De acuerdo con la investigación, en marzo de 2023, la madre de las niñas obtuvo la guarda y custodia legal tras un juicio familiar, ordenándose al padre la entrega inmediata de las menores. Sin embargo, el hombre se negó a cumplir con dicha instrucción.

Posteriormente, en junio del mismo año, el padre fue detenido por el delito de violencia familiar, y desde entonces, los abuelos paternos mantuvieron ocultas a las menores, impidiendo el contacto con su madre. Por estos hechos, en su momento, fueron vinculados a proceso por los delitos de violencia vicaria y sustracción de menores.

Más tarde, una resolución de un Juez Federal modificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, permitiendo su libertad.

No obstante, tras nuevas diligencias realizadas por la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Cometida por Particulares, se obtuvo una nueva orden de aprehensión en su contra, ahora por el delito de desaparición cometida por particulares.

Ambos fueron detenidos nuevamente y puestos a disposición del Juez de Control, quien determinará su situación jurídica.

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El Colectivo Mujeres por el Derecho al Cuidado y a una Vida Libre de Violencia informó que la restitución deberá cumplirse de manera inmediata, destacando que la decisión protege el interés superior de la menor, hoy de 11 años, cuya infancia estuvo judicializada. La organización calificó la medida como un precedente histórico en la defensa de los derechos de la niñez y de las madres víctimas de violencia vicaria.

Foto: Andrea Vicente Sandoval / EsImagen

La jueza penal Arely Joffre Luna también fue reconocida por señalar al padre como agresor vicario y sustractor, a pesar de intentos de intimidación durante las audiencias. El pasado 17 de junio, se vinculó al imputado a proceso por el delito de sustracción derivado de violencia vicaria, aunque ha interpuesto una apelación.

La reunión entre madre e hija se llevará a cabo en el Centro de Convivencia Familiar de Puebla. Daniela confía en que el progenitor cumpla con la orden judicial sin recurrir a más recursos dilatorios, y llamó a las autoridades a garantizar el respeto a los derechos de ambas.

Inicialmente, este caso lo llevó la abogada y activista Cecilia Monzón, asesinada en 2022. Tras su muerte, los avances legales logrados se estancaron, prolongando la separación.

Organizaciones feministas y de derechos humanos han pedido que este fallo sirva de ejemplo para acelerar procesos similares y erradicar la impunidad en casos de sustracción de menores y violencia familiar.

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