Con una votación de 6 votos contra 3, el máximo tribunal concluyó que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer nuevos aranceles en tiempos de paz ni a rediseñar la política arancelaria sin una autorización clara del Congreso. En la opinión mayoritaria, el presidente del tribunal, John Roberts, sostuvo que los aranceles constituyen una forma de impuesto y, por tanto, su creación corresponde al Poder Legislativo.

El fallo invalida los llamados “aranceles recíprocos” anunciados el 2 de abril de 2025, durante el denominado “Día de la Liberación”, que establecían un impuesto mínimo del 10% a las importaciones provenientes de decenas de países. También quedan sin efecto gravámenes del 25% a México y Canadá, del 10% a China, así como aumentos de hasta 50% a Brasil e India, todos justificados bajo poderes de emergencia.

La decisión representa un revés para la política arancelaria de Trump, quien defendió estas medidas como herramienta para proteger la industria estadounidense, reducir déficits comerciales y presionar a socios comerciales en temas como el tráfico de fentanilo.

Sin embargo, la sentencia no afecta los aranceles aplicados bajo otras disposiciones legales, como los relacionados con seguridad nacional, incluidos los impuestos al acero y aluminio.

En el plano económico, el fallo tuvo impacto inmediato en los mercados financieros. El dólar registró una depreciación de 0.14%, mientras que el peso mexicano alcanzó un mínimo de 17.11 por dólar, antes de estabilizarse en 17.16 unidades.

Desde abril de 2025, el Departamento del Tesoro había recaudado aproximadamente 240 mil millones de dólares por concepto de estos aranceles. Analistas advierten que, de ordenarse devoluciones, el proceso podría generar complicaciones fiscales y administrativas.

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Esta decisión representa un fuerte golpe a la política migratoria de Joe Biden, quien implementó el programa de parole humanitario como parte de su estrategia para reducir la migración irregular en la frontera con México. El permiso temporal permitía a los beneficiarios vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos por razones humanitarias o de interés público.

El fallo del máximo tribunal deja sin efecto una orden judicial previa que bloqueaba la eliminación del parole, permitiendo así al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) avanzar con la revocación del estatus migratorio. Esta política busca facilitar el uso del procedimiento de deportación rápida, también conocido como “expulsión acelerada”.

El parole había sido defendido por la administración Biden como una vía ordenada para gestionar la migración, pero Trump exigió su fin desde el inicio de su mandato, argumentando que fomentaba la entrada ilegal.

La noticia ha generado gran preocupación entre defensores de derechos humanos y organizaciones de migrantes, ya que miles de familias podrían ser separadas y enviadas de regreso a países en crisis.

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