El punto de acuerdo señala que estas decisiones no pueden tomarse sin claridad ni sustento público, especialmente cuando afectan la economía de miles de usuarios, transportistas y sectores productivos. Asimismo, se solicita que la autoridad federal transparente la metodología, los criterios técnicos y los fundamentos jurídicos que dieron origen al incremento, así como la información sobre los ingresos generados por el cobro de peaje y su destino.

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“El incremento en las tarifas genera efectos en cadena: incide directamente en los costos de transporte, afecta las cadenas de suministro y puede traducirse en aumentos en los precios de bienes y servicios (…) Es necesario abrir espacios de diálogo con los sectores afectados, incluyendo usuarios, transportistas y organizaciones de la sociedad civil, particularmente en regiones donde no existen vías alternas, lo que obliga a la población a asumir estos costos”, puntualizó.

Finalmente, con este exhorto se busca que las decisiones en materia de tarifas de autopistas federales se apeguen a los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, para evitar cargas desproporcionadas, garantizar la participación ciudadana y asegurar que el interés público esté por encima de cualquier otra consideración.

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De acuerdo con la legisladora, se plantea un exhorto directo a funcionarias y funcionarios de los distintos niveles de gobierno para que se abstengan de realizar cualquier tipo de promoción personalizada, como la pinta de bardas, colocación de espectaculares, perifoneo o difusión de propaganda con su nombre, imagen o voz.

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Pozos Vergara advirtió que este tipo de prácticas vulneran los principios de legalidad y equidad electoral establecidos en la Constitución. Asimismo, destacó que este exhorto forma parte de una serie de acciones legislativas que ha impulsado para regular la propaganda anticipada.

Finalmente, la diputada hizo un llamado a la responsabilidad institucional de las y los servidores públicos para actuar con apego a la Ley y evitar conductas que puedan derivar en sanciones administrativas, electorales o penales.

El cargo Delfina Pozos presenta propuesta legislativa para evitar promoción personalizada de servidoras y servidores públicos apareció primero en Reto Diario.

Aguilar recordó que la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional prevé sanciones por el uso indebido de insignias oficiales. Sin embargo, precisó que será la delegación de la Federación quien determine si se procederá a realizar alguna sanción contra las autoridades municipales involucradas, con apego a los lineamientos y al debido proceso.

El funcionario subrayó que la intención principal es prevenir reincidencias mediante orientación y formación a las y los alcaldes, a fin de salvaguardar el respeto institucional en actos cívicos. Añadió que ya hubo comunicación directa con quienes incurrieron en la práctica para evitar que vuelva a repetirse.

En el balance de las festividades, Gobernación reportó que el Grito se desarrolló sin incidentes en 216 municipios. Únicamente en Tlacotepec de Benito Juárez se suspendió la ceremonia por un conflicto social relacionado con exigencias de transparencia en el uso de recursos públicos.

Respecto a los desfiles del 16 de septiembre, se realizaron sin novedad en la mayoría de localidades y, en algunos municipios, fueron reprogramados para el martes. Las autoridades estatales reiteraron su compromiso de proteger los símbolos nacionales y garantizar la legalidad durante los actos conmemorativos.

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Lo anterior, garantizando que estén en óptimas condiciones de uso y accesibilidad, además de implementar campañas de concientización social para promover el respeto hacia dichos espacios por parte de las personas usuarias.

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El punto de acuerdo fue presentado en su momento por la diputada Luana Armida Amador Vallejo.

Durante la sesión del órgano colegiado estuvieron presentes las diputadas Angélica Patricia Alvarado Juárez y María Soledad Amieva Zamora, así como los diputados Elpidio Díaz Escobar y Miguel Márquez Ríos.

Además, en sesión de la Comisión de Derechos Humanos, donde estuvieron presentes los diputados Roberto Zataráin Leal, Julio Miguel Huerta Gómez, Elpidio Díaz Escobar, José Miguel Trujillo de Ita y Óscar Mauricio Céspedes Peregrina, además de las diputadas Angélica Patricia Alvarado Juárez y Luana Armida Amador Vallejo, se aprobó el acuerdo por el que se dejan sin efecto diversas propuestas legislativas presentadas en la LXI Legislatura.

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