Por un lado, planteó reformar el Código Penal del Estado para castigar de manera específica la introducción y el uso indebido de dispositivos electrónicos dentro de los centros penitenciarios. La intención es cerrar el paso a prácticas delictivas que, según señaló, se gestan desde el interior de las cárceles, como extorsiones y fraudes cometidos mediante teléfonos celulares y equipos con acceso a internet.

La propuesta contempla sanciones de entre tres y seis años de prisión, además de multas económicas. En caso de que haya participación de personal penitenciario, las penas serían más severas: hasta ocho años de cárcel, multas mayores, así como la destitución e inhabilitación para ocupar cargos en seguridad pública durante cinco años. También se prevén castigos más altos si los dispositivos se utilizan para cometer delitos como fraude o extorsión, o si existe complicidad de autoridades del penal.

En otro tema, el legislador impulsa la incorporación de un nuevo artículo al Código Penal para tipificar el fraude cometido por instituciones educativas que operan sin el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE). Con esta medida se busca evitar que estudiantes sean engañados por escuelas irregulares y asegurar que la formación académica cumpla con los requisitos legales.

Trujillo de Ita afirmó que ambas propuestas responden a problemáticas concretas que afectan a la población, y reiteró su intención de promover cambios que refuercen la seguridad, la legalidad y la protección de los ciudadanos.

El cargo Endurecen propuesta para frenar delitos desde cárceles y castigar fraudes educativos apareció primero en Reto Diario.