El recurso legal fue promovido mediante el juicio de amparo 539/2026 ante el Juzgado Tercero de Distrito en Michoacán. La suspensión fue concedida por el juez Rafael Linares Rivera y permanecerá vigente hasta la audiencia constitucional programada para el próximo 1 de junio de 2026.

La resolución judicial ordena suspender cualquier acto relacionado con una posible extradición, detención provisional, aseguramiento o localización con fines de entrega a otro país, mientras se resuelve el juicio de garantías promovido por el exfuncionario.

Gerardo Mérida Sánchez forma parte del grupo de funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y posesión de armas. Entre los nombres incluidos en las acusaciones también aparecen el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros exservidores públicos.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el exsecretario de Seguridad habría recibido pagos mensuales atribuidos a la organización criminal de Los Chapitos durante el periodo en el que estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024.

Las acusaciones también señalan que presuntamente facilitó operaciones relacionadas con tráfico de drogas y alertó sobre operativos contra laboratorios clandestinos. Sin embargo, las autoridades estadounidenses mantienen que todas las personas señaladas son consideradas inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

El Departamento de Justicia acusa a Gerardo Mérida de conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer armamento. En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar una pena mínima de 40 años de prisión o cadena perpetua, según la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Mérida Sánchez renunció a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa en diciembre de 2024, en medio de una crisis de violencia en la entidad tras enfrentamientos entre grupos criminales.

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De acuerdo con las autoridades, todos contaban con órdenes de extradición emitidas a solicitud del Departamento de Justicia estadounidense, que se comprometió a no solicitar la pena de muerte. La entrega se realizó siguiendo protocolos institucionales, con respeto a los derechos humanos y al debido proceso, en apego a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.

La SSPC precisó que esta operación forma parte de las labores de cooperación bilateral y reciprocidad en materia de seguridad, en un marco de respeto a la soberanía nacional. El Gabinete de Seguridad ofrecerá más detalles en una conferencia de prensa programada para el miércoles 13 de agosto a las 11:00 horas.

Esta extradición ocurre en un contexto de creciente presión de la administración de Donald Trump, quien ha intensificado sus exigencias para frenar el flujo de fentanilo y combatir al crimen organizado mexicano, advirtiendo posibles aranceles del 25% a productos mexicanos si no se fortalecen las acciones.

La entrega de estos 26 reos se suma a otros traslados recientes: hace un día, Estados Unidos envió a México a 14 reclusos condenados por delitos contra la salud, en cumplimiento del Tratado de Ejecución de Sentencias Penales.

En febrero de 2025, México también extraditó a 29 presuntos narcotraficantes, entre ellos Rafael Caro Quintero y los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, ligados a Los Zetas, así como miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación y de Los Chapitos.

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