El funcionario informó que, a partir de labores de inteligencia y monitoreo, se detectó que un grupo ofreció 500 pesos por persona para participar en las protestas.

“Tenemos información de que hubo una convocatoria en la que ofrecieron 500 pesos por persona para manifestarse”, declaró.

Los hechos ocurrieron la tarde del domingo en las inmediaciones del mercado, donde un grupo de personas, algunas con el rostro cubierto, bloqueó accesos y generó alteraciones al orden público, bajo señalamientos de supuestas extorsiones y cobro de piso.

Comerciantes y locatarios del centro de abasto señalaron que las personas involucradas no pertenecen al mercado y descartaron que se tratara de una protesta organizada por trabajadores del lugar.

El secretario indicó que este tipo de convocatorias pagadas ya se ha detectado en otros puntos de la ciudad, como el mercado Morelos y, posteriormente, en La Acocota.

“En el mercado Morelos inicialmente hubo intentos y también otras ofertas. Quiero decirles que esto tiene que ver con los operativos en mercados; nos comprometimos a liberarlos y estamos afectando la economía de estos grupos”, indicó el funcionario estatal.

Añadió que las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para identificar a quienes organizaron estas acciones, así como a las personas que habrían recibido pagos por participar.

Hasta el momento no se han reportado detenciones directamente relacionadas con estos hechos; sin embargo, la dependencia mantiene operativos de vigilancia e inteligencia en distintos mercados de la capital.

“Estamos trabajando, obviamente esto afecta intereses de grupos que tenían muchos años asentados en los mercados, en los tianguis. Tenemos un problema muy fuerte de extorsión… pero seguimos firmes en la recuperación de espacios públicos”, concluyó el funcionario.

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Según reportes, hombres armados ingresaron al bar, ubicado en avenida Nacional 10514, sometieron a los presentes, provocaron el fuego y cerraron los accesos. Las cinco víctimas mortales, tres meseros y dos bailarinas, habrían fallecido por intoxicación con monóxido de carbono. No presentaban lesiones por arma de fuego.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado informó que la pronta respuesta de autoridades municipales y estatales permitió el rescate de nueve personas, quienes recibieron atención médica por parte de paramédicos de SUMA.

La Fiscalía General del Estado (FGE), por su parte, considera el cobro de piso como una línea de investigación, ya que los propietarios del bar supuestamente habían recibido amenazas por negarse a pagar cuotas.

Los responsables también incendiaron un vehículo Toyota con matrícula de la Ciudad de México estacionado afuera del inmueble antes de huir.

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Los principales casos se dan en el ámbito municipal, el eslabón más débil de una larga cadena de corrupción e intereses políticos y económicos vinculados directa o indirectamente con las mafias de la delincuencia.

Por violencia política se entiende todo tipo de agresiones contra actores que participan en procesos electorales o que ya ocupan cargos públicos para influir en los resultados electorales y/o fomentar la imposición de regímenes criminales por medio de la fuerza: asesinatos, atentados, amenazas, secuestros, desapariciones y cualquier otro mecanismo que produzca daño físico o emocional.

Según el más reciente reporte de la consultoría Integralia, ocurrieron 253 hechos de violencia política en el primer semestre de 2025, que incluyen 112 asesinatos, 74 amenazas, 33 atentados con arma de fuego, 17 secuestros, 11 desapariciones y seis correspondientes a otros delitos menores como robos en 29 de 32 entidades del país.

Diecinueve de esos hechos de violencia política sucedieron en el estado de Puebla.

La violencia política es causa y consecuencia de un proceso creciente de captura de las instituciones del Estado mexicano, que facilita que las organizaciones criminales puedan ejercer extorsión, cobro de derecho de piso, secuestros o restricciones para que las empresas operen en determinadas regiones.

La inseguridad y la violencia impactan en la certeza jurídica, la estabilidad económica y en la continuidad de proyectos de inversión, incrementando los costos de operación. La violencia fue más intensa a nivel municipal: la mayoría de las víctimas (79%) fueron figuras políticas, funcionarios, exfuncionarios o aspirantes a algún cargo a nivel municipal.

Integralia subraya que las organizaciones criminales priorizan el control municipal debido a su debilidad institucional y porque así controlan territorio, presupuestos y mercados. Algo de lo que aquí ya hemos abordado.

Morena fue el partido con más víctimas: en el periodo, se contabilizaron 73 casos de violencia política en contra de personas relacionadas con ese partido, seguido por el PT con 28 y el PRI con 27.

Sin embargo, destaca que en segundo lugar están las víctimas sin afiliación a partido político alguno, con 69 casos.

¿Qué pasó en las recientes elecciones judiciales?

Salvo excepciones (3), prácticamente no hubo actos de violencia política en contra de candidatos a algún puesto de elección del Poder Judicial local y federal.

Veracruz fue el estado que concentró más eventos de violencia política: en el marco de las elecciones municipales, se contabilizaron 81 casos, mientras que Guerrero (24), Morelos (21) y Oaxaca (20) mantuvieron altos niveles de violencia sin elecciones locales.

A pesar del tamaño que representó en número de candidatos, la violencia prácticamente no se hizo presente en estos comicios: únicamente se registraron tres casos de amenazas contra candidatos del orden federal (Guanajuato y Puebla) y uno más del orden local en el Estado de México.

En el caso de Puebla, Esmeralda García Santamaría, candidata a jueza de distrito federal, denunció haber recibido amenazas.

Por otro lado, Durango, que sí tuvo comicios locales, solo registró un evento.

La mayoría de los incidentes se concentró en el centro y sur del país. Destaca Veracruz, donde se sostuvieron elecciones de ayuntamientos en junio, con 81 casos de violencia política.

Por otro lado, destacan Guerrero, Morelos y Oaxaca, pues pese a que no tuvieron comicios, mantuvieron niveles altos de violencia. Estas cuatro entidades se encuentran actualmente en medio de disputas de varias organizaciones delictivas que pelean por su control.

La violencia política, como bien señala Integralia, ya no es una excepción: se ha convertido en parte del paisaje nacional, y eso es una pésima noticia desde cualquier punto de vista.

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