Entre las medidas más relevantes destaca la suspensión temporal de una escribiente adscrita al Juzgado Tercero de lo Familiar del distrito judicial de Puebla, señalada por solicitar y recibir dinero en su cuenta personal a cambio de agilizar trámites judiciales.

Asimismo, el órgano determinó la destitución e inhabilitación por un año de quien se desempeñaba como juez municipal de Camocuautla, debido a irregularidades en la tramitación de un pasaporte para una persona menor de edad y su presunta vinculación con una red de tráfico de personas.

En otro caso, se ordenó la destitución e inhabilitación por el mismo periodo de una jueza de lo Civil y de lo Penal del distrito judicial de Tecamachalco, tras acreditarse abuso de funciones durante su desempeño.

El Consejo también sancionó con una suspensión temporal de 90 días a un secretario de Acuerdos en Zacapoaxtla, quien emitió una sentencia sin contar con las facultades legales para hacerlo.

De igual forma, un secretario de Acuerdos encargado del despacho en Huejotzingo fue suspendido por seis meses, luego de realizar una diligencia de perdón judicial sin verificar la identidad de la víctima.

El organismo señaló que estas resoluciones derivan de un análisis puntual de cada caso, con apego a los principios de legalidad, objetividad y debido proceso.

Finalmente, el Consejo de la Judicatura reiteró su compromiso con la supervisión permanente del desempeño de las servidoras judiciales y los servidores judiciales, así como con una impartición de justicia transparente y apegada a derecho.

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Foto: Especial

Durante la actividad, dirigida al personal del Poder Legislativo, las funcionarias del OIC, Mónica Balderas Alvarado y Angélica Leticia Sesín y Álvarez, compartieron con las y los asistentes información relevante para fortalecer el conocimiento y prevención de responsabilidades administrativas, así como consolidar mejores prácticas de desempeño de las y los servidores públicos.

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La revisión estuvo encabezada por la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial, cuyos operativos concluyeron con la suspensión de actividades en 65 negocios, mientras que otros 125 establecimientos fueron multados o amonestados sin llegar al cierre, lo que en conjunto sumó 190 sanciones.

Los datos muestran que los locales dedicados a la venta y compraventa de mercancías diversas fueron los más señalados por incumplimientos, al concentrar 22 penalizaciones. En este grupo se encuentran comercios de equipos de cómputo, accesorios para telefonía móvil, aparatos médicos, materiales para la construcción, artículos deportivos y productos industriales.

En el sector de alimentos y servicios, las cafeterías y fuentes de sodas registraron nueve acciones correctivas, incluida una clausura, mientras que estéticas, peluquerías y salones de belleza acumularon ocho casos, uno de ellos con cierre temporal. Las oficinas administrativas también figuraron entre los giros con mayor número de observaciones, al sumar siete sanciones.

Otros establecimientos que aparecieron en los reportes municipales fueron negocios de antojitos, expendios de jugos y licuados, así como bares, cada uno con cinco procedimientos iniciados.

Las autoridades municipales advirtieron que los comercios que operen sin licencia de funcionamiento, rebasen el giro autorizado o incumplan los horarios establecidos en la normativa local pueden enfrentar sanciones que van desde multas económicas hasta la clausura definitiva. En el caso de negocios sin permiso, las multas oscilan entre 11 mil 314 y 56 mil 570 pesos, además del pago correspondiente para levantar la clausura y reanudar actividades.

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Según el informe presentado, el 60% de las quejas se concentran en seis dependencias:

• Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con 438 casos
• Secretaría General de Gobierno, con 161
• Secretaría de Administración, con 151
• Industrial de Abastos, con 91
• Secretaría de Movilidad e Infraestructura, con 81.

La funcionaria explicó que estas áreas presentan mayor número de denuncias debido a su contacto directo con la ciudadanía.

Faltas administrativas y sanciones

Rivera Aranda informó que se han remitido 15 informes de presunta responsabilidad administrativa a la autoridad substanciadora, además de 22 expedientes por responsabilidades administrativas, de los cuales 14 corresponden a conductas graves.

Se han impuesto sanciones a seis servidores públicos por faltas no graves, que incluyeron:

• Una destitución del cargo
• Una inhabilitación por tres meses
• Una suspensión por cinco días
• Otra suspensión por siete días

Además, se turnó un expediente al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado por la comisión de una falta grave.

Actualmente, hay 15 personas bajo investigación por faltas administrativas, pertenecientes al DIF Municipal, Industrial de Abastos y la Contraloría Municipal.

📋 En su comparecencia ante el Cabildo de Puebla, la contralora Dulce Lilia Rivera reportó 15 informes y 22 expedientes por responsabilidad administrativa

También se aplicaron sanciones a seis servidores por faltas no graves 🚨

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— RETO diario (@retodiariomx) October 21, 2025

Denuncias contra policías

La contralora también dio a conocer que en lo que va de la administración se han recibido 48 denuncias contra elementos de la Policía Municipal, de las cuales:

• 20 fueron turnadas a Asuntos Internos de la SSC
• 23 están relacionadas con imposición de multas
• Una por acoso sexual
• Tres se encuentran en proceso de investigación.

Auditorías y contratos revisados

En materia de fiscalización, la Contraloría Municipal realizó 14 auditorías que involucraron recursos por 701 mil 6 millones de pesos.

Además, se efectuaron 54 verificaciones de cumplimiento de contratos, correspondientes a un monto total de mil 233 mil 8 millones de pesos, con el objetivo de asegurar el uso correcto de los recursos públicos y el apego a la normatividad vigente.

Investigación por “hoyo financiero” continúa

Por otro lado, la funcionaria confirmó que la Tesorería Municipal sigue investigando el llamado “hoyo financiero” heredado por la administración pasada, sin que hasta ahora se haya determinado la responsabilidad de algún servidor público.

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