La legisladora señaló que la reforma contribuye a fortalecer la efectividad del derecho a la protección de la salud, la continuidad asistencial, la coordinación institucional y la certeza jurídica dentro del Sistema Estatal en Puebla.

Para su estudio y resolución procedente, la propuesta legislativa fue dirigida a la Comisión de Salud.

De igual manera, la diputada presentó una iniciativa para reformar y adicionar la Ley Estatal de Salud, con el propósito de fortalecer la coordinación con el Sistema Nacional y garantizar que el personal sanitario cuente con mecanismos permanentes de capacitación y actualización, así como establecer reglas claras para su implementación por parte de las instituciones estatales.

La propuesta legislativa, que pretende reformar las fracciones VIII y IX del apartado A del artículo 12; y adicionar los artículos 25 Bis y 83 Bis a la Ley Estatal de Salud, también fue dirigida a la Comisión de Salud.

También, en materia de salud, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales presentó una iniciativa para reformar los artículos 4, 29 y adicionar los artículos 29 Bis y 29 Ter a la Ley Estatal de Salud, con la finalidad de consolidar un marco normativo claro, coherente y funcional que permita garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud en materia de interrupción legal del embarazo, al tiempo que reconoce y regula de manera precisa el ejercicio de la objeción de conciencia del personal de salud.

La iniciativa fue dirigida a la Comisión de Salud.

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Por otra parte, la diputada Elisa Limon Balderrabano presentó en tribuna una iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Bienestar Animal del Estado de Puebla, con el objetivo de fortalecer la protección y el bienestar de los animales en el Estado de Puebla, mediante un marco jurídico que permita reconocer con mayor claridad las distintas formas en que puede afectarse su integridad, salud y bienestar.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

La diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, con la finalidad de implementar, coordinar y supervisar el Pase de Lista Semestral de Seguridad Pública Municipal, mediante el cual se verificará la situación de las instituciones policiales municipales, su personal operativo y el parque vehicular destinado a funciones de seguridad pública.

Así como integrar, administrar y mantener actualizado el Padrón Estatal Público de Fuerza Policial y Parque Vehicular Operativo.

La propuesta fue dirigida a la Comisión de Seguridad Pública.

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La diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con la finalidad de fortalecer los derechos de las personas y clarificar las obligaciones de transparencia del Congreso del Estado; por lo que se busca su garantía mediante una estructura institucional acorde con el orden constitucional vigente, delimitando con mayor precisión las responsabilidades de las unidades administrativas que participan en la atención de estos derechos.

La propuesta fue dirigida a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, la diputada María Soledad Amieva presentó una iniciativa para reformar la fracción III del artículo 4 de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, con el propósito de asegurar que la puerta de entrada al sistema estatal de asistencia social sea congruente con la dignidad humana, la igualdad, la no discriminación y el derecho a la protección de la salud.

Se propone reconocer a “las personas con consumo nocivo de alcohol, trastornos por consumo de sustancias psicoactivas u otras adicciones, que requieran atención y asistencia social”. La redacción conserva los elementos materiales de protección de la norma vigente, pero evita definir a las personas mediante las expresiones “alcohólicos” o “farmacodependientes”.

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Para su análisis procedente, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad.

En su momento, el diputado José Miguel Trujillo de Ita presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de los artículos 113 y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, con el objetivo de fortalecer las atribuciones de la Auditoría Superior del Estado en materia de fiscalización, investigación de posibles irregularidades y promoción de responsabilidades relacionadas con el manejo de recursos públicos.

La iniciativa fue dirigida a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Asimismo, el diputado presentó una iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, con el propósito de establecer y regular, entre otros aspectos, la fiscalización de recursos públicos, los sujetos fiscalizados, las auditorías mediante medios electrónicos, el Buzón Digital, las denuncias electrónicas y las reglas aplicables a estos procedimientos.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado.

También, el diputado José Miguel Trujillo presentó la iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla, con el propósito de regular obligaciones relacionadas con la rendición de cuentas, información mensual sobre recursos de fiscalización, reintegro de recursos federales y registros contables y presupuestales.

La iniciativa se dirigió a la Comisión de Presupuesto y Crédito Público.

El cargo Impulsa diputada Soledad Amieva iniciativas para fortalecer la transformación digital y capacitación del sector salud apareció primero en Reto Diario.

Ante las diversas notas difundidas en medios de comunicación que señalan un presunto daño patrimonial en el Organismo Público Descentralizado (OPD) de los Servicios de Salud del Estado durante el ejercicio 2024, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, exgobernador del estado de Puebla, emitió un comunicado oficial dirigido a la opinión pública en el que desmintió de forma tajante dichas acusaciones.

“Niego categóricamente que exista un daño patrimonial“, afirmó de manera directa en el documento, manifestando que la administración que encabezó durante los años 2023 y 2024 actuó en todo momento con apego a la legalidad y con base en la normatividad que regula la Administración Pública.

Como prueba de ello, sostuvo que las Cuentas Públicas de ambos ejercicios fiscales fueron fiscalizadas tanto por la Auditoría Superior de la Federación como por la Auditoría Superior del Estado, sin registrar observaciones en el uso, aplicación y comprobación de los recursos públicos.

Quiero dejar un posicionamiento claro ante la información difundida recientemente.
Que los hechos hablen. pic.twitter.com/3Dr6RUUmyb

— Sergio Salomón (@SergioSalomonC) May 20, 2026

Proceso de entrega-recepción sin anomalías

El exmandatario destacó que durante el proceso de entrega-recepción no se determinaron observaciones por falta de documentación comprobatoria y se dio puntual atención a los requerimientos realizados, constando así en las actas oficiales.

En ese mismo sentido, especificó que para el caso del OPD “Servicios de Salud del Estado”, no existieron observaciones respecto a falta de documentación comprobatoria y que toda la información correspondiente obra en los expedientes respectivos, encontrándose a disposición de los órganos de fiscalización.

Las observaciones no implican culpabilidad

Respecto a los procedimientos institucionales para la emisión de los Informes Individuales de Resultados vinculados a los organismos descentralizados del ejercicio 2024, puntualizó que las observaciones que genere la Auditoría Superior del Estado no deben asumirse como culpabilidad ni deben considerarse como un daño patrimonial. Explicó que se deben agotarse los procesos legales y administrativos correspondientes, así como esperar el desahogo de las mismas para conocer con precisión sus alcances y resultados.

Por tales motivos, hizo un llamado directo a la Auditoría Superior del Estado de Puebla para que se esclarezca y se pronuncie respecto al estado que guarda la Cuenta Pública de su servidor y también con respecto al OPD de SALUD, señalando que la transparencia y la verdad son una responsabilidad institucional con la ciudadanía.

Finalmente, tras lamentar la difusión de interpretaciones limitadas o mensajes ambiguos que generen desinformación, concluyó reafirmando que las obras y acciones realizadas durante los dos años de su Gobierno están al servicio de Puebla y son del dominio público, finalizando con la frase: “Que los hechos hablen“.

El cargo Sergio Salomón Céspedes niega daño patrimonial en el OPD de Salud y defiende la legalidad de su gestión en Puebla apareció primero en Reto Diario.

En el complejo mundo de la administración pública, el término “daño patrimonial” suele interpretarse de inmediato como un sinónimo de robo o desvío de recursos. Sin embargo, jurídicamente, el concepto es más matizado. Tras los informes de la Auditoría Superior del Estado (ASE) respecto al ejercicio fiscal 2024 de Coronango, es fundamental entender la ruta que sigue el dinero público antes de que una irregularidad se convierta en una sanción definitiva.

1. El punto de partida: El Pliego de Observaciones

Cuando la ASE audita un municipio, no emite condenas, sino Pliegos de Observación. Estos son documentos donde la autoridad técnica señala que, en su revisión, no encontró evidencia suficiente para validar un gasto.

En el caso de Coronango, por ejemplo, existen 53 pliegos de observación. Esto significa que sobre el 55.6% de los recursos auditados hay “dudas” técnicas. En este momento, la autoridad habla de un presunto daño patrimonial: una sospecha fundamentada de que el patrimonio público sufrió un menoscabo, pero que aún está sujeta a réplica.

2. ¿Qué significa “solventar” recursos?

Una vez que el ayuntamiento recibe los pliegos, entra en una fase crucial: la solventación.

Solventar no es otra cosa que comprobar y aclarar. Los funcionarios señalados tienen plazos legales para presentar facturas, contratos, bitácoras de obra o pruebas fotográficas que no fueron entregadas originalmente. Si la documentación cumple con la ley, la observación se tiene por solventada y el monto de “daño patrimonial” desaparece del expediente.

3. Las causas comunes: ¿por qué surge un daño patrimonial?

No todas las irregularidades implican que el dinero “desapareció”. El daño patrimonial puede originarse por diversas fallas administrativas:

• Falta de comprobación documental: Se realizó la compra, pero no se tiene el archivo XML o el contrato carece de una firma requerida.

• Inconsistencias en obra pública: La auditoría física detecta que los materiales usados no coinciden con lo pagado, o que la obra presenta vicios ocultos.

• Pagos indebidos: Depósitos a personas que no están en la nómina o bonos que no estaban autorizados en el presupuesto original.

• Adquisiciones irregulares: Comprar a proveedores que no están en el padrón oficial o sin realizar la licitación correspondiente.

4. La escala de responsabilidades: del error al delito

Es vital diferenciar las etapas de un procedimiento de fiscalización para no anticipar juicios. La ruta suele ser la siguiente:

1. Observación (Etapa de Aclaración): El municipio intenta solventar. No hay responsabilidad acreditada aún.

2. Responsabilidad Administrativa Sancionadora: Si no se solventa, pero la falta fue un descuido o un error de procedimiento sin dolo, se imponen multas o inhabilitaciones al funcionario.

3. Procedimiento Resarcitorio: Se ordena al responsable devolver físicamente el dinero al erario para reparar el daño.

4. Denuncia Penal: Solo si la ASE detecta una simulación de actos jurídicos (como empresas fantasma) o un desvío evidente de recursos que no pudo ser justificado de ninguna forma, el caso se turna a la Fiscalía Anticorrupción.

El panorama actual

En casos como el de Coronango bajo la administración de Gerardo Sánchez, las cifras millonarias representan el monto observado en proceso. Hasta que no se agoten los plazos de solventación y la ASE emita un dictamen final, el monto sigue siendo una cifra en revisión.

Traducir este lenguaje burocrático permite entender que la fiscalización es una herramienta de rendición de cuentas diseñada para que el funcionario explique el destino de cada peso, diferenciando claramente entre una deficiencia administrativa y un acto de corrupción comprobado.

El cargo ¿Qué es el daño patrimonial? Más allá de los titulares y las auditorías apareció primero en Reto Diario.

De acuerdo con el informe de fiscalización publicado por el órgano auditor, el monto observado representa el 55.6% del total de recursos auditados, lo que implica una falta significativa en la comprobación del destino del gasto público.

El concepto de daño patrimonial hace referencia a recursos públicos cuyo uso no fue debidamente comprobado, justificado o que presentan inconsistencias administrativas. De acuerdo con la normativa de fiscalización vigente en Puebla, estos señalamientos pueden derivar en:

• Procedimientos resarcitorios para recuperar los recursos
• Sanciones administrativas a servidores públicos
• En casos graves, posibles denuncias ante autoridades competentes

Rendición de cuentas en Puebla

La Auditoría Superior del Estado de Puebla es el ente responsable de revisar el uso de los recursos públicos ejercidos por municipios, dependencias estatales y organismos autónomos. Sus informes forman parte del proceso de rendición de cuentas y pueden escalar a instancias como el Tribunal de Justicia Administrativa o la Fiscalía Anticorrupción, dependiendo de la gravedad de las irregularidades detectadas.

En los últimos ejercicios fiscales, la ASE ha intensificado la revisión de cuentas públicas municipales, particularmente en rubros como obra pública, adquisiciones y transferencias, donde suelen concentrarse las principales inconsistencias.

Lo que sigue

Tras la emisión del informe, el municipio de Coronango cuenta con plazos legales para solventar las observaciones pendientes. En caso de no acreditar el uso correcto de los recursos, la ASE podrá avanzar en la determinación de responsabilidades y en la recuperación del monto observado.

El caso se mantiene en etapa de seguimiento, por lo que las cifras podrían modificarse conforme avance el proceso de aclaración o sanción.

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En su mensaje a las y los participantes, el diputado destacó que estos espacios de análisis promueven la construcción de instituciones más sólidas y cercanas a la ciudadanía, por ello, consideró relevante llevar a cabo este tipo de foros al interior del Estado, a fin de llegar a todos los rincones de la entidad y combatir la corrupción.

“La fiscalización no solo es una obligación técnica, es un acto de responsabilidad, porque cada peso que se vigila con rigor es un peso que llega donde más se necesita, a nuestras escuelas, a los hospitales, a todos los poblanos y se atienden distintas necesidades”, enfatizó.

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El legislador confió en que los trabajos realizados en este foro permitirán enriquecer la visión de cero tolerancia a la corrupción que se busca desde los diferentes niveles de gobierno e instituciones públicas, así como consolidar a Puebla como un referente en transparencia y rendición de cuentas.

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Finalmente, agradeció la participación de Luz María Galindo Carrasco, presidenta de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en Puebla y de Salvador Sánchez Ruanova, presidente de la Comisión Gubernamental de la agrupación, pues con su apoyo fue posible la realización del foro.

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