De acuerdo con documentos de contratación publicados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), la dependencia pretende crear un programa denominado Tracing and Payment Recovery Services (TPRS), mediante el cual un contratista privado se encargará de ubicar físicamente a los exmigrantes, verificar sus domicilios y entregarles una notificación oficial para exigir el pago de las sanciones económicas impuestas por el gobierno estadounidense.

La convocatoria establece que el servicio abarcaría inicialmente México, Guatemala y Honduras, aunque contempla la posibilidad de extenderse a otros países en el futuro, dependiendo de las necesidades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El contratista deberá localizar domicilios y acreditar la ubicación de los deportados

Según las especificaciones técnicas del proyecto, la empresa contratada deberá confirmar la dirección de cada persona mediante diversas fuentes de información, como fotografías del domicilio, recibos de servicios, registros laborales, documentos judiciales o incluso certificados de defunción, cuando corresponda.

Una vez corroborada la ubicación, el contratista tendrá que entregar personalmente un aviso oficial, impreso en inglés y español, donde se detallará el monto de las multas migratorias y las instrucciones para realizar el pago. El contrato tendría un valor máximo cercano a 9 millones de dólares durante dos años.

¿De dónde provienen las multas?

Las sanciones económicas se derivan principalmente de una disposición de la Ley de Inmigración de 1996, reactivada durante la administración Trump, que permite imponer multas civiles a extranjeros que permanezcan en Estados Unidos después de recibir una orden definitiva de salida.

En algunos casos, las penalizaciones pueden alcanzar hasta 998 dólares por día, lo que ha provocado que algunos migrantes acumulen adeudos por cientos de miles o incluso más de un millón de dólares, dependiendo del tiempo transcurrido desde la orden de deportación.

Una política que ha generado críticas

Diversas organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes y especialistas en derecho migratorio han cuestionado el programa al considerar que podría enfrentar obstáculos legales y prácticos, además de plantear dudas sobre la jurisdicción para ejecutar el cobro de multas una vez que las personas ya no se encuentran en territorio estadounidense.

También han señalado que muchos migrantes carecen de recursos económicos para cubrir las sanciones, mientras que otros abandonaron Estados Unidos bajo programas de salida voluntaria promovidos por el propio gobierno federal.

Forma parte del endurecimiento de la política migratoria

El proyecto se enmarca en la estrategia de la administración Trump para reforzar la aplicación de las leyes migratorias, incrementar las deportaciones y exigir el cumplimiento de sanciones económicas derivadas de procedimientos administrativos.

Durante los últimos meses, el gobierno estadounidense ha impulsado diversas medidas para acelerar las expulsiones, ampliar los acuerdos con terceros países y fortalecer los mecanismos de localización de personas sujetas a procesos migratorios.

Antecedentes

Desde el primer mandato de Donald Trump se impulsó el uso de las multas por incumplimiento de órdenes de salida, una herramienta prevista en la legislación migratoria estadounidense, aunque durante años fue aplicada de forma limitada. Con el regreso del republicano a la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional retomó esta política como parte de una estrategia más amplia para desincentivar la migración irregular y aumentar la presión sobre quienes permanecen o permanecieron de manera irregular en Estados Unidos.

Hasta ahora, el gobierno estadounidense no ha informado que se hayan realizado cobros de estas multas fuera de su territorio, por lo que el nuevo contrato representaría el primer esfuerzo formal para localizar a personas deportadas en el extranjero y gestionar el pago de los adeudos migratorios

El cargo Gobierno de Trump busca localizar en México a migrantes deportados para cobrar multas pendientes apareció primero en Reto Diario.

La mandataria señaló que 372 personas fueron retornadas ayer: 305 mexicanas y 67 extranjeras. Recordó que las deportaciones masivas comenzaron desde la administración de Joe Biden, cuando también se registraron cifras elevadas. Desde octubre de 2024 y hasta diciembre de 2025, se acumulan 217 mil 109 deportaciones, de las cuales 200 mil 540 son mexicanas y 16 mil 569 extranjeras.

Sheinbaum detalló que el gobierno mexicano ha expresado de manera formal su desacuerdo al trato que reciben los migrantes, mediante notas diplomáticas y en reuniones con autoridades como el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Subrayó que los mexicanos que viven en Estados Unidos “no son criminales”, sino personas trabajadoras que sostienen la economía de ambos países.

Para atender a quienes regresan al país, la presidenta destacó el programa “México te Abraza”, mediante el cual se han brindado más de 814 mil servicios, incluyendo alimentos, traslados a comunidades de origen, afiliaciones al IMSS, orientación legal y emisión de la Tarjeta Paisano. Recordó un caso reciente en el que una bebé deportada junto con su familia recibió atención médica en México que no había conseguido en Estados Unidos.

De cara al aumento de retornos durante la temporada decembrina, se implementará un operativo especial de la Guardia Nacional para apoyar a connacionales. Asimismo, Sheinbaum anunció que en 2026 su conferencia matutina incluirá una sección dedicada exclusivamente a la situación migratoria y al impacto económico y social de la comunidad mexicana en Estados Unidos. “Nunca vamos a dejar solos a nuestros paisanos”, afirmó la presidenta.

El cargo Gobierno de Trump ha deportado a más 140 mil mexicanos: Sheinbaum apareció primero en Reto Diario.