Literalmente, el juez Francisco Javier Martínez Castillo abandonó la dinámica del juicio oral que se sigue contra los imputados para decir, palabras más, palabras menos: “que tal si por ahí aparece otro dueño”, para negar entregar los terrenos a la Fundación Julita y Antonio que es la parte que denunció la invasión y ha demostrado plenamente ser la dueña de la propiedad en juego.

Por esa razón el caso del juez Francisco Javier Martínez Castillo ha sido llevado al Tribunal de Alzada, la cual es la instancia del Poder Judicial poblano en donde se revisan las sentencias de los juzgados y ahí se decide si los fallos se modifican o se revocan.

No es de extrañarse lo que ha ocurrido, dado los oscuros antecedentes de Martínez Castillo que, en su momento, en una de “las mañaneras” del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, fue exhibido como un juez que da protección a delincuentes.

El togado tiene un largo historial de casos controvertidos, documentados por diferentes medios de comunicación, en los cuales siempre hay una constante: beneficiar a personas acusadas de delitos graves.

Ejemplos son los siguientes: en marzo de 2023, el colectivo Cam Cai lo señaló de poner en peligro a una mujer que había sufrido violencia vicaria.

Tres meses más tarde, lo exhibieron por cambiar las medidas cautelares a par de acusados de secuestro, que se vieron beneficiados por el fallo del juez.

En octubre de 2023, permitió que salieran de la cárcel dos hermanos que en “una noche de copas” casi matan a golpes al joven universitario Ernesto Calderón, por el simple hecho de que se lo encontraron caminando en la zona de la Estrella de Puebla.

Hace un par de años, la Fiscalía General del Estado se inconformó porque el mismo juez se mostró inclinado a favor de un presunto líder del crimen organizado que atacó con un arma de fuego, de grueso calibre, a un grupo de agentes ministeriales que realizaban un cateo en el municipio de Acatzingo.

Ahora, se suma a sus oscuros antecedentes un mal fallo en el caso de La Covadonga, que fue de las primeras fábricas textiles del estado de Puebla, que se fundó a finales del siglo XIX.

10 mil pesos de fianza por una enorme invasión

Una noche de hace tres años, un grupo armado se apoderó ilegalmente de los terrenos de La Covadonga, mismos que han querido vender ilegalmente. Desde que la Fundación Julita y Antonio presentó la demanda por el despojo señaló a una persona identificada como Jorge N., como el presunto autor intelectual del robo de la propiedad inmobiliaria.

La actuación del Poder Judicial de Puebla empezó a ir mal desde el año pasado, pues en ese entonces el juez Enrique López Criollo se negó a vincular a proceso a Jorge N., pese a todas las pruebas que había en su contra.

Meses más tarde, la fundación ganó un amparo que obligó al Poder Judicial poblano a reponer el procedimiento contra Jorge N. y vincularlo a un proceso penal por el supuesto delito de despojo.

En esta segunda ocasión, el caso volvió a caer en las manos del juez López Criollo, que ya no se pudo negar a vincular a Jorge N. al juicio que se sigue por la invasión de las tierras de La Covadonga.

Sin embargo, el togado aún se mostró favorable al acusado. Hubo dos situaciones en particular:

Primero: el Ministerio Público pidió que se le fijara una fianza a Jorge N. que fuera proporcional al valor de la propiedad afectada, que en este caso son 8.5 hectáreas, que se entiende es un bien inmobiliario de muy alto valor. No obstante, se le impuso una fianza de apenas 10 mil pesos, que es una cifra ridícula frente al daño provocado con la invasión.

Segundo: también el fiscal que lleva al caso solicitó que se obligara a Jorge N. ir a firmar cada semana en el área de Medidas Cautelares, como una manera de evitar que se marche a otra parte del país. El juez decidió que se debe presentar a plasmar su rúbrica cada mes, pese al riesgo de fuga.

Más allá de estos dos aspectos muy cuestionados, se había logrado un gran avance con la vinculación a proceso de Jorge N.

A partir de ese hecho, la Fundación Julita y Antonio solicitó que le restituyeran las 8.5 hectáreas que fueron objeto de la invasión, como una manera de evitar que se le de un uso ilegal.

Había tres argumentos sólidos: ya está vinculado a proceso el autor de despojo. La fundación acreditó, desde hace tres años, ser la legitima propietaria de las 8.5 hectáreas en cuestión. Y es una forma de frenar los fraudes que se han cometido contra ciudadanos que se les ha vendidos ilegalmente lotes en la zona de conflicto.

En mayo pasado hubo cambio de jueces. Dejó el caso de La Covadonga el togado Enrique López Criollo y entró al relevo Francisco Javier Martínez Castillo, quien le tocó resolver la solicitud para regresar las tierras a la fundación.

Lo que procedía es que convocara –el juez– a una audiencia, toda vez que el juicio es oral, para que ahí comparecieran la Fundación Julita y Antonio, el Ministerio Público y Jorge N., para que cada uno aportara elementos jurídicos y se resolviera el tema de la restitución de la propiedad. No lo hizo así.

El togado determinó, por escrito y no por la vía oral, lo cual es una falta procesal, lo siguiente: negó la restitución de las tierras argumentando la posibilidad de que “existan diversas personas, las cuales pudieran haber realizado la compra-venta de dicha lotificación, existiendo con ello uno o varios terceros extraños al proceso penal, que pudieran alegar tener derechos posesorios y de propiedad sobre dicho bien”.

Al final lo que hizo el juez, según la apelación que se presentó en su contra, es que se puso a especular sobre la posibilidad de que aparezca otro dueño, en lugar de valorar las pruebas documentales presentadas en el juicio.

Pareciera que en el Poder Judicial no se quiere que el caso se resuelva conforme a Derecho.

El cargo Por enésima vez, el Poder Judicial se pone del lado de los invasores de Covadonga apareció primero en Reto Diario.

El último episodio ocurrió hace unos días, en que se tenía programada la primera audiencia del juicio contra el acusado de apropiarse ilegalmente de los predios, pero de última hora el Ministerio Público (MP) impidió que se realizara ese acto jurisdiccional.

La Fundación Julita y Antonio ha ganado dos amparos para obligar al Poder Judicial y a la FGE a que se vincule a proceso y se juzgue a Jorge N., como presunto autor de la invasión de 8.5 hectáreas –ocurrida en abril de 2023–, pero aún con esos mandatos de la justicia federal, siempre se pone un freno al proceso judicial.

Ya son varios factores que hacen suponer que no son problemas burocráticos o actos de ineficiencia lo que no permite caminar al juicio. Se tiene la sospecha de que el tráfico de influencias es la constante que impide sancionar la apropiación ilegal de los predios de La Covadonga, que fue una de las fábricas textiles más notables de Puebla surgidas a finales del siglo 19.

El último factor para frenar el juicio raya en el absurdo. Resulta que el agente del Ministerio Público que originalmente tenía asignado al caso tuvo casi seis meses para notificar que ya no era el responsable de ese asunto, hasta que, faltando 48 horas para la última audiencia programada, mandó el escrito para comunicar que el tema ya no era de su competencia.

Razón por la cual se obstaculizó por enésima vez la continuidad del juicio.

Y ahora hay que esperar varios meses para que se programe la nueva audiencia.

Faltando dos días, el Ministerio Público frenó la audiencia

La invasión de los predios, tal como ya se mencionó, aconteció en el primer cuatrimestre de 2023 y 11 meses más tarde, el juez que le tocó conocer el caso, Enrique López Criollo, determinó que no había elementos para vincular a proceso penal al acusado de la invasión, que es un personaje identificado como Jorge N. Pero, además, declaró sobreseído el expediente judicial.

Es decir, para el juez no había pasado nada, pese a que la Fundación Julita y Antonio ha acreditado la propiedad de los terrenos, se presentaron evidencias de que un grupo armado entró a apoderarse de los predios y la parte acusada no ha podido aportar alguna prueba para alegar que adquirió legalmente la extensión de las tierras en disputa.

Un año más tarde al fallo de Enrique López Criollo, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito determinó que no fue correcto el proceder del juez e invalidó la resolución que declaraba sobreseído el juicio.

Desde entonces, los abogados de la Fundación Julita y Antonio le pidieron al agente del Ministerio Público, Israel Andraca Huerta, que se continuara con la investigación de la invasión y el funcionario se negó sistemáticamente a esa petición.

El 9 de enero de este año, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal vuelve a cuestionar el proceder del juez Enrique López Criollo y ordena que se vincule a proceso a Jorge N., por el probable autor del delito de despojo.

Ya con anterioridad se había relatado en esta columna que, hace un mes, el Poder Judicial volvió a turnar al juez Enrique López Criollo a hacerse cargo del proceso contra Jorge N., lo cual a todas luces es una muestra de parcialidad del Poder Judicial el poner otra vez al togado que actuó incorrectamente al inicio del proceso.

Más allá de la controversia del regreso de Enrique López Criollo, se había logrado avanzar con la vinculación a proceso penal de Jorge N. y que se había fijado, para el pasado 7 de abril, la realización de la primera audiencia del caso. Parecía que ahora sí todo iba a avanzar.

El día 5 de abril, el agente del MP, Israel Andraca Huerta, le informa al juez que ya no es el responsable del caso de La Covadonga.

Eso era cierto, pero con el pequeño detalle de que lo habían retirado del asunto varios meses antes y lo grave de su comportamiento, es que no avisó a tiempo, sino faltando 48 horas para la audiencia.

Por tanto, el 6 de abril se notificó a las partes que como no había agente del Ministerio Público asignado, se cancelaba el acto programado para el día siguiente.

Lo grave de todo esto es que era mentira que no había agente del Ministerio Público representando a la FGE en el juicio.

Resulta que, desde meses atrás, ya se había nombrado al nuevo agente del MP, que es Gustavo Adolfo Torres Morales.

Y vaya dato curioso: al segundo agente del MP también “se le olvidó” avisar que era el nuevo representante de la autoridad ministerial en dicho proceso judicial.

Lo acontecido es una clara maniobra de dilación, el que dos funcionarios de la FGE no avisan que uno ya no está en el juicio y el otro, que es el nuevo encargado.

Y que el coordinador de los agentes del MP, Alfonso Michel Becerril, se “quede cruzado de brazos” ante esa maniobra que, no es ilegal, pero sí parece ser “un plan con maña” para que no camine el proceso de La Covadonga.

El cargo El Ministerio Público vuelve a obstaculizar el juicio contra la invasión de los terrenos de La Covadonga apareció primero en Reto Diario.

Eso sin contar que el juez tardó dos años en judicializar la carpeta de la investigación por la invasión de 8.5 hectáreas de la exfactoría, que se creó en 1897 y ahora en lugar de ser un lugar emblemático de la industria textil, es un sitio que ha sido objeto de varios despojos.

Enrique López Criollo es el juez que está en medio de esta polémica, pues fue quien se negó a proceder contra el principal autor de la invasión de La Covadonga y ahora, de manera anómala, lo vuelven a poner al frente del caso para determinar la responsabilidad penal del acusado de apropiarse de los predios de la ex factoría.

Lo correcto era nombrar a un nuevo juez para hacerse cargo de dicho asunto, sobre todo porque un tribunal colegiado del ámbito federal determinó que fue incorrecto no vincular a proceso al principal responsable del despojo de los predios.

Solo por no encontrar la calle en el mapa

Todo inició cuando un grupo armado se apoderó de más de ocho hectáreas de La Covadonga el 9 de abril de 2023.

De inmediato, los directivos de la Fundación Julita y Antonio –que es propietaria de los terrenos de la ex fábrica textil de La Covadonga– interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, misma que integró una carpeta de investigación en donde se señala a Jorge N. como el presunto autor del delito de despojo.

Once meses más tarde, el juez Enrique López Criollo decidió no vincular a proceso a Jorge N., pero no porque no hubiera pruebas en su contra, sino por una nimiedad.

Resulta que la calle en donde están domiciliadas las hectáreas en cuestión antes se llamaba Antigua Carretera Federal a Tlaxcala y en años recientes, el Ayuntamiento de Puebla le cambió el nombre de Emilio Carranza.

En ese sentido, el juez indicó que no podía localizar en un mapa la calle en donde la denuncia indicaba que se había cometido el despojo, razón por la cual decidió que no había motivos para proceder contra el presunto autor de la invasión de tierras.

Con ello desechaba todas las evidencias que había, desde testimonios de cómo se cometió de manera violenta el despojo, así como imágenes de la invasión y se aportaban datos de cómo los autores del ilícito habían lotificado las tierras y estaban vendiendo los predios, engañando a los compradores al hacerles creer que son los auténticos propietarios.

Luego del fallo del juez López Criollo, la parte agraviada presentó un recurso de apelación ante la Décima Primera Sala Unitaria en Materia Penal del Poder Judicial de Puebla, misma que declaró el caso sobreseído.

Ante ese fallo, la Fundación Julita y Antonio inició un juicio de amparo directo. En ese sentido, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito les dio la razón a los quejosos, por lo cual ordenó que se repusiera el procedimiento del juicio.

El asunto regresó a la cancha de la misma sala del Poder Judicial de Puebla, que declaró improcedente el fallo de calificar sobreseído el juicio, pero no vinculó a proceso al responsable de la invasión.

Otra vez la Fundación Julita y Antonio recurrió a un juicio de amparo indirecto, mismo que ganó el 9 de enero de este año.

Con este último fallo, se le ordena a la Décima Primera Sala del Poder Judicial de Puebla que haga los siguientes cambios: que se revoque la resolución del juez Enrique López Criollo en la que no vinculó a proceso a Jorge N. y se dicte un nuevo resolutivo, tomando en cuenta todas las pruebas que aportó el Ministerio Público contra el presunto autor de la invasión de tierras.

Lo que parecía ser un atisbo de que ahora sí se haría justicia, resultó ser un episodio oscuro del Poder Judicial poblano porque se volvió a nombrar al juez Enrique López Criollo para que emita un nuevo fallo.

Todo hace suponer que la designación del nuevo juez fue una gestión que lograron los abogados del presunto responsable del despojo.

Es decir, en el Poder Judicial le hacen más caso al acusado que a las victimas de un delito.

El cargo Al juez que se negó a procesar a invasores de Covadonga le vuelven a asignar el caso apareció primero en Reto Diario.

Así lo informó el apoderado legal de la Fundación Julita y Antonio, Jesús González Schmal, quien detalló que el hecho se remonta al 9 de abril de 2023, cuando un grupo de aproximadamente 50 personas armadas ingresó y ocupó ilegalmente el terreno propiedad de la fundación.

Ante la negativa inicial del TSJ para vincular a proceso al imputado, la Fundación promovió un amparo federal. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal concedió la protección y ordenó a la Sala Unitaria reconsiderar todas las pruebas aportadas por la institución y el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Foto: Especial

Con esta resolución, el juez de control deberá fijar fecha para establecer medidas cautelares y determinar el plazo de cierre de la investigación complementaria.

Por otro lado, respecto a un segundo predio invadido con construcciones irregulares, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y del Trabajo otorgó amparo a la Fundación Julita y Antonio. La sentencia ordena a la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Puebla dar curso a la denuncia ciudadana presentada el 24 de julio de 2025, e iniciar el procedimiento para designar personal que supervise y verifique los hechos denunciados.

La dependencia municipal se había negado previamente a realizar la inspección, por lo que el 13 de agosto de 2025 se recurrió al Poder Judicial Federal, que resolvió favorablemente. Esta decisión obliga al gobierno municipal a actuar conforme a su Código Reglamentario.

El presidente municipal José Chedraui declaró el 9 de diciembre de 2025 que solo actuaría una vez que la autoridad judicial lo indicara, al tratarse de un conflicto entre particulares. Con las resoluciones federales y estatales recientes, se espera que el Ayuntamiento proceda en consecuencia.

Foto: Especial

Finalmente, González Schmal lamentó la situación: “Ha sido una experiencia muy triste porque, además, no todos los ciudadanos que sufren de una invasión pueden responder con una defensa legal adecuada”.

La Fundación reiteró su compromiso por recuperar los predios y evitar que casos similares queden en impunidad, exhortando a la ciudadanía a no adquirir terrenos en la zona de La Covadonga sin verificar su legalidad.

El cargo Vinculan a proceso a Jorge N. por despojo e invasión en La Covadonga tras amparo federal apareció primero en Reto Diario.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal concedió el amparo promovido por la fundación —a través de su apoderado legal, Jesús González Schmal— contra la resolución del 7 de febrero de 2025 emitida por la Décima Primera Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ), que confirmó la no vinculación a proceso del imputado Jorge N., señalado como responsable de la invasión violenta.

Foto: Especial

Los magistrados Norma Angélica Delgadillo Rodríguez, Miriam Huerta Lechuga (ponente) y Arturo Mejía Ponce de León resolvieron por unanimidad amparar y proteger a la institución, ordenando que la Décima Primera Sala revoque la determinación del juez de control Enrique López Criollo y realice un nuevo fallo considerando todas las pruebas aportadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la fundación, que en la etapa inicial fueron desechadas indebidamente. La resolución federal establece:

“La Justicia de la Unión ampara y protege a Fundación Julita T. Viuda de del Valle y Antonio del Valle (…) contra el acto reclamado (…) para los efectos especificados en el último considerando de esta ejecutoria”.

La FGE, por su parte, ya reintegra la carpeta de investigación (7677/2023) para su pronta judicialización y lograr la vinculación a proceso de Jorge N., por los delitos de despojo, fraccionamiento y venta ilegal de lotes.

Cabe recordar que el 9 de abril de 2023, la fundación fue víctima de una invasión violenta con despojo del terreno, que ha sido utilizado irregularmente por invasores para fraccionamientos y ventas fraudulentas.

Foto: Especial

La institución enfatizó la importancia de dar a conocer este caso para alertar a la sociedad: quienes pretendan comprar terrenos o inmuebles en La Covadonga podrían ser defraudados por los responsables del despojo.

Con este amparo, la Fundación Julita y Antonio avanza en la recuperación legal del predio y en la procuración de justicia. El proceso penal continúa en curso.

El cargo Victoria legal: Fundación Julita y Antonio gana amparo contra invasor de predio en La Covadonga apareció primero en Reto Diario.

Una de estas operaciones permitió adjudicar a la empresa Agua Inmaculada uno de los terrenos que, en abril de 2023, le fue despojado a la ex fábrica textil La Covadonga.

El cargo Una notaria, funcionarios públicos y el Registro de la Propiedad de Tlaxcala avalan la venta ilegal de terrenos en Puebla apareció primero en Reto Diario.