En el primer caso, agentes investigadores detuvieron a Araceli N., de 33 años, por su presunta participación en narcomenudeo en la modalidad de posesión simple de metanfetamina. De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 23 de agosto de 2025 en la colonia Santa Cecilia, donde la imputada viajaba junto con otras personas en motocicletas y, al notar la presencia policial, intentaron evadirla.

Tras una inspección, les fueron aseguradas bolsitas con sustancia granulada con características similares al cristal, por lo que fue puesta a disposición del Ministerio Público y posteriormente vinculada a proceso. Como medida cautelar se le impuso firma periódica; sin embargo, al incumplir con esta obligación, fue declarada sustraída de la acción penal, lo que derivó en la orden de aprehensión en su contra.

En una segunda acción, fue detenido Cristian Adonai N., de 24 años, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud en la modalidad de posesión simple. Según las indagatorias, el 14 de enero de 2025, el imputado se encontraba en la vía pública cuando adoptó una actitud evasiva ante la presencia policial.

Durante la revisión, le fueron encontrados 15 envoltorios con sustancia con características similares al cristal, motivo por el cual fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente. Posteriormente, fue vinculado a proceso y también se le impuso firma periódica; no obstante, al incumplir con esta medida, fue declarado sustraído de la acción penal, lo que permitió obtener y ejecutar la orden de aprehensión.

La Fiscalía estatal reiteró que mantiene acciones firmes para combatir los delitos contra la salud y garantizar el cumplimiento de las disposiciones judiciales.

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De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 26 de mayo de 2022, cuando la víctima se encontraba en inmediaciones de un establecimiento comercial en la capital del estado. En ese momento, fue interceptada por varias personas que lo agredieron físicamente y con objetos, provocándole lesiones graves que derivaron en su fallecimiento.

Las indagatorias establecieron que los agresores actuaron de manera conjunta, empleando violencia directa y aprovechando una condición de superioridad numérica, para posteriormente abandonar a la víctima en la vía pública.

La Fiscalía informó que la identificación de los responsables fue posible gracias a la intervención de testigos y al análisis de diversos elementos de prueba que fortalecieron la investigación ministerial.

Tras el desahogo probatorio, la autoridad judicial determinó imponer a ambos sentenciados una pena de 23 años 9 meses de prisión, además del pago correspondiente por concepto de reparación del daño, sin otorgar beneficios sustitutivos de la pena.

La FGE reiteró que mantiene acciones firmes para investigar y sancionar los delitos que atentan contra la vida, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

El cargo FGE logra sentencia de más de 23 años contra dos implicados en homicidio calificado en la capital poblana apareció primero en Reto Diario.

De acuerdo con las indagatorias, el 30 de abril de 2026, la imputada fue sorprendida intercambiando una bolsa con hierba verde con características similares a la marihuana por dinero en efectivo, en inmediaciones de la colonia Nueva Alemania.

Al notar la presencia de los agentes investigadores, la persona con la que realizaba la transacción logró huir del lugar, mientras que la mujer fue asegurada en el sitio.

Durante la inspección, las autoridades localizaron entre sus pertenencias diversas bolsas con sustancias con características similares a cristal, cocaína, piedra y marihuana, además de cartuchos, lo que derivó en su detención inmediata.

La persona detenida fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad encargada de determinar su situación jurídica conforme a derecho.

La Fiscalía General del Estado reiteró que mantiene acciones firmes para combatir los delitos contra la salud y reforzar la seguridad en la entidad.

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De acuerdo con las investigaciones, el domicilio ubicado en Circuito Chapultepec Poniente era utilizado como casa de seguridad y punto para la distribución de estupefacientes, lo que permitió obtener la orden judicial correspondiente.

El 30 de abril de 2026, agentes investigadores, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal, ejecutaron el cateo con resultados positivos.

Durante la intervención fue detenido José Alfredo N., quien se encontraba en el lugar. Además, las autoridades aseguraron 88 bolsitas con sustancia con características similares al cristal, una bolsa con hierba verde con características de marihuana, así como un arma de fuego tipo pistola y una caja con 25 cartuchos útiles.

También se localizaron 10 bolsitas de plástico vacías, presuntamente utilizadas para la distribución de droga.

Entre los indicios encontrados destaca una placa de identificación policial, la cual será analizada como parte de las investigaciones en curso.

El inmueble quedó asegurado, mientras que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de determinar su situación jurídica conforme a derecho.

La Fiscalía General del Estado reiteró que mantiene acciones coordinadas para combatir el narcomenudeo y desarticular puntos de operación delictiva en la entidad.

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De acuerdo con lo acreditado ante el Tribunal de Enjuiciamiento, los hechos ocurrieron el 26 de octubre de 2022 al interior de un domicilio ubicado en la junta auxiliar de Metepec, donde varias personas se encontraban reunidas.

Durante ese evento, el hoy sentenciado, en compañía de otros sujetos, ingresó al inmueble portando armas de fuego, sometiendo a las víctimas mediante amenazas y agresiones físicas.

En el desarrollo de la agresión, Javier N. atacó directamente a una de las víctimas y posteriormente accionó un arma de fuego contra las demás personas, provocándoles la muerte a consecuencia de lesiones por proyectil de arma de fuego.

Tras el proceso judicial, el 16 de abril de 2026 el Tribunal dictó fallo condenatorio y, posteriormente, el 23 de abril, en la audiencia de individualización de sanciones, se impuso la pena de 50 años de prisión.

Además de la sentencia, la autoridad judicial determinó el pago de la reparación del daño moral, una indemnización económica y la suspensión de sus derechos civiles y políticos, quedando pendiente la definición del monto correspondiente al daño material en la etapa de ejecución.

La Fiscalía General del Estado reiteró que mantiene acciones firmes para investigar delitos de alto impacto y asegurar que quienes los cometen enfrenten la justicia conforme a la ley.

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De acuerdo con las constancias judiciales, los hechos ocurrieron el 20 de diciembre de 2021, alrededor de las 02:00 horas, en la intersección de las calles 2 Poniente y 5 Norte, en la localidad de San Juan Tianguismanalco, donde la víctima se encontraba conviviendo con familiares y conocidos.

En ese lugar, el ahora sentenciado arribó portando un arma de fuego y comenzó a reclamar a la víctima y a sus acompañantes, para posteriormente accionar el arma en su contra.

El disparo provocó una lesión en el tórax que causó la muerte de la víctima, según se acreditó durante el proceso judicial.

Tras el análisis de las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó la sentencia condenatoria, misma que fue confirmada en segunda instancia, quedando firme la resolución.

Además de la pena privativa de la libertad, el responsable deberá cubrir la reparación del daño en favor de la víctima, y se le negaron beneficios sustitutivos de la pena.

Con este resultado, la Fiscalía estatal reiteró su compromiso de investigar los delitos, procurar justicia y contribuir a la seguridad de la población en Puebla.

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Romero Garci-Crespo Puebla fue cuestionada sobre el litigio relacionado con una disputa por herencia, sin embargo, se limitó a señalar que se trata de un tema personal y privado, y rechazó abordar los señalamientos que han surgido en el ámbito público.

“Son temas personales, no son públicos (…) son preguntas que inclusive a la ciudadanía no le interesan”, declaró, al insistir en que el proceso debe resolverse en tribunales y no en medios de comunicación.

Pese a los cuestionamientos directos, Romero Garci-Crespo no respondió a las acusaciones que señalan que habría utilizado su posición dentro del partido para obtener ventaja en el litigio.

La dirigente argumentó que el caso involucra a varios integrantes de su familia, por lo que no podía emitir posicionamientos ni ofrecer detalles mientras el proceso legal continúe abierto.

“Yo sí les pido que tengamos ese respeto (…) yo no puedo hacer ningún tipo de posicionamiento”, señaló.

El caso está relacionado con la herencia de Socorro Romero Sánchez, fallecida en 2009, cuyo patrimonio ha sido motivo de disputa entre integrantes de la familia desde hace más de una década.

El pasado jueves 9 de abril de 2026, elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, detuvieron a Estela Romero Bringas, sobrina de la empresaria y señalada como heredera universal en el testamento impugnado, en un inmueble contiguo a la empresa avícola en Tehuacán. En el mismo operativo fue detenido Ramiro Rodríguez Maclub, Notario Público número 2, presuntamente involucrado en la validación del documento.

Un día después, el viernes 10 de abril, un juez de Oralidad y Ejecución les concedió arraigo domiciliario en lugar de prisión preventiva. Posteriormente, entre el sábado 11 y domingo 12 de abril, un juez de control en Tehuacán los vinculó a proceso por el delito de fraude genérico, dentro de la causa penal 0121/2026, en agravio de la sucesión de bienes de la empresaria. A ambos se les imputan irregularidades en la elaboración y validación del testamento, así como una posible apropiación indebida de bienes.

Hasta el momento, el litigio permanece abierto en tribunales y sin una resolución definitiva.

En el mismo contexto, rechazó los señalamientos sobre un posible uso de su cargo partidista para promocionarse en eventos públicos en Tehuacán con miras a reposicionarse políticamente y mejorar su presencia en encuestas. Aseguró que su asistencia a este tipo de actividades la realiza en calidad de diputada suplente y no como dirigente estatal de Morena.

Dijo que sus visitas y reuniones en el municipio no tienen fines políticos ni de promoción personal para la alcaldía. Afirmó que ha acudido en su calidad de diputada suplente, no como presidenta del CEE de Morena, y que las actividades están relacionadas con su labor legislativa o partidista general, no con una precampaña. Negó haber colocado bardas o lonas para promocionarse personalmente. Finalmente, insistió en que se ha politizado indebidamente el tema de su aspiración a la alcaldía de Tehuacán y que sus recorridos son legítimos.

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De acuerdo con las investigaciones, el 23 de septiembre de 2022, al interior de un domicilio ubicado en la localidad de San Andrés Yahuitlalpan, el hoy sentenciado se encontraba conviviendo con la víctima cuando iniciaron una discusión.

Durante el altercado, Armando N. tomó un arma de fuego tipo escopeta y, a corta distancia, la accionó directamente en contra de un hombre, impactándolo en la región abdominal, lo que le provocó lesiones internas graves.

A consecuencia de la agresión, la víctima perdió la vida por hemorragia interna derivada de la perforación de órganos vitales, según se acreditó mediante dictámenes periciales en materia forense.

Tras los hechos, elementos policiales lograron la detención del responsable en el mismo inmueble, mientras que las diligencias ministeriales, periciales y testimoniales permitieron establecer de manera plena su responsabilidad en el delito.

Con base en las pruebas presentadas por el Ministerio Público, la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria, misma que fue confirmada en segunda instancia, quedando firme la resolución. Como resultado, se le impuso una pena de 27 años de prisión, además del pago de la reparación del daño en términos de ley.

La Fiscalía General del Estado de Puebla refrenda su compromiso de investigar y sancionar conductas que atenten contra la vida, garantizando justicia para las víctimas.

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El planteamiento, impulsado por el diputado local de Morena, Jaime Alejandro Aurioles Barroeta, busca modificar la Ley Orgánica de la Fiscalía estatal para evitar que las víctimas enfrenten una carga económica adicional tras el delito.

Actualmente, cuando un vehículo robado es localizado por autoridades, es trasladado a un corralón mientras se desarrollan las investigaciones. Este proceso puede prolongarse por largos periodos, lo que incrementa los cargos por almacenamiento.

Al concluir las diligencias, los propietarios deben cubrir estos costos para recuperar sus unidades, incluso cuando no tuvieron responsabilidad en los hechos. En diversos casos, los montos acumulados llegan a superar el valor comercial de los vehículos.

La propuesta surge en respuesta a quejas recurrentes de ciudadanos que, tras recuperar sus autos, enfrentan adeudos elevados por el tiempo que permanecieron bajo resguardo.

Además, se vincula con proyectos estatales para la construcción de nuevos depósitos vehiculares en distintos puntos de la entidad, con el objetivo de reducir costos y mejorar la gestión de unidades aseguradas.

La iniciativa se encuentra en análisis en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local y, de ser dictaminada, será turnada al Pleno para su discusión.

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El mandatario sostuvo que su administración ha actuado con firmeza en materia de seguridad, con detenciones relevantes por delitos de alto impacto, y advirtió que esos resultados no pueden diluirse en las etapas judiciales.

“Nosotros hemos sido contundentes. Le hacemos un llamado respetuoso al Poder Judicial para que no se presente el fenómeno de la puerta giratoria“, afirmó Armenta Mier. “Hagan su parte, no a la puerta giratoria“, añadió.

El gobernador exhortó a jueces y magistrados a actuar con responsabilidad y a evitar que personas detenidas recuperen su libertad sin sustento jurídico sólido. En el mismo sentido, pidió a la Fiscalía depurar a ministerios públicos, agentes y personal involucrado en irregularidades, con el objetivo de fortalecer las carpetas de investigación y sostener los casos ante los tribunales.

Armenta recordó que en administraciones anteriores este fenómeno generó inconformidad ciudadana, y reiteró que su gobierno no tolerará la corrupción ni la impunidad.

El mandatario poblano ha insistido en la coordinación entre los tres poderes para que las detenciones se traduzcan en sentencias firmes y evitar que personas vinculadas a delitos graves regresen a las calles por deficiencias en el sistema de justicia.

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Los hechos involucraron a un hombre y una mujer que viajaban en una camioneta particular, quienes fueron interceptados por personas armadas durante la jornada de este día. El varón resultó lesionado, según los reportes oficiales.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades de seguridad, en el lugar de los hechos se encontró una camioneta Ford Lobo que presentaba impactos de bala en la carrocería.

Agentes investigadores analizan pruebas y recaban testimonios de vecinos de la zona, para determinar si se trató de un intento de robo o de un ataque directo contra los tripulantes del vehículo.

El estado de salud de la persona lesionada aún se desconoce, pero trascendió que tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica.

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De acuerdo con la denuncia, presentada el 27 de febrero de 2026, el compareciente señaló que durante su desempeño laboral en dicho centro detectó diversas irregularidades relacionadas con condiciones sanitarias, aplicación de vacunas presuntamente caducadas, manejo de eutanasias y registros administrativos vinculados a adopciones y procedimientos médicos realizados durante el año 2025.

La dependencia precisó que las personas señaladas serán investigadas conforme a derecho, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

La carpeta se encuentra en etapa de investigación inicial, por lo que la Fiscalía continuará con las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

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El detenido fue identificado como Eduardo Rafael “N”, de 28 años de edad, originario de Puebla.

De acuerdo con la dependencia, la intervención se efectuó conforme a los protocolos establecidos, garantizando en todo momento el respeto a los derechos humanos y el debido proceso legal.

La SSCYPC reiteró su compromiso de trabajar de manera permanente para salvaguardar la integridad y seguridad de las y los habitantes del municipio, así como de colaborar con las instancias de procuración de justicia para combatir conductas que atenten contra la integridad de las personas.

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La titular de la institución, Idamis Pastor Betancourt, sostuvo que el hecho ocurrió por jurisdicción en territorio del estado de Tlaxcala. Esta precisión técnica define el marco de actuación de las autoridades ministeriales involucradas en el caso.

De acuerdo con el informe presentado en rueda de prensa, se han completado 50 diligencias de investigación hasta la fecha. Estas labores se desarrollan mediante un convenio de colaboración con la Fiscalía de Tlaxcala, con el fin de integrar los elementos de prueba recolectados en la zona del hallazgo.

La autoridad solicitó el respeto a los tiempos procesales necesarios para que el personal especializado concluya las etapas de análisis correspondientes.

La institución fundamentó la reserva de los pormenores del caso en los protocolos de seguridad que rigen las carpetas de investigación vigentes.

Según lo expuesto por la funcionaria, la normativa vigente impide revelar hipótesis sobre las causas del homicidio para no comprometer la integridad de las pruebas. El compromiso expresado se centra en la aplicación de la ley mediante el seguimiento de los lineamientos de transparencia y debido proceso.

Para finalizar, se confirmó la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) a través de su unidad especializada en secuestros.

Esta suma de capacidades institucionales busca fortalecer las líneas de búsqueda y análisis de datos en las entidades involucradas. La colaboración entre Puebla, Tlaxcala y la Federación se mantiene como la vía para el esclarecimiento de los hechos reportados.

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La propuesta legislativa, presentada por la diputada María Soledad Amieva Zamora, considera que la accesibilidad constituye un derecho de las personas con discapacidad para lograr la igualdad de oportunidades; esto, sumado al derecho de autonomía y movilidad personal, permite una vida plena e independiente.

En este sentido, la legisladora María Soledad Amieva señaló que, con la aprobación del proyecto de decreto, el Congreso del Estado ratifica que la inclusión no es solo un discurso, sino una decisión y una responsabilidad compartida.

“Esta reforma fortalece a Puebla en la armonización del concepto de accesibilidad en la Ley, al garantizar el acceso oportuno a intérpretes y traductores profesionales y certificados para personas con discapacidad auditiva, en cada etapa en la que la comunicación es clave para la verdad, para el debido proceso y para la dignidad”.

Foto: Especial

Para este fin, se reforman la fracción VII del artículo 4 y la fracción VII del artículo 8 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla.

AVALAN PROYECTO DE ACUERDO PARA QUE FISCALÍA PUBLIQUE SU DIRECTORIO INSTITUCIONAL EN LUGARES VISIBLES

Por otra parte, las y los integrantes del órgano colegiado avalaron el proyecto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla a publicar, de forma permanente, actualizada y en lugares visibles de todas sus oficinas, el directorio institucional del organismo, así como la relación de los delitos cuya atención corresponda a cada una de sus unidades.

Además, se solicita garantizar que sus servidoras y servidores públicos porten los distintivos oficiales, como el uso de gafete, que los identifiquen ante la ciudadanía como integrantes de la institución, con el fin de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la atención adecuada a la ciudadanía.

A la sesión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia asistieron las y los diputados Oscar Mauricio Céspedes Peregrina, Araceli Celestino Rosas, Fedrha Isabel Suriano Corrales, José Miguel Trujillo de Ita, Norma Estela Pimentel Méndez y María Soledad Amieva Zamora.

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