A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) afirmó que mantiene disposición al diálogo, pero señaló que las personas manifestantes no acreditaron ser familiares ni representantes legales de personas privadas de la libertad durante el acercamiento que autoridades de Seguridad y de la Secretaría de Gobernación realizaron en el lugar.

De acuerdo con el texto oficial, los representantes gubernamentales acudieron a solicitar una mesa de diálogo, sin embargo, “durante la interlocución, las y los manifestantes se negaron y evitaron acreditar de manera formal a qué personas privadas de la libertad representan, tampoco presentaron documentación que respaldara su carácter de familiares o representantes legales”.

La dependencia también afirmó que algunos de los señalamientos difundidos son “imprecisos” y provienen de información incorrecta. Aseguró que la operación del Centro Penitenciario de Puebla se realiza conforme a los protocolos de ley y que se respetan en todo momento los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Pese a ello, la SSP reiteró que continuará abierta a establecer un mecanismo de diálogo formal con quienes acrediten adecuadamente su vínculo con las personas en reclusión, “a fin de atender planteamientos legítimos y las demandas”.

La institución insistió en que cualquier acercamiento deberá realizarse con orden, respeto y a través de las vías institucionales, en línea con su compromiso –dijo– con la gobernabilidad y la legalidad.

La protesta de este viernes generó complicaciones viales en las inmediaciones del penal de San Miguel, donde los inconformes cerraron el acceso como forma de presión para exigir atención a sus denuncias.

El cargo Gobierno de Puebla responde a protestas en el penal de San Miguel y llama a instalar diálogo formal apareció primero en Reto Diario.

Con lonas, cartulinas y neumáticos, alrededor de 50 manifestantes cerraron ambos sentidos de la vialidad frente al Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel. Desde ese punto exigieron la intervención del gobernador Alejandro Armenta Mier y del director del penal, Jorge Ortiz Delgadillo, a quienes señalan por no frenar los abusos que –afirman– padecen sus familiares.

Los inconformes acusaron la existencia de cobros por prácticamente cualquier servicio dentro del penal, así como agresiones físicas y psicológicas. También señalaron a reclusos que presuntamente operan redes de extorsión, venta de droga y renta de teléfonos celulares. Entre los nombres mencionados se encuentran Rubén Primitivo Hernández, Miguel Primitivo Hernández y Marcos Pavón, alias “El Nenuco”.

“Estamos hartos de que sigan extorsionando a nuestros familiares”, se leía en una de las lonas exhibidas durante la protesta.

Las familias también recordaron que no es la primera vez que realizan un bloqueo por esta misma situación. El pasado 5 de agosto denunciaron cobro de piso, amenazas y extorsiones atribuidas a otro interno identificado como Ernesto Orea.

Tráfico colapsado y presencia policial

El cierre de Camino al Batán provocó largas filas de vehículos y afectaciones intermitentes hasta la zona de La Margarita. Aunque en ciertos momentos los manifestantes permitieron el paso parcial, el tránsito permaneció severamente afectado. Elementos de la Policía Estatal llegaron al lugar para prevenir incidentes, mientras los familiares esperaban una respuesta oficial.

🚧 ATENCIÓN🚧

Protestas frente al penal de San Miguel mantienen cerrado Camino al Batán. Denuncian presuntos abusos y extorsiones. Evita la zona. #Puebla #PueblaCapital

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— RETO diario (@retodiariomx) November 14, 2025

Un penal marcado por escándalos previos

Las denuncias recientes se suman a una larga lista de irregularidades en el penal de San Miguel. Apenas a finales de octubre se filtró un video en el que se observaba a internos conviviendo con mujeres e ingiriendo bebidas alcohólicas al interior del penal. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) abrió una investigación y anunció sanciones administrativas y penales contra los responsables.

El Cereso también arrastra un historial grave: en enero de 2022 fue hallado el cuerpo sin vida del bebé Tadeo dentro de un contenedor de basura, un hecho que evidenció fallas profundas en los controles de seguridad. La investigación reveló la operación de un autogobierno y una red de corrupción que mantenía construcciones ilegales conocidas como “El Pueblito”, donde funcionaban farmacias, restaurantes, peluquerías y espacios para encuentros íntimos. Las ganancias de esta red se estimaron en hasta 3 millones de pesos semanales.

Exigen una respuesta inmediata

Los familiares pidieron al Gobierno de Puebla una intervención urgente para sanear el penal, castigar a los responsables y garantizar la integridad de las personas privadas de la libertad. Señalaron que las denuncias actuales forman parte de un patrón continuo de abusos y corrupción que, aseguran, sigue sin resolverse.

“Queremos que se detengan las extorsiones y torturas”, expresó una de los manifestantes, mientras el grupo reiteró que no levantarán la voz hasta que las autoridades actúen.

El cargo Familiares de reos bloquean Camino al Batán y denuncian torturas y extorsiones en el penal de San Miguel apareció primero en Reto Diario.

Este operativo coordinado permitió asegurar 68 objetos punzocortantes, 40 recipientes para el consumo de sustancias ilícitas, cuatro envoltorios con posible marihuana y cristal, así como cinco teléfonos celulares.

También, al revisar dormitorios y distintas áreas se hallaron 14 bocinas, memorias USB, tarjetas SIM, así como más de 70 accesorios para equipos telefónicos como audífonos, cargadores y tarjetas SD.

Del 23 de julio al 20 de septiembre de 2025, la Secretaría de Seguridad Pública ha realizado siete operativos de revisión en el Cereso Puebla, ubicado en la colonia Lomas de San Miguel, en el suroriente de la capital poblana, con apoyo de autoridades federales y municipales.

El Gobierno del estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, reitera el compromiso de garantizar un sistema penitenciario más eficiente, transparente y seguro, bajo el principio de legalidad y respeto irrestricto a los derechos humanos.

El cargo Objetos punzocortantes, bocinas, chips y teléfonos celulares, decomisan durante revisión en el penal de San Miguel apareció primero en Reto Diario.

Durante la supervisión, las autoridades penitenciarias decomisaron 77 objetos punzocortantes, 43 equipos telefónicos, 36 bocinas, 32 recipientes para el consumo de sustancias ilícitas, más de 160 accesorios para celulares, posible marihuana, papel para elaborar cigarros y latas de gas butano.

En este operativo participaron la Unidad Cinotáctica K9 de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, Policía Estatal Custodio, Grupo Antidisturbios de la Policía Estatal Preventiva y personal de la Secretaría de Marina (Semar).

Este tipo de revisiones se llevan a cabo bajo estrictos protocolos de seguridad y con pleno respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

El Gobierno del estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, a través de la SSP, fortalece las condiciones de seguridad en los centros penitenciarios de la entidad, a fin de mantener el orden y la gobernabilidad.

El cargo SPP y Semar aseguran diversos artículos prohibidos en operativo de supervisión en el penal de San Miguel apareció primero en Reto Diario.

En esta supervisión en el penal de San Miguel, policías custodios aseguraron más de 90 objetos punzocortantes, recipientes para el consumo de sustancias ilícitas, envases de vidrio, pedazos de metal, entre otros artículos prohibidos.

Del 23 de julio al 20 de agosto de 2025, la Subsecretaría de Centros Penitenciarios de la SSP, con apoyo de autoridades federales, ha llevado a cabo cinco revisiones a este penal.

Estas acciones se realizan de manera permanente, a fin de mantener un estricto apego a las normas y garantizar la tranquilidad de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios.

El Gobierno del estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, reitera su compromiso de garantizar un sistema penitenciario más eficiente, seguro y con irrestricto respeto a los derechos humanos.

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