La familia había sido privada de la libertad el pasado 4 de marzo, cuando un comando armado irrumpió en su hogar en la población de Guadalupe Victoria, en el municipio de Cuyoaco, llevándose incluso a un bebé de un año que fue abandonado vivo horas después.

Los cuerpos de la madre y la niña de 9 años yacían juntos, mientras que el de la hija mayor, de 20 años, fue encontrado con signos de violencia extrema.

Pese a que se activó el Protocolo Alba desde su desaparición, no hubo peticiones de rescate por lo que la comisión de un secuestro ha quedado descartada. Sin embargo, la Fiscalía ya lleva a cabo las investigaciones para esclarecer este triple feminicidio.

Hasta el momento, se desconocen las causas de la muerte por el estado en que se encontraron los cadáveres.

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Entre las primeras diligencias, se realizó la entrevista inicial con la persona reportante para recabar información detallada que fortaleciera las líneas de acción. Asimismo, se giraron oficios de colaboración con autoridades de estados aledaños para ampliar el alcance de la búsqueda y verificar registros institucionales y posibles avistamientos.

El área de Análisis de Contexto de la comisión estructuró la información recabada para identificar puntos estratégicos de búsqueda y definir las acciones operativas. La Comisión enfatiza que se prioriza el derecho de las personas a ser buscadas, trabajando sin distinción y fortaleciendo el derecho de las familias a la verdad, la justicia y la localización de sus seres queridos.

Este año se han logrado 51 localizaciones, de las cuales 35 corresponden a hombres y 16 a mujeres, resultado del trabajo coordinado, profesional y humanitario del personal especializado.

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Versiones aseguran que Karina celebraba su cumpleaños el día en que desapareció, y no regresó para festejarlo. Fuentes cercanas indican que dejaron a sus hijos en el Instituto Oriente de Puebla antes de emprender el viaje, y desde entonces no hay rastro de su paradero. El instituto emitió un comunicado oficial expresando “profunda preocupación y solidaridad” con la familia, confirmando que se trata de padres apreciados en la comunidad escolar. En el documento, la institución hace un llamado urgente a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla para agilizar las investigaciones y a la ciudadanía para compartir masivamente las fichas de búsqueda.

Foto: Especial

La FGE ha activado los protocolos de búsqueda, incluyendo el Protocolo Alba para el caso de Karina, y abrió una carpeta de investigación. Como parte del protocolo se han difundido boletines con las descripciones físicas de los desaparecidos.

Familiares y amigos temen que hayan sido víctimas de privación de la libertad, dado el contexto de inseguridad en la región. En redes sociales se han multiplicado los llamados a la acción, con publicaciones que incluyen las fichas de búsqueda y exhortos a reportar cualquier información.

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El cierre comenzó cerca de las 22:30 horas a la altura del kilómetro 166+500, en las inmediaciones de Acatzingo. Familiares y conocidos señalaron que el hombre habría sido privado de la libertad la tarde del viernes por un grupo armado en calles del municipio.

Con la consigna de no retirarse hasta obtener respuestas, los manifestantes colocaron obstáculos y quemaron llantas sobre la vialidad, lo que provocó el cierre total en ambos sentidos y largas filas de vehículos particulares y de carga con dirección a Veracruz y Puebla.

En el lugar permaneció la presencia de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y personal de la Fiscalía General del Estado, quienes resguardaron la zona, abanderan el tránsito y buscaron entablar diálogo con los inconformes.

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La propuesta fue presentada por la diputada Nayeli Salvatori y busca establecer sanciones para personas que reporten una desaparición falsa. Sin embargo, Gaspar consideró que se trata de un tema delicado que necesita escucharse desde distintos puntos de vista.

Señaló que el Congreso debe organizar foros y mesas de trabajo donde participen especialistas, colectivos y representantes de la sociedad, con el fin de analizar las posibles consecuencias de la reforma y evitar errores en su aplicación.

El legislador indicó que es importante revisar cómo afectaría una sanción penal en estos casos y si existen otras alternativas que puedan atender la situación sin generar nuevas problemáticas.

La discusión surge luego de casos recientes que generaron movilización social y cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos cuando se activa un protocolo de búsqueda.

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En conferencia de prensa, la fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt, informó que, como parte de las indagatorias, se han realizado alrededor de 30 actos de investigación, los cuales permitieron identificar indicios de que la joven habría salido del territorio poblano.

“Se pidió el día de ayer una colaboración con el Estado de México, porque nos arrojó que su geolocalización (estuvo) de aquel lado”, declaró la funcionaria.

Investigación y acciones desplegadas

Pastor Betancourt detalló que entre las diligencias realizadas se encuentran siete entrevistas a familiares y personas cercanas, así como inspecciones en el domicilio de Lidya y en los puntos relacionados con su salida y destino previsto. A ello se suma la revisión de cámaras de videovigilancia desde el momento en que abandonó la ciudad de Puebla hasta los últimos tramos donde fue detectado su vehículo.

De manera paralela, la Fiscalía solicitó información a hospitales públicos y privados, ante la posibilidad de que Lidya, debido a su avanzado embarazo, hubiera ingresado para recibir atención médica. Asimismo, se analizaron los recorridos de su automóvil mediante sistemas de geolocalización, lo que permitió identificar el desplazamiento fuera del estado.

“Se continúa con la investigación al respecto de esta persona desaparecida. Esperamos localizarla a la brevedad”, puntualizó la fiscal.

Con base en estos resultados, la búsqueda de Lidya Valdivia se mantiene de forma coordinada entre la FGE de Puebla y su homóloga del Estado de México, con el objetivo de ampliar el radio de localización y no entorpecer las investigaciones en curso. Las autoridades reiteraron que todas las líneas de investigación permanecen abiertas y que la prioridad es salvaguardar la integridad de la joven y del bebé.

El caso que mantiene en alerta a Puebla

Lidya Valdivia Juárez fue reportada como desaparecida durante la madrugada del domingo 18 de enero, cuando circulaba por el tramo carretero Acajete-Apango a bordo de un Chevrolet Malibu modelo 2016, con placas UCR 923 B. Minutos antes de perder comunicación, envió mensajes y una fotografía a su pareja en los que advertía que era perseguida por desconocidos que viajaban en una motocicleta y un automóvil.

Tras su desaparición, familiares, amigos y pobladores realizaron bloqueos en la autopista Puebla-Orizaba y en la carretera federal a Tehuacán, a la altura de San Jerónimo Ocotitlán, para exigir avances en la investigación y la localización con vida de Lidya, cuyo parto estaba programado para días posteriores a su desaparición.

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla emitió un boletín con sus características físicas y activó los protocolos correspondientes. Mientras tanto, la Fiscalía reiteró que la búsqueda continuará de manera permanente, ahora con especial énfasis en el Estado de México, hasta lograr su localización y brindar certeza a su familia.

Solicitamos su colaboración para la pronta localización de Lidya Valdivia Juárez. vista por última vez en el Municipio de Acajete, Puebla.
¿Tienes información? ¡Llámanos! 2226821258 pic.twitter.com/Ld86y5aNxz

— Comisión de Búsqueda de Personas (@busquedagobpue) January 18, 2026

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Foto: Especial

Al momento, se cuenta con información recabada y proporcionada por familiares mediante diversas entrevistas, él salió de su domicilio con destino a casa de un conocido de nombre José N., en el municipio de Amozoc, con quien mantuvo comunicación vía WhatsApp hasta las 20:40 horas del 28 de diciembre de ese año, momento en que ambos equipos telefónicos perdieron conexión.

Del análisis de videograbaciones se determinó que la persona que salió del domicilio señalado no corresponde físicamente a la víctima directa; actualmente, José N. se encuentra detenido y las investigaciones continúan.

Foto: Especial

Se han efectuado más de 30 jornadas de búsqueda entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025, 15 despliegues de difusión en campo, boletines y sondeo comunitario, 14 acciones de prospección en barrancas y polígonos de interés, tres análisis técnicos de videograbaciones (incluido estudio morfocomparativo) y un análisis integral.

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De acuerdo con la investigación, en marzo de 2023, la madre de las niñas obtuvo la guarda y custodia legal tras un juicio familiar, ordenándose al padre la entrega inmediata de las menores. Sin embargo, el hombre se negó a cumplir con dicha instrucción.

Posteriormente, en junio del mismo año, el padre fue detenido por el delito de violencia familiar, y desde entonces, los abuelos paternos mantuvieron ocultas a las menores, impidiendo el contacto con su madre. Por estos hechos, en su momento, fueron vinculados a proceso por los delitos de violencia vicaria y sustracción de menores.

Más tarde, una resolución de un Juez Federal modificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, permitiendo su libertad.

No obstante, tras nuevas diligencias realizadas por la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Cometida por Particulares, se obtuvo una nueva orden de aprehensión en su contra, ahora por el delito de desaparición cometida por particulares.

Ambos fueron detenidos nuevamente y puestos a disposición del Juez de Control, quien determinará su situación jurídica.

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Los hechos se registraron el 29 de octubre de 2018, cuando Gildardo N., salió de su domicilio en la colonia Santa Bárbara de la ciudad de Puebla, con destino a Ciudad Universitaria, donde tenía previsto reunirse con Jonathan N.

Durante el encuentro, la víctima envió a su madre un mensaje de advertencia, junto con una fotografía del ahora sentenciado.

Con base en los datos de prueba recabados durante la investigación, se estableció que el joven fue privado de la libertad y hasta la fecha se desconoce su paradero. Asimismo, se acreditó que Jonathan N., tiene conocimiento sobre el lugar donde se encuentra la víctima y, pese a ello, se ha negado a proporcionar dicha información.

Tras un proceso judicial en el que se valoraron los elementos probatorios, el 23 de abril de 2024 se dictó sentencia condenatoria en contra del responsable.

La defensa interpuso un recurso de apelación, el cual fue analizado por el Tribunal de Alzada que concluyó que la resolución emitida se encontraba dentro del marco legal, por lo que ratificó la sentencia y declaró su ejecutoria.

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Acompañados por el colectivo Voz de los Desaparecidos, recorrieron el trayecto del Paseo Bravo hasta Casa Aguayo.

El contingente estuvo encabezado por el padre y el tío del menor, quienes denunciaron públicamente a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla por iniciar con retraso las investigaciones. Emmanuel Montiel, tío de Isaías, señaló que las autoridades comenzaron con las labores de búsqueda 16 días después de la denuncia inicial.

“No nos han ofrecido ninguna pista y prácticamente se han desentendido. Por eso hoy salimos a manifestarnos pacíficamente, desde El Gallito hasta Casa Aguayo. Invitamos a todos los ciudadanos que quieran unirse a apoyarnos”, declaró Montiel.

Durante su recorrido, los manifestantes hicieron una parada frente al Palacio Municipal, donde madres buscadoras tomaron la palabra para recalcar que la desaparición de personas en Puebla “no es una moda, sino una crisis que debe atenderse con urgencia”.

Ya en Casa Aguayo, los familiares reiteraron su llamado a las autoridades para que agilicen la localización de Isaías, a quien recuerdan como un adolescente sano, alegre y deportista.

Según los testimonios, Isaías salió de su casa en la colonia Fovissste San Roque la mañana del 30 de marzo para entregar una canasta de gelatinas en un puesto del Mercado Independencia.

Fue captado por una cámara de videovigilancia ingresando a una dulcería, donde permaneció cerca de 25 minutos. Luego, se dirigió hacia la estación Tarascos de la Línea 2 del Metrobús y cruzó hacia la avenida 11 Sur. Desde entonces, no se tiene rastro alguno del menor.

Aunque los familiares lograron obtener grabaciones adicionales gracias al apoyo de la ciudadanía, muchas cámaras ya no cuentan con los videos debido a los limitados tiempos de almacenamiento, que van de 7 a 15 días. Esta pérdida de evidencia, afirman, se debe a la tardanza de la Fiscalía en actuar.

“El seguimiento que existe hoy es por la gente, no por las autoridades. Nosotros fuimos quienes tocamos puertas, pedimos grabaciones y reunimos pruebas. Aun así, seguimos sin respuestas claras”, enfatizó Montiel.

Por su parte, José Manuel Flores, padre del adolescente, expresó su angustia: “Mi hijo es un niño sano, deportista, con muchos sueños. Solo queremos saber qué pasó y que nos ayuden a encontrarlo.”

Al momento de su desaparición, Isaías vestía una playera azul con puntos blancos, tenis rojos marca Puma y pantalón de mezclilla negro. Tiene 14 años.

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