El legislador señaló que el feminicidio representa la forma más extrema de violencia contra las mujeres, por lo que resulta indispensable robustecer las sanciones penales, garantizar justicia para las víctimas y sus familias, y contribuir a la erradicación de la violencia de género.

La propuesta contempla aumentar las penas y las multas. En el caso del artículo 338 Bis, se plantea aumentar 10 años de prisión, y pasar de 40 a 60 años a un rango de 40 a 70 años, además de incrementar la multa de 500–1,000 UMA a 1,000–2,000 UMA. Para el artículo 338 Quáter, que contempla casos agravados, se propone elevar la pena de 50–70 años a 50–80 años de prisión.

“Desde el Congreso del Estado, se pretende reforzar el principio de proporcionalidad de las penas y reconocer la gravedad del feminicidio como un delito de alto impacto social”.

El diputado José Luis Figueroa subrayó que con esta iniciativa se pretende lograr un mayor efecto disuasorio frente a la violencia extrema, el combate a la impunidad y la protección del derecho a la vida, la integridad y la dignidad de las mujeres.

Con estas acciones, el legislador reafirma su compromiso con la justicia social, la seguridad y la defensa de los derechos de las mujeres en Puebla.

El cargo Diputado José Luis Figueroa presentará iniciativa para incrementar sanciones contra el feminicidio apareció primero en Reto Diario.

En la propuesta, la legisladora detalla que es necesario clarificar el texto del reciente tipo penal relativo al despojo inmobiliario, “para evitar que pueda darse una duplicidad con el delito de Fraude o incluso se aproveche esta circunstancia para obtener una sanción menor o en el peor de los casos genere impunidad”.

Foto: Especial

De esta forma, se pretende delimitar con precisión que la simulación de actos de autoridad debe estar directamente orientada a la ejecución del despojo, ya sea para ocupar, mantener o consolidar la posesión indebida del inmueble, así como diferenciar claramente esta conducta de otras figuras como el fraude.

La diputada plantea que, en el artículo 409 se sustituya la expresión “Unidades de Medida y Actualización” por “veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”, en lo que corresponde a la sanción.

Asimismo, que en la fracción IV del artículo 409 sobre el delito de despojo se precise que: “Para su ejecución se simulen actos de autoridad con el propósito de ocupar, mantener o legitimar indebidamente la posesión o propiedad de un inmueble.

El cargo Plantea la diputada Delfina Pozos ajuste a reformas sobre el delito de despojo apareció primero en Reto Diario.

En el dictamen, aprobado el pasado 15 de marzo por las diputadas y los diputados que integran la LXII Legislatura, se destaca que el delito de despojo se ha convertido en una forma sofisticada de violencia patrimonial, cometida en muchos casos por grupos organizados, redes de corrupción o personas que se valen de vacíos legales, procesos administrativos irregulares o documentos falsificados, para arrebatar bienes a sus legítimos propietarios.

Foto: Especial

Ante esta problemática, es necesario garantizar condiciones jurídicas e institucionales que prevengan y sancionen las conductas que atenten contra el derecho a la propiedad y a la vivienda, especialmente cuando se busca despojar ilegítimamente a una persona de un bien inmueble que ha adquirido de buena fe y conforme a derecho.

Por ello, la LXII Legislatura aprobó el dictamen mediante el cual se reforman los artículos 409 y 409 Bis, se adiciona el artículo 409 Ter, y se deroga el segundo párrafo del artículo 408 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, a fin de indicar que el delito de despojo se sancionará con prisión de seis a 12 años y multa de 100 a mil 500 Unidades de Medida y Actualización.

Foto: Especial

Las causales en las que se aplicará esta pena son cuando el delito: se cometa materialmente por cinco o más personas o en contra de zonas declaradas como área natural protegida; se ejecute en agravio de una niña, niño o adolescente, persona mayor de 60 años, con discapacidad o perteneciente a un pueblo o comunidad indígena; o se cometa con participación de una persona servidora pública valiéndose de su empleo, cargo o comisión, con independencia de si se encontraba o no en ejercicio de sus funciones.

También en los casos en que, para su ejecución, se simulen actos de autoridad; se inscriba en el Registro Público de la Propiedad un acto jurídico traslativo de la propiedad o posesión utilizando un documento falso, simulado o inexistente con el fin de aparentar un derecho real sobre un inmueble que no le pertenece, o se suplante la identidad de la persona propietaria o poseedora del inmueble, o de su representante legal, apoderada o apoderado.

Las mismas penas se aplicarán cuando el delito se cometa con intervención dolosa de la persona titular, auxiliar o suplente de una notaría pública, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, dando fe de hechos o formalizando actos jurídicos ilícitos, con la finalidad de justificar, facilitar, consumar o encubrir el despojo.

Foto: Especial

Como parte de las reformas, se establece que, al que financie o dirija la invasión, así como a la persona autora o personas autoras intelectuales, se les sancionará con prisión de siete a 15 años y multa de mil a tres mil Unidades de Medida y Actualización. Estas sanciones se aumentarán hasta en una tercera parte de los mínimos y máximos, cuando el delito se cometa con el propósito de lotificar o comercializar la tierra.

El dictamen fue elaborado con las propuestas del Ejecutivo estatal, así como de las diputadas Araceli Celestino Rosas, Beatriz Manrique Guevara, Susana del Carmen Riestra Piña, Celia Bonaga Ruiz y Modesta Delgado Juárez, y los diputados Andrés Iván Villegas Mendoza y Óscar Mauricio Céspedes Peregrina. Además, obtuvo el aval de las legisladoras y los legisladores al ponerlo a consideración del Pleno.

El cargo Congreso de Puebla endurece penas por despojo: hasta 15 años de prisión por invasión de propiedades apareció primero en Reto Diario.

En rueda de prensa, la legisladora explicó que la propuesta fue presentada en conjunto con el diputado Pavel Gaspar Ramírez, y consta de cuatro artículos que integran un capítulo, el cual se agrega a la sección de delitos contra la vida.

Foto: Especial

“Podemos hacer historia, compañeros diputados (…) dejar en claro para la sociedad, para nuestra ciudad, para nuestro país, que la vida tiene un valor único y que la identidad de género nada tiene que ver con el valor que tenemos como personas”, mencionó.

La iniciativa establece que, comete el delito de transhomicidio quien prive de la vida a una persona trans, cuando la conducta sea motivada por odio, rechazo, desprecio, discriminación o prejuicio relacionados con su identidad o expresión de género, reales o percibidas, independientemente del sexo asignado al nacer.

La propuesta considera que, cuando se configure este delito, se impondrá una pena de 40 a 60 años de prisión y multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización.

Foto: Especial

Las penas podrían incrementarse, hasta en una mitad, cuando intervengan dos o más personas, exista relación de confianza o subordinación, cuando el delito sea cometido por servidor público o cuando la víctima se encuentre en situación de especial vulnerabilidad, y cuando exista extrema violencia o ensañamiento.

El cargo Tipificación del transhomicidio fortalecerá procuración de justicia y derechos humanos: Leonela Martínez apareció primero en Reto Diario.

Para ello, se tomarán en cuenta la existencia de antecedentes de violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial ejercida por la persona agresora; así como la situación de subordinación, dependencia o riesgo en la que se encontraba la persona que actuó en defensa, entre otros.

La propuesta legislativa, que pretende adicionar el artículo 27 Bis al Código Penal del estado, fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

Por otra parte, la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Pável Gaspar Ramírez presentaron una iniciativa para adicionar el Código Penal del estado, con la finalidad de establecer que comete el delito de transhomicidio quien prive de la vida a una persona trans cuando la conducta sea motivada por odio, rechazo, desprecio, discriminación o prejuicio relacionados con su identidad o expresión de género, reales o percibidas, independientemente del sexo asignado al nacer.

La iniciativa, que propone adicionar la Sección VI al Capítulo Décimo Quinto, denominada “Del Transhomicidio”, del Código Penal del Estado de Puebla, fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

Asimismo, la diputada Celia Bonaga Ruíz presentó una iniciativa para reformar y adicionar la Ley de Seguridad Privada del Estado de Puebla, con el objetivo de reforzar las facultades de la Secretaría de Seguridad Pública para emitir lineamientos, protocolos y mecanismos de supervisión, asegurando que la coordinación con la seguridad privada se realice de manera ordenada, transparente y conforme a la ley.

Celia Bonaga Ruíz, diputada local de Pueb la por el PAN. Foto:_ Especial

La iniciativa para reformar la fracción III del artículo 15 y adicionar el artículo 11 Bis a la Ley de Seguridad Privada del Estado Libre y Soberano de Puebla, fue dirigida a la Comisión de Seguridad Pública para su análisis respectivo.

De igual manera, la diputada Celia Bonaga Ruíz presentó una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, con el objetivo de crear un modelo de coordinación regulada entre las policías municipales y los servicios de seguridad privada en fraccionamientos, sin delegar funciones públicas ni privatizar la seguridad.

Para este fin, la iniciativa que propone reformar el artículo 22 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública.

En tribuna, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales presentó una iniciativa para reformar la Constitución Política del Estado y la Ley de Salud Mental y Adicciones del Estado de Puebla, con el propósito de garantizar la salud mental como un derecho humano reconocido en la Constitución local, así como establecer las bases normativas para que el estado de Puebla fortalezca, de manera progresiva, la disponibilidad y distribución de personal especializado en salud mental.

Fedrha Suriano Corrales, diputada local de Puebla por Movimiento Ciudadano. Foto: Especial

La propuesta, que propone reformar el artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, así como los artículos 9 y 10 de la Ley de Salud Mental y Adicciones para el Estado de Puebla, fue enviada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Durante la sesión, la Mesa Directiva dio cuenta de las siguientes iniciativas:

• Iniciativa del diputado Elpidio Díaz Escobar para reformar y derogar diversas disposiciones del Código Penal del estado, con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes, particularmente su libertad, dignidad e integridad física, psíquica y sexual, mediante la eliminación de disposiciones penales que resultan discriminatorias, anacrónicas y permisivas frente a la violencia sexual.

Elías Lozada Ortega, Celia Bonaga Ruíz, Elpidio Díaz Escobar y Ana Laura Gómez Ramírez, diputados de la LXII Legislatura del Congreso del estado de Puebla. Foto: Especial

La iniciativa, que busca derogar los artículos 301 y 301 Bis del Código Penal del Estado de Puebla, fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución correspondiente.

• Iniciativa del diputado Elías Lozada Ortega para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla, con el propósito de integrar el concepto de “impacto cero”, para que las autoridades competentes anulen o minimicen las afectaciones que puedan generar a los vecinos durante los procesos de construcción, lo que permitirá armonizar el desarrollo urbano con el derecho de la ciudadanía a un entorno seguro, ordenado y sostenible.

La propuesta legislativa fue dirigida a la Comisión de Desarrollo Urbano para su estudio correspondiente.

• Iniciativa del diputado Elías Lozada Ortega con la finalidad de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Protección a los No Fumadores para el Estado de Puebla, con el objetivo de establecer que la tolerancia para fumar se limite exclusivamente a las áreas al aire libre, así como establecer criterios estrictos que eviten la exposición involuntaria al humo de tabaco e impidan que dichos espacios sean de paso obligado o la única área disponible en los establecimientos.

Foto: Especial

La iniciativa fue enviada a la Comisión de Salud para su análisis procedente.

• Iniciativa de la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas para reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, con el propósito de fortalecer el catálogo general de tipos de violencia previsto en la ley, a fin de reconocer expresamente la violencia digital, cibernética y aquella que se ejerce mediante el uso de Inteligencia Artificial, garantizando una protección acorde con la realidad social y tecnológica actual.

Para este fin, la propuesta legislativa que propone reformar la fracción I del artículo 62 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla fue turnada a la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez.

• Iniciativa de la diputada Norma Estela Pimentel Méndez para reformar la Constitución Política del Estado de Puebla, con la finalidad de que la legislación contemple un lenguaje incluyente que garantice la pluralidad y evite requisitos que, aun de manera indirecta, limiten la participación política de sectores de la ciudadanía que forman parte activa de la vida pública del estado.

La iniciativa, que propone reformar el artículo 36 y derogar su fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis respectivo.

• Iniciativa del diputado José Miguel Trujillo de Ita para reformar el Código Penal del estado, con el objetivo de adicionar una agravante al delito de amenazas cuando estas se dirijan a una comunidad educativa, lo que resulta una medida legislativa idónea y proporcional para reforzar la prevención y proteger el derecho a la educación en condiciones de seguridad.

El diputado propone reformar el artículo 290 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. Para su estudio correspondiente, la iniciativa fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

El cargo Impulsa diputada Xel Arianna propuesta para valorar con perspectiva de género los casos de exceso en legítima defensa por violencia de género apareció primero en Reto Diario.

De acuerdo con la propuesta, se considerará rapiña cuando una persona se apodere de bienes ajenos sin derecho ni consentimiento de su propietario, aprovechando un accidente, desastre natural, catástrofe, alteración del orden público o situación de emergencia.

Agravantes

• La pena podría aumentar hasta en una mitad si:
• Participan dos o más personas.
• Los bienes sustraídos son de primera necesidad o destinados a damnificados.
• Se ejerce violencia física o moral.
• El delito ocurre en vías de comunicación, transporte público o instalaciones de auxilio.

Más que un robo común

La exposición de motivos señala que la rapiña no debe equipararse al robo común, ya que surge en escenarios de vulnerabilidad social, lo que amplifica el daño en comunidades afectadas.

Ejemplos recientes como los saqueos tras el huracán Otis en Acapulco, con pérdidas superiores a 390 millones de pesos, o los robos durante los sismos de 2017, muestran cómo esta práctica obstaculiza la ayuda humanitaria y retrasa la recuperación económica.

Cláusula humanitaria

La iniciativa incluye una excepción para evitar criminalizar la necesidad: quienes, sin ejercer violencia, tomen únicamente lo indispensable para sobrevivir durante una emergencia, no serán sancionados.

Con esta reforma, los legisladores buscan fortalecer la confianza social, proteger el orden público y establecer un marco legal específico que sancione con mayor severidad los actos de rapiña.

El cargo Buscan castigar con hasta 10 años de cárcel los actos de rapiña en Puebla apareció primero en Reto Diario.

Durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti en Radio Fórmula, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, calificó esta norma como un intento de censura impulsado por gobiernos de Morena, y aseguró que no permitirán que se criminalice a los ciudadanos por expresarse en redes sociales.

“Hoy saliendo de aquí vamos a ir a la Suprema Corte de Justicia a presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de este horror, que es lo que ellos le llaman Ley de Ciberasedio y nosotros le llamamos la Ley Censura”, expresó Romero en el espacio informativo.

El líder panista adelantó que, acompañado por el académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) Luis Enrique Sánchez, entregaría más de 8 mil firmas ciudadanas recolectadas en una plataforma digital como respaldo a la impugnación.

“Te pueden meter a la cárcel por opinar”

Romero Herrera afirmó que la actual redacción del artículo 480 abre la puerta a que cualquier persona sea castigada hasta con tres años de cárcel simplemente por realizar una publicación considerada ofensiva.

Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN. Foto: X / @JorgeRoHe

“Si vives en Puebla, hoy te pueden meter a la cárcel si alguien se siente ofendido y eso es lo que vamos a buscar derogar”, declaró el dirigente.

Criticó que incluso comentarios cotidianos o bromas puedan ser malinterpretados como delitos.

“Si comentas sobre un partido América-Chivas, te denuncian y acabas en la cárcel. Reímos para no llorar, pero así se aplica en Puebla hoy por hoy”, ironizó.

Amparo universal y llamado ciudadano

Además de la acción constitucional, el PAN anunció que promoverá un amparo universal para que cualquier ciudadano pueda adherirse y defender su libertad de expresión. “Hacemos un llamado a miles de personas para que se inscriban y se defiendan”, enfatizó Romero.

El líder nacional también pidió al Poder Judicial que actúe conforme a la Constitución, sin prejuicios ni presiones políticas.

“Este es el momento de definir si defendemos las libertades o defendemos al poder”, sentenció.

Redacción ambigua, alertan organizaciones

Diversos colectivos civiles, usuarios de redes sociales y legisladores han expresado su preocupación por el contenido del artículo 480, argumentando que su ambigüedad puede facilitar abusos e interpretaciones discrecionales por parte de las autoridades, afectando derechos fundamentales como la libertad de expresión.

En tanto, el Congreso de Puebla ya discute una propuesta para modificar la redacción del artículo y evitar que se preste a interpretaciones erróneas o a persecución política.

Acciones ante la CNDH

Jorge Romero, líder nacional del PAN, y Luis Ernesto Sánchez académico de la BUAP. Foto: X / @JorgeRoHe

De acuerdo con lo informado por el PAN, este martes 8 de julio, también acudirán a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para solicitar su intervención y sumar a otras universidades, organizaciones civiles y partidos políticos a la exigencia de derogar la reforma.

El cargo PAN impugna ante la Suprema Corte la “Ley Ciberasedio” de Puebla, por considerarla inconstitucional apareció primero en Reto Diario.

Del tema ya se ha hablado al extremo, el Congreso local llevó a cabo una serie de reformas al código de procedimientos penales del estado, para tipificar el delito de ciberasedio o ciberacoso.

La polémica se crea cuando dentro de la reforma el artículo 480 establece que comete el delito de ciberacoso o ciberasedio: “comete el delito de ciberasedio, quien a través de la utilización de tecnologías de la información o de la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona con la insistencia necesaria para causarle un daño o un menoscabo en su integridad física o emocional”.

Como sanción para quien cometa este delito se establece: “una pena de hasta 3 años de prisión y una multa de 50 hasta 300 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente”.

En este espacio hemos señalado la vaguedad de la medida y ponderamos la intención del gobernador, Alejandro Armenta, para solicitar respetuosamente al Congreso la elaboración de foros de consulta para escuchar todas las voces y poder llegar a un consenso en torno a esta polémica reforma.

La misma CNDH que ha sido omisa en muchos temas de nuestro país lanzó este exhorto al Congreso local para que revise la redacción de este artículo, el cual ha sido señalado como un intento de censura por parte de las autoridades para evitar que se hable de los políticos.

Llama la atención que este organismo, el cual, reitero, ha sido omiso en múltiples temas como las desapariciones forzadas, las narco fosas, múltiples asesinatos, alce la voz en torno a este tema. Reitero, para mí, es de llamar la atención.

Y es que el “exhorto” de la CNDH no me parece una casualidad, viene acompañada de diferentes llamados tanto de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, como de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pronunciándose a favor de la libertad de expresión.

Creo que la Legislatura local y quienes toman las decisiones en este estado deben analizar muy bien este tema, el cual le está costando un desgaste innecesario al gobierno local, pese a que el Consejo Estatal de Morena haya salido ayer a respaldar dichas reformas.

Como decimos coloquialmente, “el montarse en su macho” le puede salir muy caro a muchos personajes locales, como, por ejemplo, la líder del Congreso local, Laura Artemisa García Chávez, quien quiere ser candidata a la Presidencia Municipal de Puebla en el 2027.

El costo político ya lo está pagando la propia Laura Artemisa y no podría ser de otra forma, pero el saldo puede ser aún más alto si se toma en cuenta que la CNDH incluso admitió que analiza el promover una controversia constitucional ante la polémica medida.

La Legislatura local puede quedar aún más exhibida si no deciden corregir a tiempo la ambigüedad del artículo ya citado.

Mucho se dice que detrás de estas medidas como la de Puebla y lo ocurrido en Campeche, está la mano de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien intenta a toda costa limitar la libertad de expresión y estos son sus primeros ensayos. Yo no lo creo.

El caso Puebla es una excelente oportunidad para dejar en claro que la mano de la presidenta nada tiene que ver en esta serie de medidas y que ella es una verdadera demócrata. Reitero, yo no creo que tenga un doble discurso y menos luego de que la CNDH ya instó al Congreso de Puebla para que termine con la ambigüedad de esta reforma.

Abdala arranca campaña

Anote usted también al delegado del Bienestar, Rodrigo Abdala Dartiguez, como uno de los aspirantes a la Presidencia Municipal de Puebla por Morena.

Abdala, a través de diversas organizaciones, ya comenzó a promoverse y, al parecer, ahora sí va con todo para conseguir la nominación y se dice que con el visto bueno y apoyo de muchas de sus amistades a nivel federal, porque a diferencia de otros y otras, él sí es auténtico 4T, como se dice en el argot futbolístico, canterano.

riva_leo@hotmail.com

El cargo La CNDH le corrige la plana al Congreso local, ¿ahora qué sigue? apareció primero en Reto Diario.