Ante las diversas notas difundidas en medios de comunicación que señalan un presunto daño patrimonial en el Organismo Público Descentralizado (OPD) de los Servicios de Salud del Estado durante el ejercicio 2024, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, exgobernador del estado de Puebla, emitió un comunicado oficial dirigido a la opinión pública en el que desmintió de forma tajante dichas acusaciones.

“Niego categóricamente que exista un daño patrimonial“, afirmó de manera directa en el documento, manifestando que la administración que encabezó durante los años 2023 y 2024 actuó en todo momento con apego a la legalidad y con base en la normatividad que regula la Administración Pública.

Como prueba de ello, sostuvo que las Cuentas Públicas de ambos ejercicios fiscales fueron fiscalizadas tanto por la Auditoría Superior de la Federación como por la Auditoría Superior del Estado, sin registrar observaciones en el uso, aplicación y comprobación de los recursos públicos.

Quiero dejar un posicionamiento claro ante la información difundida recientemente.
Que los hechos hablen. pic.twitter.com/3Dr6RUUmyb

— Sergio Salomón (@SergioSalomonC) May 20, 2026

Proceso de entrega-recepción sin anomalías

El exmandatario destacó que durante el proceso de entrega-recepción no se determinaron observaciones por falta de documentación comprobatoria y se dio puntual atención a los requerimientos realizados, constando así en las actas oficiales.

En ese mismo sentido, especificó que para el caso del OPD “Servicios de Salud del Estado”, no existieron observaciones respecto a falta de documentación comprobatoria y que toda la información correspondiente obra en los expedientes respectivos, encontrándose a disposición de los órganos de fiscalización.

Las observaciones no implican culpabilidad

Respecto a los procedimientos institucionales para la emisión de los Informes Individuales de Resultados vinculados a los organismos descentralizados del ejercicio 2024, puntualizó que las observaciones que genere la Auditoría Superior del Estado no deben asumirse como culpabilidad ni deben considerarse como un daño patrimonial. Explicó que se deben agotarse los procesos legales y administrativos correspondientes, así como esperar el desahogo de las mismas para conocer con precisión sus alcances y resultados.

Por tales motivos, hizo un llamado directo a la Auditoría Superior del Estado de Puebla para que se esclarezca y se pronuncie respecto al estado que guarda la Cuenta Pública de su servidor y también con respecto al OPD de SALUD, señalando que la transparencia y la verdad son una responsabilidad institucional con la ciudadanía.

Finalmente, tras lamentar la difusión de interpretaciones limitadas o mensajes ambiguos que generen desinformación, concluyó reafirmando que las obras y acciones realizadas durante los dos años de su Gobierno están al servicio de Puebla y son del dominio público, finalizando con la frase: “Que los hechos hablen“.

El cargo Sergio Salomón Céspedes niega daño patrimonial en el OPD de Salud y defiende la legalidad de su gestión en Puebla apareció primero en Reto Diario.

De acuerdo con información publicada por Diario Cambio, las afectaciones estarían relacionadas con omisiones atribuidas al exsíndico Iván N., quien presuntamente no respondió ni dio seguimiento a un amparo relacionado con varios expedientes laborales.

El funcionario explicó que uno de los casos más delicados corresponde a un procedimiento iniciado desde 2009, donde se fijó un salario diario de 2 mil pesos a favor de un extrabajador. Señaló que la falta de atención jurídica permitió que el asunto avanzara en perjuicio del municipio.

“Tenemos varios asuntos pendientes allá, que suman la cantidad de 13 millones de pesos, ya estamos activando todos los mecanismos necesarios para defender este recurso que es de los cholultecas”, declaró Alcudia Domínguez a Diario Cambio, quien añadió que la instrucción de la alcaldesa Tonantzin Fernández Díaz es proteger los recursos públicos.

El síndico adelantó que el gobierno municipal presentará las denuncias correspondientes contra quienes resulten responsables de las presuntas omisiones administrativas. Iván N., exfuncionario señalado en el caso, actualmente permanece recluido en el Cereso de San Pedro Cholula por otro proceso relacionado con presunto secuestro exprés.

El cargo San Pedro Cholula enfrenta riesgo de perder 13 millones por laudos laborales; señalan omisiones de exsíndico apareció primero en Reto Diario.

En el complejo mundo de la administración pública, el término “daño patrimonial” suele interpretarse de inmediato como un sinónimo de robo o desvío de recursos. Sin embargo, jurídicamente, el concepto es más matizado. Tras los informes de la Auditoría Superior del Estado (ASE) respecto al ejercicio fiscal 2024 de Coronango, es fundamental entender la ruta que sigue el dinero público antes de que una irregularidad se convierta en una sanción definitiva.

1. El punto de partida: El Pliego de Observaciones

Cuando la ASE audita un municipio, no emite condenas, sino Pliegos de Observación. Estos son documentos donde la autoridad técnica señala que, en su revisión, no encontró evidencia suficiente para validar un gasto.

En el caso de Coronango, por ejemplo, existen 53 pliegos de observación. Esto significa que sobre el 55.6% de los recursos auditados hay “dudas” técnicas. En este momento, la autoridad habla de un presunto daño patrimonial: una sospecha fundamentada de que el patrimonio público sufrió un menoscabo, pero que aún está sujeta a réplica.

2. ¿Qué significa “solventar” recursos?

Una vez que el ayuntamiento recibe los pliegos, entra en una fase crucial: la solventación.

Solventar no es otra cosa que comprobar y aclarar. Los funcionarios señalados tienen plazos legales para presentar facturas, contratos, bitácoras de obra o pruebas fotográficas que no fueron entregadas originalmente. Si la documentación cumple con la ley, la observación se tiene por solventada y el monto de “daño patrimonial” desaparece del expediente.

3. Las causas comunes: ¿por qué surge un daño patrimonial?

No todas las irregularidades implican que el dinero “desapareció”. El daño patrimonial puede originarse por diversas fallas administrativas:

• Falta de comprobación documental: Se realizó la compra, pero no se tiene el archivo XML o el contrato carece de una firma requerida.

• Inconsistencias en obra pública: La auditoría física detecta que los materiales usados no coinciden con lo pagado, o que la obra presenta vicios ocultos.

• Pagos indebidos: Depósitos a personas que no están en la nómina o bonos que no estaban autorizados en el presupuesto original.

• Adquisiciones irregulares: Comprar a proveedores que no están en el padrón oficial o sin realizar la licitación correspondiente.

4. La escala de responsabilidades: del error al delito

Es vital diferenciar las etapas de un procedimiento de fiscalización para no anticipar juicios. La ruta suele ser la siguiente:

1. Observación (Etapa de Aclaración): El municipio intenta solventar. No hay responsabilidad acreditada aún.

2. Responsabilidad Administrativa Sancionadora: Si no se solventa, pero la falta fue un descuido o un error de procedimiento sin dolo, se imponen multas o inhabilitaciones al funcionario.

3. Procedimiento Resarcitorio: Se ordena al responsable devolver físicamente el dinero al erario para reparar el daño.

4. Denuncia Penal: Solo si la ASE detecta una simulación de actos jurídicos (como empresas fantasma) o un desvío evidente de recursos que no pudo ser justificado de ninguna forma, el caso se turna a la Fiscalía Anticorrupción.

El panorama actual

En casos como el de Coronango bajo la administración de Gerardo Sánchez, las cifras millonarias representan el monto observado en proceso. Hasta que no se agoten los plazos de solventación y la ASE emita un dictamen final, el monto sigue siendo una cifra en revisión.

Traducir este lenguaje burocrático permite entender que la fiscalización es una herramienta de rendición de cuentas diseñada para que el funcionario explique el destino de cada peso, diferenciando claramente entre una deficiencia administrativa y un acto de corrupción comprobado.

El cargo ¿Qué es el daño patrimonial? Más allá de los titulares y las auditorías apareció primero en Reto Diario.

De acuerdo con el informe de fiscalización publicado por el órgano auditor, el monto observado representa el 55.6% del total de recursos auditados, lo que implica una falta significativa en la comprobación del destino del gasto público.

El concepto de daño patrimonial hace referencia a recursos públicos cuyo uso no fue debidamente comprobado, justificado o que presentan inconsistencias administrativas. De acuerdo con la normativa de fiscalización vigente en Puebla, estos señalamientos pueden derivar en:

• Procedimientos resarcitorios para recuperar los recursos
• Sanciones administrativas a servidores públicos
• En casos graves, posibles denuncias ante autoridades competentes

Rendición de cuentas en Puebla

La Auditoría Superior del Estado de Puebla es el ente responsable de revisar el uso de los recursos públicos ejercidos por municipios, dependencias estatales y organismos autónomos. Sus informes forman parte del proceso de rendición de cuentas y pueden escalar a instancias como el Tribunal de Justicia Administrativa o la Fiscalía Anticorrupción, dependiendo de la gravedad de las irregularidades detectadas.

En los últimos ejercicios fiscales, la ASE ha intensificado la revisión de cuentas públicas municipales, particularmente en rubros como obra pública, adquisiciones y transferencias, donde suelen concentrarse las principales inconsistencias.

Lo que sigue

Tras la emisión del informe, el municipio de Coronango cuenta con plazos legales para solventar las observaciones pendientes. En caso de no acreditar el uso correcto de los recursos, la ASE podrá avanzar en la determinación de responsabilidades y en la recuperación del monto observado.

El caso se mantiene en etapa de seguimiento, por lo que las cifras podrían modificarse conforme avance el proceso de aclaración o sanción.

El cargo Detecta ASE posible daño patrimonial por más de 70 millones de pesos en Coronango durante 2024 apareció primero en Reto Diario.

Lorenzo Rivera Nava fungió como presidente municipal de Chignahuapan hasta que solicitó licencia para contender (sin éxito) por una diputación local por el Distrito 03 con cabecera en Zacatlán.

Tras su salida, Pedro Lecona concluyó el periodo como suplente. Las irregularidades detectadas por la ASE se arrastran principalmente del periodo bajo la responsabilidad de Rivera Nava.

Esta observación de 2024 representa un incremento significativo respecto a la cuenta pública 2023, donde la ASE había reportado un presunto daño patrimonial preliminar de alrededor de 9.1 millones de pesos.

El actual alcalde, Juan Rivera Trejo (de Morena), recibe así un municipio con un “boquete financiero” heredado que complica la gestión.

La observación más relevante en el informe 2024, según reportes, asciende a 4 millones 268 mil 265 pesos en el rubro de “Remuneraciones al personal de carácter permanente”. Entre las anomalías destacan: documentación incompleta, inexistencia de auxiliares contables, pólizas sin respaldo legal, falta de información financiera para parte del año y movimientos contables sin evidencia documental.

Observaciones recurrentes

• ASE (estatal): Ha emitido observaciones recurrentes a administraciones previas en Chignahuapan, incluyendo ejercicios como 2022 y 2023, con montos que van de varios millones en rubros como compras de materiales, servicios, papelería y gasolina.
• ASF (federal): En paralelo, la Auditoría Superior de la Federación detectó en la cuenta 2024 un presunto daño patrimonial mucho mayor, por 3 millones de pesos (aproximadamente), principalmente por falta de registros contables y presupuestales de recursos federales (Faismun, Fortamun y participaciones federales). Chignahuapan figuró entre los municipios con mayores observaciones a nivel federal en Puebla.

Estos informes forman parte de la fiscalización entregada por la ASE al Congreso del Estado a finales de abril de 2026, que abarcó cientos de entes y miles de millones de pesos en recursos públicos. Las observaciones son preliminares y los entes tienen plazos para solventarlas o, en su caso, enfrentar procedimientos de responsabilidad.

La situación de Chignahuapan se enmarca en un contexto más amplio de fiscalización municipal en Puebla, donde varios ayuntamientos enfrentan observaciones por irregularidades en el manejo de recursos, tanto estatales como federales.

No se reportan hasta el momento acciones penales directas vinculadas a esta cuenta específica 2024, pero los pliegos de observaciones pueden derivar en responsabilidades administrativas, resarcimiento o, si procede, penales.

El cargo ASE detecta daño patrimonial de más de 21 mdp en cuenta pública 2024 de Chignahuapan durante gestión de Lorenzo Rivera apareció primero en Reto Diario.

“En el museo hubo actos indebidos, a las obras de arte les colocaron chips y hay daños a obras cuyo costo es incalculable”, explicó el mandatario. Fue contundente al señalar que en el Gobierno del Estado quien comete un delito tiene que sujetarse a la ley, sea de la actual administración, o de cualquier otra, hasta donde la ley alcance.

Lamentó que el Museo Internacional del Barroco representara una jubilación a perpetuidad para el viejo régimen, pues los gobiernos neoliberales engañaron al pueblo con deuda oculta y se enriquecieron con proyectos públicos privados.

En este contexto, el gobernador instruyó al titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio investigar de manera puntual los presuntos actos ilícitos ocurridos, relacionados con la adquisición de chips que ocasionaron daños a obras de arte. “El Museo Barroco significó un instrumento de saqueo institucionalizado que representaba una deuda monstruosa de catorce mil millones de pesos”.

Al respecto, precisó que dicho caso se encuentra bajo investigación por presunta falta administrativa y ya fue turnado al Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial para la posible sanción de las personas servidoras públicas involucradas.

Por último, respecto a la Universidad de las Bellas Artes, el gobernador Alejandro Armenta señaló que de los 500 mdp que se ahorraron durante el primer año de gobierno, se destinarán 100 mdp al inicio de este importante proyecto, como parte de un modelo de inclusión que abarca: la Universidad de la Salud; la Universidad del Deporte y la Universidad de la Tecnología y Sostenibilidad.

La secretaria de Arte y Cultura, Alejandra Pacheco Mex, señaló que con la directriz del gobernador Alejandro Armenta, la universidad será un espacio de formación, creación y libertad, que será una oportunidad histórica para las y los estudiantes, quienes encontrarán las condiciones para desarrollar su talento y aportar desde el arte una Puebla con identidad, cohesión social y paz.

En su oportunidad, el secretario de Educación Pública, Manuel Viveros Narciso reconoció que la Universidad de las Bellas Artes es una nueva oportunidad para las y los estudiantes que decidan prepararse de manera profesional en las artes como: pintura, escultura, arquitectura, música, danza, literatura y cine.

El cargo Continúan investigaciones por daño patrimonial en el Museo Internacional del Barroco: Armenta apareció primero en Reto Diario.

De acuerdo con información publicada por Diario CAMBIO, el exsubsecretario de Egresos, José Enrique Girón Zenil, fue sancionado con 15 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos o participar en contrataciones gubernamentales, además de una indemnización de 241 millones 998 mil 452 pesos, equivalente al 40% del quebranto financiero.

La resolución judicial establece que Girón Zenil tuvo participación directa en la inversión ilegal de los recursos del erario en la institución financiera Accendo Banco, la cual quebró meses después de recibir los depósitos del Gobierno estatal. Con esta decisión, el tribunal determinó que el exfuncionario es responsable de daño patrimonial al estado, al igual que la exsecretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, quien previamente fue sancionada con 20 años de inhabilitación y una multa de 362 millones de pesos.

El TJAEP precisó que el monto total del daño causado por ambos exfuncionarios asciende a 604 millones 996 mil 131 pesos, al incluir no solo el capital invertido, sino también los rendimientos que debieron generarse durante el periodo de inversión.

El llamado caso Accendo Banco es considerado uno de los mayores desfalcos financieros en la historia reciente de Puebla, y continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), que analiza posibles responsabilidades penales por el uso irregular de fondos públicos durante el sexenio barbosista.

El cargo Sancionan a exsubsecretario de Finanzas del barbosismo por el caso Accendo Banco; deberá pagar 242 millones de pesos apareció primero en Reto Diario.