Es una contestación de antología, que envuelve cinismo, prepotencia y que la JLCA le resta autoridad al organismo encargado de la procuración de justicia en el estado.

Por esa razón los afectados están a punto de llevar este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que el Estado mexicano se niega a hacer justicia.

No se trata de algo menor, ya que la FECC –que depende de la Fiscalía General del Estado– dictaminó en diciembre pasado que se habrían cometido delitos contra la administración de la justicia en la Junta Especial 6 de la JLCA, por lo que le pidió el expediente del caso y aunque dio un plazo fatal para acatar la resolución, el organismo laboral contestó que no tiene no tiene material, personal y tal vez ganas de responder. Una actitud que raya en el más vil cinismo.

El meollo del asunto es que hay la sospecha de dos posibles conductas ilegales: pareciera que personal de la JLCA se quiere adueñar del pago de un laudo por un monto de 2.6 millones de pesos.

O se busca proteger a la empresa Armenta Automotriz, para que no cubra ese monto por un litigio laboral que perdió hace muchos años.

La agraviada de esta causa solo tiene 15 años esperando que se haga justicia y un trienio aguardando para que le paguen el laudo. Es decir, ya pasaron siete gobernadores en el estado de Puebla y nadie resuelve nada.

Lo sorprendente de este caso es que ya se tiene el monto del laudo asegurado, pues la JLCA le embargó 10 autos a la empresa Armenta Automotriz y por un acto totalmente ilegal, el organismo nunca le quiso entregar los vehículos a la mujer que ganó el litigio.

Todo se originó por lo siguiente: en esta columna periodística, el 15 de agosto de 2023, se dio a conocer el abuso cometido por la Junta Especial 6 de la JLCA, encabezada en ese entonces por Erick Loeza Villaseñor, situación por la cual la FECC inició una investigación.

El pasado 29 de diciembre, la Fiscalía General del Estado le informó a la agraviada por este caso que se abrió la carpeta de investigación FGEP/CDI/FECC/CORRUPCION.EST-I/000526/2023 por la presunción de que se habrían cometido delitos contra la administración de justicia por parte de la Junta Especial 6 de la JLCA.

Un par de meses antes, la FGE ya la había pedido a la JLCA que le entregara todo lo actuado en torno al expediente laboral D-6/131/2010 de la Junta Especial 6. Para ello lo dio un plazo fatal.

Al respecto, el 21 de noviembre de 2025, Alma Vanessa Guzmán Ramos, en su calidad de presidenta de la Junta Especial 6 de la JLCA, argumentó que como ha habido cambio de personal y el expediente que pide la FGE son “tres tomos voluminosos”, le respondió lo siguiente:

“…esta autoridad se encuentra impedida para dar cumplimiento en virtud de que se carece de material como hojas y tóner para fotocopiar ese volumen de hojas aunado a la falta de personal con el que se encuentra actualmente dentro de esta H.Junta…” (sic).

Tal respuesta solo lleva a pensar en dos escenarios:

Primero: hay tal grado de descomposición de la justicia en Puebla, que no hay hojas de papel bond –o de estraza–para dar cumplimientos a requerimientos legales.

Segundo: de nada sirve ganar un juicio laboral, pues bajo el pretexto de que no hay tinta para impresora no se cumplen los laudos.

La historia de los 10 autos nunca entregados

La trama de este caso inició el 3 de marzo de 2010, cuando el trabajador Alejandro Flores Huerta demanda a Armenta Automotriz, una de las agencias de autos más importante y conocida en Puebla, por un despido injustificado y el pago de prestaciones que nunca le cubrieron.

Al cabo de cuatro años, Flores Huerta logra un laudo favorable de la Junta Especial 6 de la JLCA, la cual establece que le deben pagar: salarios caídos, la prima de antigüedad, vacaciones, primas vacacionales atrasadas, así como horas extras y días de descanso que nunca le cubrieron.

Posterior al fallo, el proceso se detuvo. No avanzó nunca para cumplir con la obligación de Armenta Automotriz de pagar. Esa situación se prologó un año y ocho meses, periodo en el que Alejandro Flores Huerta pierde la vida por una enfermedad, sin que nunca le solventaran los adeudos laborales.

En 2016 se acredita a Rosa María Montes Palestino, quien es la esposa del finado, como beneficiaria del litigio y es ella quien debe recibir –junto con su hijo– el monto fijado en el laudo.

Hace tres años, tras una batalla legal de la agraviada, logró que se actualizara a 2 millones 681 mil 649 pesos el adeudo que tiene pendiente Armenta Automotriz.

Y en lo que parecía ser ya el desenlace del caso, el 7 de noviembre de 2022, le informan que la JLCA le embargó 10 vehículos a Armenta Automotriz para ya zanjar el litigio.

Ese no fue el fin, sino el inicio de los actos de corrupción del área de justicia laboral.

Antes de que Rosa Moría Montes se enterara del embargo de los vehículos, personal de la Procuraduría de Protección de los Trabajadores se acercaron a ella para decirle que habían logrado conciliar con los dueños de Armenta Automotriz y que la compañía estaba dispuesta, en cuestión de horas, de pagarle 100 mil pesos para saldar la deuda.

La amenazaron al indicarle que nunca lograría vencer a los empresarios que son los propietarios de dicha razón social.

Por tanto, le sugerían que era mejor que aceptara el pago sugerido de solo 100 mil pesos.

La mujer no aceptó ese trato.

Ya pasaron tres años y la JLCA no le entrega los autos a la agraviada, sin argumentar nada.

No se sabe dónde están los vehículos.

Se ignora si realmente Armenta Automotriz entregó los coches o solo se fingió el embargo de los automotores.

O si los funcionarios de la JLCA se quedaron con los autos.

Todo este asunto tiene un olor a podrido.

El cargo JLCA argumenta que no tiene personal, papelería ni tóner para cumplir órdenes de la Fiscalía Anticorrupción apareció primero en Reto Diario.

El gobernador Alejandro Armenta Mier refirió que se combinan acciones preventivas con la aplicación firme de la normatividad, cuando existen elementos que acrediten responsabilidades administrativas. Por ello, como resultado de estos procesos, se impusieron las primeras 27 sanciones a personas servidoras públicas por faltas administrativas no graves, mientras que los asuntos relacionados con faltas graves se remitieron a las instancias jurisdiccionales competentes, conforme a la ley.

Estas acciones reflejan la convicción institucional de que todas las áreas de la administración pública se encuentran sujetas a revisión y de que toda persona debe asumir las consecuencias de sus actos, en congruencia con los principios de transparencia y de buen gobierno que a nivel nacional lidera la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Sumado a la cultura de la denuncia y del vínculo con la ciudadanía, actualmente operan 534 Buzones Digitales de Quejas y Denuncias en dependencias y entidades estatales donde se brindan trámites y servicios. A estos mecanismos se suma la plataforma PROintegridad (prointegridad.puebla.gob.mx), la atención presencial y la línea telefónica 222 303 4600 a las extensiones 3466, 3493, 3497, 3467 y 3464, con el propósito de facilitar a la población el acceso a canales confiables para reportar irregularidades.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno atendió 5 mil 184 señalamientos ciudadanos relacionados con posibles hechos u omisiones atribuibles a personas servidoras públicas, 810 quejas se remitieron a las autoridades competentes, con 540 asuntos concluidos y 270 en etapa de seguimiento. Asimismo, se recibieron 214 denuncias formales, de las cuales 168 concluyeron y 46 se turnaron a las autoridades investigadoras correspondientes. Además, mil 398 personas recibieron orientación para acudir a otros entes públicos competentes. A estas acciones se suman 2 mil 006 orientaciones ciudadanas brindadas a través de la línea PROintegridad.

En materia de investigación administrativa, los expedientes se iniciaron por denuncia ciudadana, por oficio o como resultado de auditorías y revisiones permanentes. En cada caso se ordenaron diligencias para la obtención y análisis de información, la revisión documental y la toma de declaraciones, con apego a criterios técnicos y jurídicos.
Durante el ejercicio, 77 investigaciones iniciadas en este periodo concluyeron, además del cierre de 306 expedientes correspondientes a ejercicios anteriores, lo que permitió evitar rezagos en la atención de los asuntos.

Entre los casos relevantes se encuentra el expediente relacionado con el Museo Internacional del Barroco, en el cual continúan las diligencias necesarias para determinar las responsabilidades que correspondan conforme al marco legal aplicable.

Cabe resaltar que para las faltas graves, los procedimientos se remitieron a la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Puebla, instancia encargada de su substanciación y resolución.

Asimismo, cuando el Gobierno del estado identificó posibles conductas constitutivas de delito, la dependencia dio vista inmediata a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con el objetivo de que las investigaciones continuarán por la vía penal, sin excepciones ni privilegios.

La administración estatal reitera que las denuncias ciudadanas sí cuentan, sí se investigan y sí derivan en sanciones cuando la ley así lo determina. El combate institucional a la corrupción permite proteger los recursos públicos, fortalecer la confianza ciudadana y avanzar hacia un buen gobierno donde la honestidad constituye la regla y no la excepción.

El cargo Sin excepciones ni privilegios, Gobierno de Puebla sanciona actos de corrupción apareció primero en Reto Diario.