El último hallazgo se registró la tarde-noche del jueves a las orillas de la carretera Santiago Mitepec-Temalac, dentro de la jurisdicción del municipio de Jolalpan, lugar donde sicarios abandonaron el cuerpo de un hombre con un tiro en la nuca.

El área fue resguardada por las corporaciones policiacas locales para permitir que los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla recolectaran las evidencias.

El occiso, quien portaba pantalón de mezclilla, playera azul cielo y chanclas negras, no llevaba documentos de identidad entre sus pertenencias.

Horas antes, se hallaron los cuerpos de un hombre y una mujer acribillados en Teotlalco, un municipio vecino, sin que hasta el momento se haya establecido alguna relación entre ambos casos.

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Según el funcionario, los recientes homicidios en Chietla derivan de la disputa entre dos grupos delictivos por el control del narcomenudeo, situación que se agudizó tras la captura de un importante generador de violencia en la región.

Respecto a Chiautla de Tapia, el Vicealmirante explicó que la violencia obedece a la incursión de grupos criminales provenientes del estado de Morelos, quienes cruzan a territorio poblano para ejecutar a sus víctimas y retornan de inmediato a su entidad de origen.

Ante este escenario, las fuerzas federales y estatales incrementarán patrullajes y labores de inteligencia en los límites estatales y en el municipio de Tehuacán para contener el repunte de delitos de alto impacto.

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Durante su conferencia de prensa matutina de este martes, el mandatario estatal informó que, tras conocer los hechos, estableció comunicación inmediata con autoridades locales y federales.

“Desde el momento mismo que nos informaron, hablé con el presidente municipal de Huehuetlán (El Grande), me comuniqué vía mensaje con la secretaria de Gobernación federal y me comuniqué vía mensaje con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, y estamos atentos”, declaró.

El gobernador explicó que el sitio donde fueron localizados los cuerpos es una zona aislada donde no se habían registrado incidentes recientes de este tipo.

“En esa zona no se habían cometido incidentes ni el año pasado ni este año. Es una zona despoblada. Es un cerro, y se estima que ahí se llevaron a cabo, se hizo una ejecución, y también se estima que tiene que ver con D. O. (delincuencia organizada)”, afirmó.

Asimismo, subrayó que el caso se atiende conforme a las competencias de cada nivel de gobierno y con apoyo de instancias federales.

“Entonces, estos son temas que se atienden en los niveles que corresponden. Estamos realmente coordinados con las fiscalías y con Gobernación federal, y con la Secretaría de Seguridad Pública federal”, agregó.

Hallazgo en el cerro de Tenicho

El pronunciamiento del mandatario ocurre luego de que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal y la Fiscalía General del Estado (FGE) desplegaran un operativo en la junta auxiliar San Nicolás Huajuapan, donde pobladores reportaron la presencia de cuerpos en inmediaciones del cerro de Tenicho.

De acuerdo con informes preliminares, las víctimas –cuatro hombres y dos mujeres– presentaban visibles signos de violencia. Aunque inicialmente se mencionó la posibilidad de una fosa clandestina, la autoridad ministerial descartó esa versión al precisar que los cadáveres se encontraban expuestos sobre el terreno.

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El análisis criminalístico realizado por las autoridades locales indica que los ataques fueron dirigidos específicamente contra individuos que ya formaban parte del sistema de justicia por delitos previos, descartando ataques aleatorios contra la población civil.

De acuerdo con Félix Pallares Miranda, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la violencia se ha concentrado en la zona sur, donde se hallaron nueve de los 15 cadáveres.

Se trataría de una “limpia” interna o represalias contra integrantes de bandas locales que intentaron trabajar para grupos contrarios o se resistieron a ser “alineados” por liderazgos delictivos de la zona.

La dependencia también puso énfasis en la problemática de los límites territoriales, específicamente con el estado de Tlaxcala. La autoridad municipal subrayó que la mecánica de “arrojar” cuerpos en territorio ajeno al del crimen es una práctica común para entorpecer la jurisdicción de las fiscalías, lo que obliga a las corporaciones poblanas a procesar escenas cuyos hechos de origen ocurrieron fuera de su demarcación.

La SSC reafirmó su compromiso de colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) para aportar todas las evidencias recabadas en los lugares del hallazgo.

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De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE), los cuerpos fueron encontrados el pasado lunes a un costado de la carretera Uruapan-Paracho, en Capácuaro. Uno de ellos tendría solo 16 años. “Lo que sí confirma la Fiscalía es que participaron otras dos personas que acompañaban al homicida, y estas personas son los dos que aparecieron en Capácuaro muertos, y son también los que participaron en el homicidio (de Carlos Manzo)”, afirmó Ramírez Bedolla. Agregó que la información es “fidedigna” y fue compartida con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Con este hallazgo ya suman tres personas ejecutadas e implicadas en el asesinato del presidente municipal, perpetrado el 1 de noviembre. El primero fue Ubaldo Vidales, abatido por elementos de seguridad el día del ataque. Sobre este caso, el gobernador reiteró que “se está investigando también por qué el homicida fue abatido después de haber sido detenido”, pues, según explicó, tras ser sometido hubo un forcejeo y un disparo que terminó con su vida.

Investigan fallas en el esquema de seguridad del alcalde

Ramírez Bedolla señaló que la FGE también indaga la actuación de los escoltas del edil y las razones por las que se habría “flexibilizado” su esquema de seguridad. El mandatario estatal recordó que Manzo contaba con ocho escoltas personales seleccionados por él mismo, además del apoyo de 14 agentes de la Guardia Nacional. “Las líneas de investigación están abiertas en todos los sentidos (…) también hay que investigar qué fue lo que ocurrió para que se distrajera o flexibilizara su círculo de seguridad”, mencionó.

Carlos Manzo había sido reconocido por su postura contra el crimen organizado en Uruapan y por solicitar apoyo estatal y federal semanas antes del ataque que le costó la vida. Su asesinato y la posterior ejecución de los implicados mantienen activa la discusión sobre la inseguridad en la región y el alcance de los grupos delictivos en el reclutamiento de jóvenes.

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