Literalmente, el juez Francisco Javier Martínez Castillo abandonó la dinámica del juicio oral que se sigue contra los imputados para decir, palabras más, palabras menos: “que tal si por ahí aparece otro dueño”, para negar entregar los terrenos a la Fundación Julita y Antonio que es la parte que denunció la invasión y ha demostrado plenamente ser la dueña de la propiedad en juego.

Por esa razón el caso del juez Francisco Javier Martínez Castillo ha sido llevado al Tribunal de Alzada, la cual es la instancia del Poder Judicial poblano en donde se revisan las sentencias de los juzgados y ahí se decide si los fallos se modifican o se revocan.

No es de extrañarse lo que ha ocurrido, dado los oscuros antecedentes de Martínez Castillo que, en su momento, en una de “las mañaneras” del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, fue exhibido como un juez que da protección a delincuentes.

El togado tiene un largo historial de casos controvertidos, documentados por diferentes medios de comunicación, en los cuales siempre hay una constante: beneficiar a personas acusadas de delitos graves.

Ejemplos son los siguientes: en marzo de 2023, el colectivo Cam Cai lo señaló de poner en peligro a una mujer que había sufrido violencia vicaria.

Tres meses más tarde, lo exhibieron por cambiar las medidas cautelares a par de acusados de secuestro, que se vieron beneficiados por el fallo del juez.

En octubre de 2023, permitió que salieran de la cárcel dos hermanos que en “una noche de copas” casi matan a golpes al joven universitario Ernesto Calderón, por el simple hecho de que se lo encontraron caminando en la zona de la Estrella de Puebla.

Hace un par de años, la Fiscalía General del Estado se inconformó porque el mismo juez se mostró inclinado a favor de un presunto líder del crimen organizado que atacó con un arma de fuego, de grueso calibre, a un grupo de agentes ministeriales que realizaban un cateo en el municipio de Acatzingo.

Ahora, se suma a sus oscuros antecedentes un mal fallo en el caso de La Covadonga, que fue de las primeras fábricas textiles del estado de Puebla, que se fundó a finales del siglo XIX.

10 mil pesos de fianza por una enorme invasión

Una noche de hace tres años, un grupo armado se apoderó ilegalmente de los terrenos de La Covadonga, mismos que han querido vender ilegalmente. Desde que la Fundación Julita y Antonio presentó la demanda por el despojo señaló a una persona identificada como Jorge N., como el presunto autor intelectual del robo de la propiedad inmobiliaria.

La actuación del Poder Judicial de Puebla empezó a ir mal desde el año pasado, pues en ese entonces el juez Enrique López Criollo se negó a vincular a proceso a Jorge N., pese a todas las pruebas que había en su contra.

Meses más tarde, la fundación ganó un amparo que obligó al Poder Judicial poblano a reponer el procedimiento contra Jorge N. y vincularlo a un proceso penal por el supuesto delito de despojo.

En esta segunda ocasión, el caso volvió a caer en las manos del juez López Criollo, que ya no se pudo negar a vincular a Jorge N. al juicio que se sigue por la invasión de las tierras de La Covadonga.

Sin embargo, el togado aún se mostró favorable al acusado. Hubo dos situaciones en particular:

Primero: el Ministerio Público pidió que se le fijara una fianza a Jorge N. que fuera proporcional al valor de la propiedad afectada, que en este caso son 8.5 hectáreas, que se entiende es un bien inmobiliario de muy alto valor. No obstante, se le impuso una fianza de apenas 10 mil pesos, que es una cifra ridícula frente al daño provocado con la invasión.

Segundo: también el fiscal que lleva al caso solicitó que se obligara a Jorge N. ir a firmar cada semana en el área de Medidas Cautelares, como una manera de evitar que se marche a otra parte del país. El juez decidió que se debe presentar a plasmar su rúbrica cada mes, pese al riesgo de fuga.

Más allá de estos dos aspectos muy cuestionados, se había logrado un gran avance con la vinculación a proceso de Jorge N.

A partir de ese hecho, la Fundación Julita y Antonio solicitó que le restituyeran las 8.5 hectáreas que fueron objeto de la invasión, como una manera de evitar que se le de un uso ilegal.

Había tres argumentos sólidos: ya está vinculado a proceso el autor de despojo. La fundación acreditó, desde hace tres años, ser la legitima propietaria de las 8.5 hectáreas en cuestión. Y es una forma de frenar los fraudes que se han cometido contra ciudadanos que se les ha vendidos ilegalmente lotes en la zona de conflicto.

En mayo pasado hubo cambio de jueces. Dejó el caso de La Covadonga el togado Enrique López Criollo y entró al relevo Francisco Javier Martínez Castillo, quien le tocó resolver la solicitud para regresar las tierras a la fundación.

Lo que procedía es que convocara –el juez– a una audiencia, toda vez que el juicio es oral, para que ahí comparecieran la Fundación Julita y Antonio, el Ministerio Público y Jorge N., para que cada uno aportara elementos jurídicos y se resolviera el tema de la restitución de la propiedad. No lo hizo así.

El togado determinó, por escrito y no por la vía oral, lo cual es una falta procesal, lo siguiente: negó la restitución de las tierras argumentando la posibilidad de que “existan diversas personas, las cuales pudieran haber realizado la compra-venta de dicha lotificación, existiendo con ello uno o varios terceros extraños al proceso penal, que pudieran alegar tener derechos posesorios y de propiedad sobre dicho bien”.

Al final lo que hizo el juez, según la apelación que se presentó en su contra, es que se puso a especular sobre la posibilidad de que aparezca otro dueño, en lugar de valorar las pruebas documentales presentadas en el juicio.

Pareciera que en el Poder Judicial no se quiere que el caso se resuelva conforme a Derecho.

El cargo Por enésima vez, el Poder Judicial se pone del lado de los invasores de Covadonga apareció primero en Reto Diario.

Ante los fieles, el sacerdote pidió orar por Juan Vázquez García, integrante de la Guardia Nacional que perdió la vida durante su participación en el operativo del pasado domingo en Tapalpa, Jalisco. Resaltó su vocación de servicio y su determinación para cumplir con la responsabilidad de proteger a la población.

También hubo un momento especial para recordar a Rubí Patricia Gómez Tagle, madre buscadora asesinada en Mazatlán, Sinaloa. Su historia, marcada por la búsqueda incansable de familiares desaparecidos, fue presentada como testimonio de valentía y compromiso con la justicia, aun en medio de riesgos constantes.

Lejos de limitarse a un acto conmemorativo, el mensaje pastoral se enfocó en la transformación personal como punto de partida para un cambio social más amplio. Martínez Castillo invitó a asumir una fe activa, que se traduzca en respeto por la dignidad humana, solidaridad concreta y responsabilidad colectiva.

En un contexto internacional atravesado por conflictos armados y crisis humanitarias, el sacerdote insistió en la necesidad de mirar la realidad con esperanza y de trabajar por la reconciliación. Habló de adoptar una “mirada transfigurada”, capaz de reconocer la presencia de Dios incluso en escenarios de dolor, y de convertir la adversidad en oportunidades de unidad.

La ceremonia concluyó con un exhorto a no caer en la indiferencia. La comunidad fue llamada a honrar la memoria de quienes han muerto en el cumplimiento de su deber o en la búsqueda de sus seres queridos, y a convertirse en constructores de paz desde sus propios espacios

El cargo Desde la Catedral de Puebla, elevan clamor por la paz y recuerdan a víctimas de la violencia apareció primero en Reto Diario.

En su homilía, Martínez Castillo elevó oraciones por el descanso eterno de Willebaldo Chavarría, comerciante de Tlaxcala encontrado sin vida en Puebla; de Julio Armando Torres Dolores, empresario de Tecamachalco localizado también sin vida en Acatzingo, y de Jimena Santa Flores Rivera, estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) fallecida tras ser atropellada por una unidad de la RUTA.

“Pidamos a Dios que nuestra fe mueva las montañas de la indiferencia y el egoísmo. Que podamos mirar y ayudar a quienes caminan con un rostro de dolor por las calles”, expresó el obispo auxiliar al recordar a las víctimas y sus familias.

Reflexión sobre el sentido de la fe

El prelado cuestionó a los feligreses sobre el verdadero significado de la fe en la vida diaria: “iluminados por la palabra de Dios, debemos cuestionarnos seriamente nuestra fe. ¿En qué creemos? ¿En quién confiamos? ¿A quién le estamos regalando nuestro corazón? Si nuestra fe no es en Jesús, seguirá siendo más pequeña que un granito de mostaza”.

Asimismo, explicó que la fe no debe confundirse con el simple deseo de que las cosas sucedan a conveniencia personal.

“Parece que la fe consistiera en apretar los ojos, pedir deseos y al abrirlos verlos cumplidos; eso no es fe. La fe es un regalo de Dios, no una capacidad humana. Es confianza que nos conduce y sostiene”, dijo en representación del arzobispo Víctor Sánchez Espinosa.

La fe como compromiso social

El obispo auxiliar subrayó que la manera en que cada persona vive refleja al Dios en el que cree, y que la fe debe manifestarse especialmente en momentos de adversidad.

“Ante la muerte, el dolor, la angustia y la desesperación, el Señor nos dice que confiemos”, afirmó.

Finalmente, pidió a la comunidad católica cultivar su fe a través de la solidaridad con los más necesitados: “a los que sufren, quienes están tristes, los rechazados, los inmigrantes, aquellos que nos muestran el rostro doloroso de Jesús caminando en nuestras calles”.

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