Rodríguez Regordosa señaló que los empresarios poblanos creen en la democracia, por lo que anticipó una elección competida entre tres candidatos, basada en propuestas y no en descalificaciones. Añadió que, de no resultar electo, se integrará al proyecto que resulte ganador para mantener la unidad del CCE.

El Comité Electoral del organismo informó que los aspirantes registrados para encabezar el CCE Puebla en el periodo 2026–2028 son Luis Alberto Moreno Gómez Monroy, Juan Pablo Cisneros Madrid y el propio Herberto Rodríguez Regordosa.

La campaña propositiva se llevará a cabo del 16 de diciembre de 2025 al 23 de enero de 2026, bajo criterios de respeto, transparencia y cohesión interna.

Al presentar su plan de trabajo, el empresario expuso una visión de largo plazo con horizonte al año 2050, que contempla generar mayor certeza para la inversión, fortalecer la seguridad, fomentar el diálogo entre el sector privado, las universidades, el gobierno y la sociedad civil, así como impulsar el uso de energías limpias y la igualdad de oportunidades.

Finalmente, destacó que Puebla ha incrementado su aportación al Producto Interno Bruto nacional al pasar de 3.2% en 2003 a 3.5% en 2023, ubicándose en el sitio 11 a nivel nacional. En ese sentido, planteó como objetivo que la entidad alcance el 5% del PIB hacia 2050, como parte de una estrategia para consolidar su desarrollo económico.

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Durante la mañanera de este lunes expresó que su gobierno realiza un manejo honesto de los recursos públicos: “No como el delincuente disfrazado de presidente municipal o de gobernador, con su red, con su mafia, que nos dejaron desde hace muchos años”.

El gobernador Alejandro Armenta subrayó que su administración trabaja en desmantelar el régimen corrupto que dejaron los gobiernos neoliberales, que comprometieron las finanzas estatales, al proteger a los traficantes de huachicol.

El gobernador aseguró que la delincuencia más dañina para la vida pública son los delincuentes empresarios y gobernantes que saquearon el erario: “Los grupos delictivos más peligrosos son los delincuentes disfrazados de políticos, que después se vuelven empresarios. Esos son, porque tienen el poder, porque son delincuentes que engañan a la población, se vuelven presidentes municipales y desde ahí saquean al pueblo; o se vuelven gobernadores y desde ahí saquean al pueblo”.

“En lugar de apoyar la economía local, a los viveristas, a los productores de café, a los productores de zapato, a los sorgueros, se dedican a hacer compras que les dejan moches y saquean a Puebla”, expresó.

Además, el titular del Ejecutivo, aseveró que “Puebla fue el estado protector del huachicoleo”. Todo un gobierno completo, sus funcionarios, dedicados al robo de hidrocarburos. “Hoy somos el gobierno que recupera hidrocarburos”.

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Juan Pablo Cisneros Madrid, presidente local de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), señaló que, aunque la reducción de la jornada responde a una demanda social legítima, su aplicación sin considerar las particularidades de cada sector generaría afectaciones significativas.

“La jornada de 40 horas es más compleja de lo que parece. En sectores con esquemas de tres turnos o servicios continuos de 12 horas, esta medida genera inflexibilidad, obliga a contratar más personal y eleva los costos, lo cual pone en riesgo la viabilidad de muchas empresas”, afirmó.

Aunque el sector privado no rechaza por completo la reforma, Cisneros pidió que se abra un proceso real de diálogo con autoridades y sindicatos para adaptar la medida a la realidad económica del país. Como propuestas para mitigar el impacto, sugirió permitir la deducción total de la nómina y destinar el 3% del impuesto sobre nómina a programas de capacitación y desarrollo de los trabajadores.

Los empresarios poblanos se manifestaron preocupados por la ampliación de derechos laborales sin una adecuada planeación, ya que consideran que impactará especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que tienen menos capacidad para absorber el aumento de plantilla que implicaría la reforma.

“Hay que hablar desde la perspectiva económica, porque cada reforma implica un costo. No todas las empresas pueden adoptarlas de forma inmediata”, añadió.

También advirtió que podrían generarse despidos y un aumento en la informalidad, problemática que ya afecta con fuerza al estado de Puebla.

Por su parte, Carlos Sosa, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Puebla, propuso que la transición hacia la jornada de 40 horas sea gradual hasta el año 2030. También planteó la creación de un observatorio de transición laboral y medidas para fomentar la formalidad.

En cuanto a la “Ley Silla”, que obliga a los empleadores a garantizar que los trabajadores cuenten con espacios para sentarse durante su jornada, Sosa explicó que su aplicación total puede ser complicada en algunos sectores industriales, debido a la naturaleza de ciertos puestos.

“No se trata de oponerse, sino de encontrar mecanismos viables para cumplir con la ley sin perjudicar la operación de las empresas. Queremos trabajar por el bienestar laboral, pero también evitar que las empresas caigan en irregularidades por falta de condiciones para implementar los cambios”, puntualizó.

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