La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó este viernes que la solicitud forma parte de una investigación que lleva tiempo en manos de la Fiscalía General de la República (FGR). Corresponderá ahora a las autoridades estadounidenses analizar la petición y determinar si procede la detención y eventual extradición de Pereyra Gálvez a México.

Solicitud de detención está bajo análisis en EE. UU.

De acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la petición fue presentada a solicitud de la FGR y actualmente se encuentra en estudio por parte de las autoridades estadounidenses.

La información fue obtenida mediante una solicitud de transparencia y está contenida en el oficio UDT-06395/2026. México presentó el requerimiento con fundamento en el artículo 11 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, disposición que contempla la posibilidad de solicitar la detención provisional y urgente de una persona antes de completar la documentación necesaria para el procedimiento de extradición.

Por ello, la solicitud mexicana no significa que Linda Cristina Pereyra ya haya sido detenida ni que Estados Unidos haya autorizado su extradición.

Investigación contra Linda Cristina Pereyra

La solicitud está relacionada con las investigaciones financieras vinculadas con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

Según la información difundida, Pereyra Gálvez enfrenta señalamientos por delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que otras de las notas refieren investigaciones por lavado de dinero.

La FGR informó desde 2023 sobre órdenes de captura contra Pereyra Gálvez y otros familiares de García Luna. Las investigaciones señalan presuntamente su participación en un esquema relacionado con la adjudicación irregular de contratos para el equipamiento del sistema penitenciario federal.

De acuerdo con la información citada, la Fiscalía estima que el quebranto al erario público supera los cinco mil millones de pesos.

La solicitud de detención y extradición ocurre después de que el Gobierno de México informara sobre la recuperación de 5.8 millones de dólares en activos vinculados con la red de García Luna.

El cargo México pide a EE. UU. detener y extraditar a Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna apareció primero en Reto Diario.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, informó que los recursos fueron recibidos por la Tesorería de la Federación el 25 de agosto de 2026, como resultado de las acciones legales emprendidas por el Estado mexicano en Estados Unidos.

La recuperación se obtuvo mediante la liquidación de 12 propiedades ubicadas en Florida, además del cobro de una póliza de fianza, luego de que un tribunal de Florida emitiera una sentencia favorable a México contra integrantes de la familia Weinberg. En mayo pasado, la resolución judicial estableció un monto de 578.5 millones de dólares por reparación del daño patrimonial.

De acuerdo con la UIF, las investigaciones permitieron identificar entre 2008 y 2018 un esquema relacionado con contratos públicos, presunta simulación de servicios, empresas fachada y operaciones financieras para triangular recursos.

En conjunto, las autoridades estiman que la red investigada involucró aproximadamente 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares. Reyes Colmenares aclaró que estas cantidades corresponden a la estimación de los recursos involucrados en el esquema y no representan dinero concentrado actualmente en una sola cuenta.

El dinero será destinado a escuelas de la Montaña de Guerrero

Uno de los principales destinos de los recursos recuperados será la educación en las zonas de mayor necesidad de la Montaña de Guerrero.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el dinero será utilizado para construir y equipar escuelas, con prioridad para las comunidades de esta región. Explicó que se trabaja en proyectos de educación media superior y superior, sin descartar también atender necesidades de educación básica.

La mandataria señaló que el monto recuperado representa alrededor de 100 millones de pesos, que serán dirigidos a infraestructura educativa en una de las zonas con mayores necesidades del país.

La recuperación forma parte de un proceso que todavía no concluye. La UIF informó que mantiene investigaciones para localizar más propiedades y cuentas bancarias vinculadas con la familia Weinberg en diferentes países, con la finalidad de recuperar esos activos y que los recursos sean reintegrados al Estado mexicano.

Reyes Colmenares destacó además que el seguimiento financiero se realiza en coordinación con la Fiscalía General de la República, el SAT, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y autoridades internacionales, con el objetivo de continuar con la recuperación de recursos relacionados con el caso.

Con esta primera recuperación, el Gobierno federal busca que parte de los recursos vinculados con el esquema investigado regresen al erario y se traduzcan en obras y servicios públicos, particularmente en infraestructura educativa para comunidades de la Montaña de Guerrero.

El cargo Recuperan 5.8 mdd del caso García Luna; serán destinados a escuelas de Guerrero apareció primero en Reto Diario.

Durante la conferencia matutina de este martes, Sheinbaum señaló que la UIF continúa con investigaciones derivadas de alertas financieras generadas tanto en México como en otros países, incluido Estados Unidos.

La mandataria adelantó que Omar Reyes, titular de la UIF, acudirá a una de sus conferencias para explicar, hasta donde sea posible, las investigaciones y las acciones realizadas para recuperar recursos vinculados con el exsecretario de Seguridad Pública.

“Yo les prometí también que iba a venir Omar Reyes para poder informar y también del recurso que se recuperó de García Luna, que son alrededor de 500 mil dólares, que ya ingresaron a Tesorería y que le vamos a dar un destino especial”, señaló Sheinbaum.

Recursos recuperados mediante un proceso en Estados Unidos

El anuncio de este martes da seguimiento a la información presentada por Sheinbaum el pasado 4 de agosto, cuando informó que México había recuperado 500 mil dólares mediante un procedimiento civil realizado en Estados Unidos, relacionado con un esquema de contratación pública vinculado con García Luna.

La recuperación forma parte de los litigios emprendidos por el Gobierno mexicano para recuperar recursos que, de acuerdo con las investigaciones oficiales, fueron desviados mediante una red empresarial relacionada con el exfuncionario.

La UIF ha documentado que entre 2009 y 2018 diversas instituciones de seguridad otorgaron contratos a empresas relacionadas con el llamado Grupo Weinberg. Según información oficial, se pagaron más de 625 millones de dólares y 93 millones de pesos a empresas vinculadas con este esquema.

La investigación también identificó transferencias de recursos al extranjero y movimientos posteriores hacia México, operaciones que la UIF ha señalado como parte de una estructura internacional de corrupción y lavado de dinero.

México ha obtenido sentencias millonarias

Los 500 mil dólares recuperados recientemente representan solo una parte de los recursos reclamados por el Estado mexicano.

El pasado 20 de mayo, la Secretaría de Hacienda informó que un tribunal de Florida dictó una sentencia a favor de México por 578.5 millones de dólares contra integrantes de la familia Weinberg y empresas relacionadas, por el daño patrimonial derivado del esquema de contratación pública vinculado con García Luna.

Hacienda señaló entonces que esa resolución se sumaba a sentencias previas dictadas en mayo de 2025 contra Genaro García Luna y su esposa por más de 2 mil 448 millones de dólares, con lo que el monto acumulado de las condenas obtenidas por México superaba los 3 mil 67 millones de dólares.

La dependencia explicó que los condenados deberán entregar activos identificados en distintas jurisdicciones para su liquidación y aplicación al pago parcial de las cantidades determinadas por los tribunales. La UIF dará seguimiento a la ejecución de estos acuerdos.

¿Qué investiga la UIF?

La Unidad de Inteligencia Financiera ha señalado que el caso García Luna involucra una estructura empresarial utilizada para obtener contratos públicos y posteriormente transferir recursos al extranjero mediante distintas operaciones financieras.

En octubre de 2024, la UIF informó que el Gobierno mexicano presentó una demanda civil en Florida para recuperar más de 600 millones de dólares vinculados con operaciones realizadas por el Grupo Weinberg.

En ese momento, la UIF también informó que ya se habían ordenado entregas al Gobierno mexicano por 2 millones 406 mil 427 dólares, producto de la venta de inmuebles y de un acuerdo reparatorio, además de un departamento valuado en 555 mil 800 dólares.

El organismo explicó que algunos bienes fueron adjudicados al Gobierno de México y que los recursos obtenidos mediante su venta fueron entregados a la Tesorería de la Federación.

El caso García Luna

Genaro García Luna fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón y posteriormente fue procesado en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

En México, las autoridades mantienen investigaciones sobre el presunto esquema de corrupción y lavado de dinero asociado con contratos otorgados durante los años en que García Luna ocupó cargos en instituciones de seguridad.

La UIF sostiene que entre 2009 y 2018 la Policía Federal, el entonces Cisen y el organismo encargado de prisiones otorgaron contratos a empresas vinculadas con el Grupo Weinberg.

Sheinbaum señaló que las investigaciones financieras continúan y que el Gobierno federal seguirá trabajando en la recuperación de recursos vinculados con el caso, mientras la UIF dará a conocer nuevos detalles cuando las investigaciones lo permitan.

Por ahora, los aproximadamente 500 mil dólares ya recuperados forman parte de los recursos que han comenzado a regresar al patrimonio público, mientras continúan los procesos judiciales y financieros relacionados con el caso García Luna.

El cargo México recupera 500 mil dólares del caso García Luna; UIF sigue la ruta del dinero apareció primero en Reto Diario.

Durante su conferencia matutina, la mandataria ironizó sobre las exigencias de los partidos opositores —el PRIAN—para que su gobierno “rompa” supuestos acuerdos con la delincuencia organizada.

“Nosotros rompimos el pacto criminal en 2018, se hizo en la época de Calderón”, afirmó.

En ese contexto, mencionó al dirigente del PRI, Alejandro Moreno y a Jorge Romero, dirigente del PAN:

“Que ellos hablen de pacto criminal cuando están relacionados con actos de corrupción, pues la verdad…”, expresó al cuestionar que dirigentes opositores lancen acusaciones contra su gobierno pese a los antecedentes de corrupción dentro de sus propios partidos.

“A nosotros nadie nos puede acusar”

Sheinbaum sostuvo que su administración no mantiene acuerdos con grupos criminales ni con actores vinculados a corrupción.

“A nosotros nadie nos puede acusar de que hacemos pactos ni por debajo ni por encima de la mesa con algún criminal de cuello blanco o de delincuencia organizada”, enfatizó.

Seguridad, Calderón y García Luna

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren en medio de los constantes cruces entre Morena y la oposición por la estrategia de seguridad en México.

El Gobierno federal y Morena han vinculado reiteradamente al sexenio de Calderón con el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

Desde la campaña presidencial de 2024, Sheinbaum y dirigentes morenistas han utilizado el caso García Luna para señalar presuntos vínculos entre gobiernos panistas y el crimen organizado.

Por su parte, PAN y PRI han criticado al actual gobierno por la violencia en diversas regiones del país y por presuntos acuerdos políticos con actores ligados al crimen, acusaciones que Morena rechaza de manera sistemática.

Sheinbaum insiste en diferenciar su estrategia

La mandataria reiteró que su administración mantiene una política distinta a la llamada “guerra contra el narcotráfico” implementada durante el gobierno de Calderón.

En días recientes, Sheinbaum ha insistido en que su estrategia se basa en:

• Atención a las causas de la violencia
• Fortalecimiento de programas sociales
• Coordinación institucional
• Defensa de la soberanía nacional

Además, ha rechazado cualquier intervención extranjera en tareas de seguridad dentro del país.

El cargo “A nosotros nadie nos puede acusar; rompimos el pacto criminal en 2018”: Sheinbaum responde a críticas de la oposición apareció primero en Reto Diario.

La declaración se dio en el marco de la mesa de seguridad realizada en Puebla, donde funcionarios federales del Gabinete de Seguridad presentaron resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad en la entidad.

Durante ese encuentro, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre detenciones de policías presuntamente vinculados con grupos del crimen organizado.

En ese contexto, la presidenta señaló: “No queremos más Garcías Lunas”, al referirse a casos de corrupción y posibles nexos entre integrantes de corporaciones de seguridad y organizaciones criminales. Indicó que, cuando existan indicios, debe proceder la denuncia, la investigación y, en su caso, la detención de los involucrados, además de garantizarles un juicio justo conforme a la ley.

Sheinbaum subrayó que habrá cero tolerancia a cualquier vínculo entre un servidor público y grupos delictivos, ya sea delincuencia organizada o de cuello blanco, y reiteró que no se encubrirá a nadie que incurra en este tipo de conductas.

El cargo “No queremos más Garcías Lunas”: Claudia Sheinbaum advierte cero tolerancia a colusión entre fuerzas de seguridad y crimen apareció primero en Reto Diario.

La captura fue confirmada por Ulises Lara López, vocero de la FGR y titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, quien detalló que el aseguramiento se logró mediante labores de inteligencia y trabajos coordinados con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, y que el detenido será presentado ante la autoridad judicial que lo requiere.

“Su aprehensión se logró con base en trabajos coordinados con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, como resultado de labores de inteligencia que permitieron su aseguramiento a efecto de ser presentado ante la autoridad judicial que lo requirió”, señaló el funcionario.

Contratos presuntamente ilícitos en centros penitenciarios

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), entre diciembre de 2008 y agosto de 2013, Eduardo N., en su calidad de servidor público, habría suscrito de manera ilícita contratos de servicios para diversos Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos).

Estos centros se encontraban bajo la responsabilidad de Genaro García Luna, quien encabezó la Secretaría de Seguridad Pública federal entre 2006 y 2012. Según la FGR, dichos contratos habrían facilitado operaciones con recursos de procedencia ilícita y generado afectaciones a la Administración Pública Federal, además de presuntamente canalizar recursos a empresas aparentemente controladas por el exfuncionario hoy preso en Estados Unidos.

Operativo federal y detención en Puebla

La FGR precisó que la detención se realizó en territorio poblano por agentes de la Policía Federal Ministerial, en coordinación con autoridades federales. De manera oficial no se detalló el punto exacto del aseguramiento; sin embargo, reportes difundidos señalan que el operativo habría ocurrido en el municipio de Tilapa, versión que no fue confirmada por autoridades estatales, las cuales indicaron que no participaron en el despliegue.

Caso se amplía: Jesús N. y María N., ya procesados

La Fiscalía recordó que este caso no es aislado. En días recientes también fueron detenidos Jesús N. y María N., presuntamente integrantes de la misma red.

Sobre Jesús N., el Ministerio Público Federal formuló imputación por delincuencia organizada con la finalidad de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. Un juez le dictó prisión preventiva oficiosa en el Cefereso 1, en Almoloya de Juárez, y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

En el caso de María N., la FGR informó que fue vinculada a proceso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y quedó en prisión preventiva en el Cefereso 16, en el estado de Morelos, al ser señalada como parte de un círculo cercano encargado de canalizar recursos ilícitos.

Red de corrupción ligada a García Luna

Eduardo N. se desempeñó como colaborador de Genaro García Luna y estuvo comisionado en el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (Oadprs). De acuerdo con líneas de investigación referidas por la FGR y antecedentes públicos, el exfuncionario figura entre decenas de órdenes de aprehensión relacionadas con una presunta red de corrupción que habría desviado al menos 5 mil millones de pesos destinados al sistema penitenciario federal.

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, fue condenado en Estados Unidos tras ser declarado culpable de narcotráfico y conspiración en un tribunal federal de Nueva York y sentenciado en octubre de 2024 a más de 38 años de prisión.

La FGR subrayó que las investigaciones continúan abiertas y que se procederá conforme avancen las diligencias judiciales para deslindar responsabilidades dentro de esta trama de corrupción de alto nivel.

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El recurso, de 78 páginas y acompañado de anexos extensos, fue interpuesto el 18 de diciembre ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, en el último día del plazo concedido tras varias prórrogas motivadas por dificultades de comunicación con el acusado, quien ha sido trasladado entre prisiones y sometido a periodos de aislamiento.

Entre los principales argumentos, los abogados César de Castro y Valerie Gotlib cuestionan la validez de testimonios clave, como el del exagente Francisco Cañedo Zavaleta, y señalan que la fiscalía ocultó evidencia favorable. Además, consideran desproporcionada la condena de 460 meses de cárcel y la multa de 2 millones de dólares, dictada en octubre de 2024 por el juez Brian Cogan tras declararlo culpable de narcotráfico y asociación delictiva con el Cártel de Sinaloa.

García Luna, recluido actualmente en una prisión de máxima seguridad en Colorado, mantiene su inocencia.

La apelación busca anular el juicio o reabrirlo, aunque el proceso en Estados Unidos se centra en errores legales, no en nuevas pruebas. La fiscalía dispondrá de un plazo para responder, tras lo cual la corte evaluará los argumentos. El caso, uno de los más emblemáticos de corrupción de alto nivel en México, podría prolongarse varios meses.

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De acuerdo con la FGR, la detención se realizó en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, mediante un operativo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Tras su aseguramiento, se le informaron sus derechos constitucionales y fue trasladada al Centro de Readaptación Social número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos, donde quedó a disposición de un juez federal para que el Ministerio Público solicite la audiencia inicial.

Las investigaciones, encabezadas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), señalan que María N. habría fungido como apoderada legal de una empresa vinculada a García Luna, la cual presuntamente utilizó el sistema financiero para canalizar recursos de origen ilícito y desviar fondos de la administración pública federal. Autoridades federales han indicado que los montos involucrados alcanzarían miles de millones de pesos, aunque será el proceso judicial el que determine responsabilidades.

Diversas indagatorias periodísticas y reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han documentado que la detenida estuvo relacionada con la empresa Nunvav Inc, señalada como parte del esquema mediante el cual se desviaron recursos públicos a través de contratos durante y después de la gestión de García Luna. La UIF ha sostenido que dichas operaciones formaron parte de una red más amplia para el ocultamiento y lavado de activos.

María N. desarrolló su carrera dentro del sector seguridad entre 2001 y 2012, periodo en el que ocupó cargos en el sistema penitenciario federal y posteriormente en la Secretaría de Seguridad Pública, integrándose a la coordinación de asesores del entonces secretario.

El caso se suma a los procesos abiertos contra Genaro García Luna, a quien se le condenó en Estados Unidos a más de 38 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico y por aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa. Además, una corte civil en Florida ordenó recientemente a García Luna y a su esposa pagar más de 2 mil 400 millones de dólares al Estado mexicano por un esquema de contrataciones ilegales.

La FGR subrayó que María N. se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

El cargo FGR detiene a excolaboradora de García Luna por delincuencia organizada y lavado de dinero apareció primero en Reto Diario.