“Yo creo que es importante que la gente decida… fortalecer la consulta pública, lo que se llama la democracia participativa”, reiteró textualmente.

Ante señalamientos de que “nadie ha solicitado” formalmente una consulta y de que encuestas y medios registran valoraciones positivas de su gobierno, respondió:

“La revocación de mandato está en la Constitución, no es algo nuevo. Se puede hacer. No es una iniciativa nueva, sino un derecho constitucional”.

El Plan B: aprobado, pero sin la revocación como eje

El Plan B (aprobado en el Senado el 26 de marzo de 2026) avanzó en recortes de gasto y estructuras políticas, pero excluyó las modificaciones clave a la revocación que Sheinbaum impulsó (realizarla en el tercer o cuarto año, o empatarla con elecciones intermedias de 2027).

“La revocación de mandato existe, lo que no se aprobó es ampliar la posibilidad… No es bueno para el país que no se haya aprobado”. El mecanismo vigente mantiene umbrales altos: solicitud con 3% de la lista nominal y 40% de participación para ser vinculante, subrayó.

La oposición y las acusaciones de “campaña anticipada”

Desde enero de 2026, PAN y PRI criticaron que adelantar la revocación buscaba que Sheinbaum “apareciera en la boleta” para reforzar a Morena en 2027.

“La oposición criticó el intento de adelantar a 2027 la consulta sobre revocación de mandato… con la supuesta intención de que la mandataria ‘aparezca en la boleta’ para reforzar a los candidatos de Morena”.

Los costos reales de estos ejercicios: el caso de la consulta sobre expresidentes (2021)

La consulta popular del 1 de agosto de 2021 (para “enjuiciar expresidentes”) es el ejemplo más directo de los costos que implica este tipo de mecanismo.

El INE presupuestó inicialmente 1,499 millones de pesos (octubre 2020). Por recortes y ajustes (menos casillas y sin presupuesto extra del Ejecutivo), el costo final se redujo a 522-528 millones de pesos. Participaron alrededor del 7 % del padrón (aproximadamente 7 millones de votantes), muy por debajo del 40 % requerido. Cada voto emitido costó en promedio 79.30 pesos. El ejercicio no generó efectos vinculantes y fue calificado por analistas como un “gasto innecesario” con bajo impacto real en la rendición de cuentas.

Otro precedente reciente: la elección del Poder Judicial (2025)

Un caso aún más reciente y costoso es la elección popular de jueces, magistrados y ministros del 1 de junio de 2025 (Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial). El INE contó con un presupuesto final de casi 7 mil millones de pesos (después de recortes; el pedido inicial precautorio superaba los 13 mil millones).

La participación ciudadana fue de entre 12.57 % y 13.32 % del padrón (alrededor de 13 millones de votos de una lista nominal de 99.7 millones). Cada voto costó en promedio 583 pesos. Sheinbaum calificó la jornada como “éxito”, pero analistas y medios destacaron la escasa afluencia y la complejidad del proceso (múltiples papeletas con candidatos poco conocidos).

¿Ejercicios valiosos de participación ciudadana o puro populismo?

Estos mecanismos —revocación, consultas populares y elección judicial— se presentan oficialmente como herramientas de “democracia participativa” y “derecho del pueblo”. Sin embargo, los datos de participación (7 % en 2021, 13 % en 2025) y los altos costos por voto efectivo plantean un cuestionamiento central: ¿fortalecen realmente la soberanía ciudadana o responden más a una lógica plebiscitaria-populista que genera la percepción de que “el pueblo decide” sin mecanismos profundos de deliberación y seguimiento?

Cómo entenderlo desde la Ciencia Política

Joseph Schumpeter (en Capitalismo, socialismo y democracia, 1942) define la democracia como un método competitivo para elegir élites gobernantes, no como la realización directa de la “voluntad general” del pueblo.

Critica las visiones románticas de participación directa, argumentando que la mayoría de los ciudadanos no tienen la información ni el interés constante para decidir sobre temas complejos; la democracia real opera por competencia entre líderes, no por plebiscitos frecuentes. En este sentido, estos ejercicios confirmarían su visión: más que verdadero empoderamiento, pueden ser herramientas de legitimación simbólica.

Giovanni Sartori, en su teoría de la “democracia mínima”, enfatiza que la participación efectiva requiere instituciones representativas fuertes y competencia real, no solo urnas ocasionales. Mecanismos directos sin deliberación previa ni seguimiento posterior (¿qué pasó con los resultados de 2021 o 2025?) corren el riesgo de convertirse en “democracia plebiscitaria”, donde el líder convoca al pueblo para ratificar su agenda sin contrapesos.

Críticos mexicanos como el académico Armando Chaguaceda han señalado que estas consultas bajo la 4T responden a una “política populista y democracia plebiscitaria”: polarizan, movilizan bases y dan apariencia de participación, pero disuelven responsabilidad política y banalizan la decisión mayoritaria sin traducirla en políticas concretas evaluables.

El cargo Sheinbaum defiende la revocación de mandato como “derecho del pueblo” pese a su rechazo en el Plan B y el bajo interés ciudadano apareció primero en Reto Diario.