Veinticinco agentes ministeriales, a bordo de cinco patrullas, llegaron hasta las áreas invadidas como medida de protección del perito topográfico y se pudo realizar la diligencia que se ordenó desde febrero de este año.

Llama la atención que en esta ocasión se notó toda la disposición de realizar el acto jurídico, a diferencia de otros episodios en que los servidores públicos asignados se retiraban argumentando que tenían miedo de ser golpeados con piedras por un grupo de pandilleros que fueron contratados –por los invasores– para cuidar los 103 mil metros cuadrados que abarca el área en conflicto.

Trascendió que la orden de que se debía hacer el peritaje a como diera lugar habría salido el martes de esta semana directamente de la oficina de Idamis Pastor Betancourt, la fiscal general del estado.

Sin duda alguna, este es “un gesto” de Idamis Pastor que debe ser reconocido como un cambio importante en la FGE.

Ahora habrá que esperar y mantener el escrutinio sobre la autoridad ministerial para determinar si lo de este miércoles fue “un hecho aislado”, que en nada modifica el comportamiento negligente y abusivo de la Fiscalía; o si realmente hay un viraje de 180 grados en la FGE que buscará revertir los vicios que han generado un clima de impunidad, a favor de los autores de los despojos, a lo largo de los últimos 26 meses.

Y es que el Ministerio Público ha jugado un papel clave en beneficio de quienes ocuparon ilegalmente los terrenos, el 9 abril de 2023 y 8 de febrero de este año, al retrasar hasta el hastío los procedimientos de investigación y judicialización bajo los argumentos más absurdos.

Solo hay que observar el comportamiento de Rosa María Guadalupe Morales González, la primera agente del Ministerio Público que se hizo cargo de dicho asunto, para poder enumerar los vicios que han ocurrido. Esta es la historia:

Hace 26 meses aconteció la primera ocupación ilegal, en un área de 23 mil metros cuadrados en lo que fueron los terrenos de la exfábrica La Covadonga, que es propiedad de la Fundación Julita y Antonio.

Para acreditar la propiedad, la fundación presentó la boleta catastral del Ayuntamiento de la ciudad de Puebla, en donde se establece que es un predio rústico que está registrado desde hace muchos años en la cuenta predial PR136441, que se ubica en la colonia Covadonga y que tiene un avalúo por un monto de 33 millones 198 mil 54 pesos.

A pesar del anterior documento oficial que establece que la Fundación Julita y Antonio es la legítima propietaria del terreno, la agente del Ministerio Público, Rosa María Guadalupe Morales González, contra toda lógica jurídica, le dio mayor valor a un supuesto contrato de compra-venta, que no estaba protocolizado por ninguna autoridad, el cual dice que el terreno pertenece al municipio de Cuautlancingo. Ese papel lo interpusieron los supuestos invasores.

De nada sirvió que se presentaron pruebas de que los vecinos de la zona –que en su mayoría son familias de exobreros de La Covadonga– pagan impuestos en la ciudad de Puebla, reciben agua de Concesiones Integrales y las calles son vigiladas por la Policía de la capital, toda vez que la abogada Morales González le dio por mucho tiempo la razón a la parte acusada.

Esa actitud provocó que se retrasara un año la integración de la carpeta de investigación 7677/23.

Ahí no termina todo. Los abogados de la fundación le solicitaron a la agente del Ministerio Público que procediera con el aseguramiento del terreno, que es un recurso legal mediante el cual una propiedad no puede ser ocupada por las dos partes que se disputan un bien inmueble, hasta que se establece a quién le asiste la razón jurídica. La abogada Rosa María Guadalupe Morales González se negó a esa posibilidad.

¿Cuál fue el resultado de esa negativa? Que a los invasores les dio tiempo lotificar en 450 fracciones el terreno, mismas que se han puesto a la venta en 200 mil pesos cada una, pese a que los predios carecen de servicios públicos, de uso de suelo habitacional, de los permisos municipales y del estudio de impacto ambiental.

Dicha actitud omisa de la agente del Ministerio Público permitió que surgiera un fraccionamiento clandestino y que, con toda impunidad, se defraudara a quienes han comprado un lote en una zona invadida.

Luego de pasar por el Ministerio Público, en marzo de 2024, el caso cayó en manos del juez de Control Enrique López Criollo, quien se negó a vincular a proceso a los acusados. Otra vez con el mismo argumento: que no le constaba que el predio en litigio estuviera en la ciudad de Puebla.

Fue hasta el 14 de febrero de este año, en que se concedió un amparo a la Fundación Julita y Antonio en el que se le ordena a la FGE reiniciar la carpeta de investigación.

El problema es que ese fallo federal llegó seis meses después de que ocurrió la segunda invasión, ahora de más de 80 mil metros cuadrados del exrancho La Covadonga.

En lugar de que las cosas hubieran caminado, en los últimos cuatro meses nada ha avanzado, porque el perito topográfico asignado, Manuel Moreno Briones, nunca se presentó a hacer su trabajo.

Una muestra más de que en Puebla la justicia no es ni pronta ni expedita. Sino todo lo contrario: es una porquería.

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El cargo Levantan peritaje en La Covadonga luego de que se denunció el atraso de cuatro meses apareció primero en Reto Diario.