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Por enésima vez, el Poder Judicial se pone del lado de los invasores de Covadonga

... — Fri, 19 Jun 2026 14:00:28 +0000

Una y otra vez, se repite la misma historia: la actuación del Poder Judicial parece siempre estar inclinada a favor de los invasores de tierras y de los miembros del llamado Cartel del Despojo. Hace unas semanas, se había logrado importantes avances en el juicio de oralidad que se sigue contra los acusados de haberse apropiado ilegalmente de los terrenos de la ex fábrica textil La Covadonga y cuando el juez de la causa estaba a punto de restituir las tierras a sus legítimos dueños, se inventó un argumento sin valor jurídico, para negarse a reintegrar la propiedad a la Fundación Julita y Antonio.

Literalmente, el juez Francisco Javier Martínez Castillo abandonó la dinámica del juicio oral que se sigue contra los imputados para decir, palabras más, palabras menos: “que tal si por ahí aparece otro dueño”, para negar entregar los terrenos a la Fundación Julita y Antonio que es la parte que denunció la invasión y ha demostrado plenamente ser la dueña de la propiedad en juego.

Por esa razón el caso del juez Francisco Javier Martínez Castillo ha sido llevado al Tribunal de Alzada, la cual es la instancia del Poder Judicial poblano en donde se revisan las sentencias de los juzgados y ahí se decide si los fallos se modifican o se revocan.

No es de extrañarse lo que ha ocurrido, dado los oscuros antecedentes de Martínez Castillo que, en su momento, en una de “las mañaneras” del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, fue exhibido como un juez que da protección a delincuentes.

El togado tiene un largo historial de casos controvertidos, documentados por diferentes medios de comunicación, en los cuales siempre hay una constante: beneficiar a personas acusadas de delitos graves.

Ejemplos son los siguientes: en marzo de 2023, el colectivo Cam Cai lo señaló de poner en peligro a una mujer que había sufrido violencia vicaria.

Tres meses más tarde, lo exhibieron por cambiar las medidas cautelares a par de acusados de secuestro, que se vieron beneficiados por el fallo del juez.

En octubre de 2023, permitió que salieran de la cárcel dos hermanos que en “una noche de copas” casi matan a golpes al joven universitario Ernesto Calderón, por el simple hecho de que se lo encontraron caminando en la zona de la Estrella de Puebla.

Hace un par de años, la Fiscalía General del Estado se inconformó porque el mismo juez se mostró inclinado a favor de un presunto líder del crimen organizado que atacó con un arma de fuego, de grueso calibre, a un grupo de agentes ministeriales que realizaban un cateo en el municipio de Acatzingo.

Ahora, se suma a sus oscuros antecedentes un mal fallo en el caso de La Covadonga, que fue de las primeras fábricas textiles del estado de Puebla, que se fundó a finales del siglo XIX.

10 mil pesos de fianza por una enorme invasión

Una noche de hace tres años, un grupo armado se apoderó ilegalmente de los terrenos de La Covadonga, mismos que han querido vender ilegalmente. Desde que la Fundación Julita y Antonio presentó la demanda por el despojo señaló a una persona identificada como Jorge N., como el presunto autor intelectual del robo de la propiedad inmobiliaria.

La actuación del Poder Judicial de Puebla empezó a ir mal desde el año pasado, pues en ese entonces el juez Enrique López Criollo se negó a vincular a proceso a Jorge N., pese a todas las pruebas que había en su contra.

Meses más tarde, la fundación ganó un amparo que obligó al Poder Judicial poblano a reponer el procedimiento contra Jorge N. y vincularlo a un proceso penal por el supuesto delito de despojo.

En esta segunda ocasión, el caso volvió a caer en las manos del juez López Criollo, que ya no se pudo negar a vincular a Jorge N. al juicio que se sigue por la invasión de las tierras de La Covadonga.

Sin embargo, el togado aún se mostró favorable al acusado. Hubo dos situaciones en particular:

Primero: el Ministerio Público pidió que se le fijara una fianza a Jorge N. que fuera proporcional al valor de la propiedad afectada, que en este caso son 8.5 hectáreas, que se entiende es un bien inmobiliario de muy alto valor. No obstante, se le impuso una fianza de apenas 10 mil pesos, que es una cifra ridícula frente al daño provocado con la invasión.

Segundo: también el fiscal que lleva al caso solicitó que se obligara a Jorge N. ir a firmar cada semana en el área de Medidas Cautelares, como una manera de evitar que se marche a otra parte del país. El juez decidió que se debe presentar a plasmar su rúbrica cada mes, pese al riesgo de fuga.

Más allá de estos dos aspectos muy cuestionados, se había logrado un gran avance con la vinculación a proceso de Jorge N.

A partir de ese hecho, la Fundación Julita y Antonio solicitó que le restituyeran las 8.5 hectáreas que fueron objeto de la invasión, como una manera de evitar que se le de un uso ilegal.

Había tres argumentos sólidos: ya está vinculado a proceso el autor de despojo. La fundación acreditó, desde hace tres años, ser la legitima propietaria de las 8.5 hectáreas en cuestión. Y es una forma de frenar los fraudes que se han cometido contra ciudadanos que se les ha vendidos ilegalmente lotes en la zona de conflicto.

En mayo pasado hubo cambio de jueces. Dejó el caso de La Covadonga el togado Enrique López Criollo y entró al relevo Francisco Javier Martínez Castillo, quien le tocó resolver la solicitud para regresar las tierras a la fundación.

Lo que procedía es que convocara –el juez– a una audiencia, toda vez que el juicio es oral, para que ahí comparecieran la Fundación Julita y Antonio, el Ministerio Público y Jorge N., para que cada uno aportara elementos jurídicos y se resolviera el tema de la restitución de la propiedad. No lo hizo así.

El togado determinó, por escrito y no por la vía oral, lo cual es una falta procesal, lo siguiente: negó la restitución de las tierras argumentando la posibilidad de que “existan diversas personas, las cuales pudieran haber realizado la compra-venta de dicha lotificación, existiendo con ello uno o varios terceros extraños al proceso penal, que pudieran alegar tener derechos posesorios y de propiedad sobre dicho bien”.

Al final lo que hizo el juez, según la apelación que se presentó en su contra, es que se puso a especular sobre la posibilidad de que aparezca otro dueño, en lugar de valorar las pruebas documentales presentadas en el juicio.

Pareciera que en el Poder Judicial no se quiere que el caso se resuelva conforme a Derecho.

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Nuevo esquema para construir casas en terrenos invadidos con fondos del Infonavit

... — Mon, 27 Apr 2026 13:45:18 +0000

Las invasiones de grandes extensiones de tierras en Puebla y Tlaxcala se han venido incrementando en los últimos años por una nueva y compleja modalidad de fraude inmobiliario que permite, entre otros aspectos, utilizar los predios despojados para construir casas con recursos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), mediante una red de complicidades que incluye la participación de notarios públicos, de funcionarios del Registro Público de la Propiedad y del propio Infonavit, así como de fiduciarias, que es la parte más importante de este entramado.

De tal manera que los dueños de los predios invadidos cuando quieren emprender acciones legales se enfrentan a una maraña de intereses y de participantes en el fraude, lo cual hace difícil y a veces imposible saber cuáles son las rutas para poder actuar penalmente contra todos los implicados; pero sobre todo, para frenar los desarrollos inmobiliarios que se levantan en los terrenos despojados.

Es tan sofisticado este timo que los compradores de viviendas –con créditos del Infonavit– no tienen manera de advertir que están adquiriendo bienes inmuebles que tienen vicios de origen y que los puede llevar al riesgo de acabar perdiendo las casas que han comprado y que, además, tienen la obligación de no dejar de pagar, aunque se advierta la ilegalidad del proceso de compraventa.

Un factor que agrava el problema es la exasperante lentitud con que actúa, en particular, el Poder Judicial poblano para desahogar los procesos penales por despojo.

Que en ocasiones se percibe que es por problema de falta de personal en los juzgados y por la habilidad de los abogados de los acusados para frenar el avance de las audiencias.

Pero también está presente el problema de corrupción que frena el progreso de los litigios, con la complicidad de funcionarios del Poder Judicial.

Y los más sorprendente es que quien orquesta todo el fraude puede ser alguien que quede al margen de toda acción legal.

Son mafia que tienen muchos eslabones y una forma compleja de actuar para hacer creer a todo mundo que sus desarrollos inmobiliarios son legales y sin complicaciones.

La forma del fraude

La red que opera estos fraudes actúa de la siguiente manera:

Primero se localiza el terreno que es susceptible de ser invadido. En lo que más se fijan las mafias dedicadas a este ilícito, es que atrás del predio no haya una empresa o una institución pública que tenga la capacidad de frenar el delito en el corto plazo.

Luego de ello, aparece un representante legal apócrifo que, con la complicidad de un notario público, realiza una falsa compraventa de los terrenos despojados, mediante la falsificación de las firmas de los auténticos propietarios.

Para hacer más compleja esta parte, se utilizan los notarios de un estado vecino. Fedatarios de Puebla avalan ficticias operaciones inmobiliarias en Tlaxcala, y viceversa, cuando la ilegal compra de tierras ocurre en territorio poblano, aparecen en la escena notarios de la entidad tlaxcalteca.

El siguiente paso es que en el Registro Público de la Propiedad se hacen los cambios de propietarios.

A continuación, el falso dueño solicita al Infonavit recursos económicos para construir casas de interés social.

Y para ello, contrata el servicio de una fiduciaria, que supuestamente se va a encargar de vigilar que “el propietario” cumpla con el pago del dinero otorgado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Luego de ello, el Infonavit acredita a la fiduciaria y entonces le entrega el monto del crédito solicitado.

Y de esa manera la fiduciaria le deposita al dueño fingido el dinero, ya sea en un solo monto o en partes, para que emprenda la construcción de viviendas, así como el posterior proceso de venta de los inmuebles, para lo cual los compradores en su mayoría utilizan sus créditos personales del Infonavit.

El caso de Arcos Altos

Un ejemplo claro de esta trama apareció en el desarrollo Arcos Altos, que se levantó en predios despojados de Ixtacuixtla, Tlaxcala, en donde se construyeron 480 departamentos, mismos que se vendieron en su mayoría a derechohabientes del Infonavit del estado de Puebla.

Lo que llama la atención de este asunto es que apareció la figura de un hombre llamado Karlos Zenteno, quien según han narrado los implicados en la construcción del fraccionamiento Arcos Altos, habría sido el orquestador del proyecto.

No obstante, su nombre no aparece en ninguna parte y, por tanto, en el proceso penal que emprendieron los dos propietarios de los terrenos invadidos, no se pudo incluir la figura de Karlos Zenteno.

Una situación que tiene el borde de la desesperación a los constructores y los que comercializaron las casas, porque ya perdieron el juicio y un juez los está obligando no solo a devolver los terrenos, sino a entregar la propiedad de las 480 viviendas a quienes promovieron el juicio en su contra.

Sin que los perdedores del litigio puedan incluir en el resarcimiento de daños y la restitución de la propiedad a quien supuestamente los acabó involucrando.

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Congreso de Puebla endurece penas por despojo: hasta 15 años de prisión por invasión de propiedades

Redacción Reto Diario — Wed, 25 Mar 2026 14:11:28 +0000

Para proteger de manera efectiva el derecho humano a la propiedad y a la vivienda en Puebla, el Congreso del estado aprobó diversas reformas al Código Penal, mediante las cuales se fortalece el marco jurídico aplicable al delito de despojo, con el establecimiento de sanciones claras y proporcionales, así como el aumento de las penas correspondientes.

En el dictamen, aprobado el pasado 15 de marzo por las diputadas y los diputados que integran la LXII Legislatura, se destaca que el delito de despojo se ha convertido en una forma sofisticada de violencia patrimonial, cometida en muchos casos por grupos organizados, redes de corrupción o personas que se valen de vacíos legales, procesos administrativos irregulares o documentos falsificados, para arrebatar bienes a sus legítimos propietarios.

Foto: Especial

Ante esta problemática, es necesario garantizar condiciones jurídicas e institucionales que prevengan y sancionen las conductas que atenten contra el derecho a la propiedad y a la vivienda, especialmente cuando se busca despojar ilegítimamente a una persona de un bien inmueble que ha adquirido de buena fe y conforme a derecho.

Por ello, la LXII Legislatura aprobó el dictamen mediante el cual se reforman los artículos 409 y 409 Bis, se adiciona el artículo 409 Ter, y se deroga el segundo párrafo del artículo 408 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, a fin de indicar que el delito de despojo se sancionará con prisión de seis a 12 años y multa de 100 a mil 500 Unidades de Medida y Actualización.

Foto: Especial

Las causales en las que se aplicará esta pena son cuando el delito: se cometa materialmente por cinco o más personas o en contra de zonas declaradas como área natural protegida; se ejecute en agravio de una niña, niño o adolescente, persona mayor de 60 años, con discapacidad o perteneciente a un pueblo o comunidad indígena; o se cometa con participación de una persona servidora pública valiéndose de su empleo, cargo o comisión, con independencia de si se encontraba o no en ejercicio de sus funciones.

También en los casos en que, para su ejecución, se simulen actos de autoridad; se inscriba en el Registro Público de la Propiedad un acto jurídico traslativo de la propiedad o posesión utilizando un documento falso, simulado o inexistente con el fin de aparentar un derecho real sobre un inmueble que no le pertenece, o se suplante la identidad de la persona propietaria o poseedora del inmueble, o de su representante legal, apoderada o apoderado.

Las mismas penas se aplicarán cuando el delito se cometa con intervención dolosa de la persona titular, auxiliar o suplente de una notaría pública, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, dando fe de hechos o formalizando actos jurídicos ilícitos, con la finalidad de justificar, facilitar, consumar o encubrir el despojo.

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Como parte de las reformas, se establece que, al que financie o dirija la invasión, así como a la persona autora o personas autoras intelectuales, se les sancionará con prisión de siete a 15 años y multa de mil a tres mil Unidades de Medida y Actualización. Estas sanciones se aumentarán hasta en una tercera parte de los mínimos y máximos, cuando el delito se cometa con el propósito de lotificar o comercializar la tierra.

El dictamen fue elaborado con las propuestas del Ejecutivo estatal, así como de las diputadas Araceli Celestino Rosas, Beatriz Manrique Guevara, Susana del Carmen Riestra Piña, Celia Bonaga Ruiz y Modesta Delgado Juárez, y los diputados Andrés Iván Villegas Mendoza y Óscar Mauricio Céspedes Peregrina. Además, obtuvo el aval de las legisladoras y los legisladores al ponerlo a consideración del Pleno.

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Congreso aprueba dictamen para fortalecer el marco jurídico contra el delito de despojo

Redacción Reto Diario — Sun, 15 Mar 2026 23:59:58 +0000

El Congreso del Estado avaló el dictamen para reformar el Código Penal del Estado, con el objetivo de fortalecer el marco jurídico aplicable al delito de despojo, mediante el establecimiento de sanciones claras y proporcionales y el aumento de las penas correspondientes; proteger efectivamente el derecho a la propiedad, con especial atención cuando el delito se comete en perjuicio de personas en situación de vulnerabilidad; salvaguardar la seguridad jurídica; así como proteger de manera efectiva el derecho humano a la propiedad y a la vivienda en el Estado.

Asimismo, se busca sancionar de manera severa el despojo cometido con el propósito de notificar o comercializar la tierra.

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A favor del dictamen se pronunciaron los diputados Andrés Iván Villegas Mendoza y Óscar Mauricio Céspedes Peregrina, así como las diputadas Araceli Celestino Rosas, Elvia Graciela Palomares Ramírez, Norma Estela Pimentel, Beatriz Manrique Guevara y Modesta Delgado Juárez, quienes subrayaron la importancia de proteger los hogares de las familias poblanas y el patrimonio que han construido a lo largo de su vida.

Por otra parte, se aprobó el dictamen para adicionar los artículos 192 Bis y 192 Ter al Código Penal del Estado de Puebla, con el objetivo de incorporar dentro de los delitos de ataques a las vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte la colocación o arrojo en vías de comunicación de objetos punzocortantes, estrellas metálicas, abrojos, erizos, varillas o cualquier artefacto similar, con el fin de obstaculizar ilícitamente el tránsito vehicular o utilizarlos para ponchar llantas o dañar cualquier vehículo.

A favor del dictamen se pronunció el diputado Andrés Iván Villegas Mendoza.

Las y los diputados de la LXII Legislatura del Congreso del Estado avalaron el dictamen por el que se declara el 17 de mayo como el “Día del Benemérito Ejército de Oriente”, con el propósito de preservar la memoria histórica de quienes desempeñaron un papel importante en la defensa de la soberanía nacional ante la intervención francesa.

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Asimismo, el Congreso del Estado aprobó el dictamen por el que se declara “Benemérito Heroico del Estado de Puebla al coronel Manuel Molina”.

La diputada Elisa Limon Balderrabano destacó la participación del coronel en combates contra las fuerzas imperialistas y por ser el primer combatiente del Ejército de Oriente.

De igual manera, se avaló el dictamen que se presentó para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Cultura del Estado de Puebla, con la finalidad de actualizar, armonizar y fortalecer el marco normativo estatal en materia cultural.

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Las y los diputados de la LXII Legislatura aprobaron el dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, con el propósito de actualizar diversas disposiciones relacionadas con la organización electoral, particularmente en lo relativo a la estructura del Instituto Electoral del Estado, las atribuciones del Consejo General y de la Secretaría Ejecutiva, así como la integración y funcionamiento de los órganos desconcentrados temporales que intervienen en los procesos electorales.

A favor del dictamen se pronunció la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas; en contra, las diputadas Fedrha Isabel Suriano Corrales y Delfina Pozos Vergara.

También se avaló el dictamen para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, con la finalidad de establecer el ejercicio de las facultades que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla otorga al gobernador o gobernadora sobre el nombramiento de magistrados o magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa.

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Durante la sesión ordinaria, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el dictamen para reformar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, con el propósito de determinar quiénes son los servidores públicos sujetos de juicio político, entre los que se encuentran: la persona titular del Poder Ejecutivo; diputadas y diputados del Congreso del Estado; la persona titular de la Auditoría Superior del Estado; magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia; magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial; juezas y jueces de primera instancia, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Puebla; y las personas integrantes del Órgano de Administración Judicial.

Por otra parte, se aprobó el dictamen para designar como presidente sustituto del Concejo Municipal de Cuautempan, Puebla, a Miguel Guadalupe Morales Zenteno.

El presidente sustituto del Concejo Municipal de Cuautempan concluirá el periodo constitucional 2024-2027 e iniciará sus funciones a partir de la toma de protesta correspondiente.

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En su momento, las y los diputados de la LXII Legislatura aprobaron el acuerdo para exhortar a los Poderes Ejecutivo y Judicial, a los organismos constitucionalmente autónomos, así como a los ayuntamientos y a los concejos municipales del Estado, para que se adhieran el próximo 28 de marzo a la campaña mundial en favor del medio ambiente denominada “La Hora del Planeta”, apagando durante una hora las luces de sus sedes oficiales y alternas, de 20:30 a 21:30 horas, en la lucha contra los efectos nocivos causados por el cambio climático, así como para concientizar y promover una cultura de responsabilidad, cuidado y respeto de nuestro entorno.

De igual manera, el Congreso del Estado avaló el acuerdo para exhortar a los ayuntamientos y a los concejos municipales del Estado para que promuevan la capacitación de su personal, incluyendo a sus elementos de seguridad pública, en materia de inclusión, derechos humanos y no discriminación.

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Así como para que habiliten sus espacios públicos de manera que sean accesibles y cuenten con condiciones sensorialmente adecuadas, en beneficio de las personas con discapacidad, en especial de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), con el fin de garantizar su inclusión, adecuada atención, así como el respeto y la promoción de sus derechos.

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Vinculan a proceso a Jorge N. por despojo e invasión en La Covadonga tras amparo federal

Redacción Reto Diario — Tue, 24 Feb 2026 01:44:08 +0000

Tras tres años de trámites legales, la Décima Primera Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ) vinculó a proceso a Jorge N., por los delitos de despojo y contra el orden en el desarrollo urbano, relacionados con la invasión de un predio de 8.5 hectáreas en la zona de La Covadonga.

Así lo informó el apoderado legal de la Fundación Julita y Antonio, Jesús González Schmal, quien detalló que el hecho se remonta al 9 de abril de 2023, cuando un grupo de aproximadamente 50 personas armadas ingresó y ocupó ilegalmente el terreno propiedad de la fundación.

Ante la negativa inicial del TSJ para vincular a proceso al imputado, la Fundación promovió un amparo federal. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal concedió la protección y ordenó a la Sala Unitaria reconsiderar todas las pruebas aportadas por la institución y el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE).

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Con esta resolución, el juez de control deberá fijar fecha para establecer medidas cautelares y determinar el plazo de cierre de la investigación complementaria.

Por otro lado, respecto a un segundo predio invadido con construcciones irregulares, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y del Trabajo otorgó amparo a la Fundación Julita y Antonio. La sentencia ordena a la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Puebla dar curso a la denuncia ciudadana presentada el 24 de julio de 2025, e iniciar el procedimiento para designar personal que supervise y verifique los hechos denunciados.

La dependencia municipal se había negado previamente a realizar la inspección, por lo que el 13 de agosto de 2025 se recurrió al Poder Judicial Federal, que resolvió favorablemente. Esta decisión obliga al gobierno municipal a actuar conforme a su Código Reglamentario.

El presidente municipal José Chedraui declaró el 9 de diciembre de 2025 que solo actuaría una vez que la autoridad judicial lo indicara, al tratarse de un conflicto entre particulares. Con las resoluciones federales y estatales recientes, se espera que el Ayuntamiento proceda en consecuencia.

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Finalmente, González Schmal lamentó la situación: “Ha sido una experiencia muy triste porque, además, no todos los ciudadanos que sufren de una invasión pueden responder con una defensa legal adecuada”.

La Fundación reiteró su compromiso por recuperar los predios y evitar que casos similares queden en impunidad, exhortando a la ciudadanía a no adquirir terrenos en la zona de La Covadonga sin verificar su legalidad.

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Coordinación interinstitucional permite captura de presunto líder delictivo en Amozoc

Redacción Reto Diario — Tue, 27 Jan 2026 20:13:12 +0000

Como resultado de un operativo interinstitucional coordinado desde el C5i, autoridades federales, estatales y municipales detuvieron en Amozoc a José N., presunto líder de un grupo delictivo dedicado al robo a transporte de carga, despojo, amenazas y lesiones.

El monitoreo estratégico realizado en el Centro de Control, Comando, Coordinación, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia permitió identificar y capturar al sujeto, quien contaba con antecedentes por delitos de alto impacto. Durante la acción también se recuperó una camioneta con reporte de robo vigente en Tlaxcala.

Las fuerzas de seguridad y la Fiscalía General del Estado continúan con labores táctico-operativas para localizar y detener a posibles cómplices del grupo.

El gobernador Alejandro Armenta resaltó que en Puebla la estrategia de seguridad se basa en resultados concretos y en la coordinación permanente con la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Fiscalía General del Estado (FGE), lo que ha permitido inhibir y combatir delitos de alto impacto en la entidad.

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