El saldo es inaceptable: carreteras federales cerradas durante casi tres días, actos de violencia, transportistas afectados y una autoridad rebasada por un grupo que, en condiciones normales, no tendría capacidad de paralizar una vía estratégica.

El hilo conductor apunta a la intervención de la presidenta de Morena en Puebla. Se le atribuye haber activado una narrativa de confrontación contra proyectos vinculados a la familia Celis Romero.

Primero, un operativo de alto impacto, desproporcionado, para irrumpir en una empresa y detener a doña Estela Romero, adulta mayor con movilidad limitada. Después, abrió la puerta para que actores como Pedro Tepole promovieran una movilización social para clausurar invernaderos de Ecoterra, situación que viene generando desde hace tres semanas, justo cuando supo que iba a ser nombrado coordinador Agropecuario en la Región del Valle Tehuacán.

En política no hay casualidades. Cuando los hechos se encadenan, hay conducción.

El problema es de método y de control. Se construyó un discurso de sobreexplotación de agua cuando los invernaderos no estaban en operación. Se omitió que existe autorización de la Comisión Nacional del Agua y que el cultivo de arándano opera con riego por goteo controlado, uno de los sistemas más eficientes en consumo hídrico.

Es decir, se privilegió la consigna sobre el dato. Bajo el lema de que el pueblo manda, se realizaron clausuras de facto, sin soporte jurídico, sustituyendo al Estado por la presión de calle.

Pero el conflicto no se detuvo ahí.

El viernes por la noche, los presidentes de Azumbilla, Chapulco y Nicolás Bravo –respaldados por el grupo político de Pedro Tepole– ofrecieron un informe a los pobladores inconformes en el que aseguraron que el invernadero sería clausurado. De nueva cuenta, sin sustento legal, sin resoluciones administrativas y sin la mediación institucional de Gobernación. La política local volvió a prometer lo que jurídicamente no podía sostener.

El resultado fue previsible: escalamiento. Cierre de carreteras por casi 72 horas, interrupción logística, reportes de agresiones a transportistas y un deterioro inmediato de la seguridad jurídica. Gobernación quedó exhibida. El delegado Marco Antonio Balseca no logró articular diálogo ni desactivar el conflicto; peor aún, permitió que la situación derivara en un punto de quiebre donde terceros afectados amenazaban con retirar el bloqueo por la fuerza ante la inacción institucional.

Y cuando el vacío de autoridad se hizo evidente, la intervención posterior no corrigió el rumbo, lo agravó. El sábado apareció el subsecretario de Gobernación, Isauro Rendón, quien lejos de restablecer el orden legal, optó por “administrar” el conflicto con promesas sin sustento: anunció una supuesta clausura del invernadero con intervención de la Semarnat, sin procedimiento formal, sin garantía de audiencia y, lo más grave, vulnerando públicamente el derecho de defensa de la empresa, todo documentado en video.

A los pobladores se les ofreció un citatorio a dialogar con la empresa que ni siquiera contaba con acuse de recibido. Más simulación. Más atole con el dedo. Más evidencia de una operación política sin rigor jurídico ni capacidad técnica.

‼️ #IMPORTANTE ‼️ En estos momentos, sin previa mediación, sin presencia de la @Segob_Puebla y sin diálogo con la iniciativa privada, personal de Medio Ambiente del @Gob_Puebla, junto con pobladores de Azumbilla y Chapulco, se apersonan en el invernadero #Ecoterra para causar… pic.twitter.com/7dcrg8Bo2g

— Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) April 20, 2026

Cuando la autoridad se suma a la consigna, renuncia a su función.

A este escenario se suma un componente aún más delicado: el uso del aparato institucional con fines que trascienden lo jurídico y se acercan peligrosamente a lo patrimonial.

Se proyecta la imagen de una Fiscalía respaldando actos de fuerza contra dos personas de edad avanzada, en un contexto donde subyace un interés económico vinculado a una herencia. La coincidencia de acciones no es menor. Una detención de alto impacto y, en paralelo, una movilización social dirigida contra activos productivos de la misma familia. No es percepción, es un patrón que merece análisis serio.

Lo que inició como una manifestación de no más de 10 personas, con vínculos políticos identificables, se salió de control y escaló a problema social. Ese es el punto crítico. La política activó un conflicto que no supo contener. Y cuando la contención falla, el costo se traslada al estado.

Hoy la narrativa dominante es preocupante: en Puebla, la legalidad parece flexible. Se puede ingresar con fuerza pública para detener a quien se decida y, al mismo tiempo, permitir que bajo el argumento del pueblo bueno se determine quién puede operar, invertir o generar empleo.

La pregunta es inevitable. ¿No es demasiada coincidencia que un mismo actor político esté presente en dos frentes distintos contra la misma familia? En política, las coincidencias no existen. Existen intereses, estrategias y errores de cálculo. Aquí hay de los tres.

La pregunta de negocio es inmediata. ¿Quién responde por los trabajadores de Ecoterra, por la cadena de suministro interrumpida, por los daños a terceros, por los millones de pesos perdidos en tres días, por la inversión realizada por esta empresa? La respuesta hoy es nadie. Y ese nadie es el mayor riesgo país a escala local: la incertidumbre.

Cuando la política se utiliza para presionar disputas patrimoniales y se cruzan intereses con movilización social, se desbordan los límites legales y se envía una señal inequívoca a la inversión: en Puebla, la regla puede ser sustituida por la consigna.

Este episodio no es un incidente aislado. Es un síntoma. La combinación de activación política, narrativa sin sustento técnico y ausencia de control operativo termina por debilitar lo que debería protegerse: la legalidad.

Porque cuando la política juega con fuego para ganar terreno, no solo quema al adversario. Termina debilitando al estado y dejando a todos –empresa, trabajadores y ciudadanos– indefensos y vulnerables.

El cargo El caso Azumbilla: cuando la política juega con fuego apareció primero en Reto Diario.

La medida se tomó ante las denuncias reiteradas de los pobladores por la sobreexplotación de los mantos acuíferos y el riesgo de contaminación de fuentes de agua que abastecen a decenas de miles de habitantes.

De acuerdo con reportes locales, la clausura se realizó al mediodía de este lunes. Las autoridades otorgaron un plazo a la empresa —identificada en protestas previas como Colorado Ecoterra o Colorado Bioterra Tehuacán— para retirar su infraestructura de las zonas afectadas.

Los manifestantes, provenientes de comunidades como San Gabriel Chilac y San Francisco Altepexi, bloquearon durante horas vialidades importantes como la autopista Cuacnopalan-Oaxaca y la carretera Tehuacán-Teotitlán. Exigían la cancelación definitiva de los proyectos, que planeaban extenderse por más de 100 hectáreas cerca de veneros de agua y el manantial “La Taza”, el cual suministra agua potable a más de 38 mil personas entre Chilac y Altepexi. Los habitantes denunciaron que estos invernaderos consumen grandes volúmenes de agua para su operación intensiva, además de utilizar pesticidas y fertilizantes químicos que podrían contaminar los pozos y manantiales de la zona. Señalaron además una aparente desigualdad: mientras a los campesinos locales se les niegan permisos de riego, los proyectos extranjeros avanzaban sin mayores restricciones.

“Nos están dejando sin agua y sin tierras”, advirtieron repetidamente los pobladores de la Sierra Negra, quienes temen que la actividad agrícola industrial agote los recursos hídricos en una región que ya enfrenta severos problemas de escasez.

Tras las negociaciones, se firmó una minuta en la que se acordó la suspensión definitiva de las operaciones. Los manifestantes levantaron los bloqueos una vez confirmada la clausura y el compromiso de retirar la infraestructura.

Las comunidades han anunciado que mantendrán la vigilancia para garantizar que los invernaderos no reanuden operaciones y que se respeten los recursos naturales de la región.

El cargo Clausuran invernaderos de Colorado Ecoterra en la Sierra Negra por sobreexplotación del agua apareció primero en Reto Diario.

En Azumbilla –localidad de Nicolás Bravo– no se está peleando el agua.

Se está peleando el poder.

Y como suele ocurrir en la política poblana, el libreto ya estaba escrito desde antes de que la gente saliera a las calles.

De pronto, apareció el rumor: que en un predio privado se estaban “robando el agua”.

La inconformidad se generó por la presencia de invernaderos ecológicos de la empresa Colorado Ecoterra, señalándola como la responsable de realizar perforaciones de dos pozos en la zona conocida como El Potrero.

Nadie ha probado nada, pero eso no importa cuando lo que se necesita no es verdad, sino indignación.

Y la indignación, bien dirigida, es combustible político.

Así empezó todo.

Pero detrás de los gritos y las consignas hay nombres, hay operadores y hay intereses.

El alcalde de Nicolás Bravo, Rubén Tepole Huerta, moviendo piezas; el presidente auxiliar Rubén Román Jiménez Cuevas, calentando la plaza, y la diputada Ana Lilia Tepole, acompañando el ruido político para ver qué tajada alcanza.

En tierra, el encargado de prender la mecha: Michias Faustino Hernández Pérez, quien presume cercanía con Antorcha Campesina.

Nada nuevo: movilización, presión y narrativa social.

Pero la historia no termina ahí.

Porque en las sombras aparece el verdadero operador: Pedro Tepole Hernández.

Dicen en corto que el exalcalde tehuacanero no ha soltado el control.

Que ya se sentó con gente de Miguel Ángel Celis Romero –el mismo que, aun desde prisión en San Miguel, sigue moviendo hilos– para repetir la jugada que ya funcionó antes: reventar proyectos, espantar inversionistas y convertir el conflicto en capital político.

Porque Tepole tiene prisa.

Quiere volver.

Él… o su hija.

Quiere regresar…

Pero no lo que se llevó.

No le alcanzó el desgaste de su administración.

No le pesaron las cuentas públicas cuestionadas.

Tampoco el rechazo social.

En la política local, la memoria es corta, pero la ambición es larga.

Y en medio de ese juego, el que queda atrapado es el desarrollo.

Colorado Ecoterra representa empleos, inversión y dinamismo económico.

Pero también representa algo que incomoda a muchos: orden, formalidad y reglas.

Justo lo contrario a lo que necesitan quienes viven del conflicto.

El problema es que esta vez el fuego puede salirse de control.

Ahí es donde entra Marco Balseca, el delegado de Gobernación.

Su papel no es menor: apagar la mecha antes de que explote.

Porque no solo está en juego una inversión, sino la gobernabilidad de toda la región.

Y también su futuro político: sueña con ser alcalde de Tehuacán.

Si logra contener la crisis, se posiciona.

Si no, se convertirá en el siguiente nombre en la lista de los que dejaron que Puebla se incendiara por intereses ajenos.

O asumirá el penoso papel del funcionario inepto –otro– que en lugar de resolverle problemas al gobernador Alejandro Armenta Mier, se los multiplica.

Porque al final, en Azumbilla, el agua es solo el pretexto.

El verdadero conflicto –como siempre– es quién controla el territorio… y el dinero.

El cargo La guerra por el agua… o por el poder apareció primero en Reto Diario.

El problema se desarrolla en tres polos: por un lado, los pobladores de San Marcos Necoxtla, San Gabriel Chilac y Altepexi han advertido que no van a permitir que Colorado Ecoterra se apodere de sus manantiales y, para ello, preparan fuertes movilizaciones que incluyen bloqueos carreteros y de la ciudad de Tehuacán.

Por otro lado, la empresa ha echado a andar una maquinaria de abogados para intentar ganar en los tribunales los amparos que permitan levantar la clausura de los invernaderos, que se impuso en abril pasado.

A los propietarios de Colorado Ecoterra –quienes son parte de la poderosa familia de la extinta empresaria Socorro Romero de Tehuacán– no les importan las consecuencias catastróficas que habría para la agricultura de la región y la dotación de agua de miles de familias con el funcionamiento de esos invernaderos, que están destinados a la producción de arándano que se exporta al sur de Estados Unidos.

Y un tercer polo, es el penoso papel del Consejo de Participación Ciudadana de Ecología de Tehuacán que, en lugar de preocuparse por la sobreexplotación hídrica que implica el funcionamiento de los invernaderos de Colorado Ecoterra y de empresas de capital chino, el presidente de dicho organismo, Héctor Veytia Pérez, está haciendo “jugosos” negocios con los invernaderos.

Veytia Pérez es quien rentó la mayor parte de las 10 hectáreas en donde se asentó Colorado Ecoterra, como parte de un proyecto trasnacional que pretende acabar abarcando 100 hectáreas, para desarrollar la producción de arándanos y otros alimentos destinados a los mercados de Estados Unidos y Canadá.

Los predios del conflicto se ubican en San Marcos Necoxtla, que es una junta auxiliar de Tehuacán, muy cerca del manantial de La Taza, que dota de agua a esta comunidad, así como a la cabecera municipal de San Gabriel Chilac.

Frente a estos polos opuestos, surge una pregunta básica: ¿y qué papel está jugando Alejandro Barroso Chávez, el presidente municipal de Tehuacán?

La respuesta es muy sencilla: su posición es guardar silencio.

Así como guarda silencio frente a muchos problemas sociales y de servicios públicos que ocurren en la segunda ciudad más importante del estado.

Barroso Chávez, quien ganó el cargo bajo el emblema de Morena, no dice nada de lo que pasa con Colorado Ecoterra.

Su actitud es como si el problema no ocurriera en la demarcación que gobierna.

Tampoco expresa nada acerca de que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana de Ecología de Tehuacán esté “metido en el ajo” del negocio de los invernaderos, en lugar de preocuparse por los problemas del medio ambiente.

Seguramente mucha gente en Tehuacán opina que no es nada rara la actitud Alejandro Barroso, pues ha resultado ser una gran decepción como alcalde, que no resuelve los problemas, no tiene proyecto de obra pública y no se preocupa por su imagen pública.

Aunque no parece ser la explicación real de su comportamiento.

Pareciera que, en realidad, el alcalde está desarrollando un silencio cómplice.

No dice nada, no actúa en nada, todo para favorecer los intereses de la empresa que es fuente de enojo de más de 5 mil pobladores que han exigido, plasmando su firma en actas de asambleas, que Colorado Ecoterra se vaya de la región.

Colorado Ecoterra, a través del empresario Alfonso Celis Romero, sostiene que es una compañía con capital regional y que no tiene intereses extranjeros.

Eso es mentira. No lo dice este columnista, sino en la página de Colorado Ecoterra se menciona que es una compañía socia de Mastronardi Produce.

La segunda de estas compañías nació en 1954 en la comunidad de Kingsville, perteneciente a la provincia de Ontario en Canadá.

Desde entonces, Mastronardi Produce es una firma pionera en la introducción de lugares con climas artificiales para suplantar los ambientes naturales de diversos cultivos.

Actualmente, Mastronardi Produce tiene desarrollos de invernaderos en Canadá, México, Estados Unidos y Países Bajos.

Se ha especializado en la producción de tomates, pimientos, pepinos, frutos rojos y lechugas. Todo destinado a los mercados de Norteamérica.

Dato importante: Mastronardi Produce solo genera 3 mil 500 empleos.

Es un modelo de negocios y producción que utiliza cantidades brutales de agua, emplea poca mano de obra y quiebra a los pequeños y medianos productores agrícolas.

Por eso es entendible el rechazo que en el Valle de Tehuacán hay contra las empresas de invernaderos.

El cargo El alcalde de Tehuacán guarda un silencio cómplice ante los abusos de Colorado Ecoterra apareció primero en Reto Diario.