En la propuesta, la legisladora detalla que es necesario clarificar el texto del reciente tipo penal relativo al despojo inmobiliario, “para evitar que pueda darse una duplicidad con el delito de Fraude o incluso se aproveche esta circunstancia para obtener una sanción menor o en el peor de los casos genere impunidad”.

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De esta forma, se pretende delimitar con precisión que la simulación de actos de autoridad debe estar directamente orientada a la ejecución del despojo, ya sea para ocupar, mantener o consolidar la posesión indebida del inmueble, así como diferenciar claramente esta conducta de otras figuras como el fraude.

La diputada plantea que, en el artículo 409 se sustituya la expresión “Unidades de Medida y Actualización” por “veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”, en lo que corresponde a la sanción.

Asimismo, que en la fracción IV del artículo 409 sobre el delito de despojo se precise que: “Para su ejecución se simulen actos de autoridad con el propósito de ocupar, mantener o legitimar indebidamente la posesión o propiedad de un inmueble.

El cargo Plantea la diputada Delfina Pozos ajuste a reformas sobre el delito de despojo apareció primero en Reto Diario.

Durante las últimas sesiones del periodo legislativo, el pleno avaló un paquete de 14 iniciativas enviadas por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, en temas relacionados con seguridad, justicia, administración pública y bienestar social.

La sesión final se desarrolló en medio de fallas técnicas en el sistema eléctrico del recinto legislativo, lo que obligó en distintos momentos a realizar votaciones nominales. Con estos dictámenes se resolvió parte del rezago legislativo acumulado en el periodo comprendido entre el 15 de enero y el 15 de marzo, cuando previamente se habían aprobado pocas reformas.

Entre los cambios más relevantes se encuentra la reforma al Código Penal del estado para endurecer las sanciones por el delito de despojo inmobiliario. La modificación eleva las penas de prisión y establece agravantes cuando el delito se comete con fines lucrativos, mediante documentos falsos o con participación de servidores públicos.

También se aprobó la reforma a la Ley de Bienestar Animal que elimina al Instituto de Bienestar Animal como órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y transfiere sus funciones al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), con el argumento de ampliar la cobertura de atención en los 217 municipios del estado.

El Congreso avaló además reformas secundarias relacionadas con la organización de la elección judicial prevista para 2027, así como modificaciones a la Ley de Obra Pública que permitirán desarrollar infraestructura social en inmuebles privados con recursos federales.

El paquete legislativo incluyó ajustes a la Ley de Hacienda estatal para facilitar la transferencia de recursos federales a los ayuntamientos, así como la aprobación de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que armoniza la legislación estatal con la normativa federal en materia de mediación pública y privada.

Durante la misma jornada también se aprobaron reformas vinculadas con violencia de género, seguridad en entornos escolares, derechos laborales, transporte y educación.

El pleno avaló además la designación de Miguel Guadalupe Morales como presidente interino del Concejo Municipal de Cuautempan y la integración de una nueva Mesa Directiva del Congreso.

Asistencia y votaciones

El Congreso de Puebla está integrado por 41 legisladores. Durante la sesión la participación fluctuó en distintos puntos del orden del día.

En la votación de la reforma al Código Penal por despojo participaron 39 diputados, mientras que en otros dictámenes se registraron alrededor de 36 votos. A pesar de las variaciones en la asistencia, el quórum mínimo requerido de 21 legisladores se mantuvo durante toda la sesión.

Reclamos de la oposición

El cierre del periodo legislativo estuvo acompañado de críticas de diputados de oposición por la rapidez con la que se procesaron varios de los dictámenes.

Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron la forma en que se discutieron las iniciativas y señalaron presuntas omisiones administrativas dentro del Congreso.

Las críticas se dirigieron particularmente al secretario general del Congreso, Leopoldo de Lara Valera, y al director general de Asuntos Jurídicos, Jesús Juárez Lezama, a quienes algunos legisladores acusaron de no informar oportunamente sobre una controversia constitucional presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra reformas a la Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales.

De acuerdo con los señalamientos, la notificación habría permanecido sin atender durante varios meses antes de ser conocida por la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

El presidente del Congreso y coordinador de la bancada de Morena, Pavel Gaspar Ramírez, señaló que cualquier solicitud formal para revisar la permanencia de funcionarios administrativos deberá analizarse conforme a los procedimientos internos del Poder Legislativo.

Inicio del receso legislativo

Con esta sesión concluyó formalmente el segundo periodo ordinario del primer año legislativo. El Congreso entrará ahora en receso, periodo en el que las comisiones continuarán con el análisis de iniciativas pendientes mientras no se celebren sesiones plenarias.  El siguiente periodo ordinario de sesiones iniciará el 15 de mayo de 2026, cuando el pleno retomará las actividades legislativas con la discusión de nuevas iniciativas y dictámenes pendientes.

El cargo Congreso de Puebla cierra periodo con sesión de más de siete horas y avala paquete de reformas del Ejecutivo apareció primero en Reto Diario.

La reforma, impulsada por el gobernador Alejandro Armenta Mier y respaldada por legisladores de distintas fuerzas políticas, fue aprobada con 36 votos a favor en sesión ordinaria. El dictamen había sido avalado previamente por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia el 13 de marzo.

La legislación establece agravantes que aumentan la sanción hasta en una tercera parte cuando el delito se cometa con fines lucrativos —como la lotificación o comercialización ilegal de terrenos—, se utilicen documentos falsos, se inscriban actos simulados en el Registro Público de la Propiedad, o participen de manera dolosa notarios o servidores públicos. Quienes financien o dirijan estas operaciones enfrentarán penas de siete a 15 años de prisión y multas de hasta 3,000 UMA.

El decreto también endurece las penas cuando el despojo se ejecute de forma organizada o sistemática a través de redes de especulación inmobiliaria, estructuras identificadas públicamente como el “Cártel del Despojo”, integradas por intermediarios, funcionarios y operadores que facilitan la apropiación ilegal de inmuebles. Las sanciones serán igualmente más severas cuando las víctimas sean personas adultas mayores, personas con discapacidad, menores de edad o integrantes de comunidades indígenas.

En términos legislativos, el decreto reforma los artículos 409 y 409 Bis, adiciona el artículo 409 Ter y deroga el segundo párrafo del artículo 408 del Código Penal del Estado de Puebla, con el propósito de cerrar vacíos legales y fortalecer la seguridad jurídica sobre la propiedad privada.

El contexto que motivó la reforma es contundente: entre enero y febrero de 2026 se abrieron 861 carpetas de investigación por despojo en Puebla, un incremento de 7% respecto al mismo periodo de 2025. Legisladores señalaron que el fenómeno afecta el patrimonio de familias enteras y genera incertidumbre sobre la tenencia de la tierra, especialmente en zonas con alto potencial de desarrollo inmobiliario.

El cargo Congreso de Puebla endurece penas por despojo inmobiliario; podrían llegar hasta 20 años de prisión apareció primero en Reto Diario.

La propuesta, enviada por el gobernador Alejandro Armenta al Congreso del estado, fue detallada por el coordinador del Gabinete estatal, José Luis García Parra, quien explicó que el objetivo es aumentar las agravantes y modalidades de este ilícito, con penas significativamente mayores a las actuales.

Actualmente, el delito de despojo se castiga con penas que van de tres meses a tres años de prisión. Con la reforma planteada, la sanción base aumentaría a entre seis y 12 años de cárcel.

Además, quienes financien, coordinen o sean autores intelectuales de estos actos podrían enfrentar penas de hasta 15 años. Si el despojo se comete con fines comerciales, por ejemplo, para vender la propiedad obtenida ilegalmente, la condena podría incrementarse hasta llegar a los 20 años de prisión.

Entre las agravantes que elevarían las sanciones se incluyen la comisión del delito en agravio de adultos mayores, menores de edad, personas con discapacidad o comunidades indígenas; la intervención de servidores públicos; el uso de documentos falsos o la participación dolosa de notarios públicos para facilitar el fraude.

La iniciativa forma parte de una estrategia impulsada por el Gobierno estatal para combatir redes de despojo de propiedades y prácticas fraudulentas que han generado preocupación social. Autoridades han señalado que estas prácticas han involucrado a particulares y servidores públicos en diversos municipios, lo que ha provocado un aumento de las denuncias por despojo en la entidad.

El proyecto de reforma será analizado por el Congreso de Puebla, donde los legisladores definirán si se avalan los cambios propuestos para endurecer las penas por despojo inmobiliario.

El cargo Busca Gobierno de Puebla sancionar con hasta 20 años de prisión el delito de despojo inmobiliario apareció primero en Reto Diario.

La propuesta de la diputada indica que, con la agravante, las sanciones ya establecidas para el delito de fraude se incrementarán hasta en una mitad cuando la simulación tenga como objeto la transmisión, ocupación o despojo de bienes inmuebles, y se realice con la participación de personas servidoras públicas que, por acción u omisión, faciliten, validen o ejecuten el acto.

Además, se expone que la sanción se incrementará en una mitad cuando el fraude se cometa en materia inmobiliaria con la participación activa o pasiva de personas servidoras públicas que, abusando de su cargo, faciliten, validen o ejecuten el acto fraudulento.

Asimismo, contempla que se impondrá prisión de tres meses a tres años y multa de cinco a 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuando el despojo del inmueble o de derechos reales se cometa con la participación, autorización, encubrimiento o tolerancia de personas servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones.

La propuesta legislativa mediante la cual se reforman los artículos 404 fracción IX, el 407 y el 409; y se adiciona la fracción III al artículo 408 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.

Por otra parte, en sesión de la Comisión Permanente del Congreso, la diputada Modesta Delgado Juárez presentó una iniciativa para reformar el Código Civil del Estado, con el objetivo de proteger a las ciudadanas y los ciudadanos de los abusos derivados de los préstamos conocidos como “gota a gota”.

Modesta Delgado Juárez, diputada local de Puebla por el partido Fuerza por México. Foto: Especial

Lo anterior, estableciendo en el ordenamiento que el interés convencional es el que pactan las personas contratantes, sin que el mismo pueda estipularse de manera diaria; y cuando el interés sea tan desproporcionado que haga fundadamente creer que se abusó del apuro pecuniario, inexperiencia, ignorancia, necesidad de la persona deudora, anuncios contrarios a la realidad, amenazas o coacción, a petición de esta, la persona juzgadora, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, reducirá equitativamente el interés hasta el tipo legal.

La propuesta mediante la cual se reforman los artículos 2255 y 2256 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.

Además, la diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez presentó una iniciativa para adicionar la fracción VI al artículo 2 de la Ley de Víctimas del Estado de Puebla con el objetivo de establecer que las autoridades que intervengan en procedimientos relacionados con víctimas, tengan capacitación actualizada que asegure una atención con perspectiva de derechos humanos y de género, y evite cualquier tipo de discriminación o prejuicio en razón de orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales.

Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez, diputada local de Puebla por Morena. Foto: Especial

La diputada también presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Puebla, con el propósito de prohibir toda acción tendiente al menoscabo de los derechos humanos, en razón de discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales.

Además, fomentar para toda persona el derecho a la no discriminación y promover las condiciones de respeto e igualdad irrestricta por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales en los ámbitos de salud, justicia y trabajo.

Las iniciativas de la diputada Gabriela Chumacero fueron enviadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, respectivamente.

Foto: Especial

Durante la sesión de la Comisión Permanente se dio cuenta de las siguientes propuestas legislativas:

• Iniciativa del diputado Andrés Iván Villegas Mendoza para reformar los artículos 85 y 87 fracción IV y el 323 Bis del Código Penal, con la finalidad de incrementar las penas de dos a cuatro años de prisión y multa de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) cuando se cometa un delito al conducir vehículo de motor en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, enervantes, psicotrópicos o cualquier otra sustancia que produzca un efecto similar.

La persona que al conducir un vehículo de motor cause homicidio o lesiones, hallándose en estado de embriaguez superior al primer grado o bajo el efecto de estupefacientes, enervantes, psicotrópicos o cualquier otra sustancia que produzca un efecto similar, se sancionará de cuatro a doce años de prisión. Además de la cancelación definitivamente de la licencia para conducir vehículos expedida por cualquier instancia.

• Iniciativa del diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta para reformar el penúltimo párrafo de la fracción IV del artículo 26 y adicionar un último párrafo al artículo 27 del Código Penal, con el propósito de establecer que en los casos de legítima defensa relacionados con mujeres víctimas de violencia de género, se deberá de juzgar, en todo momento, bajo este tipo de perspectiva.

• Iniciativa del diputado Elías Lozada Ortega para adicionar la Sección Décima Séptima denominada “Legado de Bienes Digitales y Albacea Digital” y el artículo 3224 Bis al Código Civil del Estado, con el propósito de establecer que los bienes digitales del testador podrán ser objeto de legado, comprendiendo las cuentas en redes sociales, correos electrónicos, archivos electrónicos, servicios en la nube, criptomonedas, blogs, páginas web y cualquier representación digital con valor patrimonial o afectivo.

• Iniciativa de la diputada Xel Arianna Hernández García para adicionar el artículo 265 Bis al Código Penal del Estado de Puebla, con el objetivo de equiparar el delito de estupro con el de violación, que permita fortalecer la protección de menores y eliminar vacíos legales e interpretaciones ambiguas.

Las propuestas legislativas antes mencionadas, fueron turnadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.

• Iniciativa de la diputada Azucena Rosas Tapia para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada, con la finalidad de regular con precisión la facultad extraordinaria de detención temporal en flagrancia en términos compatibles con la Constitución, la Ley Federal de Seguridad Privada.

Con la combinación de requisitos formales, capacitación obligatoria, registro y supervisión estatal y sanciones, para garantizar equilibrio entre la protección de la seguridad ciudadana y la defensa de las garantías individuales.

• Punto de acuerdo del diputado José Luis Figueroa Cortés por el que exhorta a la titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla para que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, elabore un plan de acción para contener y revertir el delito de extorsión en la entidad, siguiendo las directrices de la estrategia nacional contra la extorsión.

La iniciativa de la diputada Azucena Rosas fue enviada a la Comisión de Seguridad Pública, mientras que el punto de acuerdo del diputado José Luis Figueroa fue turnado a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

El cargo Analizarán en el Congreso de Puebla iniciativa para sancionar el fraude y el despojo inmobiliario apareció primero en Reto Diario.

Al grito de “¡Fuera gringos!” y “Aquí se habla español”, los manifestantes expresaron su rechazo al alza desmedida de rentas, la especulación inmobiliaria y la transformación del tejido social en sus barrios. Con pancartas, talleres de arte y un micrófono abierto, los asistentes compartieron testimonios de desalojo, precariedad y desplazamiento forzado. Una estudiante de Arquitectura, en el micrófono, que quejó porque cada vez es más difícil rentar y señaló que los jóvenes ya no pueden comprar una casa.

Destrozos en Starbucks de la Condesa

Sin embargo, lo que comenzó como una protesta pacífica escaló en tensión. Un pequeño grupo se separó del contingente principal y arremetió contra un Starbucks ubicado en la esquina de Sonora y Ámsterdam, en la colonia Condesa. Los atacantes lanzaron piedras, rompieron cristales, hicieron pintas y arrojaron petardos al interior del establecimiento, donde aún se encontraban clientes, quienes tuvieron que resguardarse.

🔴 Durante la manifestación contra la gentrificación en la #CDMX, un grupo de personas realizó destrozos en una sucursal de Starbucks ubicada sobre la calle Sonora, en la colonia Condesa.
La protesta busca visibilizar el desplazamiento de comunidades originarias y el impacto de… pic.twitter.com/0tKnO1OYUd

— Somos el Medio (@Somoselmedio) July 5, 2025

Se tiraron al suelo clientes de Starbucks tras lanzamiento de pedradas y explosivos por manifestantes. Avanza la primera Marcha Antigentrificación en la Condesa y la Roma.

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— José Luis Morales (@JLMNoticias) July 5, 2025

La agresión al local fue interpretada como una acción simbólica contra las grandes cadenas comerciales asociadas con la gentrificación. No se reportaron detenidos, pero las autoridades capitalinas condenaron los actos vandálicos. “La protesta social es válida, pero no la violencia”, declaró un vocero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

Desde la pandemia de COVID-19, Ciudad de México ha experimentado una llegada masiva de nómadas digitales y residentes extranjeros, atraídos por el bajo costo de vida relativo. Esto ha desencadenado un alza de precios en colonias céntricas como Roma, Condesa, Hipódromo, Juárez y Cuauhtémoc, fenómeno que ha puesto sobre la mesa el debate sobre quién puede realmente habitar la ciudad.

Esta protesta marca un hito inédito en la capital: la primera movilización antigentrificación, en la que vecinos no solo alzaron la voz, sino que exigieron políticas públicas que garanticen el derecho a la vivienda digna y protejan a las comunidades originarias del despojo inmobiliario.

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