Durante una mesa de diálogo regional celebrada en Tabasco con familiares e integrantes de 56 colectivos de búsqueda de la región sur-sureste del país, la funcionaria afirmó que sus comentarios fueron malinterpretados y enfatizó que nunca estuvieron dirigidos contra las familias buscadoras.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación de México. Foto: Especial

“Mi comentario sobre el tema fue únicamente para revelar esta acción, pero si ofendí a alguien, si alguien sintió que yo le faltaba al respeto, ofrezco disculpas sinceras”, expresó.

Rodríguez Velázquez explicó que la inquietud del Gobierno federal surgió a partir de información que apuntaba a que un funcionario público del estado de Jalisco, cuya identidad no reveló, habría ofrecido apoyo para facilitar el traslado de algunos colectivos a la capital del país.

“Nosotros tuvimos información de los propios colectivos de búsqueda, que un funcionario público local de Jalisco ofreció apoyo para que colectivos viajaran a la Ciudad de México para que participaran en las manifestaciones del pasado 11 de junio”, señaló.

La titular de la Secretaría de Gobernación insistió en que el tema correspondía a un posible asunto entre distintos niveles de gobierno y no implicaba cuestionamientos hacia los colectivos.

“Mi intención solamente era porque hay un tema entre gobiernos. Nunca entre los colectivos, ni menos en las familias de las buscadoras”, sostuvo.

Las declaraciones ocurren luego de que el pasado 11 de junio la funcionaria informara que la dependencia investigaría el origen de los recursos utilizados para el traslado de los manifestantes, con el propósito de determinar si existía alguna intención ajena a la exigencia de búsqueda y justicia encabezada por las familias.

Gobierno mantiene mesas de diálogo con colectivos

La disculpa fue expresada durante una mesa de diálogo realizada en el Centro de Convenciones Tabasco 2000, donde participaron representantes de 56 colectivos provenientes de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

El encuentro forma parte de la estrategia nacional del Gobierno de México para mantener un canal permanente de comunicación con las familias de personas desaparecidas y fortalecer las acciones de búsqueda.

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Durante la reunión, Rosa Icela Rodríguez reiteró que la prioridad de la administración federal es brindar atención con un enfoque humanitario.

“Porque detrás de cada expediente hay una persona desaparecida y una familia que merece ser escuchada con respeto y atendida con dignidad”, afirmó.

En la mesa también participaron la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos; representantes de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) en México, además del gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez.

Como parte de los avances presentados, se informó que el pasado 26 de junio quedó instalado formalmente el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Tabasco, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y las estrategias de localización en la región sur del país.

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Las labores se realizan en el panteón municipal Pedro Amaro, donde, de acuerdo con los colectivos, durante años la Fiscalía estatal llevó a cabo inhumaciones irregulares. En este proceso participan familiares de víctimas, así como especialistas y autoridades, aunque el avance ha sido calificado como lento.

De acuerdo con las y los participantes, la falta de un plan integral de exhumaciones por parte de la Fiscalía General del Estado de Morelos ha generado incertidumbre. Colectivos denunciaron el incumplimiento en la entrega de este documento, lo que ha complicado la organización y desarrollo de las diligencias.

La activista Amalia Hernández Hernández, vocera del colectivo Tetelcingo y Jojutla, explicó que la cifra de cuerpos aún es preliminar debido a cambios en la metodología de registro. Señaló que la nueva clasificación de indicios ha dificultado la individualización de los restos localizados.

En cuanto a los hallazgos, indicó que de manera preliminar identificaron restos de mujeres e infantes, aunque estos datos aún deben confirmarse mediante análisis de laboratorio.

Por su parte, Edith Hernández Torres, del colectivo Regresando a Casa Morelos, destacó que en las diligencias participan instancias federales y especialistas que han incorporado disciplinas como antropología, genética, medicina legal y lofoscopía para mejorar los procesos de identificación.

Sin embargo, también advirtió que en intervenciones previas no se aplicaron herramientas como la dactiloscopía, lo que pudo derivar en la pérdida de información relevante. Señaló que alrededor de 300 cuerpos no contaron con registros dactilares en procesos anteriores.

Aunque el proceso actual presenta mayor orden técnico, los colectivos reiteraron que el ritmo sigue siendo lento. Además, adelantaron que elaborarán un informe propio para documentar los hallazgos, ante la falta de información completa por parte de las autoridades.

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El dato fue dado a conocer durante una reunión con colectivos de búsqueda y familiares de víctimas, como parte de las mesas de trabajo que mantiene su gobierno con este sector, donde además se revisaron avances de diferentes casos.

Según las cifras oficiales, 502 de estas personas fueron reportadas como desaparecidas ya en la actual administración, mientras que otras 98 corresponden a expedientes rezagados de años anteriores que finalmente tuvieron algún tipo de resolución.

En el encuentro participaron más de 40 familiares, además de autoridades de la Fiscalía General del Estado y de la Comisión de Búsqueda, en un espacio que, más allá de los números, se centró en el seguimiento de historias concretas.

El gobernador atribuyó los resultados a la coordinación con colectivos y a las mesas de trabajo que se han mantenido de forma constante, donde se revisan avances y pendientes. Sin embargo, el contexto sigue siendo complejo.

A nivel nacional, la cifra de personas desaparecidas supera las 130 mil, un escenario que mantiene la presión sobre los estados para acelerar búsquedas, mejorar registros y, sobre todo, dar respuestas a las familias.

Armenta aseguró que estos encuentros continuarán, con la intención de no soltar los casos y mantener abiertos los canales de comunicación con quienes siguen buscando a un familiar.

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