La Consejería Jurídica estatal encabeza las indagatorias, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México, que también analiza la ruta del dinero y posibles operaciones de lavado de dinero y fraude fiscal. García Parra precisó que el gobierno poblano actúa como acompañante técnico y jurídico, dado que el conflicto principal es entre los propios integrantes de la fundación, quienes mantienen una disputa legal por el control del fideicomiso.

El funcionario señaló que el patrimonio del fideicomiso se estimaba en alrededor de 14 mil millones de pesos, recursos que, según diversas denuncias, habrían sido triangulados hacia cuentas en el extranjero. Añadió que las investigaciones avanzan conforme a derecho y que los resultados se harán públicos sin entorpecer el proceso judicial.

El caso volvió a tomar relevancia luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó a la UIF revisar los movimientos financieros de la fundación, tras detectar indicios de desvío de fondos y blanqueo de capitales. No obstante, el gobierno estatal aseguró que sus investigaciones comenzaron antes de la intervención federal.

Por su parte, el presidente del Congreso local, Pável Gaspar Ramírez, respaldó la actuación del Ejecutivo estatal y reafirmó que en Puebla “no habrá impunidad ni protección a quienes estén bajo investigación judicial”.

La Fundación Jenkins, creada en 1954 con fines filantrópicos, ha sido señalada desde hace años por presuntos manejos irregulares de recursos destinados a la educación, cultura y deporte en Puebla.

El cargo Gobierno de Puebla mantiene investigación sobre Fundación Jenkins por presunto desvío de recursos, confirma García Parra apareció primero en Reto Diario.

El cargo Sheinbaum ordena a la UIF investigar presunto fraude fiscal y lavado de dinero de la Fundación Jenkins apareció primero en Reto Diario.

Este acuerdo formaliza una colaboración tripartita que permitirá llevar a cabo intervenciones oftalmológicas de alta especialización, canalizando a las y los beneficiarios a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral para la Familia (SMDIF), y así, garantizar que el apoyo llegue a quienes más lo necesitan.

Foto: Especial

En su intervención, MariElise Budib reconoció que este convenio representa una oportunidad invaluable para transformar la vida de muchas personas al recuperar o mejorar su visión.

“Es un convenio que, entre el DIF Puebla Capital, Novavisión y Fundación Jenkins estamos ayudando a muchas personas a recuperar la visión. Es la libertad de volver a ver, de movilidad, de volver a tener una vida, una vida donde tengan más oportunidades. Poder ser más independientes y disfrutarla más. Es un impacto el que reúne al sector privado, a la sociedad civil y al gobierno, porque cuando cada uno aporta su granito de arena, logramos que la solidaridad se convierta en acción y la esperanza brille para quien más lo necesita”, afirmó MariElise Budib.

Por su parte, Víctor Sánchez Hinojosa, vocal de la Fundación Mary Street Jenkins, aseguró que siempre han buscado apoyar problemáticas relacionadas a la salud, deporte y educación, y en esta ocasión, se enorgullecen en hacer alianza con el SMDIF y su presidenta MariElise Budib.

“La Fundación Mary Street Jenkins siempre ha apoyado y buscado el beneficio de todos los poblanos, y en esta ocasión, es un gusto poder trabajar con el DIF, con la presidenta MariElise, y poder apoyar en esta ocasión en regresar la vista a mucha gente, en poder apoyar en la operación de las cataratas y ser partícipe de regresarle la visión a mucha gente es algo que nos enorgullece”, confirmó el vocal de la fundación.

Al respecto, Everardo Castro Camacho, director general del Instituto Oftalmológico Novavisión, reconoció el compromiso del gobierno municipal al pensar en este sector de la población con debilidad visual a causa de las cataratas. Explicó que se trata de un padecimiento donde el lente natural que tenemos dentro del ojo va desgastando su transparencia y se pierde el sentido de la vista, detalló que una tercera parte de la gente por arriba de 50 años padece cataratas.

“La intención de este programa social del gobierno municipal de la ciudad de Puebla, a través de su presidenta del DIF y del presidente municipal, es llegar a las poblaciones o la gente más necesitada a través de la Fundación Jenkins, también, proporcionar los apoyos para que este programa se lleve a cabo, podamos desarrollar esta cirugía y disminuir el rezago que se tiene de la cirugía de catarata”, señaló Everardo Castro.

De esta forma, el DIF Puebla capital reafirma su compromiso con el bienestar de las personas y amplía sus alianzas con el sector social para poner al alcance de las y los poblanos servicios de salud asequibles con los que puedan mejorar su calidad de vida y fomentar su desarrollo integral.

El cargo Firma Marielise Budib convenio tripartito para brindar cirugías de cataratas a personas en situación de vulnerabilidad apareció primero en Reto Diario.

La resolución representa el punto final a una disputa legal y familiar que tuvo amplias repercusiones en una de las instituciones educativas privadas más prestigiosas del país: la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

El fallo, informó Grupo Reforma, fue emitido por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Toluca, cuyos magistrados coincidieron de forma unánime en que la reapertura de la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), el 12 de junio de 2020, fue ilegal.

Lo anterior, debido a que el expediente había sido archivado desde mayo de 2018 y su reapertura no fue ordenada por un juez de Control, como exige el Código Nacional de Procedimientos Penales.

En consecuencia, quedaron anuladas todas las órdenes de aprehensión y las vinculaciones a proceso contra Roberto, María Elodia, Margarita, los tres de apellidos Jenkins de Landa; Elodia Sofía de Landa Irizar y Juan Guillermo Eustace Jenkins, así como sus abogados Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz. Todos ellos han quedado libres de cargos de forma definitiva.

Un conflicto familiar, origen del escándalo

El origen del conflicto se remonta a 2014, cuando Guillermo Jenkins de Landa, primogénito de la familia, denunció a sus padres y hermanos ante la Junta de Asistencia Privada de Puebla y el SAT. Los acusó de desviar recursos del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins, creada en 1954 por su bisabuelo.

Según reportes de la época, uno de los personajes clave en el conflicto fue Luis Ernesto Derbez, rector de la universidad y excanciller durante el sexenio de Vicente Fox. Derbez fue señalado en el proceso, removido del cargo en 2021 tras una orden de aprehensión, pero fue absuelto en 2022 y retomó la rectoría en agosto de 2023.

La UDLAP, una víctima colateral

La Fundación Jenkins es propietaria del campus de la UDLAP, por lo que el conflicto familiar tuvo efectos devastadores sobre la universidad. En 2021, la institución fue cerrada por siete meses. Según el rector Derbez, durante ese periodo se perdieron tres mil estudiantes y el 70% de los profesores, con afectaciones económicas superiores a los 300 millones de pesos.

Actualmente, la universidad opera con una matrícula de 8 mil 575 alumnos y mantiene el objetivo de recuperar los niveles previos al conflicto, con una meta de 12 mil estudiantes para el año 2028.

Con esta sentencia absolutoria, la familia Jenkins libra definitivamente un caso que durante años marcó la agenda judicial y mediática del país, aunque sus secuelas aún se hacen sentir en el ámbito educativo y filantrópico.

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