El primer evento es el relacionado con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz, quien ya acumulaba junto con sus compañeros un escándalo a cuestas con las camionetas de súper lujo adquiridas y que sumó uno más, luego de ser captado cuando la directora de Comunicación Social de este poder le limpiaba los zapatos antes de entrar a la ceremonia de conmemoración de un aniversario más de la promulgación de la Constitución de 1917.

Aunque el ministro presidente no es captado ordenándole a su personal que le limpie los zapatos, es un hecho que tampoco hace nada por impedirlo, dejando la impresión de una soberbia total y absoluta, la cual dista mucho de la humildad que supuestamente lo caracteriza como miembro de los pueblos originarios de este país.

El hecho fue reprobado totalmente en las redes sociales, las “benditas redes”, que tanto ponderó en su momento el fundador de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

El segundo acto tiene que ver con la banalidad con la cual se comportan muchos integrantes de la 4T, que han ignorado una y otra vez los llamados de la presidenta Claudia Sheinbaum para actuar con congruencia a los postulados de la austeridad república y el código moral del cual habló en sus inicios este movimiento.

En este evento se vio involucrada la delegada de la secretaria del Bienestar en Puebla, Natalia Suárez del Real, quien decidió publicar en sus redes su festejo de cumpleaños, mismo que se viralizó luego de que el portal Capital fue el primero en publicar estas imágenes en X.

El escándalo alcanzó dimensiones pocas veces vistas cuando medios nacionales y comentaristas de X retomaron los excesos de Nat, como le dicen sus amigos a la #güerademorena, quien se hizo “famosa” merced a sus excesos y banalidad, debilidad que también tiene otras integrantes de la 4T poblana.

Desde mi punto de vista, la banalización de la política por parte de figuras no solo de Morena, sino también de Movimiento Ciudadano y otros partidos, es algo que le está dando al traste a la política verdadera y a los verdaderos políticos; hoy los políticos buscan ser más influencers que políticos.

El tercer gran pecado es la cada vez más evidente colusión de presidentes municipales morenistas con el crimen organizado, tal es el caso del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, y el de Cuautempan, Puebla, Gerardo Cortés, miembro también del oficialismo.

Estos dos personajes vinculados con el crimen organizado y detenidos por el delito de extorsión, sin duda, dañan a su movimiento, quien los postuló a pesar de que existían evidencias de sus malos pasos.

Todos estos ejemplos dejan en claro que Morena dista por mucho de tener la calidad moral suficiente, como pregonaba López, para señalar a los demás partidos y, sin duda, contribuyen al deterioro de la marca, la cual debe hacer frente a un cada vez más complicado 2027.

riva_leo@hotmail.com

El cargo Los pecados de Morena apareció primero en Reto Diario.

Cortés Caballero, quien fue postulado por la coalición PT-Morena, fue detenido el pasado 3 de febrero de 2026, luego de permanecer casi nueve meses prófugo, y actualmente se encuentra vinculado a proceso por el delito de extorsión agravada, secuestro y narcomenudeo.

Según la información publicada, durante cateos realizados en propiedades del exedil se aseguraron armas de uso exclusivo del Ejército, así como vehículos con reporte de robo. Además, la Fiscalía lo acusa de utilizar patrullas y personal municipal para despojar de bienes a ciudadanos, hechos que forman parte de la investigación en su contra.

Pese a estos antecedentes, Liz Sánchez García respaldó públicamente la candidatura de Gerardo N., apoyo que quedó documentado en actos públicos y videos de campaña, difundidos en redes sociales durante el proceso electoral. No obstante, tras la fuga del entonces alcalde, la senadora y dirigente petista intentó deslindarse del caso, de acuerdo con Diario Cambio.

La detención de Gerardo N. y la difusión de estos señalamientos han generado cuestionamientos sobre los filtros políticos y la responsabilidad de los partidos al postular candidatos, particularmente en regiones con antecedentes de violencia y presencia del crimen organizado.

Hasta el momento, Liz Sánchez García no ha emitido una postura pública amplia sobre los señalamientos relacionados con su respaldo político al exalcalde de Cuautempan, mientras el caso continúa su curso legal y se mantienen abiertas las investigaciones por parte de las autoridades correspondientes.

El cargo Señalan a Liz Sánchez por impulsar candidatura del narcoalcalde de Cuautempan, hoy detenido por extorsión apareció primero en Reto Diario.

La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó que la aprehensión se realizó en cumplimiento de una orden judicial por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada, tras establecerse que el exfuncionario se encontraba oculto en territorio tlaxcalteca. La detención ocurrió específicamente en la calle Petra Márquez, desde donde fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad al estado de Puebla, quedando a disposición del Juez de Control que lo requería.

El seguimiento al exedil inició formalmente el 9 de mayo de 2025, cuando logró evadir un operativo desplegado en el municipio de Cuautempan por elementos de la Marina, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal, luego de haber solicitado licencia al cargo. Aunque escapó en ese momento, las autoridades aseguraron diversas propiedades vinculadas a su persona, en las que se localizaron dosis de droga, armas de fuego, cartuchos útiles y vehículos con reporte de robo de mercancía, elementos que fortalecieron las carpetas de investigación en su contra.

Los hechos por los que se le acusa ocurrieron en octubre de 2024, cuando, presuntamente, Cortés Caballero, entonces presidente municipal, citó a una víctima en un domicilio particular. En presencia de otros funcionarios del ayuntamiento, habría sido amenazada con un arma de fuego para exigirle la entrega de una camioneta Chirey Omoda 5 y 300 mil pesos en efectivo, bajo amenazas contra su familia. Posteriormente, la víctima fue obligada a firmar un contrato de compraventa simulado por un monto de 450 mil pesos.

Tres días después, el 12 de octubre de 2024, un funcionario público habría trasladado a la víctima en una patrulla oficial hasta la casa particular del edil, donde nuevamente fue amenazada para entregar una segunda camioneta marca BYD, así como su documentación, siendo forzada a firmar un segundo contrato simulado por 550 mil pesos.

Al momento de su localización en Tlaxcala, el exfuncionario se encontraba acompañado de otras personas, quienes también fueron aseguradas y quedaron sujetas a investigación ministerial para determinar su posible participación en los hechos o en la protección del prófugo.

Desde la huida de Cortés Caballero, la seguridad del municipio de Cuautempan permanece bajo el control directo de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, medida que continuará vigente mientras avanzan los procedimientos legales derivados de este caso de alto impacto.

El cargo Capturan en Tlaxcala a Gerardo Cortés, exalcalde de Cuautempan; estaba prófugo desde 2025 apareció primero en Reto Diario.

Cada vez son más los presidentes municipales de Puebla relacionados directa o indirectamente con la delincuencia organizada.

Lo que era una excepción, o casos aislados, hoy ya es moneda corriente.

Es evidente lo que está sucediendo en el estado: los criminales buscan cooptar o atemorizarlos, o pactar con ellos/ellas, a fin de obtener protección, refugio y libertad de movimiento para seguir realizando sus fechorías, con el acuerdo de los jefes policiacos locales.

Y lamentablemente no son pocos los que aceptan llegar a oscuros arreglos de complicidad con los carteles, pues ello les garantiza no solo jugosos beneficios económicos para ellos y sus familiares y allegados, sino control político de sus comunidades.

Son el eslabón más débil y, por tanto, el más susceptible de colaborar con los delincuentes.

El fenómeno no es exclusivo de ediles de un solo partido político, como algunos suponen. Han caído de todos los signos y colores, y la situación ya es verdaderamente preocupante para la gobernabilidad del estado.

Ya lo ha reconocido el propio gobernador Alejandro Armenta Mier, quien este fin de semana, a la luz de lo sucedido en Ahuazotepec, comentó:

“Cada vez que me reúno con un presidente municipal les digo que se apeguen a la ley y que no le hagan ojitos a los delincuentes, que denuncien”.

En el caso del edil de Cuautempan, en cuyo domicilio se encontraron armas y drogas, está virtualmente prófugo de la justicia.

En cuanto presidente municipal de Ahuaztotepec, se sabe que, tras la detención de su hijo, quien fungía como director del DIF, solicitó licencia temporal por “motivos de salud”.

La Fiscalía General del Estado ha confirmado el aseguramiento de armas, cartuchos, marihuana, cristal y documentos durante el operativo realizado el pasado viernes.

Versiones extraoficiales vinculan a Alfredo Ramírez Hernández y a su hijo con el grupo criminal “Los Diablitos”, dedicado a delitos como secuestro, extorsión, robo de combustible y lavado de dinero mediante el sistema de criptomonedas.

Repito: no son casos aislados.

Ya son pocos los ediles que resisten la tentación y deciden hacer algo más que “ojitos” a los criminales.

En febrero pasado, el edil de Izúcar de Matamoros, Eliseo Morales, fue sumamente claro al respecto.

En diversas entrevistas con medios de comunicación, abrió la caja de Pandora.

Dijo:

“Solo le pido a Dios no ser parte de las cifras de presidentes asesinados y que no quede solamente en una carpeta de investigación.

”Yo invito a los delincuentes, a los maleantes, que si quieren trabajar, que se vayan a otro municipio, porque aquí no los vamos a tolerar.

”Yo recibo muchas amenazas diarias, que me van a matar, que esto, que lo otro. Pues, bueno, cuando uno se alquila tiene que aguantar eso y mucho más.

”Te amenazan, te advierten, te persiguen, siempre tratando de hacer que dejes de hacer lo que estás haciendo.

”Me dicen que no me meta con tal persona, con los que venden esto o lo otro”.

En Puebla, además de los casos de Cuautempan y Ahuazotepec, hay otros tres alcaldes bajo investigación por presuntos vínculos con actividades ilícitas. Dos de ellos fueron detenidos y vinculados a proceso, mientras que el otro permanece prófugo de la justicia.

Se trata de los hermanos Uruviel, Giovanni y Ramiro González Vieyra, quienes gobernaban los municipios de Ciudad Serdán, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires.

Ya desde finales del año pasado, todavía como gobernador electo, Alejandro Armenta había tomado nota tras ser informado de que varios alcaldes y alcaldesas –principalmente del sur de Puebla– constantemente reciben amenazas, chantajes y extorsiones por parte de delincuentes, que buscan operar a manos libres.

Desde entonces les pidió: “no doblarse”.

Y señaló:

“Por favor, no digan nada, dennos datos y hablen con el secretario (de Seguridad Pública), Francisco Sánchez. Pero no se doblen, por favor, presidentas y presidentes municipales”.

Hoy, tras los últimos casos, ha reiterado su llamado en ese sentido.

Ya lo decíamos la pasada semana:

Imposible, ya, tapar el sol con un dedo.

En Puebla son cada vez más las evidencias –dejaron de ser meras sospechas– de vínculos directos de presidentes municipales con el crimen organizado.

Alcaldes que quemaron sus naves y decidieron ser narcoalcaldes, ya sea porque cedieron a las amenazas de los grupos interesados en controlar la plaza o porque simplemente encontraron una gran oportunidad de enriquecerse aliándose a los criminales.

El fenómeno comenzó hace varios años, en un lento pero sostenido proceso de degradación institucional.

Hoy, sin embargo, ya adquirió carta de naturalidad.

Nada se gana intentando tapar el sol con un dedo.

Urgen leyes, golpes de timón y una limpia generalizada para curar lo que empezó como una pequeña infección y hoy es una gangrena.

El cargo Narcoalcaldes (2) apareció primero en Reto Diario.