestra la inocencia
• Personas morales (empresas): el congelamiento puede detener nóminas, pagos a proveedores, operaciones comerciales o cumplimiento de contratos, con posibles efectos en cadena sobre empleos y la economía. La SCJN argumenta que la resolución respeta el derecho de audiencia, defensa y vías de impugnación (administrativas o mediante juicio de amparo), pero una reforma previa a la Ley de Amparo impide que los jueces otorguen suspensiones provisionales contra estos bloqueos.

La Corte ha subrayado que el bloqueo no constituye una “condena anticipada” ni viola la presunción de inocencia, ya que es una herramienta cautelar para evitar la dispersión de recursos ilícitos y fortalecer el combate al lavado de dinero, en línea con estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Lo que podía y no podía hacer la UIF antes

Hasta ahora, la jurisprudencia de la SCJN limitaba el bloqueo inmediato sin orden judicial a casos en que existiera una petición expresa de una autoridad u organismo internacional. En escenarios de origen nacional, la UIF debía solicitar autorización judicial previa o limitarse a otras acciones menos directas. La nueva interpretación elimina esa restricción y otorga a la UIF autonomía para actuar con mayor rapidez y basándose en sus propias investigaciones o inteligencia financiera interna.

Críticas: ¿“Terrorismo fiscal” o herramienta necesaria?

La decisión ha generado un intenso debate. Mientras la mayoría de ministros consideró que fortalece la prevención de delitos financieros, la minoría (entre ellos la ministra Yasmín Esquivel) advirtió sobre los riesgos de una medida “grave” que podría afectar la seguridad jurídica y el debido proceso.

Diversas voces, principalmente de sectores opositores y analistas jurídicos, han señalado que esta facultad podría usarse como una forma de “terrorismo fiscal”; es decir, un instrumento de presión selectiva contra contribuyentes, opositores políticos o empresas incómodas, bajo el pretexto de indicios de lavado. Aunque la norma establece un candado claro —solo aplica por sospechas de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo—, son más las dudas que las certezas respecto a los alcances punitivos: ¿qué tan robustos son los “indicios suficientes”? ¿Existe riesgo de arbitrariedad en la discrecionalidad de la UIF? ¿Cómo se protege a quienes resulten afectados injustamente mientras se resuelve su caso?

La SCJN, por su parte, defendió que la resolución equilibra la lucha contra la delincuencia financiera con las garantías individuales, al prever mecanismos posteriores de control. Sin embargo, el fallo marca un punto de inflexión: la UIF cuenta ahora con un “superpoder” operativo que, según sus impulsores, era necesario para alinear a México con mejores prácticas globales; según sus críticos, abre la puerta a un mayor control estatal sobre los recursos privados.

La resolución ya es firme y entrará en plena aplicación. Organizaciones de la sociedad civil y el sector privado han anunciado que analizarán posibles acciones legales o legislativas para establecer mayores contrapesos. Mientras tanto, miles de cuentahabientes y empresas mexicanas operarán bajo la sombra de un posible bloqueo administrativo inmediato ante cualquier indicio de irregularidad financiera.

El cargo SCJN avala que la UIF bloquee cuentas bancarias sin orden judicial previa apareció primero en Reto Diario.

“En el documento entregado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se establece que para el siguiente año se implementarán estos impuestos con el objetivo de desincentivar el consumo de productos que afectan la salud física y mental de la población”.

Por ello, el Gobierno de México pondrá en marcha medidas con fines extrafiscales dirigidas a disminuir el consumo de ciertos productos:

• Refrescos: La cuota aumentaría de 1.6451 a 3.0818 pesos por litro, incluyendo bebidas con azúcares no calóricos
• Cigarros: La tasa ad valorem aumentaría de 160% a 200%, con un incremento gradual hasta 2030
• Tabaco hecho a mano: La tasa ad valorem aumentaría a 32%

El documento no menciona la inclusión de cervezas u otras bebidas alcohólicas a la medida, como lo solicitaban diversas organizaciones civiles.

Asimismo, también buscará establecer un impuesto especial a la prestación de servicios digitales de videojuegos con contenido violento y aumentar la cuota a las apuestas o la cantidad percibida.

• Videojuegos con contenido violento: impuesto especial ad valorem del 8% para desincentivar su consumo
• Apuestas en línea: impuesto del 30% al 50% sobre el monto total de las apuestas

El objetivo de estos impuestos es promover hábitos más saludables y recaudar fondos para atender enfermedades relacionadas con el consumo de estos productos, como obesidad, diabetes y cáncer de pulmón.

En México, el consumo de bebidas saborizadas es elevado y ha contribuido a que 76.2% de la población mayor de 20 años presente sobrepeso u obesidad, condiciones asociadas con enfermedades como diabetes, padecimientos cardiacos, cáncer, osteoartritis y trastornos metabólicos.

Mientras que, el consumo de tabaco se asocia con el fallecimiento de 63 mil personas al año, por enfermedades derivadas como la pulmonar obstructiva crónica, cáncer de pulmón, ataques cerebrovasculares y neumoconiosis.

Según la SHCP, el consumo de bebidas saborizadas y tabaco genera significativos costos médicos y sociales.

El cargo SHCP plantea “impuestos saludables” a refrescos, cigarros y videojuegos violentos para 2026 apareció primero en Reto Diario.