Durante la presentación del Monitor de Alimentación y Pobreza Regional, el director del CIIE, Alfonso Mendoza Velázquez, explicó que el análisis, elaborado con la metodología del extinto Coneval y datos del Inegi, comenzará a publicarse de manera mensual para dar un seguimiento más cercano al comportamiento de los precios.

El investigador detalló que la canasta básica alimentaria en Puebla tiene un costo de 2 mil 407 pesos por persona en zonas urbanas y de mil 815 pesos en zonas rurales, cifras inferiores al promedio nacional, aunque señaló que ello no significa que las familias tengan capacidad suficiente para adquirir todos los alimentos necesarios.

Por su parte, el profesor investigador Óscar Salomón Castañeda Lozada indicó que los productos que registraron los mayores incrementos durante junio fueron la papa, la cebolla y la manzana, debido principalmente a problemas de oferta y afectaciones climatológicas que redujeron las cosechas. Explicó que Puebla figura entre los principales estados productores de papa, junto con Sonora, Sinaloa y el Estado de México, entidades que concentran entre el 70 y 75% de la producción nacional.

Añadió que la estabilidad observada en los precios internacionales de los energéticos entre abril y principios de julio ayudó a contener mayores aumentos en distintos alimentos, aunque advirtió que factores internacionales, como la situación en el estrecho de Ormuz, continúan representando un riesgo para los costos de producción y distribución.

La investigadora Viviana Elizabeth Zárate Mirón expuso que, bajo el supuesto de un hogar integrado por cuatro personas sostenido por un solo trabajador que percibe el salario mínimo, ningún estado del país logra cubrir completamente el costo de la canasta básica urbana, con excepción de Tabasco, donde apenas quedarían 26 pesos disponibles tras la compra de los alimentos.

En el caso de Puebla, precisó, el ejercicio arroja un déficit de entre 136 y 177 pesos para adquirir la canasta alimentaria urbana, mientras que en entidades como Oaxaca, Campeche y Nayarit la diferencia supera los 700 pesos, lo que obliga a las familias a prescindir de diversos productos.

Respecto a la posibilidad de homologar el salario mínimo de la frontera norte con el resto del país, los especialistas señalaron que, aunque sería deseable elevar los ingresos, existen diferencias económicas y productivas entre las regiones que dificultan aplicar una medida uniforme. Además, advirtieron que incrementos salariales sin medidas complementarias podrían afectar la generación de empleos formales, por lo que consideraron necesario diseñar políticas públicas y fiscales que fortalezcan tanto el poder adquisitivo de las familias como la competitividad de las empresas.

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