El último episodio ocurrió hace unos días, en que se tenía programada la primera audiencia del juicio contra el acusado de apropiarse ilegalmente de los predios, pero de última hora el Ministerio Público (MP) impidió que se realizara ese acto jurisdiccional.

La Fundación Julita y Antonio ha ganado dos amparos para obligar al Poder Judicial y a la FGE a que se vincule a proceso y se juzgue a Jorge N., como presunto autor de la invasión de 8.5 hectáreas –ocurrida en abril de 2023–, pero aún con esos mandatos de la justicia federal, siempre se pone un freno al proceso judicial.

Ya son varios factores que hacen suponer que no son problemas burocráticos o actos de ineficiencia lo que no permite caminar al juicio. Se tiene la sospecha de que el tráfico de influencias es la constante que impide sancionar la apropiación ilegal de los predios de La Covadonga, que fue una de las fábricas textiles más notables de Puebla surgidas a finales del siglo 19.

El último factor para frenar el juicio raya en el absurdo. Resulta que el agente del Ministerio Público que originalmente tenía asignado al caso tuvo casi seis meses para notificar que ya no era el responsable de ese asunto, hasta que, faltando 48 horas para la última audiencia programada, mandó el escrito para comunicar que el tema ya no era de su competencia.

Razón por la cual se obstaculizó por enésima vez la continuidad del juicio.

Y ahora hay que esperar varios meses para que se programe la nueva audiencia.

Faltando dos días, el Ministerio Público frenó la audiencia

La invasión de los predios, tal como ya se mencionó, aconteció en el primer cuatrimestre de 2023 y 11 meses más tarde, el juez que le tocó conocer el caso, Enrique López Criollo, determinó que no había elementos para vincular a proceso penal al acusado de la invasión, que es un personaje identificado como Jorge N. Pero, además, declaró sobreseído el expediente judicial.

Es decir, para el juez no había pasado nada, pese a que la Fundación Julita y Antonio ha acreditado la propiedad de los terrenos, se presentaron evidencias de que un grupo armado entró a apoderarse de los predios y la parte acusada no ha podido aportar alguna prueba para alegar que adquirió legalmente la extensión de las tierras en disputa.

Un año más tarde al fallo de Enrique López Criollo, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito determinó que no fue correcto el proceder del juez e invalidó la resolución que declaraba sobreseído el juicio.

Desde entonces, los abogados de la Fundación Julita y Antonio le pidieron al agente del Ministerio Público, Israel Andraca Huerta, que se continuara con la investigación de la invasión y el funcionario se negó sistemáticamente a esa petición.

El 9 de enero de este año, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal vuelve a cuestionar el proceder del juez Enrique López Criollo y ordena que se vincule a proceso a Jorge N., por el probable autor del delito de despojo.

Ya con anterioridad se había relatado en esta columna que, hace un mes, el Poder Judicial volvió a turnar al juez Enrique López Criollo a hacerse cargo del proceso contra Jorge N., lo cual a todas luces es una muestra de parcialidad del Poder Judicial el poner otra vez al togado que actuó incorrectamente al inicio del proceso.

Más allá de la controversia del regreso de Enrique López Criollo, se había logrado avanzar con la vinculación a proceso penal de Jorge N. y que se había fijado, para el pasado 7 de abril, la realización de la primera audiencia del caso. Parecía que ahora sí todo iba a avanzar.

El día 5 de abril, el agente del MP, Israel Andraca Huerta, le informa al juez que ya no es el responsable del caso de La Covadonga.

Eso era cierto, pero con el pequeño detalle de que lo habían retirado del asunto varios meses antes y lo grave de su comportamiento, es que no avisó a tiempo, sino faltando 48 horas para la audiencia.

Por tanto, el 6 de abril se notificó a las partes que como no había agente del Ministerio Público asignado, se cancelaba el acto programado para el día siguiente.

Lo grave de todo esto es que era mentira que no había agente del Ministerio Público representando a la FGE en el juicio.

Resulta que, desde meses atrás, ya se había nombrado al nuevo agente del MP, que es Gustavo Adolfo Torres Morales.

Y vaya dato curioso: al segundo agente del MP también “se le olvidó” avisar que era el nuevo representante de la autoridad ministerial en dicho proceso judicial.

Lo acontecido es una clara maniobra de dilación, el que dos funcionarios de la FGE no avisan que uno ya no está en el juicio y el otro, que es el nuevo encargado.

Y que el coordinador de los agentes del MP, Alfonso Michel Becerril, se “quede cruzado de brazos” ante esa maniobra que, no es ilegal, pero sí parece ser “un plan con maña” para que no camine el proceso de La Covadonga.

El cargo El Ministerio Público vuelve a obstaculizar el juicio contra la invasión de los terrenos de La Covadonga apareció primero en Reto Diario.

Eso sin contar que el juez tardó dos años en judicializar la carpeta de la investigación por la invasión de 8.5 hectáreas de la exfactoría, que se creó en 1897 y ahora en lugar de ser un lugar emblemático de la industria textil, es un sitio que ha sido objeto de varios despojos.

Enrique López Criollo es el juez que está en medio de esta polémica, pues fue quien se negó a proceder contra el principal autor de la invasión de La Covadonga y ahora, de manera anómala, lo vuelven a poner al frente del caso para determinar la responsabilidad penal del acusado de apropiarse de los predios de la ex factoría.

Lo correcto era nombrar a un nuevo juez para hacerse cargo de dicho asunto, sobre todo porque un tribunal colegiado del ámbito federal determinó que fue incorrecto no vincular a proceso al principal responsable del despojo de los predios.

Solo por no encontrar la calle en el mapa

Todo inició cuando un grupo armado se apoderó de más de ocho hectáreas de La Covadonga el 9 de abril de 2023.

De inmediato, los directivos de la Fundación Julita y Antonio –que es propietaria de los terrenos de la ex fábrica textil de La Covadonga– interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, misma que integró una carpeta de investigación en donde se señala a Jorge N. como el presunto autor del delito de despojo.

Once meses más tarde, el juez Enrique López Criollo decidió no vincular a proceso a Jorge N., pero no porque no hubiera pruebas en su contra, sino por una nimiedad.

Resulta que la calle en donde están domiciliadas las hectáreas en cuestión antes se llamaba Antigua Carretera Federal a Tlaxcala y en años recientes, el Ayuntamiento de Puebla le cambió el nombre de Emilio Carranza.

En ese sentido, el juez indicó que no podía localizar en un mapa la calle en donde la denuncia indicaba que se había cometido el despojo, razón por la cual decidió que no había motivos para proceder contra el presunto autor de la invasión de tierras.

Con ello desechaba todas las evidencias que había, desde testimonios de cómo se cometió de manera violenta el despojo, así como imágenes de la invasión y se aportaban datos de cómo los autores del ilícito habían lotificado las tierras y estaban vendiendo los predios, engañando a los compradores al hacerles creer que son los auténticos propietarios.

Luego del fallo del juez López Criollo, la parte agraviada presentó un recurso de apelación ante la Décima Primera Sala Unitaria en Materia Penal del Poder Judicial de Puebla, misma que declaró el caso sobreseído.

Ante ese fallo, la Fundación Julita y Antonio inició un juicio de amparo directo. En ese sentido, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito les dio la razón a los quejosos, por lo cual ordenó que se repusiera el procedimiento del juicio.

El asunto regresó a la cancha de la misma sala del Poder Judicial de Puebla, que declaró improcedente el fallo de calificar sobreseído el juicio, pero no vinculó a proceso al responsable de la invasión.

Otra vez la Fundación Julita y Antonio recurrió a un juicio de amparo indirecto, mismo que ganó el 9 de enero de este año.

Con este último fallo, se le ordena a la Décima Primera Sala del Poder Judicial de Puebla que haga los siguientes cambios: que se revoque la resolución del juez Enrique López Criollo en la que no vinculó a proceso a Jorge N. y se dicte un nuevo resolutivo, tomando en cuenta todas las pruebas que aportó el Ministerio Público contra el presunto autor de la invasión de tierras.

Lo que parecía ser un atisbo de que ahora sí se haría justicia, resultó ser un episodio oscuro del Poder Judicial poblano porque se volvió a nombrar al juez Enrique López Criollo para que emita un nuevo fallo.

Todo hace suponer que la designación del nuevo juez fue una gestión que lograron los abogados del presunto responsable del despojo.

Es decir, en el Poder Judicial le hacen más caso al acusado que a las victimas de un delito.

El cargo Al juez que se negó a procesar a invasores de Covadonga le vuelven a asignar el caso apareció primero en Reto Diario.

Así lo informó el apoderado legal de la Fundación Julita y Antonio, Jesús González Schmal, quien detalló que el hecho se remonta al 9 de abril de 2023, cuando un grupo de aproximadamente 50 personas armadas ingresó y ocupó ilegalmente el terreno propiedad de la fundación.

Ante la negativa inicial del TSJ para vincular a proceso al imputado, la Fundación promovió un amparo federal. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal concedió la protección y ordenó a la Sala Unitaria reconsiderar todas las pruebas aportadas por la institución y el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Foto: Especial

Con esta resolución, el juez de control deberá fijar fecha para establecer medidas cautelares y determinar el plazo de cierre de la investigación complementaria.

Por otro lado, respecto a un segundo predio invadido con construcciones irregulares, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y del Trabajo otorgó amparo a la Fundación Julita y Antonio. La sentencia ordena a la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Puebla dar curso a la denuncia ciudadana presentada el 24 de julio de 2025, e iniciar el procedimiento para designar personal que supervise y verifique los hechos denunciados.

La dependencia municipal se había negado previamente a realizar la inspección, por lo que el 13 de agosto de 2025 se recurrió al Poder Judicial Federal, que resolvió favorablemente. Esta decisión obliga al gobierno municipal a actuar conforme a su Código Reglamentario.

El presidente municipal José Chedraui declaró el 9 de diciembre de 2025 que solo actuaría una vez que la autoridad judicial lo indicara, al tratarse de un conflicto entre particulares. Con las resoluciones federales y estatales recientes, se espera que el Ayuntamiento proceda en consecuencia.

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Finalmente, González Schmal lamentó la situación: “Ha sido una experiencia muy triste porque, además, no todos los ciudadanos que sufren de una invasión pueden responder con una defensa legal adecuada”.

La Fundación reiteró su compromiso por recuperar los predios y evitar que casos similares queden en impunidad, exhortando a la ciudadanía a no adquirir terrenos en la zona de La Covadonga sin verificar su legalidad.

El cargo Vinculan a proceso a Jorge N. por despojo e invasión en La Covadonga tras amparo federal apareció primero en Reto Diario.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal concedió el amparo promovido por la fundación —a través de su apoderado legal, Jesús González Schmal— contra la resolución del 7 de febrero de 2025 emitida por la Décima Primera Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ), que confirmó la no vinculación a proceso del imputado Jorge N., señalado como responsable de la invasión violenta.

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Los magistrados Norma Angélica Delgadillo Rodríguez, Miriam Huerta Lechuga (ponente) y Arturo Mejía Ponce de León resolvieron por unanimidad amparar y proteger a la institución, ordenando que la Décima Primera Sala revoque la determinación del juez de control Enrique López Criollo y realice un nuevo fallo considerando todas las pruebas aportadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la fundación, que en la etapa inicial fueron desechadas indebidamente. La resolución federal establece:

“La Justicia de la Unión ampara y protege a Fundación Julita T. Viuda de del Valle y Antonio del Valle (…) contra el acto reclamado (…) para los efectos especificados en el último considerando de esta ejecutoria”.

La FGE, por su parte, ya reintegra la carpeta de investigación (7677/2023) para su pronta judicialización y lograr la vinculación a proceso de Jorge N., por los delitos de despojo, fraccionamiento y venta ilegal de lotes.

Cabe recordar que el 9 de abril de 2023, la fundación fue víctima de una invasión violenta con despojo del terreno, que ha sido utilizado irregularmente por invasores para fraccionamientos y ventas fraudulentas.

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La institución enfatizó la importancia de dar a conocer este caso para alertar a la sociedad: quienes pretendan comprar terrenos o inmuebles en La Covadonga podrían ser defraudados por los responsables del despojo.

Con este amparo, la Fundación Julita y Antonio avanza en la recuperación legal del predio y en la procuración de justicia. El proceso penal continúa en curso.

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Una de estas operaciones permitió adjudicar a la empresa Agua Inmaculada uno de los terrenos que, en abril de 2023, le fue despojado a la ex fábrica textil La Covadonga.

El cargo Una notaria, funcionarios públicos y el Registro de la Propiedad de Tlaxcala avalan la venta ilegal de terrenos en Puebla apareció primero en Reto Diario.

Veinticinco agentes ministeriales, a bordo de cinco patrullas, llegaron hasta las áreas invadidas como medida de protección del perito topográfico y se pudo realizar la diligencia que se ordenó desde febrero de este año.

Llama la atención que en esta ocasión se notó toda la disposición de realizar el acto jurídico, a diferencia de otros episodios en que los servidores públicos asignados se retiraban argumentando que tenían miedo de ser golpeados con piedras por un grupo de pandilleros que fueron contratados –por los invasores– para cuidar los 103 mil metros cuadrados que abarca el área en conflicto.

Trascendió que la orden de que se debía hacer el peritaje a como diera lugar habría salido el martes de esta semana directamente de la oficina de Idamis Pastor Betancourt, la fiscal general del estado.

Sin duda alguna, este es “un gesto” de Idamis Pastor que debe ser reconocido como un cambio importante en la FGE.

Ahora habrá que esperar y mantener el escrutinio sobre la autoridad ministerial para determinar si lo de este miércoles fue “un hecho aislado”, que en nada modifica el comportamiento negligente y abusivo de la Fiscalía; o si realmente hay un viraje de 180 grados en la FGE que buscará revertir los vicios que han generado un clima de impunidad, a favor de los autores de los despojos, a lo largo de los últimos 26 meses.

Y es que el Ministerio Público ha jugado un papel clave en beneficio de quienes ocuparon ilegalmente los terrenos, el 9 abril de 2023 y 8 de febrero de este año, al retrasar hasta el hastío los procedimientos de investigación y judicialización bajo los argumentos más absurdos.

Solo hay que observar el comportamiento de Rosa María Guadalupe Morales González, la primera agente del Ministerio Público que se hizo cargo de dicho asunto, para poder enumerar los vicios que han ocurrido. Esta es la historia:

Hace 26 meses aconteció la primera ocupación ilegal, en un área de 23 mil metros cuadrados en lo que fueron los terrenos de la exfábrica La Covadonga, que es propiedad de la Fundación Julita y Antonio.

Para acreditar la propiedad, la fundación presentó la boleta catastral del Ayuntamiento de la ciudad de Puebla, en donde se establece que es un predio rústico que está registrado desde hace muchos años en la cuenta predial PR136441, que se ubica en la colonia Covadonga y que tiene un avalúo por un monto de 33 millones 198 mil 54 pesos.

A pesar del anterior documento oficial que establece que la Fundación Julita y Antonio es la legítima propietaria del terreno, la agente del Ministerio Público, Rosa María Guadalupe Morales González, contra toda lógica jurídica, le dio mayor valor a un supuesto contrato de compra-venta, que no estaba protocolizado por ninguna autoridad, el cual dice que el terreno pertenece al municipio de Cuautlancingo. Ese papel lo interpusieron los supuestos invasores.

De nada sirvió que se presentaron pruebas de que los vecinos de la zona –que en su mayoría son familias de exobreros de La Covadonga– pagan impuestos en la ciudad de Puebla, reciben agua de Concesiones Integrales y las calles son vigiladas por la Policía de la capital, toda vez que la abogada Morales González le dio por mucho tiempo la razón a la parte acusada.

Esa actitud provocó que se retrasara un año la integración de la carpeta de investigación 7677/23.

Ahí no termina todo. Los abogados de la fundación le solicitaron a la agente del Ministerio Público que procediera con el aseguramiento del terreno, que es un recurso legal mediante el cual una propiedad no puede ser ocupada por las dos partes que se disputan un bien inmueble, hasta que se establece a quién le asiste la razón jurídica. La abogada Rosa María Guadalupe Morales González se negó a esa posibilidad.

¿Cuál fue el resultado de esa negativa? Que a los invasores les dio tiempo lotificar en 450 fracciones el terreno, mismas que se han puesto a la venta en 200 mil pesos cada una, pese a que los predios carecen de servicios públicos, de uso de suelo habitacional, de los permisos municipales y del estudio de impacto ambiental.

Dicha actitud omisa de la agente del Ministerio Público permitió que surgiera un fraccionamiento clandestino y que, con toda impunidad, se defraudara a quienes han comprado un lote en una zona invadida.

Luego de pasar por el Ministerio Público, en marzo de 2024, el caso cayó en manos del juez de Control Enrique López Criollo, quien se negó a vincular a proceso a los acusados. Otra vez con el mismo argumento: que no le constaba que el predio en litigio estuviera en la ciudad de Puebla.

Fue hasta el 14 de febrero de este año, en que se concedió un amparo a la Fundación Julita y Antonio en el que se le ordena a la FGE reiniciar la carpeta de investigación.

El problema es que ese fallo federal llegó seis meses después de que ocurrió la segunda invasión, ahora de más de 80 mil metros cuadrados del exrancho La Covadonga.

En lugar de que las cosas hubieran caminado, en los últimos cuatro meses nada ha avanzado, porque el perito topográfico asignado, Manuel Moreno Briones, nunca se presentó a hacer su trabajo.

Una muestra más de que en Puebla la justicia no es ni pronta ni expedita. Sino todo lo contrario: es una porquería.

Puedes leer: La empresa Agua Inmaculada es la que orquestó la invasión de 8 de las 12 hectáreas de la exfábrica Covadonga: González

El cargo Levantan peritaje en La Covadonga luego de que se denunció el atraso de cuatro meses apareció primero en Reto Diario.

El sábado 10 de mayo, por la noche, estuvo a punto de provocarse un enfrentamiento en la exfábrica de La Covadonga, que pudo haber terminado en una tragedia.

Resulta que ese día, aprovechando que todo mundo estaba en el festejo de las madres, un grupo de varias personas ingresó a una extensión de 12 hectáreas de uso agrícola que pertenecen a la Fundación Julita y Antonio, que es la propietaria legítima de La Covadonga.

La mayoría estaban vigilando, mientras otros empezaron a hacer mediciones y otros más tomaban fotografías.

Esa situación inquietó a un grupo de vecinos de la colonia Agrícola Ignacio Zaragoza, que luego de observar a los hombres que parecían tener facha de topógrafos, se percataron que en realidad eran los autores de la invasión de dos grandes extensiones de lo que fue La Covadonga, una de las fábricas más importantes del esplendor de la industria textil de Puebla.

Eso llevó a que los vecinos se organizaran y salieran a encarar a los invasores, que estarían vinculados a la empresa Agua Inmaculada, que ha sido señalada de estar atrás del despojo y la venta ilegal de predios en cuestión.

Durante varios minutos, parecía que eso iba a terminar con una batalla campal. Los invasores decían que no se retiraban y como siempre, sin poderlo probar, decían que eran los dueños de las tierras. Mientras que lo colonos con palos y piedras no se dejaron intimidar.

Al final, alguien dio la orden a los invasores de retirarse, lo cual evitó que “la sangre llegara al río”.

La colonia Agrícola Ignacio Zaragoza fue fundada hace varias décadas por una parte de los obreros que laboraban en La Covadonga, una fábrica textil que estuvo activa durante 117 años entre los siglos XIX y XXI.

Por eso los vecinos se han sentido identificados con lo poco que queda de la ex fábrica textil y, sobre todo, porque se han visto gravemente afectados por la invasión que se gestó hace más de dos años. Desde que inició el conflicto, la zona se ha vuelto extremadamente peligrosa, pues son frecuentes los asaltos y la presencia de gente armada, al parecer vinculada con el despojo que ha sufrido factoría, que cerró sus puertas en el año 2006.

Los vecinos narran que así inicio la invasión, con la llegada de un grupo de hombres que se hacían pasar con trabajadores para hacer levantamientos topográficos y, al final, se apoderaron de manera violenta de decenas de hectáreas.

La corrupción, la fuente del conflicto

Uno supondría que un litigio de invasión tendría que ser algo fácil: simplemente se pide que cada parte demuestre quién es el legítimo propietario y se compruebe la autenticidad de los documentos.

Ese procedimiento en Puebla deja de ser sencillo y se convierte en una pesadilla, por la corrupción que permea en la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial.

Al darse la invasión de La Covadonga, los abogados de la Fundación Julita y Antonio presentaron la documentación que acredita a ese organismo privado con el propietario.

Los invasores presentaron un supuesto contrato de compra-venta, que podía ser echado abajo con facilidad, si no hubiera sido porque alegaron que la propiedad no pertenece al municipio de Puebla, sino a Cuautlancingo.

De nada sirvió que los dueños presentaron las boletas prediales en las cuales se demuestra que La Covadonga paga impuestos en el municipio de Puebla, así como la escritura, en donde se asienta que la exfábrica está en la capital. Y que se añadieron otros documentos, donde se indica que las colonias alrededor están en territorio de la Angelópolis.

Ese pretexto de “la discrepancia” en los documentos, le permitió a la FGE tardar dos años en judicializar la carpeta de investigación por la invasión.

Y cuando “la pelota ya estuvo en la cancha de un tribunal”, resulta que un juez argumentó que no le constaba que la antigua carretera entre Puebla y Tlaxcala ahora se llame Emiliano Carranza, para de esa manera frenar el litigio.

Tuvieron que pasar seis meses para que un juez de Distrito otorgara un amparo y le ordenara al juzgado del fuero común que reponga el procedimiento, lo que implica repetir la audiencia inicial, como si apenas estuviera empezando todo el conflicto.

Todos los meses que la FGE y el juzgado han retrasado este asunto, lo aprovecharon los invasores.

Lotificaron las áreas invadidas y ya vendieron unas 400 fracciones de tierras, cobrando entre 250 mil y 300 mil pesos por cada predio.

Se venden baratos los terrenos porque el área no tiene conexión a la red de agua potable y no hay energía eléctrica. Es resumen, no hay un solo servicio público. No hay ni banquetas.

Todo eso pasó porque un notario público de Tlaxcala ha estado supuestamente avalando los contratos de compra-venta, sin que los invasores demuestren ser los propietarios.

Mientras que el Ayuntamiento de Puebla no hace nada contra el surgimiento de asentamientos humanos irregulares.

Y el Gobierno del estado tampoco se mete al ordenamiento territorial.

En resumen: en Puebla se vive bajo la ley de la selva.

El cargo Mientras en el Poder Judicial se atrasa el caso de La Covadonga, ya se prepara la tercera invasión a la exfábrica apareció primero en Reto Diario.