Armenta Mier subrayó que su administración actuará con estricto apego a la ley y en defensa de los ciudadanos, priorizando la continuidad del servicio.

Por su parte, el coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla, José Luis García Parra, informó que ya se cuenta con un diagnóstico técnico sobre las fallas en la operación de la empresa.

Entre los principales incumplimientos detectados se encuentran la falta de ejecución del plan de inversión, desviaciones en los estándares de desempeño, el incumplimiento del tercer convenio modificatorio firmado en 2025 y diversas irregularidades administrativas.

Aunque el gobierno estatal identificó un monto económico relevante por inversiones no ejercidas y otras afectaciones, García Parra señaló que la cifra no será revelada por el momento, ya que aún se encuentra en proceso de precisión técnica y podría ser objeto de controversia por parte de la empresa.

El funcionario adelantó que en los próximos días se instalarán mesas de trabajo formales con directivos de Concesiones Integrales, con el objetivo de exigir la corrección inmediata de las deficiencias, el resarcimiento de daños y el cumplimiento de las inversiones comprometidas.

También lanzó críticas al Partido Acción Nacional, al señalar que fueron gobiernos emanados de ese instituto político los que otorgaron la concesión en condiciones desventajosas para el estado, lo que derivó en la problemática actual.

El cargo Armenta confirma incumplimientos de Agua de Puebla, pero advierte: revertir la concesión “se llevaría años” apareció primero en Reto Diario.

“Nos costaría 10 mil millones de pesos cancelar la concesión. No podemos por decreto decir que se va a cancelar, es inviable. Tenemos que actuar racionalmente, estratégicamente, para el bien de Puebla”, expresó Armenta.

El gobernador reconoció que existe una fuerte exigencia ciudadana para retirar la concesión, sin embargo, reiteró que la vía legal es compleja y costosa. En ese sentido, señaló que el litigio ante jueces y magistrados federales aún podría tener una sentencia favorable para el estado, pero mientras tanto se trabaja en coordinación con la Conagua para obligar a la concesionaria a cumplir con sus obligaciones.

Armenta acusó que los incumplimientos de la empresa fueron solapados por funcionarios de administraciones anteriores y por la complicidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su antigua gestión. “Con la complicidad de gobiernos estatales y del Poder Judicial, Agua de Puebla no invirtió lo que debía invertir. Esa es la realidad”, afirmó.

El mandatario insistió en que su gobierno garantizará que el concesionario invierta en infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento de descargas residuales, además de participar en el rescate del Río Atoyac, que consideró podría convertirse en la obra más importante de su sexenio.

“Nosotros estamos trabajando para que, con la concesión, se haga un acuerdo que beneficie a los poblanos. Va a llegar un momento en el que Conagua, Gobierno del Estado, Poder Judicial y la Consejería Jurídica nos sentemos con Agua de Puebla, y van a tener que invertir lo que les toca invertir”, sentenció.

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