Y, por si fuera poco, en este nuevo intento de invasión, contó con un respaldo policiaco del municipio de Puebla, en lo que parece ser un caso de “venta de protección” por parte de los uniformados que actúan en la zona de la junta auxiliar San Andrés Azumiatla, que es la región hacia donde se está orientando el crecimiento urbano de la capital del estado.

Tal situación exhibe que el sur del municipio de Puebla se ha convertido en “un polvorín”, que en cualquier momento va a estallar, por la proliferación de invasiones y la pasividad de las autoridades para frenar la ola de despojos y venta ilegal de terrenos.

Desde hace cuatro años, el Poder Judicial poblano no ha podido desahogar la parte básica de un juicio que hay contra Félix N., pese a que esta mujer no ha presentado una sola prueba que le pudiera servir para defenderse en el litigio por la invasión de las 400 hectáreas de la Ex Hacienda de San José Zetina.

A lo anterior se debe agregar que la Fiscalía General del Estado ha sido incapaz de ejecutar cuatro operativos para restituir esos terrenos a sus legítimos dueños, tal como ya lo ordenó un juez, por lo cual los paracaidistas se sienten seguros de que nadie los toca.

Esas condiciones les han permitido lotificar el área invadida, vender los predios y abusar de decenas de familias humildes que son engañadas con la falsa promesa de que pronto habrá servicios públicos. El área no tiene red de agua potable ni de energía eléctrica.

En resumen: hay toda una mezcla de actos de corrupción, ineficacia y burocratismos de todas las autoridades involucradas, desde el ámbito estatal hasta el municipal, que han provocado que escale el conflicto de los despojos inmobiliarios en San Andrés Azumiatla, que es una de las juntas auxiliares con menor desarrollo social del municipio de Puebla.

El último intento de invasión

San José Zetina es una pequeña localidad campesina en la junta auxiliar San Andrés Azumiatla. La zona se caracteriza por la ausencia de servicios públicos.

El pasado 18 de marzo, a eso de las 8:00 de la mañana, llegó al sitio un grupo de unas 15 personas con fachas de labriegos y un hombre que decía ser “ingeniero”. Primero recorrieron el área como si solamente estuvieran conociendo el lugar. Más tarde, cuando ya se sintieron en confianza, empezaron a hacer mediciones de los terrenos, que en total se estima que abarcan 125 hectáreas.

Tal situación inquietó a Lucio Flores Escalona, que es uno de los dueños de tierras dedicadas a la agricultura, por lo que alertó a otros propietarios y cuando ya estaban juntos encararon al grupo que tomaba medidas y, supuestamente, estaba colocando señales de división entre los predios.

Los pobladores de San José Zetina les exigieron a los invasores que se retiraran del área porque estaban en propiedad privada, a lo cual respondieron los aludidos que ellos eran los dueños de los terrenos y tenían el derecho a estar ahí.

La discusión empezó a subir de tono y se generaron los primeros roces físicos.

Ambas partes llamaron al teléfono de emergencia y pidieron la presencia de la Policía Municipal.

A lo pocos minutos llegó la patrulla con la identificación PDLC-386, con placas de circulación PB643-A4, en la que iban tres agentes.

Los dueños de los terrenos confiaban en que los uniformados llegarían a buscar tranquilizar la situación e investigar el origen del conflicto. Para su sorpresa, ocurrió todo lo contrario.

Uno de los policías de inmediato mencionó, luego de bajar de la patrulla, que él y los otros dos agentes estaban ahí ara dar protección a la señora Félix N., pues estaba siendo violentada en sus derechos y se encontraba en una de sus propiedades inmobiliarias.

Esas palabras prendieron más los ánimos de los dueños de los terrenos que, para ese momento, ya eran más que los supuestos invasores. Además, por las palabras del policía, se percataron de que los usurpadores eran encabezados por Félix N., a quien identifican plenamente de ser quien está atrás del despojo de la Ex Hacienda de San José Zetina, ubicada a unos metros de distancia.

Otro de los agentes empezó a pedir refuerzos por radio y decía que había un grupo armado que quería quemar la patrulla en la que él y los otros dos uniformados habían llegado a la zona. Esa acusación era contra los propietarios de los terrenos, que no portaban armas de fuego, pero sí palos, piedras y otros objetos que habían encontrado a la mano.

De un momento a otro arribaron al área 10 patrullas de la Policía Municipal, pues el llamado planteaba un conflicto violento.

Los agentes que llegaron en este segundo episodio actuaron de manera correcta, pues primero calmaron a la gente, les pidieron que se alejaran los dos grupos y los empezaron a interrogar. De ambos bandos surgían argumentos de que eran los auténticos dueños.

Al final, un mando de la Policía expresó que la disputa se debía resolver en un juzgado y logró que ambos grupos se retiraran de los terrenos.

Ahora los campesinos que sí son los propietarios de las tierras viven con la zozobra de que en cualquier momento los van a querer invadir y que no hay autoridad alguna que los proteja.

El cargo Con apoyo policiaco, intentaron una segunda invasión en San José Zetina apareció primero en Reto Diario.

Ese tipo de negociación no es algo nuevo, es una práctica común en Puebla, que ha dejado un costo social negativo a lo largo de décadas. Docenas de asentamientos humanos irregulares que debían ser frenados y sancionados por la autoridad, se acabaron tolerando a cambio de apoyos electorales, sin importar que los inmuebles estén en zonas de alto riesgo.

Un ejemplo claro ocurrió el 31 de agosto de 2021, cuando en la intersección de las calles Gasoducto y Ferrocarril de la junta auxiliar San Pablo Xochimehuacan, a eso de la 1:30 de la madrugada, los vecinos percibieron un fuerte olor a gas. Una hora más tarde ocurrió la primera de tres explosiones en tomas clandestinas de robo de hidrocarburo. El saldo fue de 5 muertos, 12 heridos graves y 54 viviendas destruidas.

Aunque la causa real de esa tragedia fue algo más allá de los hechos coyunturales de hace cinco años.

Las casas afectadas estaban en la zona donde pasa un ducto de Pemex y por tanto, eran asentamientos que no debían estar ahí. Pero en su momento, muchos años atrás, se negoció respaldos a las campañas electorales del PRI a cambio de que “no se tocara con el pétalo de una rosa” el conjunto de casas que la autoridad municipal debía haber clausurado, demolido y reubicado a sus moradores.

Ahora pasa lo mismo con los invasores de la Ex Hacienda de San José Zetina –ubicada al sur del municipio de Puebla– que están asentados en un área de 400 hectáreas, que fueron objeto de despojo.

A docenas de personas les “vendieron” lotes en la zona afectada y están viviendo en condiciones precarias, por no decir inhumanas, pues no hay nada. No hay calles, están ausentes todos los servicios públicos, nunca se para una patrulla de la policía en la zona y un grupo armado de maleantes es el que impone su ley.

Pero los líderes de esa invasión ya están buscando negociar votos a cambio de que un futuro alcalde de la ciudad de Puebla le dé reconocimiento a ese asentamiento irregular, sin importar las graves consecuencias que eso implica.

Y los políticos ávidos de llegar al poder, aceptan esos tratos sin importar el sufrimiento que eso implica para las familias involucradas en dichos asentamientos ilegales.

Van dos aspirantes que entran a la negociación

Aunque formalmente faltan unos ocho meses para que arranquen los procesos internos de los partidos políticos para buscar a sus próximos candidatos a cargos de elección popular, ya hay seis o siete aspirantes de la 4T que andan en “campañas disfrazadas” de promoción de redes sociales, de entrevistas periodísticas, de actividades deportivas o de gestión social para ganar apoyos y convertirse en el próximo abanderado de Morena a la alcaldía de la ciudad de Puebla.

Esas campañas disimuladas llevan unos cinco meses que se despliegan en diferentes rumbos de la capital del estado.

Hace unos días, dos de esos aspirantes ya pusieron un pie en la zona de la junta auxiliar San Andrés Azumiatla, que es la demarcación en donde se encuentra la Ex Hacienda de San José Zetina.

Una de ellas se promociona con actividades deportivas.

Otro más con gestiones sociales que se hacen desde el ámbito legislativo.

Se dice que, en los próximos días, podría ocurrir lo mismo con una aspirante que muestra dotes de educadora.

Y afanosamente se está buscando un encuentro con un político que ya es autoridad municipal y quiere repetir en el cargo.

¿Quién convoca a estos encuentros? Se ha identificado que quien estaría organizando esos encuentros es Anastacia Onofre Romero, la presidenta de la junta auxiliar San Andrés Azumiatla.

¿Quiénes han acudido a las reuniones? Obviamente vecinos de la demarcación, pero quien más lleva “acarreados” es una persona que usa el mote de Félix N. –derivado del nombre de la extinta actriz María Félix— y encabeza a los grupos de invasores de la Ex Hacienda de San José Zetina.

¿Cuál es el problema de esas actividades? Que Félix N. está vinculada a un proceso penal por el presunto delito de despojo. Un litigio que tiene perdido, pues en más de dos años de duración, no ha podido presentar una sola prueba que acredite que es la propietaria de las tierras invadidas.

¿Quién está atrás de ellos? Se intuye que ese grupo de invasores tiene el apoyo ilegal de alguien con mucho poder político. Un juez ya ordenó la restitución de los terrenos invadidos y en tres ocasiones, cuando cientos de agentes policiacos están a punto de cumplir el mandato judicial, cualquier pretexto es bueno para que los uniformados “se frenen, se den la vuelta y se marchen”.

¿Qué otro escándalo hay en esa zona? En agosto de 2025, en pleno arranque del proceso de afiliación masiva de Morena de nuevos militantes, aparecieron docenas de cartas vecindad a favor de las familias que han usado para invadir los terrenos de la Ex Hacienda de San José Zetina. Ese documento lo usaban para lograr el proceso de incorporación al partido Regeneración Nacional.

Quien emitió esas cartas de residencia era Anastacia Onofre Romero, en su calidad de edil auxiliar de Azumiatla.

Ella es una mujer que abiertamente tiene cercanía y entendimiento con Rodrigo Abdala, el delegado en Puebla de los programas sociales del ámbito federal.

Se dice que él mismo funcionario cuando se enteró de esa situación se habría deslindado de esa afiliación.

Esta era el contenido de esas cartas de vecindad: “HAGO CONSTAR… QUE EL (LA) CIUDADANO (A) María E…, CUYA FOTOGRAFÍA SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE CANCELADA EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DE LA PRESENTE, CUYOS RASGOS FISIONOMICOS CONCUERDAN FIELMENTE CON LA FOTOGRAFÍA DEL SOLICINTANTE, CON FECHA DE NACIMIENTO 11 DE FEBRERO DE 1975, CON DOMICILIO ACTUAL EN CALLE SIN NOMBRE, COLONIA SAN JOSÉ ZETINA 08# CP 72960… Y QUIEN TIENE EL MISMO DOMICILIO HABITADO DURANTE MÁS DE 30 AÑOS…” (Sic).

Lo cierto es que cada vez más, las practicas clientelares del pasado del PRI y el PAN están presentes en Morena.

El cargo Invasores de tierra en Azumiatla empezaron a hacer política electoral apareció primero en Reto Diario.

Tal situación ha agravado el conflicto y ha llevado a que algunas de las víctimas del despojo en San José Zetina hayan tocado las puertas del Gobierno de la República para buscar una solución.

Eso ha llevado a que dicho asunto ya esté siendo analizado en la Secretaría de Gobernación federal, en donde se están atendiendo otros casos de invasiones y fraudes inmobiliarios en diferentes regiones del país.

El viraje del Poder Judicial

El 16 de noviembre de 2023, por primera vez un juez de Control ordenó a la FGE que restituyera los predios de la Ex Hacienda de San José Zetina a sus propietarios, luego de que los invasores no han logrado presentar una sola prueba que demuestre que son dueños de los terrenos.

Una dinámica que no ha cambiado un ápice en los últimos 25 meses, pues los autores del despojo no han aportado un solo dato pericial a su favor. Únicamente han logrado alargar el litigio con estrategias de desmayos de sus abogados, argumentar la pérdida de documentos o que necesitan de un traductor en lenguas indígenas.

En términos reales tienen perdido el juicio, desde hace mucho, pero no les pasa nada a los invasores porque, al parecer, los protegen desde la Fiscalía General del Estado.

A partir de la fecha de noviembre de 2023, se han registrado cuatro operativos de la FGE para recuperar los predios y en todas esas ocasiones, la Fiscalía argumentó cualquier nimiedad para suspender el desalojo de los invasores, pese a que los agentes policiacos y del Ministerio Público –en todas esas ocasiones– tenía enfrente a los llamados “paracaidistas”.

En todos esos intentos el juzgado le exigió a la FGE justificar por qué no había acatado la orden judicial de desalojar y, al mismo tiempo, le demandaba fijar una nueva fecha para cumplir con el mandato de restituir los predios.

Siempre que el juzgado le exigía a la FGE responder por su negligente actuación le daba plazos fatales de 10 días, como máximo, para ofrecer una respuesta.

Por eso se puede afirmar que había un comportamiento sereno y puntual del juez de la causa. Eso ya cambió.

El pasado 25 de septiembre hubo un “megaoperativo” de más de 700 policías y funcionarios ministeriales para que, por cuarta ocasión, se intentara recuperar los predios. Se canceló porque había unos ocho niños aventando piedras.}

Luego de ese hecho, los abogados de los dueños de los predios le han pedido al juez Salvador Hernández Martínez que les ofrezca algo que se llama “contestación a la vista”, que no es otra cosa que volver a reprogramar el desalojo de los invasores de los predios de San José Zetina.

El pasado 9 de octubre le presentaron –por escrito– la primera solicitud y el juez Salvador Hernández no contestó.

Dejaron pasar un mes y el 14 de noviembre de este año, se interpuso un segundo documento. Es la fecha que el togado no responde.

Un silencio del juez que ya inquieta y exaspera.

Nada de críticas a la FGE

Dato curioso: tal cambio de actitud se ha dado a raíz de que Pedro Antonio Martínez Hernández ha asumido el control del Consejo de la Judicatura del estado de Puebla que, es precisamente el órgano jurisdiccional donde se tendría que analizar las razones por lo que en cuatro ocasiones la FGE se ha negado a obedecer una orden judicial de desalojo de los predios de San José Zetina, ubicados en la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla.

Es necesario cuestionar si ha sido una simple coincidencia que por las mismas fechas en que el Consejo de la Judicatura cambió de presidente, el juez Salvador Hernández Martínez, quien es el que lleva al caso de San José Zetina, también cambió radicalmente de actitud.

¿O no será acaso que el nuevo titular del Poder Judicial ha llegado con la encomienda de no cuestionar, no presionar, no exigir a la FGE que cumpla con sus funciones legales?

La segunda pregunta surge a raíz del rápido deterioro que muestra la imagen de la titular de la FGE, Idamis Pastor Betancourt, que no lleva un año en el cargo y ya se observa que la Fiscalía General del Estado está rebasada por la crisis de ilegalidad y delincuencia que envuelve al estado de Puebla.

El cargo Pareciera que el Poder Judicial ha dejado de presionar a la FGE para que resuelva los conflictos de invasiones apareció primero en Reto Diario.

Visto de otra manera, en promedio entraron a la zona 26 militares y agente policiacos por cada uno de los invasores que se oponía al desalojo, incluidos los niños de 8 y 10 años.

Pese a que los miembros de la seguridad pública llevaban cascos, chalecos antibalas, gas lacrimógeno, toletes, escudos contra objetos metálicos y equipos de comunicación, no pudieron desactivar a un minúsculo grupo que, fuera de algunos palos, solo tenían piedras para oponerse al paso “del ejército de la FGE”.

Resulta muy sospechoso que de nada sirvió la abrumadora superioridad –de 26 a 1– del operativo oficial, frente a un minúsculo grupo que ofrecía una muy limitada resistencia. Eso deja un tufo a corrupción o ineptitud de quien o quienes debía lograr que se llevara acabo el desalojo.

De acuerdo con una lectura que este columnista pudo hacer del expediente judicial del caso de San José Zetina, se desprende que la FGE echó manó del siguiente ejército:

La mañana del pasado 25 de septiembre, llegaron a la zona de conflicto en las inmediaciones de San Andrés Azumiatla, 622 uniformados de la Policía Estatal, 100 agentes investigadores de la FGE, 28 peritos en criminalística y 33 afectivos de la Marina.

En total eran 783 servidores públicos que iban con un propósito: dar cumplimiento a una orden de desalojo dictada por un juez.

Una orden que nada más tiene dos años de atraso de ejecutarse, ya que el primer mandamiento judicial de restitución de los predios a sus legítimos dueños se dictó por el juez Aarón Hernández Chino, el 29 de noviembre de 2023.

Es decir, esta semana se cumple un bienio en que la FGE le ha dado vueltas, más vueltas, otras vueltas más, a este asunto para invocar cualquier pretexto para no ejecutar varias resoluciones que se han dictado desde el Poder Judicial para sacar del área a los invasores.

Tal situación plantea dos posibles explicaciones:

Primera: la FGE –a cargo de Idamis Pastor Betancourt– es tan débil y carente de una profesionalización ministerial y policiaca, que una fuerza de 738 agentes no puede desactivar un reducido grupo de 20 adultos y 8 niños aventando piedras.

Tal vez por eso la FGE tampoco puede detener a asaltantes, narcomenudistas, huachicoleros y estafadores, porque seguramente siempre han de cargar “un arsenal de piedras de grueso calibre”.

Eso parecería ser una buena y lamentable noticia para la delincuencia: ya no se necesita utilizar armas de fuego para cometer atracos, con llevar unas “buenas piedras” es más que suficiente para provocar que salgan corriendo los agentes de la FGE.

Si se hace una lectura crítica del expediente de San José Zetina este comentario de “las piedras” y la huida de los agentes ministeriales, policiacos y los marinos, no suena a sarcasmo, sino a una triste y preocupante realidad.

Resulta difícil de creer que 700 agentes no puedan rodear y someter –que no implica reprimir– a un reducido grupo de infantes y adultos que lanzan cualquier objeto que se encuentran a su alrededor.

Segunda: lo de argumentar que había un grupo “aventando piedras” en realidad parece ser un modus operandi de la FGE para vender protección a las invasiones de bienes inmuebles.

Curiosamente, en por lo menos cuatro casos de despojos de grandes predios se ha usado el mismo argumento: no se pudo ejecutar mandatos judiciales porque hay gente con rocas en las manos.

Ese ha sido el argumento en otra destacada invasión: de la ex fábrica textil La Covadonga, en donde hubo dos operativos contra los autores de un par de despojos de bienes inmuebles. Los servidores públicos que se presentaron en la zona, que superaban en dos o tres tantos a los presuntos delincuentes, se retiraron sin ejecutar los mandamientos judiciales bajo el argumento de que “no había condiciones” porque la gente “amenazaba con lanzar piedras”. Eso pasó a lo largo del presente año.

Si la segunda explicación es la válida, eso quiere decir que alguien desde de la FGE está “vendiendo” el favor de frenar todas las órdenes de jueces de restituir predios invadidos.

El cargo La FGE mandó a 700 policías y marinos a recuperar terrenos de Zetina, pero como había menos de 30 opositores, mejor se retiró apareció primero en Reto Diario.

A lo largo del presente año, el mismo juez, Salvador Hernández Martínez, ha ordenado a la FGE en tres ocasiones que restituya la propiedad en cuestión –ubicada al sur del municipio de Puebla– y luego de advertir la última vez que, de no hacerlo la Fiscalía se volvería encubridora de los delitos cometidos en la invasión, finalmente se ordenó el operativo de la semana anterior, que al final solamente fue un engaño de la autoridad ministerial.

Para sostener los anterior, se tiene una lista de cuatro factores claves que demostrarían cómo la Fiscalía General del Estado habría actuado a favor de los invasores. Estos son los detalles claves:

Primero: al lugar de los hechos llegaron, desde las primeras horas del jueves 26 de septiembre, un grupo aparatoso de agentes de las policías Estatal y Municipal de Puebla, así como miembros de la FGE, que arribaron al sitio –que pertenece a la junta auxiliar San Andrés Azumiatla– con más de 50 patrullas. Se calcula que eran entre 150 y 250 uniformados.

Todo eso aparentemente estaba bien, si no fuera por una particularidad, faltó al operativo el personaje esencial para llevar acabo la diligencia, que es el agente del Ministerio Público que tiene asignado el caso, bajo el argumento de que lo habían comisionado a acudir a otra actividad todavía “más importante”.

Esa es una ausencia muy sospechosa si se toma en cuenta lo siguiente: hace unos meses el juez que lleva la causa penal de este caso, le hizo un extrañamiento al Ministerio Público porque no programó el operativo de desalojo.

Semanas más tarde, se lo volvió a ordenar y como tampoco resolvió, entonces el togado lo multó con una cantidad equivalente a un tercio de su salario mensual.

La tercera vez que el juez Hernández Martínez le pidió intervenir, le advirtió que si no lo hacía en esta ocasión, volvería a ser sancionado económicamente y se le consideraría encubridor de los delitos que se cometieron con la invasión de la Exhacienda de San José Zetina.

Y con todos esos antecedentes, el funcionario ministerial no asomó la cabeza en el operativo.

Habrá que preguntarse: ¿se ausentó por negligente o por complicidad?

Segundo: el detalle más sorpresivo, más contundente, es que un grupo de entre 25 y 35 pobladores de la zona invadida, se apostaron en el camino de terracería que lleva a la zona del conflicto desde varias horas antes de que llegaran los agentes policiacos. Incluso se pusieron a consumir café y pan, en lo que esperaban a los uniformados.

Eso despierta la sospecha que, desde la FGE, se habría alertado a los invasores de que ese jueves por la mañana se haría el intento de desalojo.

Tercero: en la zona hay tres caminos. Uno que es acceso central, y otros dos que pasan por la parte baja y otro en la parte alta de la enorme extensión de lo que fue la Exhacienda de San José Zetina.

Todos los policías fueron formados en un solo contingente, tal como se ve en el video que se presenta en este texto, que fue directo a donde ya los esperaban los pobladores a los que, previamente, les habían dado “el pitazo” de que llegaba la policía, para que al cabo de unos minutos se declarara que no había condiciones de intervenir, pues se quería evitar “un conflicto social”.

Si se hubiera querido recuperar la propiedad, los encargados de la movilización policiaca habrían dividido en tres al grupo de agentes, para que unos se toparan con los invasores, pero los demás uniformados rodearan la zona y pudieran entrar sin problema a los predios que se debía restituir.

La proporción entre los policías y los pobladores que los enfrentaron era totalmente desigual. Había una ventaja de 10 a 1 de los servidores públicos, por lo que no se explica cómo no pudieron ejecutar la orden del juez de Control.

Cuarto: la mayoría de los agentes iban con cascos, chalecos antibalas, con escudos y toletes. En cambio, la mayoría de los pobladores que los enfrentaron con piedras eran niños.

Quienes presenciaron los hechos dicen que había enojo, un fuerte malestar, de los miembros de las corporaciones de Seguridad Pública, pues sentían que solo los llevaron para colocarlos en un lugar específico y dejar que los apedrearan, sin que ellos hicieran algo al respecto. Todo con el propósito de decir “que se hizo todo lo posible por recuperar los terrenos, pero no hubo condiciones para hacerlo”.

Todos estos factores hacen conjeturar que la FGE estaría jugando del lado de los invasores.

O por lo menos eso aparenta lo acontecido.

El cargo Fue un montaje de la FGE, el último intento de desalojo de los terrenos invadidos de San José Zetina apareció primero en Reto Diario.

Al mismo tiempo dicha agrupación enfrenta un fuerte desgaste, ya que mucha gente se ha apartado de la señora María Félix, pues les vendieron terrenos –en la zona invadida– que, aunque se los ofrecieron a precios muy bajos, han pasado los meses y nunca se ha cumplido la promesa de dotación de servicios públicos y mucho menos, la entrega de documentos oficiales que acrediten la propiedad.

Eso ha hecho entender a varios de los colonos que fueron timados. Algunos han abandonado los predios, ante el temor de acabar en la cárcel.

Ante esa situación, integrantes de la agrupación invasora están buscando por todos los medios ganar nuevos adeptos.

Sobre todo, a familias que tengan hijos pequeños y personas de la tercera edad, como una manera de crear lo que se llama “escudos humanos”, que consiste en colocar a mujeres, ancianos e infantes al frente de un grupo que frene el paso de la policía ante el riesgo de un desalojo.

Entre las maniobras que están haciendo es difundir, entre pobladores de la junta auxiliar San Andrés Azumiatla, la falsa versión de que ya ganaron el juicio y, por tanto, ahora lo que procede es poblar los terrenos en disputa.

Bajo esa idea, ofrecen predios desde 5 mil pesos, lo que es un foco de atracción para la población de los estratos más populares.

La segunda estrategia, que hace mucho ruido, es que están intentando sumar a nuevos seguidores ofreciendo que serán incorporados a los programas sociales “del gobierno”.

En particular, han estado anotando a la gente en el llamado Programa de Gallinas y Huertas de Traspatio, mediante la cual se otorga dinero e insumos para que los beneficiarios armen una pequeña granja que les permita obtener huevo y carne de pollo para autoconsumo familiar.

No se aclara si esos fondos provienen de la política social de la Federación o del Gobierno del estado de Puebla.

A los posibles beneficiarios les piden una carta de vecindad y una identificación oficial, además de llevarlos a módulos de empadronamiento del programa que ofrece esa ayuda.

Hace un mes, ya se ventiló que el mismo grupo de invasores estaba obteniendo cartas de vecindad en San Andrés Azumiatla y firmadas por la presidenta de esa comunidad, Anastasia Onofre Romero, para que después los poseedores de dichos documentos se pudieran afiliar a Morena.

Tal como ya se expuso en este espacio periodístico, Anastasia Onofre es una líder de esa junta auxiliar que es muy cercana al político morenista Rodrigo Abdala Dartigues, quien curiosamente es el delegado en Puebla de la Secretaría del Bienestar federal, que es la instancia que reparte los beneficios de la política social.

No se sabe de dónde viene la entrega de los beneficios de programas social, pero lo cierto es que se está utilizando como “un gancho” muy efectivo de los invasores para ensanchar el número de sus seguidores.

Lo que advierte de un proceso de corrupción de alguna oficina gubernamental, que está buscando sacar provecho del conflicto de la Ex Hacienda de San José Zetina, que es la invasión más grande que se tiene registrada en el estado de Puebla.

El cargo Grupo de invasores de tierras ofrece programas sociales federales para sumar seguidores apareció primero en Reto Diario.

Un episodio similar acaba de volver ocurrir, en el cual un juez de Oralidad Penal le advirtió a un agente del Ministerio Público que recibiría una fuerte multa si no programaba un acto jurídico para devolver una enorme extensión de tierras a sus legítimos propietarios y el funcionario, sin ningún empacho, ignoró el encargo argumentando que no tenía tiempo para atender tal solicitud.

Esa respuesta es muy grave si se toma en cuenta que se trata de 400 hectáreas y que la primera orden judicial –que se le dio a la FGE– de restitución de esa propiedad, ocurrió hace 23 meses y no hay poder humano que haga cumplir esa determinación.

Frente a ese hecho surge una pregunta básica: si un agente del Ministerio Público no atiende la orden de un juez, ¿entonces a quién le hace caso el personal de la FGE para que se actué en contra del despojo de propiedades inmobiliarias?

O mejor hay que preguntarse: ¿es por colusión o por negligencia que los funcionarios de Fiscalía General del Estado no mueven un dedo contra los grupos invasores?

El suceso al que se hace referencia es un caso de invasión que ha sido plenamente documentado en este espacio periodístico, en donde ha quedado exhibido cómo lo grupos invasores gozan de absoluta impunidad.

En noviembre de 2023, un juez ordenó que se restituyeran 400 hectáreas de la Ex Hacienda de San José Zetina a sus legítimos propietarios, quienes un año antes sufrieron el despojo de esa extensión. Nunca se cumplió el mandato judicial en torno a esa propiedad ubicada al sur del municipio de Puebla, en la junta auxiliar Azumiatla.

Ahora, el pasado 6 de agosto de este año, el juez de Oralidad Penal de la Región Judicial Centro, Salvador Hernández Martínez, por enésima vez volvió a ordenar que se regresen los predios a sus dueños.

Todo hace suponer que por la enorme tardanza que hay en este asunto le advirtió al agente del Ministerio Público encargado del caso que si no cumplía en un plazo de 10 días el programar la devolución de las tierras, le aplicaría una multa, que según el cálculo de este tecleador sería de alrededor de 13 mil pesos.

Se considera que es fuerte esa cantidad monetaria si se toma en cuenta que el salario promedio de un agente del Ministerio Público es de unos 30 mil pesos mensuales. Por tanto, una multa de 13 mil pesos sería equivalente casi a la mitad del ingreso por mes de un representante social.

Esta fue la orden específica del juez: “…se ordena que en un término no mayor a los 10 días contados a partir de su legal notificación se de contestación a lo solicitado por los peticionantes, por lo que de ser omiso será acreedor a una multa disciplinaria de 500 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA)” (Sic).

Después de dicha orden, pasaron los 10 que fijó el juez y el agente del Ministerio Público –cuyo nombre no aparece en los documentos oficiales que consultó este columnista– no fijó la fecha, tal como se le ordenó, para realizar el operativo que regrese los terrenos a sus propietarios.

Ante tal incumplimiento, los abogados de la parte agraviada le solicitaron al juez que la solicitud de programar la restitución ahora se hiciera directamente a la titular de la FGE, Idamis Pastor Betancourt, ante el incumplimiento del Ministerio Público.

El juez les respondió a los abogados que un día entes de que hicieran esa petición, había emitido un nuevo documento en donde consigna que el agente del Ministerio Público argumentó que por excesivas cargas de trabajo no había cumplido con la programación que le pidieron.

Ante ello, el togado Salvador Hernández le dio un nuevo plazo de cinco días al Ministerio Público y le vuelve a advertir que, si no hace caso, lo va a multar.

El cargo Otra vez la FGE “se hace bolas” para no cumplir con un mandato judicial contra un desalojo apareció primero en Reto Diario.

Estos son los dos hechos comparativos:

Antecedentes: unas 22 hectáreas de la ex fábrica textil de La Covadonga, que se fundó en 1889, fueron invadidas desde 2023 por un grupo armado. A lo largo de los dos últimos años, en un par de ocasiones autoridades estatales y municipales se negaron a ejecutar diligencias en la zona de conflicto argumentando que no había condiciones de seguridad.

Actualidad: luego de esas negativas de las autoridades locales de intervenir en La Covadonga, de manera sorpresiva, en la madrugada del pasado 21 de junio ingresó un operativo de la Guardia Nacional y de la Marina que recuperó nueve de las 22 hectáreas invadidas y derribó una serie de inmuebles que se habían construido de manera ilegal.

Antecedentes: desde hace tres años están invadidas 400 hectáreas de la Ex Hacienda de San José Zetina, también por un grupo armado. El 16 de noviembre de 2023 se dictó una resolución judicial que ordena restituir los predios en cuestión a sus propietarios y, asunto curioso, también en dos ocasiones –de manera más o menos similar a lo que pasó en La Covadonga– el personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) llegó al lugar del conflicto a cumplir con el mandato del juez y luego se retiró, argumentando que era insegura el área en que se debían realizar los operativos.

Actualidad: en la mañana del pasado 11 de julio, se armó un tercer intento de restituir las 400 hectáreas de la Ex Hacienda de San José Zetina y acabó abortando, porque no llegó el agente del Ministerio Público que era el responsable de encabezar ese acto jurídico. Es decir, la FGE vuelve a incumplir con el mandato del juez.

Conclusión: si en Puebla a alguien le invaden una propiedad inmobiliaria de gran tamaño, debe ir a buscar la ayuda de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública de la Federación, y no tocar la puerta de la titular de la FGE, Idamis Pastor Betancourt, que es un fiasco en este tipo de asuntos.

Se filtró la información del operativo

La historia del tercer intento de restitución de los predios de San José Zetina es la siguiente:

El 10 de julio de este año, es decir hace dos semanas, el agente encargado de la investigación de la invasión de los terrenos de San José Zetina se comunicó, a eso de las 15:00 horas, con el representante legal del propietario de los terrenos, para comunicarle que, al día siguiente, el viernes 11 de julio, a las 7:00 de la mañana en punto, se llevaría a cabo la restitución de las tierras, tal como lo ordenó un juez desde hace dos años.

Para ello, se solicitó el apoyo de la Policía Estatal, de la Policía Municipal de la ciudad de Puebla y de la FGE para que, entre las tres instancias, se juntaran 600 agentes y se garantizara que nadie pudiera frenar la diligencia.

En la mañana del día programado, llegaron el propietario de los terrenos y sus abogados al punto de reunión: frente a Ciudad Judicial.

También, un poco más tarde, arribaron al sitio acordado 60 agentes de la Policía Ministerial, pero se ausentaron los integrantes de las corporaciones del estado y del municipio de Puebla.

Por tanto, solo había el 10% de la fuerza policiaca convocada. Sin embargo, eso no fue el hecho más grave.

Resulta que el agente del Ministerio Público, que es el encargado de la carpeta de investigación y de cumplir con el mandato del juez, simplemente no llegó.

Por tanto, ahí de manera improvisada se nombró a Roberto Hernández, quien es comandante de la Policía Ministerial, que asumiera la responsabilidad de encabezar el operativo.

Lo único que hizo ese jefe policiaco es que, a las 8:26 de la mañana, decretó que “no había condiciones” para realizar la intervención de la FGE.

Dato curioso: un día antes al operativo, a la 9:53 de la noche, el abogado de los acusados de ser los invasores de la Ex Hacienda de San José Zetina presentó un oficio ante la FGE en donde pedía que se cancelara la restitución de los terrenos, tras argumentar que era un acto ilegal.

Surge una pregunta básica: ¿cómo se enteró el abogado si se supone que esa información solo se podía compartir con el dueño de los predios?

Queda claro que en la FGE se filtra la información a favor de los acusados de cometer delitos.

El cargo La FGE vuelve a impedir la restitución de terrenos invadidos en el sur de Puebla apareció primero en Reto Diario.

Alguien tuvo la mala idea de que para generar un “equilibrio político” en Cuautlancingo en el actual trienio, se determinó que la exedil Guadalupe Daniel se hiciera cargo del sistema de agua potable y alcantarillado, al mismo tiempo que Omar Muñoz ejerce como alcalde. Ambos son de Morena y aparentemente había una relación de cordialidad entre ellos.

Al final ese esquema fue un desastre en mucho, por la mala imagen de la exedil y porque en unos cuantos meses se desbordó su impopularidad por dejar a muchos pobladores sin agua potable, que es el servicio público prioritario en cualquier comunidad o ciudad del país.

La trayectoria de Guadalupe Daniel Hernández es muy peculiar y explica porque se ha vuelto tan impopular.

Ella es uno de esos casos especiales de triunfo electoral en 2018. En las urnas arrasó y ganó la alcaldía de Cuautlancingo. Pero en realidad triunfó por el arrastre de Andrés Manuel López Obrador, no por su identidad y pertenencia a la 4T.

De hecho, ella inició y desarrolló la mayor parte de su carrera política en el PAN. Su incursión inicial en el servicio público fue como regidora en el primer gobierno del panista Filomeno Sarmiento, entre los años 2011 y 2014. Al finalizar esa gestión, oficialmente se afilió al Partido Acción Nacional.

En el siguiente trienio, ocupó dos cargos directivos en otro ayuntamiento panista, el de Félix Casiano.

Y cuando llegó el proceso electoral de 2018, al no ser tomada en cuenta en el PAN para seleccionar al candidato a alcalde, rompió con el albiazul y se pasó a Morena, lo cual le permitió ganar los comicios y romper con la alternancia entre panistas y priistas que había en Cuautlancingo.

Su gestión como alcaldesa fue estable, pero gris. Nunca le perdonaron que pasó por alto las acusaciones de actos de corrupción de los dos gobiernos del PAN que la antecedieron.

Al llegar el proceso electoral de 2021, aunque las encuestas no le favorecían, decidió buscar la reelección. El resultado fue desastroso: Morena perdió los comicios y regresó al poder el panista Filomeno Sarmiento, que es un personaje obscuro de este municipio.

Era claro que hace cuatro años hubo un “voto de castigo” contra Guadalupe Daniel.

Ahora, en el actual trienio, regresó al servicio público como directora del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Cuautlancingo y en un muy poco tiempo, las protestas abundaron en su contra por el mal funcionamiento del organismo.

Tan solo en un par de meses, hubo cuatro marchas de vecinos de colonias populares que se quedaron sin agua.

Hasta que hace poco más de una semana los vecinos, de varias zonas del municipio, llegaron hasta el Palacio Municipal para exigir “la cabeza” de la exalcaldesa.

La expresidenta acusa que las protestas son un complot en su contra porque descubrió actos de corrupción, pero las dos veces que ha hablado públicamente del tema no ha podido ofrecer nombres y pruebas de los supuestos responsables del mal funcionamiento de organismo del servicio hídrico.

El pasado 21 de mayo, el Consejo de Administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado destituyó a Guadalupe Daniel.

Ella argumenta que no es válida la asamblea del Consejo de Administración, porque no se citó tres horas antes de realizarse la sesión y solamente participaron hombres, lo que constituye un acto de violencia de género en su contra.

Lo que no percibe Guadalupe Daniel es que ya tiene una carga muy pesada en su contra: no la quieren ni en el PAN ni en la 4T. Ni los ciudadanos que se quedaron sin agua en fechas recientes.

Otra vez se cancela la audiencia en el caso de San José Zetina

Hace unos días, en este espacio periodístico se narró que en el juico que se sigue contra los presuntos invasores de 400 hectáreas de la ex hacienda de San José Zetina, al sur del municipio de Puebla, había ya surgido una advertencia del Poder Judicial de que habría fuertes sanciones económicas para quien provocara que, por enésima vez, no se realizara la audiencia intermedia del litigio.

No es para menos, ya pasaron cuatro jueces y los acusados ya cambiaron 14 veces de abogados, lo que había provocado que siete veces se difiriera la audiencia intermedia, en lo que es un claro ejemplo de prácticas dilatorias de las ocho personas acusadas de despojo, debido a que no han podido aportar pruebas a su favor.

Al final esa advertencia fue solo “un cuento”, un intento de guardar las apariencias de que el Poder Judicial está actuando con imparcialidad.

No hay otra explicación para entender que, hace unos días, se volvió a cancelar el nuevo intento de efectuar la audiencia en cuestión.

Sin que se hubiera sancionado a nadie, pese a lo pueril de los argumentos que se utilizaron en esta ocasión.

Resulta que los acusados argumentaron que a su abogado no les han entregado la carpeta de investigación y por tanto, no saben de qué delitos los acusan.

Lo sorprendente es que el juez, sin hacer una sola observación, decidió aplazar la audiencia.

Y resulta que, de acuerdo con documentos oficiales, el 17 de diciembre de 2024, a las 18 horas con 5 minutos, el Ministerio Público hizo entrega de la carpeta de investigación a Carmen María Aguilar Kasir, quien fungía como abogada de los imputados por el delito de despojo.

Lo que ha pasado esta semana empieza a mostrar que en el Poder Judicial “hay dados cargados” contra los presuntos invasores.

El cargo Insostenible, la presencia de Guadalupe Daniel en el organismo de agua de Cuautlancingo apareció primero en Reto Diario.