En la primera propuesta para reformar la fracción XXVIII del artículo 91 y adicionar el artículo 171 Bis a la Ley Orgánica Municipal, se contempla que las y los presidentes municipales deberán garantizar la imparcialidad, transparencia y libre competencia en los procedimientos de licitación y adjudicación, así como abstenerse de intervenir cuando exista un conflicto de interés.

Además, establecer una prohibición expresa respecto de la participación de las y los presidentes municipales, síndicos, regidoras y regidores, así como titulares de las dependencias y entidades de la administración pública municipal como proveedores, contratistas o subcontratistas en procedimientos de contratación realizados por el propio Ayuntamiento.

“Se entenderá que existe incumplimiento a esta disposición cuando la contratación se otorgue a una empresa en la que dichos servidores públicos, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado tengan participación como socios, accionistas, administradores, representantes legales o beneficiarios controladores”, precisa la iniciativa.

También indica que los contratos celebrados en contravención a esta disposición serán nulos y se dará vista a las autoridades competentes para el inicio de los procedimientos de responsabilidad administrativa, civil o penal que correspondan.

En el mismo sentido, la segunda propuesta para reformar la fracción I del artículo 55 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, busca fortalecer los principios de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, garantizando que los recursos destinados a la construcción de infraestructura pública sean ejercidos exclusivamente en beneficio de la sociedad y bajo condiciones efectivas de competencia e igualdad entre las personas participantes.

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De esta forma, la modificación indica que quedan impedidos para presentar propuestas o celebrar contratos aquellas personas físicas o jurídicas en las que participen, directa o indirectamente, servidores públicos que intervengan en la planeación, programación, presupuestación, contratación, adjudicación, supervisión o ejecución de la obra pública objeto del procedimiento de contratación, o respecto de las cuales exista un interés personal, familiar, patrimonial, económico o de negocios que pueda generar un conflicto de interés.

Agrega que, se considerará que existe conflicto de interés cuando dichos servidores públicos, su cónyuge, concubina o concubinario, o sus parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado, participen como socios, accionistas, administradores, representantes legales, apoderados o beneficiarios controladores, o cuando se acredite la utilización de interpósita persona para obtener un beneficio derivado del contrato correspondiente.

El cargo Celia Bonaga propone candados contra conflictos de interés en obras públicas de Puebla apareció primero en Reto Diario.