1. La Herencia

Miguel Ángel Celis Romero nació dentro de una de las familias empresariales más influyentes del valle. El patrimonio fue construido durante décadas por doña Socorro Romero Sánchez, una empresaria que levantó un grupo sólido, generador de empleos y referente económico en la región. Cuando el patrimonio se repartió entre los sobrinos de la fundadora, el equilibrio parecía claro: Miguel Celis y su hermano compartían el control del grupo empresarial S. R. S., una estructura familiar que durante años funcionó bajo la lógica de la continuidad generacional. En apariencia, todo estaba diseñado para que la fortuna familiar siguiera creciendo bajo el mismo apellido.

2. El Heredero Incómodo

Ese equilibrio comenzó a romperse cuando murió el hermano de Miguel Celis. El heredero natural de esa participación accionaria fue Alfonso Celis Enecoiz, quien desde antes del fallecimiento de su padre ya participaba dentro de la empresa y contaba con acciones que lo convertían en socio. Pero el tío no se encontró con el sobrino que esperaba. En lugar de un heredero discreto o un socio de ornato, apareció un joven que conocía el negocio, que se rodeó de asesores reconocidos en el sector y que comenzó a opinar sobre el rumbo de la empresa.

Alfonso revisó inversiones, planteó proyectos y empezó a observar discrepancias en algunos temas contables que no terminaban de cuadrar. Lo que para cualquier empresa sana sería un ejercicio natural de gobierno corporativo, dentro de aquella estructura familiar comenzó a generar incomodidad. Porque cuando alguien acostumbrado a decidir sin cuestionamientos se encuentra con un socio que hace preguntas, lo que para unos es profesionalismo, para otros puede convertirse en una amenaza.

3. La Auditoría y la Ruptura

Fue entonces cuando Alfonso decidió hacer lo que cualquier socio responsable haría: armar un equipo técnico que revisara procesos y auditara áreas clave de la empresa. No operaba solo. Se encontraba integrando asesores especializados para eficientar la operación y revisar la contabilidad del grupo. En ese ejercicio comenzaron a aparecer manejos anómalos de dinero dentro de la empresa, operaciones irregulares atribuidas al director de la compañía, Noel, así como gastos excesivos vinculados al jefe de seguridad, Luis Antonio, movimientos que involucraban grandes cantidades de efectivo y que, según quienes participaron en esas revisiones, terminaban llegando al control de Miguel Ángel Celis.

También  comenzaron a detectarse escenarios dudosos en la actuación de los comisarios de la empresa, los mismos que hoy se encuentran vinculados a proceso por fraude dentro de la misma carpeta penal que enfrenta Celis Romero.

Alfonso, lejos de intentar escalar el conflicto, llevó esos hallazgos a su tío con la intención de buscar una salida fiscal y legal que protegiera a la empresa y evitara un escándalo mayor. Pero lo que provocó no fue una solución, provocó nerviosismo y después ira. Según quienes presenciaron ese momento, Miguel Celis reaccionó enviando a elementos de seguridad para sacar por la fuerza de las oficinas a su propio sobrino, su socio al 50%, y al equipo de asesores que lo acompañaba. Fue, sí, el punto de quiebre definitivo.

4. La Escalada

A partir de ese momento el conflicto dejó de ser empresarial y se convirtió en una confrontación abierta. Durante años, Alfonso Celis intentó resolver el problema dentro del ámbito familiar, buscando negociar con su tío y encontrar una salida que protegiera el patrimonio empresarial. Pero esos intentos nunca prosperaron. Por el contrario, el hecho de que Alfonso intentara dialogar sin confrontación directa fue interpretado por Miguel Celis como una señal de debilidad. Fue entonces cuando el tono del conflicto cambió y comenzaron las presiones, las agresiones, las amenazas y los intentos de extorsión para obligarlo a ceder el control total de la empresa.

5. El Cerco Judicial

Hoy el escenario es otro. Miguel Ángel Celis Romero se encuentra detenido y vinculado a proceso por los delitos de fraude y extorsión, y permanece recluido en el penal de San Miguel, en Puebla. Pero el expediente continúa creciendo. Dentro de la carpeta de fraude ya existen personas vinculadas a proceso, incluidos los comisarios de la empresa, y recientemente un juez de Control autorizó una orden de aprehensión contra Arantzazu González Izaguirre, esposa de Miguel Ángel Celis Romero, señalada por su presunta participación en decisiones corporativas que hoy forman parte de la investigación penal. El caso que comenzó como un conflicto familiar por el control de una empresa se ha convertido en uno de los expedientes empresariales y penales más relevantes de la región. Tal vez hasta del estado.

Porque en Tehuacán hay imperios que se construyen durante décadas, pero también hay fortunas que pueden perderse en cuestión de meses. Y en esta historia, dicen en los cafés políticos del valle, “El Animal” terminó enfrentando algo que nunca heredó: la justicia.

El cargo Cómo entender al “Animal” de Tehuacán en 5 pasos apareció primero en Reto Diario.

El traslado de Miguel Ángel Celis Romero, alias “El Animal”, del penal de Tehuacán al de San Miguel en Puebla, no es una anécdota administrativa.

Es una decisión que debe leerse desde la óptica de seguridad penitenciaria, gobernabilidad institucional y contención de influencia económica.

Existe un principio elemental en la administración penitenciaria: ningún interno puede permanecer en el territorio donde conserva poder, estructura social o influencia financiera.

La cárcel no es una extensión del control territorial ni un espacio para preservar privilegios.

En el caso de “El Animal”, los hechos son contundentes:

Sus abogados promovieron recursos y posicionamientos públicos con información anticipada sobre su traslado, antes de que él fuera formalmente notificado.

En días pasados, a través de su defensa, se organizó en Tehuacán una manifestación con bloqueo de calles, generando caos vial y presión social como parte de su estrategia pública.

Las declaraciones mediáticas insistían en argumentar por qué no podía ser movido de Tehuacán, antes incluso de la ejecución formal de la medida.

Estos elementos revelan capacidad de movilización, filtración de información sensible y permanencia de influencia externa.

En términos penitenciarios, eso constituye un riesgo.

Si la defensa conocía el movimiento antes de su notificación formal, la pregunta institucional es inevitable: ¿quién informó y con qué propósito?

La sola posibilidad de filtraciones compromete la seguridad del penal.

El estado tiene facultades para reubicar internos cuando existan razones de seguridad, estabilidad social o gobernabilidad carcelaria.

Cuando un interno, quien quiera que sea, mantiene capacidad de generar presión externa mediante bloqueos y movilizaciones, la autoridad estatal no actúa por revancha; actúa por prevención.

Miguel Ángel Celis Romero no puede ser interno en su propio entorno de influencia. No puede estar recluido donde su nombre aún moviliza estructuras sociales o económicas.

El traslado no es castigo adicional. Es neutralización de privilegios.

Y si hoy enfrenta condiciones distintas, es porque su propia estrategia evidenció que el penal local no era un espacio neutral, sino un entorno donde su presencia generaba tensión social.

El Estado no está para proteger redes de influencia.

Está para garantizar orden y legalidad.

Así de sencillo.

El cargo El traslado de “El Animal” apareció primero en Reto Diario.

Tres cambios de abogados en pocos meses no son estrategia: son fracaso.

Ninguno pudo desmontar el expediente.

Y cuando el derecho no alcanza, aparece la vieja receta: influencias, favores y reciclaje de personajes del sistema.

Hoy su entorno está integrado por perfiles conocidos no por ganar juicios, sino por moverse en la penumbra de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Entre ellos se mueve un exintegrante de la FGE, parte del grupo importado desde el Estado de México, señalado en distintos círculos por su cercanía con prácticas de corrupción y por la fabricación de expedientes como herramienta de presión.

No actúa como abogado técnico: opera como intermediario político-judicial.

A su lado aparece otro exfuncionario ministerial que hoy usa su antiguo cargo, sus contactos internos y el conocimiento de los expedientes para integrarse al equipo de “El Animal” e intentar burlar a la justicia desde las entrañas mismas del sistema que antes sirvió.

No vienen a litigar: vienen a torcer la ley con las mañas del pasado.

No es coincidencia. Es el mismo molde: exfuncionarios convertidos en gestores de impunidad.

La estrategia no se libra en tribunales. Se mueve en pasillos, llamadas y presiones.

Porque además se gobierna con miedo.

Trabajadores han sido advertidos de que podrían perder su empleo si no se alinean. Terror económico como método de control. Mensajes disfrazados de preocupación empresarial que en realidad buscan paralizar y someter.

Eso no es defensa legal. Es extorsión emocional.

Y dentro del penal de Tehuacán, el espectáculo es peor.

Se reportan privilegios incompatibles con cualquier régimen penitenciario:

– Visitas sin control de horarios.

– Permanencia constante en el área de enfermería.

– Presencia de personas ligadas a su seguridad privada.

– Ingreso de alimentos externos.

– Compra de protección interna.

La cárcel convertida en sala VIP.

Mientras miles cumplen reglas, uno compra excepciones.

Cuando no hay pruebas, se consiguen contactos.

Cuando no hay argumentos, se fabrican salidas.

Cuando no hay inocencia, se busca impunidad.

El caso Celis dejó de ser solo un proceso penal para convertirse en un retrato de cómo se intenta pervertir el sistema con dinero, nombres reciclados de la Fiscalía y presión sobre terceros.

No se busca la verdad. Se busca escapar.

El mensaje es peligroso: que con los operadores correctos la ley se dobla; que con los contactos adecuados la prisión es un trámite; que con suficiente presión todo se negocia.

Pero no.

La ley no es mercancía.

La cárcel no es hotel.

La justicia no es un favor.

Tehuacán no necesita más exfuncionarios convertidos en operadores oscuros.

Necesita instituciones firmes y procesos que no tiemblen ante nombres ni amenazas.

Porque cuando un acusado se rodea de personajes señalados por corrupción y fabricación de delitos, ya no estamos frente a una defensa. Estamos frente a una red.

Y cuando esa red presiona empleados, compra privilegios y presume contactos, lo que intenta no es defenderse.

Intenta secuestrar al sistema.

Eso debería encender todas las alarmas.

¿Qué no se enteran en el Poder Judicial poblano?

¿O son cómplices?

De la fiscal Idamis Pastor Betancourt ya ni pregunto porque, pues como se sabe, no se le puede pedir peras al olmo.

El cargo Defensa sin ley: el Club de los Impunes apareció primero en Reto Diario.

Y cuando un personaje de ese tamaño entra en pánico, comete el peor de los errores estratégicos: empieza a manotear, a cambiar de rumbo y a rodearse de cualquiera que le prometa un milagro.

Su más reciente movimiento es tan revelador como patético: otro cambio de defensa.

Ya no basta con un despacho, ni con dos.

Ahora su equipo legal se nutre de exfuncionarios de la Fiscalía de Veracruz y exfuncionarios de la Fiscalía de Puebla, varios con reputaciones francamente cuestionables.

El comentario que circula en los pasillos judiciales es que uno de sus nuevos abogados presume tener el “respaldo” de una magistrada.

Así, sin rubor.

Como si en pleno 2026 todavía estuviéramos en los tiempos en que la justicia se arreglaba por teléfono.

Pero los hechos son los hechos: quien cambia de abogados como cambia de camisa no lo hace por estrategia, lo hace por pánico.

Esta conducta errática no es nueva en Miguel Celis: es el mismo patrón de siempre: prepotencia, berrinche, desconfianza y la ilusión de que el dinero y la compra voluntades, todavía lo pueden salvar.

Y mientras en los tribunales su caso se hunde, en las redes sociales empieza a exhibirse lo que dentro del penal se murmura todos los días.

Ahí está la cuenta de TikTok “EL MATRACAS” (@elmatracasth), que en cuestión de días, con apenas unos cuantos videos, ya acumula miles de vistas.

El más reciente es particularmente incómodo: describe los lujos de nuestro personaje dentro de prisión.

Nada de trato igualitario: área “especial”, comida distinta, atenciones preferentes y personas que lo cuidan dentro y fuera del penal.

Un Recluso VIP en un sistema que se supone no distingue carteras.

Un tema que nuevamente exhibe la ineficiencia y la corrupción que caracteriza al (des)gobierno del alcalde morenista Alejandro Barroso Chávez.

Pero eso no es todo: siempre se puede ver a su jefe de seguridad y escoltas armados plantados en las puertas del Centro de Justicia.

El mensaje es burdo, pero claro: presencia, presión y amedrentamiento.

No es protección; es teatro de intimidación.

Una forma primitiva de decir: “sigo teniendo poder”.

Como si hiciera falta más ruido, en el radio pasillo político de Tehuacán corre otro rumor pesado: ex mandos militares vinculados al panismo habrían visitado al director del penal para “encargarle” la buena estancia de su “Animal”.

A esto se suma Omar Pérez López, el flamante delegado rural, político de medio pelo que anda presumiendo gestiones directas con el gobernador Alejandro Armenta Mier para “ayudar” a Miguel Celis.

¿Ya lo sabe su supuesta jefa, la secretaria Ana Laura Altamirano?

La pregunta es inevitable y brutal: ¿de verdad creen que todavía pueden torcerle el brazo a la justicia poblana?

Porque por más que se presuman “escoltas, visitas, encargos, influencias, abogados milagro”, lo único que queda claro es esto: Miguel Celis no actúa como un inocente que confía en la ley.

Actúa como un culpable que ya solo confía en sus contactos.

“El Animal” no está diseñando una estrategia.

Está dando patadas de ahogado.

Y todo Tehuacán lo está viendo.

El cargo Viejos vicios legales: más sobre el caso de “El Animal” apareció primero en Reto Diario.

No como un actor poderoso, sino como el ejemplo más reciente de alguien que apostó todo a que la ley podía doblarse con dinero, presiones y padrinazgos políticos.

Desde su detención y posterior vinculación a proceso por el delito de extorsión, diversas fuentes coinciden en que el imputado activó una estrategia paralela al proceso judicial: no jurídica, sino de poder.

Gestiones fuera del expediente, acercamientos indebidos y, según versiones reiteradas, intentos de “comprar” voluntades dentro del sistema de justicia, incluyendo agentes del Ministerio Público, jueces de control y hasta magistrados.

En círculos cercanos al propio imputado se llegó incluso a presumir –con ligereza y soberbia– que “el asunto estaba controlado”, que “ya se había hablado con quien se tenía que hablar” y que contaba con el respaldo de un senador poblano, cuyo nombre habría sido utilizado como carta de intimidación más que como apoyo real.

La narrativa era clara: la prisión sería temporal y la libertad, cuestión de días.

Nada de eso ocurrió.

Lejos de encontrar eco en los tribunales, esas versiones chocaron con una resolución contundente. La Décima Primera Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Puebla confirmó la vinculación a proceso y ratificó la prisión preventiva oficiosa. El mensaje fue inequívoco: el expediente pesó más que cualquier presunción de poder.

Fuentes judiciales consultadas refieren que, pese a los rumores de sobornos y presiones, no existió ninguna actuación procesal que beneficiara al imputado, ni se alteró el curso del procedimiento. Por el contrario, la resolución fue jurídicamente sólida, fundada y motivada, cerrando de tajo cualquier intento inmediato de obtener la libertad por la vía de las influencias.

Las supuestas alianzas políticas resultaron ser, en los hechos, promesas vacías. Figuras que habrían sido utilizadas como escudo discursivo no aparecieron cuando el caso llegó a segunda instancia. Nadie intervino. Nadie “resolvió”. Nadie torció la ley.

El contraste es brutal. Mientras afuera se presume poder, adentro del penal la realidad es otra. La prisión preventiva no es un castigo anticipado, pero sí una consecuencia legal que hoy pesa más que cualquier fajo de billetes, llamada nocturna o nombre lanzado al aire para intimidar.

Este caso deja una lección incómoda para quienes aún creen que el sistema se mueve a base de sobres y favores: la justicia puede ser presionada, pero no siempre se deja comprar. Y cuando decide sostenerse en el derecho, no hay operador, senador ni intermediario que la saque del camino.

Las fiestas pasarán. Los alardes también. El proceso penal seguirá su curso. Y Miguel Ángel Celis Romero, “El Animal”, pese a todos los intentos, está y seguirá dentro.

Porque al final, por más que se presuma poder, la justicia no se negocia.

El cargo La justicia no se compra: el caso de “El Animal” apareció primero en Reto Diario.

Cada vez que ciertas figuras del poder reaparecen en el escenario político, también regresan –como un eco incómodo– los mismos operadores que en su momento fueron colocados en puestos clave de la Fiscalía y del Poder Judicial.

Y cada vez que ese viejo engranaje vuelve a moverse, lo hace con un propósito muy preciso: proteger a quien consideran uno de los suyos.

En este caso, al personaje más tóxico y peligroso de Tehuacán: Miguel Ángel Celis Romero, mejor conocido, por propios y extraños, como “El Animal”.

El retorno simultáneo de estos operadores y de ciertos protagonistas del poder no es una coincidencia. Es una señal. Es la confirmación de que la maquinaria judicial creada durante el barbosismo nunca fue desmontada; solo fue puesta en pausa.

Carpetas fabricadas, presiones a jueces, expedientes negociados como mercancía y operadores externos incrustados en el sistema: todo eso sigue ahí, intacto, esperando órdenes.

Y esas órdenes, al parecer, volvieron a circular como aguas sucias en cañería profunda.

Los mismos nombres de siempre.

En los pasillos del poder reaparecen los rostros que ya todos conocen: quien movió expedientes “a la carta”, el fiscal que permitió fabricar carpetas según conveniencia, el consejero jurídico reciclado en varias administraciones, y un legislador federal mencionado como la voz que “hará llamadas” cuando sea necesario. Son los mismos que antes operaban para sostener un sistema de favores y castigos. Son los mismos que hoy se alinean de nuevo alrededor de la defensa de “El Animal”.

La ecuación es clara: donde reaparecen ellos, reaparece la presión. Donde reaparecen ellos, reaparecen las cloacas.

“El Animal” y su mito de poder

Miguel Ángel Celis ha intentado construir una narrativa épica sobre supuestos apoyos políticos que lo liberarían del penal. Sus seguidores repiten la historia: “ya viene la llamada”, “ya está arreglado”, “ya tienen quién lo saque”…

Pero la verdad es más simple y más amarga para él: está preso por extorsión, amenazas y violencia, no por una conspiración política.

Los propios audios filtrados –por él mismo– terminan revelándolo. En uno de ellos, su sobrino Alfonso Celis le dice con absoluta claridad:

“Quien me metió una carpeta no fue Monina. Fuiste tú”.

Y en otro audio, cuando Alfonso lo confronta por sus agresiones, “El Animal” responde con frialdad brutal:

“Quizás te lo merecías”.

Esa frase lo define mejor que cualquier expediente.

Presiones, dinero y amenazas

Lo que se ha documentado en los últimos días pinta un escenario preocupante. La red que hoy intenta rescatar a “El Animal” recurre a los viejos métodos:

• Familiares presionando a jueces en sus propias oficinas

• Ofertas de dinero

• Irrupciones no autorizadas

• Hostigamiento a magistrados y ministerios públicos

Y la frase recurrente que aparece en denuncias y testimonios:

“Ya te van a llamar… tú sabes quién”.

El mensaje es claro: quieren torcer la justicia como antes.

La diferencia es que ahora se les ve.

La resistencia institucional

A pesar de las presiones, el Poder Judicial ha mostrado una resistencia inusual. Las viejas maniobras ya no operan en la sombra. Lo que antes ocurría detrás de puertas cerradas, hoy queda expuesto en tiempo real. Y eso, para una red acostumbrada a operar en lo oculto, es un golpe devastador.

Mientras tanto, la defensa de Alfonso Celis sigue un camino muy distinto:

La vía institucional.

Ni compra de funcionarios, ni presiones, ni amenazas, ni operadores ocultos.

Y esa diferencia explica por qué la red que protege a “El Animal” ha recurrido a intimidaciones cada vez más desesperadas, incluyendo amenazas de muerte contra la familia Celis si regresan a Tehuacán.

Pero ni Alfonso ni su defensa han retrocedido. Y no lo harán.

Cuando las cloacas se abren

Puebla está viviendo un momento peculiar: las piezas se están acomodando. Los viejos operadores reaparecen. Las viejas prácticas se reactivan. Y el caso Celis funciona como una radiografía del sistema judicial que todavía intenta sobrevivir.

Solo que esta vez, el hedor está saliendo a la superficie.

Y ya no hay manera de taparlo.

Dicen que el tiempo pone a cada quien en su lugar.

En Puebla, ese lugar ya se está revelando.

El cargo Cuando el poder huele a podrido apareció primero en Reto Diario.

Un escenario que jamás contempló.

Acostumbrado a comprar lealtades, intimidar adversarios y operar desde las sombras, hoy enfrenta un sistema de justicia que –increíblemente, por primera vez– no se deja doblar.

Con una nueva carpeta de fraude encima, “El Animal” decide recurrir a su jugada más típica: amarrarse a viejos operadores del régimen pasado, como si el reloj político se hubiera detenido en 2005.

Por eso suma a su defensa a Rafael Macedo de la Concha.

Sí, el mismo exprocurador que intentó desaforar a Andrés Manuel López Obrador, el fundador de Morena y la figura con mayor peso político y moral en el país.

Un error monumental.

Un acto de torpeza política.

Y una señal de desesperación absoluta.

Las prácticas de gánster no cambian, aunque esté encerrado.

Se sabe –por testimonios y reportes que circulan en el entorno jurídico de Tehuacán– que las viejas prácticas de “El Animal” no solo continúan, sino que se han salido de proporción desde su encierro.

Abogados de la contraparte habrían recibido amenazas directas de muerte, exigiéndoles abandonar el caso o incluso irse de Tehuacán.

Durante diligencias en el Centro de Justicia, el equipo legal de Alfonso Celis ha sido rodeado por siete u ocho elementos de seguridad de “El Animal”.

Más grotesco aún: al salir de las audiencias, se reporta que han sido seguidos por vehículos pertenecientes a la empresa Socorro Romero.

La familia de la contraparte también habría sido intimidada.

Cuando no puede ganar con derecho, “El Animal” recurre al miedo.

Y siempre pierde.

La defensa de Miguel Celis ha intentado filtrar columnas donde se acusa –sin evidencia alguna– que la dirigencia estatal de Morena estaría detrás de su prisión.

Nada más falso.

Lo que hoy lo tiene en la cárcel es la carpeta de extorsión que él mismo detonó con su comportamiento.

No Morena.

No políticos.

No enemigos imaginarios.

Rodearse de Macedo de la Concha en un estado gobernado por Morena es carecer, entre otras cosas, de lectura política.

Peor aún: se observan panistas de peso moviéndose alrededor de su defensa.

A esto se suma el rumor de que un senador muy activo –cercano a la 4T– estaría intentando mover influencias para liberar a “El Animal”.

¿Qué le habrán prometido?

¿Por qué un senador cercano a Morena coincidiría con Macedo de la Concha?

¿Quién es ese senador?

La ecuación es sencilla: “El Animal” extorsionó, defraudó, amenazó, intentó apoderarse de lo que no le correspondía, subestimó a la justicia y creyó que intimidación y favores políticos lo sacarían adelante.

Hoy enfrenta dos realidades paralelas: Alfonso Celis acudiendo a cada citación, rindiendo cuentas ante un juez, defendiendo su patrimonio con argumentos; y “El Animal”, repitiendo las mismas conductas que lo sepultaron: hostigamiento, presión, manipulación y show político.

Ningún abogado, político ni amenaza puede liberar a quien se encarceló solo.

Hay gente que es resultado del esfuerzo, pero hay gente como “El Animal” que, por más que se esfuerce, solo consigue equivocarse más y más.

En Tehuacán se ha escuchado mucho una frase alrededor de este caso: “¡Lo que viene, conviene!”

¿Será?

***

En un país en el que no hay memoria histórica, nunca está de más recuperar algunos temas que ayudan a contextualizar ciertas cosas:

La PGR de Macedo de la Concha armó y empujó el expediente del predio El Encino con un objetivo claro: judicializar a López Obrador y exhibirlo como un político fuera de la ley.

Fue su firma la que autorizó la solicitud formal de desafuero ante la Cámara de Diputados, detonando la mayor crisis política del sexenio del inefable Fox.

La maniobra buscaba inhabilitarlo electoralmente antes de que compitiera por la Presidencia, en un intento evidente de beneficiar al PAN.

Cuando el costo político se volvió insostenible, Fox lo sacrificó: Macedo presentó su renuncia silenciosa, convirtiéndose en el ejecutor descartable de la operación.

Macedo de la Concha quedó marcado como el operador jurídico del PAN en el intento de descarrilar al líder opositor que después fundaría Morena y llegaría a la Presidencia.

Su nombre está asociado a un episodio que Morena considera el primer acto de lawfare contra AMLO, y que analistas independientes califican como un uso faccioso de la PGR.

El desafuero consolidó la percepción de que el PAN, a través de Macedo, intentó manipular el aparato de justicia para definir el futuro político del país.

El tiempo confirmó que la operación fue un boomerang político: falló, se desmoronó con su renuncia y terminó fortaleciendo a López Obrador.

El resto, es historia.

***

Cuando Rafael Macedo de la Concha fue procurador, lo primero que hizo fue designar a Genaro García Luna como director de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal.

Fue el inicio de la saga criminal de quien está sentenciado en Estados Unidos a 39 años de cárcel por proteger al Cartel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos.

El cargo Macedo regresa… y “El Animal” confirma que no aprendió nada apareció primero en Reto Diario.