Y porque a petición de la defensa del empresario Javier Milián Mora, se dio parte a la Fiscalía General de la República en la última audiencia del proceso en la que el juez David Rodríguez González desechó las acusaciones del Ministerio Público en la carpeta de investigación 557/2025/CHOLULA por delitos contra la salud en su modalidad de posesión de metanfetaminas, portación de arma de fuego sin licencia y portación de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

Idamis Pastor no actuó en cumplimiento de su deber de transparencia, rendición de cuentas y combate frontal a la corrupción, como lo informó en un comunicado de prensa el jueves 13 de noviembre.

Este reportero tuvo acceso a la carpeta de investigación, a los oficios y actuaciones de las fiscalías especiales, agentes del ministerio público y agentes investigadores que detuvieron a Javier Milián al salir del fraccionamiento La Vista Country Club la mañana del 9 de octubre, de su presentación en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula ese mismo día, de su traslado al C5 de Cuautlancingo, y a las actas de las tres audiencias que el juez David Rodríguez celebró con las partes los días 12 y 27 de octubre, y 12 de noviembre.

Lo que se desprende de estos documentos es que la detención de Javier Milián, que era investigado por supuestos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, fue ilegal ya que no existía una orden de aprehensión y ni siquiera de presentación.

Lo único que había entonces era un oficio del 29 de septiembre de este año, donde la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados (FEIDORPIFR) le pide al comandante Oscar Gutiérrez Gutiérrez designar agentes investigadores para localizar y presentar al empresario dueño de gimnasios, tables dance y restaurantes en una docena de domicilios.

Que en la detención de Javier Milián no solo participaron los tres agentes investigadores –Alejandra Martínez Romero, Guilmar Olivares Becerra y Ricardo Ramírez Plascencia– quienes lo presentaron en la Casa de Justicia de Cholula ante el ministerio público Trino Rodríguez Ojeda, adscrito a la FEIDAI.

Que las evidencias fotográficas que muestran las 25 bolsitas con cristal que supuestamente le hallaron a Javier Milián en la bolsa delantera derecha de su short y la pistola escuadra Colt y las 48 balas calibre 32 milímetros que aparecieron al interior de una bolsa negra tipo cartera en la puerta de conductor de la camioneta negra Sierra de la marca General Motors Craft en que viajaba no fueron tomadas al momento de su detención en la Vía Atlixcáyotl, a la salida del fraccionamiento La Vista.

En su declaración, los agentes investigadores refieren que la inspección a Javier Milián y al vehículo que conducía se realizaron a las 8:27 y 8:35 horas aproximadamente, sin embargo, el empresario rechaza haber autorizado tales inspecciones y que fuera portador de un arma de fuego y menos de narcóticos.

Su defensa sostiene que tanto el arma como las bolsitas de metanfetaminas en polvo le fueron sembradas al momento de ser traslado a la Casa de Justicia de Cholula.

En su informe policial homologado los agentes declaran que identificaron a Javier Milián cuando estaba parado y fuera de su camioneta y ellos iban circulando por ahí en una unidad de la Fiscalía, la D-566, con las luces estrambóticas apagadas y las ventanillas abiertas, que el agente Guilmar Olivares se le acercó para hacerle saber que tenía una orden de presentación, lo que provocó que este intentara huir sin conseguirlo.

Que, en las audiencias de control de detención, formulación de imputación y vinculación de proceso derivada de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDAI/ CUAUTLANCINGO-C5-I/009497/2025 por delitos contra la salud, y de control judicial, el juez de Oralidad Penal de la Región Judicial de Cholula, David Rodríguez González, ni siquiera entró al fondo de la acusación puesto que la detención de Javier Milián fue ilegal, ya que nunca le mostraron una orden de presentación.

En la audiencia del 12 de octubre la defensa del dueño del Mamita’s y 40 Grados argumentó que lo único que mostraron fue un oficio del agente del Ministerio Público Eduardo Ernesto Martínez Cortés, adscrito a la FEIDORPIFR, donde se ordena al comandante Óscar Gutiérrez designe elementos para la localización y presentación del empresario.

Por esa razón, el juez David Rodríguez anuló en las audiencias posteriores estas actuaciones de los agentes de investigación y los agentes ministeriales de la FEIDAI y la FEIDORPIFR, no vinculó a proceso al imputado y sobreseyó la causa penal.

Además de que en última audiencia del 12 de noviembre en que la defensa reclamó las graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos de su cliente, así como la devolución de sus objetos personales como camioneta, cartera, celular, joyas, relojes y dinero en efectivo, el juez resolvió dar vista a la titular de la FGE, Idamis Pastor, y a la FGR para que sean investigados todos los elementos, agentes del Ministerio Público y Fiscales que intervinieron en la ilegal detención de Javier Milián.

Entre estos destacan no solo los fiscales ya citados Luis Antonio León Delgadillo y Miguel Islas, así como Jorge Malvaez Rodríguez, coordinador de Investigación de la Unidad de Investigación de los Delitos con Recursos de Procedencia Ilícita.

Foto: Especial

Otros funcionarios que la defensa del empresario Javier Milián solicitó sean investigados por la FGE y la FGR son el agente del Ministerio Púbico Trino Rodríguez, adscrito a la FEIDAI; el agente del Ministerio Público Luis Alberto Arana Aguilar; el agente del Ministerio Público adscrito Fiscalía de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Eduardo Ernesto Martínez Cortés; el comandante Oscar Gutiérrez Gutiérrez, adscrito a la Unidad de Apoyo Policial de la Fiscalía de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y los agentes investigadores que participaron en su detención y presentación en la Casa de Justicia de Cholula: Guilmar Becerra Olivares, Ricardo Ramírez Plascencia y Alejandra Martínez Romero.

¿Ahora entiende por qué le dije que la postura de la titular de la FGE, Idamis Pastor Betancourt, ofreciendo investigar a los fiscales que renunciaron y al coordinador de la Unidad de Investigación de los Delitos de Procedencia Ilícita, no era genuina, sino motivada por la instrucción de un juez?

Dudas que matan:

¿A poco la corrupción y los abusos que prevalecían en la Fiscalía se resolverán con la renuncia de los fuereños del Estado de México y con los nuevos fiscales poblanos que fueron designados en lugar de aquellos?

¿No se va a investigar en calidad de qué el exmarido de la fiscal Idamis Pastor, Guillermo Méndez Chávez, tenía oficina, camioneta y lugar en el estacionamiento del edifico central de la Fiscalía y policías ministeriales como escoltas?

¿Ahora que el exmarido de Idamis Pastor ya se fue de la Fiscalía, lo mismo que el titular de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, Oswaldo Jiménez Juárez, quién tomará el control de la institución?, ¿el magistrado con licencia Fredy Erazo Juárez, quien llegó a la FEIDAI como recomendado del gobernador Armenta, o José Luis Hernández González, que dejó la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del estado para arribar a la Fiscalía de Investigación Metropolitana como hombre de confianza del vicealmirante Francisco Sánchez González?

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Correos electrónicos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e–consulta.com

El cargo No basta con poblanizar la FGE; urge investigar a responsables de extorsión apareció primero en Reto Diario.

Fuentes citadas por el medio detallaron que los funcionarios que serán relevados encabezan las fiscalías especializadas en Extorsión y Secuestro, Investigación Metropolitana, Investigación Regional, Combate a la Corrupción y Delitos de Alta Incidencia. Con estas salidas, sumarán ocho bajas en total dentro del proceso de depuración que impulsa la titular de la FGE.

La medida se suma a los movimientos realizados la semana pasada, cuando se dio a conocer la renuncia de Luis Antonio León Delgadillo, exfiscal de Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI), quien habría dejado el cargo tras múltiples denuncias en su contra por presunta manipulación de investigaciones con fines económicos.

También fueron separados Miguel Islas López, de la Fiscalía de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y Jorge Malváez Rodríguez, coordinador del área, ambos con antecedentes en la Fiscalía del Estado de México.

Denuncias de empresarios detonaron los cambios

Las destituciones derivan de quejas de empresarios poblanos que denunciaron haber sido extorsionados y cateados en sus casas y negocios por funcionarios de dichas fiscalías.

Entre las víctimas se encuentran constructores, contratistas, prestanombres e incluso hijos de exgobernadores, quienes habrían sido amenazados con carpetas de investigación por presunto lavado de dinero.

Las denuncias escalaron tras la detención irregular de Javier Milián Mora, empresario dueño de los bares Mamitas Men’s Club y 40 Grados, a quien ministeriales presuntamente le sustrajeron dinero, relojes y joyas durante un cateo en su domicilio del fraccionamiento La Vista.

El caso fue desestimado por un juez, quien calificó de ilegal la detención y ordenó la liberación inmediata del empresario y sus socios. Los agentes involucrados también están bajo investigación interna.

Reestructura en curso

Aunque la Fiscalía General del Estado no ha confirmado oficialmente los nuevos nombramientos, las fuentes consultadas por Ambas Manos aseguraron que la limpia encabezada por Idamis Pastor continuará en los próximos días.

El objetivo, según trascendió, sería recuperar la confianza en la institución y combatir la corrupción interna tras años de prácticas irregulares heredadas de administraciones anteriores.

El cargo Continúa la limpia en la Fiscalía de Puebla: Idamis Pastor removerá a cinco fiscales tras denuncias de extorsión apareció primero en Reto Diario.

El chiapaneco López Salazar sustituyó al almirante Marco Antonio Ortega Siu, un recomendado directo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no solo no dio los resultados esperados en los escasos meses que estuvo al frente de la SSP, sino que nunca logró entenderse con Barbosa Huerta –entre otras cosas, porque el marino solo le reportaba a sus mandos en la CDMX.

La llegada de Raciel generó alta expectativa. Se esperaba que su experiencia y paso por importantes cargos federales y estatales serían garantía de que las cosas mejorarían en materia de seguridad.

Pero el desencanto llegó pronto y no solo eso, al poco tiempo se encendieron todas las alarmas: agentes del Ministerio Público, policías de a pie, abogados, jueces y magistrados, así como diversos actores políticos y sociales y medios de comunicación empezaron a notar que Raciel López y sus allegados –conocidos como “Los Chiapanecos”– hacían todo, menos garantizar la seguridad de los poblanos.

Todavía peor: comenzaron a surgir denuncias sobre casos de extorsión y chantaje desde la mismísima SSP, así como evidencias muy claras de que el titular de la dependencia y sus principales operadores habían establecido fuertes vínculos con determinados grupos de la delincuencia organizada, a quienes se protegía de forma descarada.

Había detenciones de delincuentes, sí, pero solo de los integrantes de los grupos con los cuales no se estableció un acuerdo, o eran enemigos de aquellos con quienes sí lo había.

La SSP fue tomada literalmente como un “negocio” y el asunto, con el paso del tiempo, adquirió nivel de escándalo.

Poco a poco, los informes de las andanzas de Raciel López Salazar y su pandilla llegaron de forma inevitable al gobernador y fue tal el cúmulo de abusos y excesos en agravio de la ciudadanía, que Miguel Barbosa no tuvo otra que despedirlo fulminantemente, arrepintiéndose de haber hecho caso a las interesadas recomendaciones que de él hicieron algunos de los integrantes de su gabinete, y ciertos asesores jurídicos, también oriundos del estado de Chiapas.

Catorce meses después de su llegada, el secretario se fue de Puebla junto con sus cómplices –entre ellos Pedro León Toro, subsecretario de Coordinación y Operación Policial; Jaime Padilla Barrientos, director general de Grupos Especiales, y Karina Sauceda, directora de Vialidad Estatal–, dejando a la SSP desmantelada y al estado, con inconfesables acuerdos con ciertos grupos del crimen organizado, algunos de los cuales, a la fecha, ha sido imposible extirpar.

Para sorpresa de propios y extraños, en junio de 2023, Raciel fue nombrado titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Quintana Roo por decisión de la gobernadora Mara Lezama Espinoza, de Morena. “Pobres quintanarroenses“, dijeron los poblanos.

La larga –pero necesaria– referencia viene a cuento a la luz de lo que está pasando con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla y su titular, Idamis Pastor Betancourt.

Desde su nombramiento por el Congreso del estado en diciembre de 2024 –conformó una terna propuesta por el gobernador Alejandro Armenta Mier–, la funcionaria (expresidenta del Tribunal Electoral del Estado) ha estado “en el ojo del huracán” y permanentemente envuelta en polémica.

Su gestión ha sido esencialmente de claroscuros: si bien por un lado ha logrado resolver algunos de los casos más mediáticos y políticamente delicados y explosivos de lo que va del sexenio, por el otro, la incorporación de perfiles provenientes de la Ciudad de México y el Estado de México en posiciones estratégicas, ha levantado muchas cejas y sembrado gran preocupación tanto dentro como fuera de la Fiscalía.

Dicha preocupación no hizo sino aumentar tras trascender hace unos días graves actos de corrupción contra empresarios poblanos, que causaron el despido de Miguel Islas López, titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y del coordinador de la misma área, Jorge Malváez Rodríguez, así como del responsable de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia, Luis Antonio León Delgadillo.

La detención, el pasado 9 de octubre, de Javier Millán, conocido empresario dueño de restaurantes, gimnasios y antros como “40 Grados” y “Mamitas”, fue el detonante de lo que estos funcionarios –ahora exfuncionarios– y sus operadores venían practicando a través de una red creada específicamente para manipular carpetas de investigación o crear expedientes “fantasma” con fines de extorsión.

🚨 Detuvieron a Javier Milian Mora, dueño de antros como 40 Grados y Mamitas 💃🏻 en #Puebla. También socio del gimnasio BEATS en la zona de Zavaleta.

⚠️ Viajaba en una camioneta de color negro sobre Vía Atlixcáyotl, cerca del Fraccionamiento La Vista Country Club, cuando fue… pic.twitter.com/lSvJOFvCGA

— Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) October 9, 2025

Ninguno de los presuntos afectados presentó una denuncia formal. ¿Y es que quién en su sano juicio va a presentar una denuncia contra funcionarios de la misma Fiscalía encargada de investigarlos y, en su caso, sancionarlos? La iglesia en manos de Lutero. Fue hasta que algunos de los extorsionados tocaron la puerta del Gobierno del estado para informar de la situación, que la fiscal Idamis Pastor Betancourt decidió cortar las cabezas de los señalados. A la fecha se desconoce si solo se les despidió sin abrir una investigación formal.

⚠️ #IMPORTANTE ⚠️ Dice la @FiscaliaPuebla que “renunciaron” a sus cargos los titulares de las Fiscalías Especializadas en Investigación de Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI) y de Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y… pic.twitter.com/Raxpfl3fEn

— Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) November 4, 2025

El cargo FGE: la encrucijada apareció primero en Reto Diario.

Entre los removidos figuran Luis Antonio León Delgadillo, fiscal especializado de Investigación en Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI); Miguel Islas López y Jorge Malvaez Rodríguez, titular y coordinador de Investigación de la Fiscalía de Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, todos ellos oriundos del Estado de México.

Llegaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) con Idamis Pastor Betancourt, y ya tenían malos antecedentes a su paso por la Fiscalía del Edomex y otras instituciones de dicha entidad federativa.

A la par de su salida, trascendió que los empresarios extorsionados con supuestas carpetas de investigación por delitos de lavado de dinero, fiscales y de operaciones con recursos de procedencia ilícita son 39 y que entre estos figuran hijos de gobernadores, constructores, prestanombres y socios de estos, así como contratistas del Gobierno del estado y la BUAP, y un exdirigente estatal del PVEM.

También se tiene confirmado que Óscar Jesús Parra Tay fue parte de estas acciones de chantaje, al entrar en contacto con algunos hombres de negocios a los que conoció y trató como funcionario del Ayuntamiento de Puebla, directivo del PVEM y coordinador de Medio Ambiente del Gobierno estatal.

Además del empresario Javier Milián Mora, dueño de tables dance, gimnasios y restaurantes, habrían sido extorsionados Javier y Guillermo Pacheco Pensado, Juan Pablo Kuri Carballo, Edgar Nava García, Juan Pablo Piña Kurzcyn, Jorge Ricardo Tabe Ramírez y Maclovio Efrén Hernández Hernández, así como el restaurantero Carlos Eduardo Ramos, actualmente preso, y Juan Carrera Martínez, este último constructor de la nueva sede del Congreso del estado.

Se sabe que en la relación de empresarios extorsionados hay gente de Tehuacán y otros municipios de la Sierra Norte que han sido objeto de cateos en sus casas y empresas ordenados por las fiscalías de Delitos de Alta Incidencia y de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

De acuerdo con una fuente que pidió la gracia del anonimato, una de estas carpetas, la FGEP/CDI/FEIDORPIFR/UEIFR-I/000100/2025, tendría como sujetos de investigación a los hijos de un exgobernador de Puebla, que son dueños de constructoras, desarrollos inmobiliarios, un hotel en el Centro Histórico, verificentros y otras empresas.

Las quejas de los empresarios extorsionados habrían escalado después de la detención del dueño de los tables dance Mamitas Mens Club y 40 Grados, Javier Milián, a la salida del fraccionamiento La Vista y por las revisiones a sus negocios y propiedades, de donde los ministeriales se habrían llevado dinero en efectivo, relojes y joyas, por varios millones de pesos.

El abogado de Javier Milián, que grabó en video su arribo a la Casa de Justicia de Cholula, antes de ser recluido, fue testigo de la extorsión del coordinador de Investigación de la Fiscalía Especializada de Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Jorge Malvaez.

Por esta situación y por las irregularidades que pudo documentar el abogado Guillermo Morales Rodríguez en video, el juez de Control Salvador Hernández Martínez calificó de ilegal de la detención del dueño del Mamitas y 40 Grados y de los gimnasios Kompter, así como de sus socios o gerentes Alejandro Carrillo y Jonathan Palacios, por lo que ordenó su inmediata liberación.

Los agentes ministeriales involucrados en el caso, que son objeto de una investigación interna y que también podría dejar de laborar en la FGE, son Rigoberto Baruch Hernández, Leydi Vianey y Lorena Sayuri, todos ellos adscritos a la Fiscalía en Investigación de Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, debido a que ni siquiera pudieron comprobar la legalidad de la detención de Javier Milián la mañana del jueves 9 de octubre a la salida del fraccionamiento residencial de La Vista.

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El INE solo nombró dos consejeros del IEE; el tercero se quedó pendiente

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) no lograron ponerse de acuerdo en la sesión del 31 de octubre para nombrar a tres consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) por un periodo de siete años.

Solo designaron a dos: Christian Mariana Ceballos Garduño y Héctor Tello Hernández.

Lo ocurrido en Puebla se repitió en otras entidades donde también quedaron pendientes nombramientos de consejeros de OPLES.

La maestra Mariana Ceballos venía desempeñándose como vocal secretaria de la Junta Local del INE en Veracruz. Antes de ese cargo fue jefa de Departamento en el IEE y responsable de la Unidad de Docencia y Capacitación Electoral del TEEP.

Es abogada por la Escuela Libre de Derecho y maestra en Derecho Civil y Mercantil por la BUAP.

Héctor Tello es abogado egresado de la BUAP, fungía como encargado del Departamento de la Oficialía Electoral del IEE. De 2022 a 2023 fue jefe del Departamento de Actos de Autoridad e Imposición de Sanciones del SOAPAP, y en 2020 fue secretario de Estudio y Cuenta de Juzgado Quinto Penal de Puebla.

Aún no existe una fecha para nombrar a la consejera que quedó pendiente, luego de que el 31 de octubre concluyó la gestión de tres consejeros: Jesús Arturo Baltazar Trujano, Sofía Marisol Martínez Gorbea y Evangelina Mendoza Corona.

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Siguen complicándose las cosas en la Delegación del ISSSTE

Los problemas en la Delegación del ISSSSTE en Puebla siguen multiplicándose, pues ahora además del rezago en el pago de proveedores y el estancamiento de diversos programas y trámites, se están dando casos de abuso y maltrato de personal y de millonarias adjudicaciones de medicinas y material de curación.

De acuerdo con información disponible en la plataforma ComprasMX de la Secretaría de la Función Pública, el ISSSTE Puebla asignó de manera directa una compra urgente de medicamentos y material de curación por 15.8 millones de pesos a la empresa BR MARCAMM SAPI de CV.

La premura de dicha adquisición requerida por la Subdelegación Médica, encabezada por el doctor Alfonso Tecpanécatl García, bajo el argumento de desabasto en diversas claves del sistema CENADI fue gestionada por el subdelegado de Administración, Felipe Villanueva Eretza, a través del Departamento de Recursos Materiales y Obras.

En el expediente nunca se sustentan las razones de la urgencia de esa compra, ni las causas que provocaron el desabasto de ciertas claves de medicamentos.

Acorde con testimonios de funcionarios y empleados de la Delegación del ISSSTE en Puebla, la problemática que enfrenta el Instituto es consecuencia de que no hay delegado y que el encargado de coordinarla, el subdelegado administrativo Felipe Villanueva, solo labora de lunes al mediodía a jueves en la tarde.

La razón estriba en que el subdelegado de Administración y recomendado del director general del Instituto, Martí Batres Guadarrama, atiende otras encomiendas de su jefe en la zona de Iztacalco en la Ciudad de México, dejando los pendientes de la Delegación en funcionarios menores como jefa de Prestaciones, que maltrata a los derechohabientes y empleados con sus formas altaneras y poco educadas.

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Correos electrónicos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com

El cargo Ruedan cabezas en la Fiscalía por extorsión a empresarios apareció primero en Reto Diario.

Además de malestar hay temor de que les suceda lo mismo que al empresario Javier Milián Mora, el dueño de centros nocturnos, gimnasios y restaurantes que fue detenido a la salida del fraccionamiento La Vista y llevado a la Casa de Justicia de Cholula, donde permaneció casi 48 horas hasta que pagó varios millones de pesos por fuera para su liberación.

Los empresarios sostienen que la extorsión comienza con una visita o aviso de un exfuncionario del municipio de Puebla y de la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial que les informa de la existencia de una investigación en su contra por delitos de lavado de dinero o resultado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuya carpeta podría conseguir mediante el pago de varios miles de pesos e incluso a desaparecer pero por una cantidad superior a los seis ceros.

De las extorsiones, algunos empresarios locales con influencias políticas y contactos al más alto nivel se quejaron, pero como estas no cesaron e incluso se intensificaron, escalaron al ámbito federal, donde algunas autoridades ya tomaron cartas en el asunto.

Por lo pronto ya se tiene identificado al personaje usado por los agentes de la Fiscalía para estos chantajes y ya se investiga a funcionarios de esta unidad que pudieran estar involucrados en la fabricación de carpetas de investigación en contra de empresarios y constructores acusados de enriquecimiento ilícito.

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Este viernes, el INE designará a tres consejeros del IEE

Este viernes el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá que elegir a los consejeros que sustituirán a Sofía Marisol Martínez Gorbea, Evangelina Mendoza y Jesús Arturo Baltazar Trujano en el Instituto Electoral del Estado (IEE).

Los aspirantes finalistas son 9 agrupados en tres ternas, dos de mujeres y una de hombres.

La primera terna la integran Edith Aranzasú Abad Bazán, Andrea Berenice Castro Hinojosa y Christian Mariana Ceballos Garduño.

Aranzasú fue directora Administrativa del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) y tiene entre sus negativos el haber sido asistente de Eukid Castañón Herrera, antecedente que eliminó de su currículo. Fue parte del Ayuntamiento de Puebla en la administración de la alcaldesa morenista Claudia Rivera Vivanco, como analista especializada de la Secretaría de Administración.

La segunda terna está formada por Maribel Cortez Blanca, Mónica Elena Edén Wynter Gutiérrez de Velasco y Sandra Timal López.

Aquí la de mejor currículum es Mónica Elena, quien labora para la ONU y ha trabajado para el Instituto Electoral de la Ciudad de México y la Integradora de Participación Ciudadana de Puebla. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la UDLAP y maestra en Gobernanza Metropolitana por el Instituto de Estudios Políticos de París.

La terna de hombres la componen Víctor Antonio Carrera Montalvo, Carlos Alberto Montero Catalán y Héctor Tello Hernández.

El primero es un empleado de muchos años en organismos electorales de Querétaro, Ciudad de México y Sinaloa que estudió Ciencias Políticas en la BUAP; lo mismo que el segundo, que es abogado egresado de la UNAM, aunque este en el Registro Federal de Electores, y el tercero es también licenciado en Derecho que ha laborado para el IEE, el SOAPAP, el Tribunal Superior de Justicia y el INE.

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El cargo Extorsionan a empresarios con supuestos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita apareció primero en Reto Diario.